CORTE SUPREMA

La Corte dio luz verde a la extradición de “Fred” Machado y el Gobierno tiene diez días para resolver

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La Corte Suprema habilitó la extradición de Federico “Fred” Machado a Estados Unidos y el caso queda en manos de Javier Milei

El máximo tribunal confirmó por unanimidad la entrega del empresario acusado de narcotráfico, lavado de dinero y estafa. El Poder Ejecutivo tiene ahora diez días hábiles para definir si concede la extradición.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que es “procedente” la extradición de Federico “Fred” Machado a los Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por conspiración para cometer delitos de narcotráfico, lavado de dinero y estafa. Con este fallo, el trámite judicial quedó cerrado y la decisión final pasa al Poder Ejecutivo, encabezado por Javier Milei, que tiene un plazo de diez días hábiles para definir si concede la entrega.

El caso adquiere un matiz particular, ya que el abogado que representa desde hace años a Machado en el expediente, Francisco Oneto, es también el abogado personal del presidente Milei. Pese a ello, el empresario negó cualquier interferencia política: “Comparto abogado, pero es como compartir cocinera. El Presidente no le va a pedir permiso al abogado para firmar la extradición”, declaró en una entrevista radial.

La resolución del máximo tribunal fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes coincidieron en que están dadas las condiciones legales y procesales para acceder al pedido formal del gobierno estadounidense.

Un expediente de más de cuatro años: cronología y fundamentos de la decisión

Machado fue detenido el 16 de abril de 2021 en la ciudad de Neuquén, por orden del juez federal Gustavo Villanueva, tras un requerimiento internacional emitido por Estados Unidos. Desde entonces, se encontraba bajo arresto domiciliario en Viedma, en espera de la resolución definitiva de su caso.

El 12 de abril de 2022, el juez Villanueva había declarado por primera vez “procedente la extradición”, decisión que fue apelada por la defensa. En abril de 2023, el procurador general Eduardo Casal dictaminó a favor de la entrega y dejó el expediente en condiciones de ser resuelto por la Corte Suprema.

Sin embargo, el proceso se demoró tras un planteo de Oneto, quien solicitó revisar la situación judicial de Debra Mercer-Erwin, exsocia de Machado condenada en EE.UU. por narcotráfico, argumentando que una sentencia favorable a su hija podría modificar los cargos que pesaban sobre su cliente.

Federico “Fred” Machado, el empresario que está acusado de conspiración para cometer delitos de narcotráfico

En agosto de 2025, la Corte Suprema pidió a Villanueva que, a través de la Cancillería argentina, solicitara información a la Justicia de Estados Unidos sobre ese fallo. La respuesta llegó a fines de septiembre: Washington confirmó que el pedido de extradición se mantenía vigente y sin cambios. Con ese informe, el expediente regresó al máximo tribunal, que este lunes dictó su fallo definitivo, poniendo fin a un proceso que se extendió por más de cuatro años y cinco meses.

Durante ese tiempo, la defensa de Machado presentó múltiples recursos y planteos de nulidad, todos rechazados. El juez Villanueva podría ahora revisar las condiciones del arresto domiciliario ante el riesgo de fuga, y disponer su traslado a una unidad penitenciaria mientras se completa el trámite de extradición.

La decisión política: Milei deberá definir la entrega

La Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal establece que la última palabra en materia de extradiciones corresponde al Poder Ejecutivo Nacional, que puede aprobar o rechazar la entrega del requerido por “razones de soberanía nacional, seguridad, orden público u otros intereses esenciales del Estado”.

En este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá recibir el expediente judicial y elevarlo al Presidente de la Nación. Desde entonces, el Ejecutivo contará con diez días hábiles para responder. Si no lo hace, la norma prevé que el silencio del Gobierno implica la concesión de la extradición.

Si la entrega se aprueba, Estados Unidos dispondrá de treinta días corridos desde la comunicación oficial para trasladar al detenido, en coordinación con el juzgado federal de Neuquén y los organismos de seguridad nacionales.

Machado está acusado en EE.UU. por su presunta participación en una red de tráfico internacional de drogas y lavado de activos, vinculada al uso de aeronaves registradas en su nombre para operaciones ilícitas. Los cargos incluyen conspiración para distribuir cocaína y fraude financiero, delitos por los cuales enfrenta penas severas bajo la legislación estadounidense.

Francisco Oneto, abogado de Fred Machado y de Javier Milei

Un caso con implicancias institucionales

El expediente reviste especial sensibilidad institucional, no solo por la gravedad de los cargos sino también por el vínculo indirecto con el entorno del presidente Milei. Francisco Oneto, actual abogado defensor de Machado, fue durante la campaña electoral asesor legal del entonces candidato libertario y hoy mantiene su rol como abogado personal del mandatario.

Más allá de esa coincidencia, el trámite judicial siguió su curso normal, con dictámenes favorables tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público Fiscal. La Corte, en su resolución, se limitó a confirmar la validez formal del pedido de extradición y la existencia de los requisitos previstos por los tratados internacionales firmados por la Argentina.

De concretarse la entrega, el caso marcaría un precedente clave en la cooperación judicial entre ambos países, en un momento en que el Gobierno argentino busca fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad y justicia.

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Lorenzetti reafirmó el derecho a la libertad de expresión: “Es central para la democracia”

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También se pronunció en contra de la ampliación de miembros de la Corte. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, reafirmó el derecho a la libertad de expresión, aseguró que el Máximo Tribunal tiene una amplia jurisprudencia en su defensa y enfatizó que no la cambiará.

“Es central para la democracia”, aseguró Lorenzetti y añadió que “si no hay libertad de expresión no hay argumentos, por más que no nos guste lo que se diga”.

El cortesano se excusó de profundizar el tema, haciendo alusión a las últimas denuncias del gobierno y fallos judiciales para no caer en prejuzgamiento.

Lorenzetti también se pronunció en contra de la ampliación de miembros de la Corte.

“Si se aumenta la cantidad de miembros, cambia la jurisprudencia y eso generará incertidumbre en la vida económica. Hay que dar estabilidad en las instituciones en medio de un proceso económico”, explicó.

Lorenzetti se presentó este miércoles en el ciclo “Diálogos” que está desarrollando la Fundación Mediterránea en Buenos Aires.

El presidente de la Corte Suprema sostuvo que “la jurisprudencia de la Corte es muy clara” respecto de la libertad de expresión y subrayó que “no hemos cambiado la jurisprudencia y no las vamos a cambiar”.

En relación con temas de fondo, Lorenzetti destacó que “la Argentina necesita un cambio profundo en las instituciones y muy relevante en las instituciones”.

Explicó que la situación actual provoca que “los grandes temas no se solucionen, se trasladen”.

Describió que “Argentina tiene un diseño institucional muy defectuoso porque produce grandes triunfos individuales y fracasos colectivos”. Lorenzetti resaltó que “como país vivimos de fracaso en fracaso”.

El presidente de la Corte insistió en la necesidad de “defender la democracia el estado de derecho”.

Afirmó que “la función del poder judicial es mantener la estabilidad para que todos se sientan seguros y protegidos”.

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Misiones presenta un amparo ante la Corte Suprema por la suspensión de pensiones por invalidez

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El gobernador Hugo Passalacqua, anunció que instruyó al fiscal de Estado, Fidel Eduardo Duarte, a promover una acción de amparo contra el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por la suspensión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros beneficios conexos, medida que afecta a miles de misioneros desde marzo de 2025.

La presentación judicial se formalizó bajo el expediente N° 2128/2025, caratulado “Misiones, Provincia de c/ Estado Nacional y otro s/ Amparo”, que tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación – Secretaría de Juicios Originarios.

Según se desprende del escrito presentado por la Fiscalía de Estado y sus representantes legales -los procuradores fiscales José Sebastián Santiago Delgado y Christian Horacio Lampugnani-, la demanda solicita al máximo tribunal:

  • El inmediato restablecimiento del pago de las pensiones y beneficios suspendidos por la ANDIS.
  • La cancelación de los retroactivos adeudados a los beneficiarios desde marzo de 2025.
  • La nulidad de las auditorías realizadas en la provincia, que fueron denunciadas como irregulares por carecer de validez legal, ya que no contaban con médicos ni documentos oficiales que formalicen los controles, realizados en lugares inapropiados.
  • La adopción de medidas cautelares innovadoras, que garanticen la continuidad de las prestaciones y aseguren la transparencia de los procesos administrativos.

Defensa de los derechos

Passalacqua remarcó que la acción busca proteger la dignidad de las personas con discapacidad, quienes resultaron afectadas por la decisión del gobierno nacional. “He instruido al fiscal de Estado a promover esta acción de amparo en defensa de los derechos de los misioneros más vulnerables”, expresó el mandatario provincial en su mensaje.

La Provincia sostiene que la suspensión de las pensiones constituye un acto ilegítimo y arbitrario que vulnera garantías constitucionales y compromete la subsistencia de miles de familias, que además fueron obligadas a recurrir a controles en lugares no apropiados y sin profesionales a cargo de la situación. Según trascendió, una de las que organizó los operativos y el desembarco de los jóvenes libertarios que “asistieron” en los controles fue Samantha Stekler, la delegada del PAMI local y flamante diputada provincial electa por la Libertad Avanza. La funcionaria forma parte del tridente violeta en Misiones, junto a Adrián Núñez y el ex tenista Diego Hartfield, que ahora se postula a diputado nacional.

En el operativo realizado en San Ignacio, el cardiólogo Leandro Peñaloza denunció que falsificaron su firma para renovar pensiones por discapacidad. La constancia advertía que el beneficiario debía presentar documentación adicional en un plazo de 30 días mediante TAD, ANSES o Centros de ANDIS, aunque en Misiones la agencia carece de oficinas propias.

Después, el operativo en 25 de Mayo terminó en otro escándalo, cuando los militantes libertarios intentaron frenar el trabajo periodístico que estaba reflejando las pésimas condiciones a las que fueron sometidos los misioneros que fueron a renovar sus certificados. Ante la sucesión de escándalos, Stekler canceló reservas en un hotel de Bernardo de Irigoyen, donde se iba a realizar un nuevo operativo.

El escrito judicial ordenado por Passalacqua enfatiza que el Fiscal de Estado de Misiones tiene la atribución constitucional de defender el patrimonio e intereses de la Provincia, tal como lo establece el artículo 128 de la Constitución provincial y la Ley I N° 18 (antes Ley 456), Orgánica de la Fiscalía de Estado.

En ese marco, Duarte y los procuradores fiscales actuarán en representación de Misiones “en forma conjunta, indistinta o separadamente” en el proceso que ahora se abre en el máximo tribunal del país.

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La Corte remitió al Ejecutivo un presupuesto judicial de $378.087 millones para 2026

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó y remitió al Poder Ejecutivo el Presupuesto de Gastos y Recursos del Poder Judicial para el ejercicio 2026, que asciende a $378.087.606.265. La decisión, adoptada mediante la Acordada 28/2025, contempla además un plantel de 4.732 cargos y un plan de obras de infraestructura para la Justicia federal, en línea con lo establecido en la Ley 23.853.

El rol institucional de la Corte y el Consejo de la Magistratura

La definición del presupuesto judicial responde a la obligación legal prevista en el artículo 1° de la Ley 23.853, que faculta a la Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, a remitir anualmente al Poder Ejecutivo la estimación de gastos y recursos.

El monto fijado se había aprobado previamente en la Acordada 26/2025 (13 de agosto de 2025), que incluyó no solo el cálculo de erogaciones sino también el detalle de personal y un plan de obras (Anexos II A y B). En esa misma decisión, el Máximo Tribunal solicitó al Poder Ejecutivo la incorporación de remanentes de recursos de ejercicios anteriores y de los aportes previstos en el artículo 2° de la Ley 23.853, que permite financiar parte del presupuesto judicial con recursos propios.

En paralelo, el Consejo de la Magistratura remitió la Resolución 3/2025, que contiene el anteproyecto de presupuesto para el conjunto del Poder Judicial en 2026, también elevado junto con la acordada.

Montos, cargos y obras

La Acordada 28/2025, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Gerardo Prataviera, establece con precisión:

  • Presupuesto total: $378.087.606.265 para 2026.
  • Planta de personal: 4.732 cargos, según el Anexo I.
  • Plan de obras: contemplado en los Anexos II A y B de la Acordada 26/2025.

El documento ordena además:

  • Remitir al Ejecutivo los presupuestos de la Corte y del Consejo de la Magistratura.
  • Solicitar la incorporación de recursos remanentes y aportes legales para asegurar la cobertura financiera.

El dictado de la medida se apoyó en la excepción prevista en la Acordada 15/2023 y en los criterios de quórum fijados en la Acordada 12/2024, dadas las particularidades de la integración del Tribunal al momento de la votación.

impacto político y administrativo

La decisión de la Corte no solo fija la hoja de ruta financiera de la Justicia federal, sino que también proyecta la ejecución de obras de infraestructura en un contexto de fuerte demanda por mejorar el acceso y la eficiencia del sistema judicial.

Desde el plano político, la aprobación del presupuesto judicial llega en un escenario de tensiones por la independencia del Poder Judicial y la distribución de fondos entre poderes del Estado. En los últimos años, las discusiones sobre los recursos asignados a la Justicia se cruzaron con debates sobre el rol del Consejo de la Magistratura, la cobertura de vacantes y la modernización tecnológica de tribunales.

El envío del presupuesto al Poder Ejecutivo abre ahora la instancia de tratamiento legislativo, donde el monto y la asignación de partidas podrían convertirse en un punto de fricción entre el oficialismo y la oposición en el Congreso.

Con el presupuesto ya remitido, el Poder Ejecutivo deberá incorporarlo al proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026 para su posterior debate en el Congreso. De aprobarse sin modificaciones sustantivas, el Poder Judicial contará con un incremento nominal que, sin embargo, estará condicionado por la dinámica inflacionaria y la disponibilidad de recursos fiscales.

En términos institucionales, la medida refuerza el mensaje de la Corte sobre la necesidad de autonomía financiera y de contar con partidas suficientes para sostener la planta de personal, la modernización y las obras de infraestructura comprometidas para el año próximo.

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La Corte Suprema definirá cómo se calculan los intereses en juicios laborales

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación analiza más de 1.200 expedientes laborales vinculados al cálculo de intereses en créditos del trabajo, una controversia que expone un vacío legal y amenaza con generar un fallo de alcance histórico. La decisión, que involucra la validez de las tasas fijadas por la Cámara Nacional del Trabajo, impactará en trabajadores, empleadores, aseguradoras y en el propio sistema judicial.

El debate se abrió tras una serie de resoluciones de la Cámara Nacional del Trabajo que declararon inconstitucional la prohibición de indexar deudas, cuestionando las leyes 23.928 (Ley de Convertibilidad) y 25.561 (de Emergencia Económica). Esta postura contradijo fallos históricos de la Corte como “Chiara Díaz”, “Massolo” y “Puente Olivera”, y también se apartó del criterio fijado por el máximo tribunal en el caso “Lacuadra”.

Los recursos llegaron a la Corte entre agosto y diciembre de 2024, en un período clave: antes del fallo “Levinas”, que en diciembre pasado transfirió la revisión de estas causas al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ-CABA).

El problema es que los expedientes ingresados antes del 27 de diciembre de 2024 quedaron bajo la órbita directa de la Corte Suprema, mientras que los posteriores dependen primero del TSJ. Este esquema genera una doble vía judicial con riesgo de contradicciones, y coloca al sistema frente a un dilema: un mismo caso podría recibir soluciones divergentes según la fecha en que se haya iniciado el litigio.

Un fallo con repercusión nacional

La resolución de la Corte marcará el rumbo de miles de reclamos laborales, con incidencia directa en el capital económico de los trabajadores, que esperan el cobro actualizado de indemnizaciones o créditos atrasados, y en la previsibilidad de costos para las empresas y aseguradoras.

El máximo tribunal enfrenta tres caminos posibles:

  1. Esperar un pronunciamiento del TSJ-CABA y postergar su análisis. Esta opción agravaría las demoras para los trabajadores y mantendría la incertidumbre.
  2. Pronunciarse ahora y fijar un criterio definitivo, con el riesgo de que luego el TSJ adopte una posición distinta, generando una jurisprudencia dividida.
  3. Desestimar los planteos y delegar en el TSJ, aunque la existencia de agravios federales obliga a la Corte a intervenir, ya que se cuestionan leyes nacionales y su propia doctrina.

Sea cual sea la estrategia, lo que la Corte determine terminará por constituirse en la última palabra sobre la materia y unificará la interpretación jurídica a nivel federal.

El debate trasciende lo técnico y expone un problema estructural del sistema judicial laboral: la falta de un criterio uniforme sobre cómo actualizar deudas y aplicar intereses en juicios que suelen extenderse por años.

Para los trabajadores, la decisión definirá si sus créditos pierden poder adquisitivo en un país con inflación persistente. Para los empresarios y aseguradoras, está en juego la magnitud de pasivos contingentes que deben afrontar. Para el Estado, que actúa como empleador y garante, la definición afectará sus compromisos presupuestarios.

La expectativa es alta: un fallo que garantice previsibilidad jurídica podría descomprimir la litigiosidad y ordenar el cálculo de intereses en todo el país. Pero una definición que profundice las diferencias entre la Corte y el TSJ-CABA abriría un frente de inseguridad legal con consecuencias en la inversión y en la confianza institucional.

La Corte Suprema deberá resolver en los próximos meses cuál será el estándar definitivo. Un pronunciamiento claro podría consolidar el principio de seguridad jurídica en materia laboral, mientras que una indefinición prolongada dejaría a miles de causas paralizadas y a trabajadores y empresas sin respuestas.

En cualquier caso, el fallo se perfila como uno de los más relevantes en la historia reciente del derecho laboral argentino, con un alcance que excede el fuero y repercutirá en la economía, la política y la confianza en la administración de justicia.

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