CORTE SUPREMA

Estela de Carlotto dijo que el 2×1 a los represores es “abominable”

Compartí esta noticia !

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, le pegó a Highton de Nolasco e H.I.J.O.S. a Rosatti y Rosenkrantz, pero todos culpan a Macri. Desde el Ejecutivo pidieron ser “respetuosos” del fallo de la Corte.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo dijo que el fallo de la Corte Suprema es “abominable”. Atacó a la única jueza por supuesta mente aceptar “presiones para mantener un status”. La agrupación de hijos de desaparecidos apuntó contra los jueces propuestos por el macrismo.

El fallo de la Corte Suprema que beneficia a condenados por delitos de lesa humanidad generó las primeras críticas de las organizaciones vinculadas a las víctimas de la última dictadura militar.

Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, calificó el fallo como “abominable” y una “estafa”. En tanto, la agrupación H.I.J.O.S. apuntó contra los jueces propuestos por el gobierno de Mauricio Macri, al que rotuló de “negacionista”.

Por mayoría, la Corte Suprema puso en vigencia la ley que habilita a que se compute como doble cada día en la cárcel que pase un detenido con prisión preventiva. Dicha ley, conocida como “2X1”, había sido derogada en 2001.

El fallo contó con los votos a favor de Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Estos dos últimos fueron propuestos por Macri y luego avalados por el Senado. H.I.J.O.S. recordó que distintas organizaciones impugnaron las candidaturas. De todos modos, la organización evitó pronunciarse sobre Highton de Nolasco, quien fue propuesta por Néstor Kirchner, con quien tenía afinidad.

No fue el mismo caso del de Carlotto, quien vinculó su votó a “presiones para mantener un status”. Cabe recordar que la magistrada cumplirá 75 años este año y buscaría permanecer en la Corte más allá de la edad que fija la ley. Para ello necesitará que el Gobierno la vuelva a proponer.

“Estamos en un país de trastornados. Lo lamento por Elena Highton de Nolasco. Si vivimos bajo presiones para mantener el status que pongan un kiosco y que vendan golosinas”, dijo en declaraciones a AM 750.

Carlotto también responsabilizó al gobierno de Macri por el fallo de la Corte. “Esto es una estafa, no sirve para nosotros. Es una estafa a la moral de la sociedad. En esta administración no sólo nos están destruyendo en la economía, sino también en la moral y la física”, agregó Carlotto que adelantó que harán presentaciones en organismos internacionales para revertir el fallo de la Corte.

Luego explicó: “En esta lucha que tanto falta todavía es lamentable que tengamos estos retrocesos. Quieren borrar la historia. Tenemos un Gobierno de ladrones, incompetentes y mala gente. Esto no es malo para nosotros, es malo para sus hijos”.

“No existe la independencia de la Corte Suprema. Ahora quieren fusilarnos con este fallo del 2×1. Les mando un mensaje directo a la gente de la Corte y de este Gobierno”, concluyó.

El fallo del máximo tribunal llega en momentos de controversia entre las organizaciones de Derechos Humanos y la Iglesia Católica por el pedido de ésta de “reconciliación” entre familiares de desaparecidos y militares.

A través de Twitter, la organización H.I.J.O.S. lo relacionó con la sentencia de la Corte. La Iglesia propone reconciliación. La Corte Suprema reduce condena al genocida Muiña. El Gobierno ejerce el negacionismo. #Son30Mil”, tuitearon.


Por su parte, Carlotto dijo: “Estoy mal. No acabo de reponerme de lo que dijo la Iglesia cuando ahora me entero de este dos por uno aprobado por la Corte que es abominable”.

Compartí esta noticia !

Para la Corte, debe tener prisión quien viole una cuenta de Facebook

Compartí esta noticia !

En una corrección y devolución al juez federal Julián Ercolini, la Corte Suprema de Justicia de la Nación equiparó la violación de una cuenta de la red social Facebook con la intromisión en la correspondencia privada por cualquier medio contemplada en el Código Penal. El artículo 153 del CP reprime con prisión de quince días a seis meses a quien “abriere o accediere indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una comunicación electrónica, una carta, un pliego, un despacho u otro papel privado, aunque no esté cerrado; o indebidamente suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no le está dirigida”.

Según una declaración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) donde se ordena al juez Julián Ercolini entender en la causa Carca, Gustavo Luis s/ denuncia violación de correspondencia, el ingresar ilegítimamente a una cuenta de Facebook encuadra en el delito de violación de correspondencia que el Código Penal reprime con prisión de hasta 6 meses.

El máximo tribunal entendió que una denuncia por esa conducta debe ser investigada por la justicia federal.

Se trata del expediente Carca, Gustavo Luis s/ denuncia violación de correspondencia (Cuestión de competencia – Uso ilegítimo de la cuenta de Facebook – Acceso ilegítimo a una comunicación electrónica – Conflicto entre la justicia federal y la local – Artículos 153 y 15 3 bis del Código Penal – Interés de la Nación – Procedencia del fuero federal).

La CSJN resolvió el reclamo de un particular que denunció que, reiteradamente, desconocidos accedieron a su cuenta de Facebook. El expediente tramitó inicialmente en la Justicia federal, pero el juez Julián Ercolini se declaró incompetente y la envió a un tribunal ordinario porque la intromisión “afecta intereses particulares que no habilitan su jurisdicción, por no haberse afectado el servicio postal“.

Pero los jueces Ricardo LorenzettiJuan Maqueda y Elena Higthon de Nolasco lo corrigieron y le devolvieron el caso al juez federal porque “se trata de un acceso ilegítimo a una comunicación electrónica o dato informático de acceso restringido, a los que sólo es posible ingresar a través de un medio que por sus características propias se encuentra dentro de los servicios de telecomunicaciones”.

El artículo 153 del Código reprime con prisión de quince días a seis meses “al que abriere o accediere indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una comunicación electrónica, una carta, un pliego, un despacho u otro papel privado, aunque no esté cerrado; o indebidamente suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no le esté dirigida”.

Compartí esta noticia !

Carrió pidió el juicio político de Lorenzetti

Compartí esta noticia !

A través de una carta documento, el magistrado intimó a la diputada a que se retracte de su acusaciones por mal desempeño y por poner en duda su patrimonio. Pero esta no tardó ni una hora para hacer ingresar en el Congreso un pedido de juicio político y de destitución, en el que además reiteró todas sus críticas.

El proyecto presentado por Carrió explica que “se ha decidido acusar a Lorenzetti por mal desempeño, violación de los deberes éticos y la probable comisión de delitos y se agrega que el presidente del Máximo Tribunal no cumple con las condiciones de decoro y morales que exige la investidura del cargo que ejerce”.

“El inicio de este juicio político tiene como objetivo terminar con las mafias enquistadas en las instituciones de la República, en este caso en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia”, sostuvo la diputada de la Coalición Cívica ARI en los fundamentos de su proyecto de resolución.

Y agregó: “Coincidimos y compartimos con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, la necesidad de terminar con el comportamiento mafioso y en la batalla que debemos emprender para sacarlos del poder, ese que muchas veces es usado para extorsionar y erosionar los cimientos de la República”.

Carrió solicitará, además, la conformación de una comisión investigadora de las irregularidades del Poder Judicial. Entre las personas que la diputada pidió que sean citadas a declarar se encuentran los jueces María Romilda Servini y Ariel Lijo; el exsenador, Mario Cimadevilla; el exsecretario general de la Presidencia, Carlos Zanini, el diputado nacional y exministro de Planificación Federal, Julio de Vido; el titular de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto y su antecesor en el cargo, Leandro Despouy; la diputada porteña por la CC ARI, Paula Oliveto Lago y el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, entre otros.

En sus acusaciones Carrió habla del “oscuro patrimonio” de Lorenzetti, de “usurpación al congreso de facultades legislativas para no cumplir con la ley de ética en el ejercicio de la función pública”, y de irregularidades en el Poder Judicial, entre otros puntos.

Compartí esta noticia !

Lesa humanidad: se dictaron 939 condenas en juicios orales en todo el país

Compartí esta noticia !

Desde el año 2008 hubo en todo el país 939 condenas en juicios orales por crímenes de lesa humanidad, según un informe de la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad, dependencia creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la Acordada 42/08, con el objeto de asistir y detectar los problemas que obstaculizan la tramitación de esos procesos.

Además, según el informe, en 2017 se dictaron 18 condenas en dos juicios orales, uno en Jujuy y otro San Martín.

Suman 750 los condenados por crímenes de lesa humanidad y hay casi 800 procesados

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad elaboró un nuevo informe, que se puede descargar desde esta página. Hay más imputados en libertad que detenidos. Y, de estos, más de la mitad tiene prisión domiciliaria. 118 causas aguardan juicio oral. Sólo el 25 por ciento de las condenas está firme.

Desde la reapertura de los procesos judiciales y la realización de los primeros juicios en 2006, 827 personas fueron sentenciadas en Argentina por crímenes de lesa humanidad, 750 de las cuales resultaron condenadas y 77 absueltas, según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Los sentenciados, así, son alrededor del 30 por ciento de los 2780 imputados por crímenes de lesa humanidad en más de una década en todo el país.

Las estadísticas elaboradas por el organismo a cargo del fiscal general Jorge Auat -en base a la información remitida por las fiscalías que actúan en estos procesos- contienen los datos cerrados al 2 de marzo pasado.

“Sólo el 25% de aquellos que han sido condenados (un total de 187) tienen al menos una de sus sentencias firme. En el caso de los absueltos, el porcentaje de firmes es 17% (13 imputados)”, indicó la Procuraduría en el informe.

En cárceles federales o provinciales, hay 455 detenidos por crímenes de lesa humanidad.

Mientras tanto, 118 causas -con 280 acusados- aguardan en todo el país la realización de un juicio oral y público, y en el horizonte hay sólo siete de ellas que tienen fecha de inicio, dos de las cuales –UP 1 de Córdoba y Megacausa II de San Juan– comenzaron en los últimos días, tras el cierre de datos del informe. Hay 16 juicios en curso en todo el país.

En este contexto, los imputados que transitan el proceso en libertad son más que los que se encuentran detenidos y entre los que están encerrados, la mayoría está en su domicilio. Los números son los siguientes:

– 1149 están en libertad.
– 1044 están detenidos.

Ahora bien, de los 1044 detenidos:

– 518 tienen prisión domiciliaria,
– 455 están efectivamente en cárceles federales o provinciales,
– 65 están en centros de salud o lugares de detención no penitenciarios. La gran mayoría, 53, están alojados en la denominada Unidad 34, ubicada en el predio militar de Campo de Mayo.

 

Los números, las personas y las causas

Entretanto, de los 2780 imputados por el Ministerio Publico Fiscal desde la reapertura de los juicios hace más de una década, 794 se encuentran procesados (28 por ciento), 53 no llegaron a juicio porque fueron sobreseídos y otros 153 tienen falta de mérito. El número global también tiene en cuenta a 467 que fallecieron y a los 45 que están prófugos. Además, otros 438 están sólo imputados y de todos ellos sólo 27 han sido indagados, por lo que se aguarda respecto de estos últimos la definición sobre su estatus procesal.

La situación de todas esas personas ha tramitado y tramita en 593 causas judiciales abiertas desde el reinicio de los juicios, de las que formaron parte otras 257 que fueron unificadas a aquellas, dando lugar a las que se denomina “megacausas”. De todos esos expedientes, al 2 de marzo pasado se había dictado sentencia en 175. Otros 284 se encuentran en la etapa instrucción. A esas cifras se suman las 118 elevadas a juicio oral y público.

En 42 de las 284 causas que se encuentran en instrucción, la fiscalía ha formulado el requerimiento de elevación a juicio. “El universo de causas en instrucción se sostiene como el más amplio. El hecho de que las investigaciones continúen activas, sumado a las demoras en la realización de las actuaciones en todas las instancias (instrucción y juicio), hace que persista un cuello de botella que impide un avance más veloz”, evaluó la Procuraduría en el informe.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin