Costos logísticos

Logística: el Gobierno extiende bonificación del peaje para los buques que usan el Canal Martín García

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El Gobierno nacional extendió la bonificación del 16,7% sobre la tarifa de peaje para los buques que utilizan el Canal Martín García, una medida que apunta a reducir temporalmente el costo de navegación y sostener la competitividad de una de las principales rutas de conexión fluvial de la Argentina.

La decisión fue adoptada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) mediante la Resolución 54/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y tendrá aplicación retroactiva desde el 1° de septiembre de 2026. La rebaja permanecerá vigente hasta que la empresa que resulte contratista de la Licitación Pública N° 1/2025 tome posesión de la concesión.

La medida alcanza específicamente al trayecto comprendido entre las secciones 0.0 y 1.2 de la Vía Navegable Troncal, en ambos sentidos, para todos los buques que hagan uso del Canal Martín García. El porcentaje de reducción mantiene el mismo nivel establecido previamente por la Resolución 42/2026.

El objetivo inmediato es evitar que el vencimiento de la bonificación anterior genere un incremento abrupto en los costos de navegación mientras se completa la transición hacia el nuevo esquema de concesión. La ANPyN fundamentó la extensión en los resultados obtenidos con la medida anterior y consideró conveniente prolongarla hasta el momento en que se produzca la toma de posesión del nuevo contratista.

Una rebaja que busca sostener el tráfico fluvial

El costo del peaje constituye uno de los componentes que inciden directamente sobre la estructura económica de las operaciones de transporte por agua. En una actividad donde los márgenes dependen de la eficiencia logística, pequeñas variaciones en los costos de navegación pueden impactar sobre la competitividad de las cargas y sobre la elección de las rutas utilizadas por los operadores.

Por eso, la decisión de extender la bonificación tiene una lectura que excede la cuestión tarifaria. El Gobierno busca evitar una discontinuidad de costos durante una etapa de transición institucional y contractual, preservando las condiciones de navegación existentes hasta que se concrete el traspaso de la concesión.

El Canal Martín García tiene además una importancia estratégica para la conectividad fluvial regional, particularmente por su vinculación con el sistema de navegación del Río de la Plata y las rutas que conectan los principales centros productivos y portuarios de la región.

En este sentido, una política de reducción temporal del peaje puede funcionar como una herramienta para sostener el uso de una alternativa de navegación mientras se reorganiza el esquema de administración de la Vía Navegable Troncal.

El beneficio rige desde el 1° de septiembre

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es su carácter retroactivo. Aunque la norma fue publicada el 9 de septiembre, la bonificación se aplica desde el primer día de este mes.

Esto significa que el beneficio contempla las operaciones alcanzadas desde el 1° de septiembre de 2026, evitando que el período transcurrido entre el vencimiento de la resolución anterior y la aprobación de la nueva medida implique para los usuarios una pérdida del descuento.

La ANPyN decidió mantener el porcentaje de reducción en 16,7%, en lugar de modificar la estructura tarifaria, y estableció como condición de finalización el momento en que el nuevo concesionario tome posesión de la infraestructura y servicios comprendidos en la licitación.

La decisión también refleja el proceso de transformación institucional iniciado con la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación en enero de 2025. El organismo asumió las funciones que anteriormente correspondían a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y quedó como autoridad de aplicación y control del contrato vinculado con la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal.

El próximo punto de inflexión será la nueva concesión

La bonificación tiene, por definición, carácter transitorio. Su extensión no modifica el proceso de licitación en marcha, sino que funciona como un mecanismo de transición hasta que el nuevo contratista asuma formalmente la operación.

Ese punto es relevante para entender la decisión económica. Más que una reducción tarifaria permanente, la medida busca administrar el período entre dos modelos de gestión, evitando que el cambio contractual produzca una alteración inmediata en los costos para los operadores.

El desafío para la política portuaria será que esa transición derive en una mejora estructural de la navegación: mayor previsibilidad tarifaria, mejores condiciones de mantenimiento, eficiencia en el dragado y señalización y, fundamentalmente, menores costos logísticos para las cargas que utilizan el sistema fluvial.

Para la economía argentina, el resultado esperado no se limita al ahorro directo que genera el descuento. Una vía navegable eficiente puede reducir tiempos de tránsito, mejorar la planificación de las operaciones portuarias y fortalecer la competitividad de las exportaciones, especialmente en un país cuya estructura productiva depende fuertemente del transporte de cargas hacia los puertos.

La extensión del beneficio del 16,7% en el Canal Martín García aparece así como una medida puntual dentro de un proceso mucho más amplio: sostener los costos de navegación en el corto plazo mientras el Estado completa la transición hacia el nuevo esquema de concesión de la Vía Navegable Troncal.

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Intendentes del centro de Misiones rechazan la instalación de un nuevo peaje sobre la ruta 12

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Los intendentes del departamento Libertador General San Martín expresaron su rechazo a la instalación de una nueva estación de peaje sobre la ruta nacional 12 y solicitaron a los funcionarios y legisladores nacionales que revisen la iniciativa.

El pronunciamiento fue firmado este miércoles en Puerto Rico por intendentes, concejales, representantes del sector privado y el diputado provincial Alejandro Arnhold, del bloque Movimiento por lo que Viene

El documento sostiene que el nuevo peaje encarecería los costos logísticos de la producción misionera sin garantizar, como contrapartida, mejoras en el mantenimiento de la red vial ni en la seguridad de los usuarios.

Según el texto, la casilla había sido proyectada inicialmente en Capioví, a la altura del kilómetro 1462, pero luego se habría decidido trasladarla a Garuhapé, en el kilómetro 1483. El principal cuestionamiento territorial es la distancia: el nuevo puesto quedaría a apenas 68 kilómetros del peaje que ya funciona en Colonia Victoria, ubicado en el kilómetro 1551 de la ruta 12.

Del encuentro participaron los intendentes Carlos Gustavo Koth, de Puerto Rico; Eduardo Vázquez, de El Alcázar; Gerardo Schmied, de Garuhapé; Ramón Arrúa, de Capioví; Víctor Vogel, de Ruiz de Montoya; y Elvio Vázquez, de Puerto Leoni.

También estuvieron representantes de los concejos deliberantes de Puerto Rico, Puerto Leoni, El Alcázar y Ruiz de Montoya, el diputado provincial Alejandro Arnhold e integrantes de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios del departamento Libertador General San Martín, encabezada por su presidente, Luis Stefens.

La amplitud de las firmas busca mostrar que el rechazo no se limita a una administración municipal. La preocupación atraviesa a intendentes, legisladores, concejales y sectores vinculados con la producción y el comercio de la zona centro de Misiones.

El documento pone el foco sobre el destino del Impuesto a los Combustibles. Los firmantes sostienen que el Gobierno nacional recauda esos recursos para financiar infraestructura vial, pero no los vuelca adecuadamente al mantenimiento de las rutas.

En ese contexto, consideran contradictorio que se procure incorporar un nuevo cobro directo a los usuarios mientras persisten los problemas de transitabilidad en la red nacional.

El Gobierno nacional, que no invierte en las rutas los recursos que recauda para esas obras vía Impuesto a los Combustibles, decidió instalar una nueva casilla de peaje sobre la ruta 12”, señala el pronunciamiento.

Los representantes del departamento advierten que el esquema podría implicar una doble carga: el pago del impuesto incluido en el precio de los combustibles y, además, el desembolso requerido para atravesar la estación de peaje.

El planteo también incorpora argumentos jurídicos. Los firmantes aseguran que el sistema proyectado sería inconstitucional porque no existen caminos alternativos libres de pago y porque, a su entender, se configuraría una doble imposición.

Para respaldar esa posición, citan el artículo 75 de la Constitución Nacional, referido a las atribuciones del Congreso para establecer contribuciones, y el principio de legalidad tributaria sintetizado en la expresión “no hay tributo sin ley”.

También mencionan los artículos 14 y 17 de la Constitución, vinculados con el derecho a transitar libremente y el derecho de propiedad. Se trata, en todos los casos, de la interpretación sostenida por los firmantes del documento, que podría abrir una discusión jurídica si el proyecto avanza.

Más allá de la controversia legal, la principal preocupación es económica. La ruta nacional 12 constituye el corredor central para el transporte de mercaderías, materias primas, trabajadores y estudiantes en buena parte de Misiones.

Una nueva estación de peaje elevaría el costo de cada viaje y tendría una incidencia mayor sobre las actividades que necesitan circular diariamente o realizar múltiples recorridos dentro de la provincia. El impacto alcanzaría al transporte de cargas, la producción primaria, las industrias, el comercio y los servicios.

“Los misioneros necesitamos rutas seguras, que resguarden nuestras vidas, y no una casilla de peaje que atente contra los bolsillos de quienes trabajan, estudian, comercian y producen”, sostiene el pronunciamiento.

El documento enmarca el proyecto dentro de una discusión más amplia sobre la relación fiscal y territorial entre Misiones y la Nación.

Los intendentes recuerdan las históricas demandas de la provincia por el gasoducto, la hidrovía, una tarifa energética diferenciada, redes ferroviarias, autovías y otras obras de infraestructura. En esa línea, califican la posible instalación del nuevo peaje como “más castigo del centralismo” sobre una provincia que sigue reclamando inversiones estratégicas.

El planteo concluye con un pedido directo a los funcionarios y legisladores nacionales para que revisen la iniciativa. La demanda no es solamente frenar la nueva casilla: los municipios reclaman obras, mantenimiento e inversión vial financiados con los recursos que el Estado nacional ya recauda mediante los combustibles.

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El cabotaje de granos por la Hidrovía alcanzó su mayor volumen en cinco años

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El cabotaje fluvial de granos volvió a ganar volumen en la Hidrovía Paraguay-Paraná y alcanzó en 2025 su mejor registro de los últimos cinco años. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las terminales argentinas asentadas sobre el Paraná despacharon 805.805 toneladas bajo esta modalidad, un 17,8% más que en 2024 y un 27,3% por encima del promedio de los últimos cinco años.

El transporte fluvial de cargas domésticas por la Hidrovía Paraguay-Paraná es relevante para el entramado logístico argentino, particularmente para conectar las economías regionales del litoral con el mercado interno. Los datos de 2025 confirman esa tendencia: el cabotaje de granos registró su mejor desempeño en un lustro, en un contexto donde el conjunto de las cargas domésticas que circulan por la vía, incluyendo combustibles y fertilizantes, también mostró una dinámica positiva. A continuación, un repaso por los principales indicadores del sector durante el año pasado, con el detalle de las terminales y provincias que traccionaron este crecimiento. 

Como punto de partida, geográficamente la red de terminales que operaron cabotaje en los últimos tres años sobre la vía navegable troncal Paraguay-Paraná (es decir, que operan cargas cuyo origen y destino se ubican dentro de las fronteras nacionales), se extiende desde Barranqueras, en Chaco, hasta La Plata, en Buenos Aires, con una fuerte concentración de instalaciones en el corredor del Gran Rosario y en el noreste bonaerense. Se trata de un entramado de terminales graneleras y de fertilizantes, plantas de combustibles, centrales térmicas y muelles públicos que canalizan tanto la salida de mercadería hacia el mercado interno como el ingreso de mercadería a la zona núcleo.

A continuación, un repaso de las principales estadísticas de la red de cabotaje fluvial de la Hidrovía Paraguay-Paraná en 2025.

Total de los productos: el volumen de mercadería cargada para cabotaje en puertos de la hidrovía creció 6% interanual en 2025

Si se considera el conjunto de las mercaderías que salen de los puertos de la hidrovía Paraguay-Paraná con destino al mercado interno, el balance de 2025 arroja 8.494.328 toneladas despachadas, un 5,8% por encima del ejercicio anterior. Detrás de esta mejora se ubican, fundamentalmente, el mayor movimiento de petróleo en la provincia de Buenos Aires y el salto que registraron los embarques de combustibles y granos desde terminales santafesinas.

Buenos Aires volvió a encabezar el ranking provincial con 7.369.019 toneladas embarcadas, equivalentes al 86,4% del total. Detrás de esa magnitud está el enorme caudal de petróleo y combustibles con destino al mercado interno que despachan las terminales del sur del conurbano bonaerense. El segundo escalón lo ocupó Entre Ríos, cuyas cargas correspondieron íntegramente al rubro granos. Le siguió Santa Fe, con el 4,8% de las cargas y un volumen que más que duplicó al de 2024 (407.008 toneladas contra 161.967), traccionado por el crecimiento de los embarques de combustibles. 

Cabotaje de granos: se transportaron 805.805 toneladas en 2025, un 17,8% más que en 2024

A lo largo de 2025, las terminales argentinas asentadas sobre la costa del Paraná despacharon 805.805 toneladas de granos bajo la modalidad de cabotaje, superando en un 17,8% las cargas de 2024. Es el segundo año consecutivo de expansión y el volumen más elevado desde 2020. A diferencia de lo sucedido en 2024, cuando el registro aún se ubicaba por debajo de la media histórica, el resultado del año pasado supera en 27,3% al promedio de los últimos 5 años.

Analizando por provincia desde donde se carga la mercadería, el dato más relevante es la consolidación de Entre Ríos como origen prácticamente excluyente de los granos que se mueven por cabotaje. Las terminales de esta provincia embarcaron 718.301 toneladas en 2025, un 19,8% más que el año previo, y explicaron el 89% del total nacional. Santa Fe, por su parte, más que duplicó su volumen, pasando de 43.668 a 87.504 toneladas, por lo que alcanzó el 11% restante y registró movimientos de granos por cuarto año consecutivo.

En contraposición, Chaco no registró embarques de granos de cabotaje durante 2025, tras la fuerte contracción ya observada el año anterior. La provincia, que hasta 2020 llegó a explicar más de un tercio de los volúmenes movilizados por esta vía, el año pasado no tuvo ningún tipo de participación en este segmento.

Para contextualizar, el seguimiento del cabotaje fluvial aporta una pieza clave para entender la competitividad del sistema comercial granario argentino: se trata de una modalidad que opera con barcazas y que exhibe costos por tonelada usualmente inferiores a los del camión o el ferrocarril. Las cargas graneleras que utilizan esta vía nacen mayormente en terminales entrerrianas, chaqueñas y santafesinas emplazadas sobre la Hidrovía Paraguay-Paraná, y tienen como punto de llegada casi excluyente al complejo portuario del Gran Rosario.

A nivel de terminales, Cargill en Diamante se ubicó en el primer puesto en términos de operaciones de este tipo, con 305.790 toneladas embarcadas, un 8,5% más que en 2024. Muy cerca se ubicó la Cooperativa Agrícola de La Paz, que protagonizó el mayor salto del año al pasar de 171.883 a 279.756 toneladas, un incremento del 63% interanual. Completó el podio entrerriano la Cooperativa “La Ganadera” de General Ramírez, con 101.026 toneladas y una suba del 34%. En sentido inverso, la terminal de La Paz – Márquez redujo sus movimientos de cabotaje a 25.604 toneladas, un 62% menos que el año previo.

En Santa Fe, el puerto de la ciudad de Santa Fe concentró casi la totalidad de las cargas provinciales con 85.424 toneladas, prácticamente duplicando el registro de 2024.

En 2025 ingresaron a los puertos argentinos sobre la hidrovía (cabotaje entrado) 501.992 toneladas de fertilizantes y 3,6 millones de toneladas de combustibles

Para completar el panorama de la mercadería que circula por la hidrovía Paraguay-Paraná en viajes internos, queda por revisar el otro sentido del flujo: la llegada de fertilizantes y combustibles a las terminales de la vía.

Fertilizantes

Durante 2025 las terminales emplazadas sobre la hidrovía recibieron (cabotaje entrado) 501.992 toneladas de fertilizantes, repartidas entre instalaciones santafesinas y bonaerenses en una proporción de 59% y 41% respectivamente. La cifra implica un retroceso cercano al -27,8% frente al año anterior, con bajas que alcanzaron a todas las terminales relevadas sin excepción. 

La terminal de Profertil, en Santa Fe, se mantuvo como la principal receptora con 204.039 toneladas, un 21% menos que en 2024. En Buenos Aires, el Muelle Provincial de San Nicolás recibió 181.530 toneladas, con una baja del 34% interanual. Completaron el cuadro la Terminal de Fertilizantes Argentinos (49.195 toneladas), ACA San Lorenzo (44.779 toneladas) y Bunge Ramallo (22.449 toneladas). Estos cargamentos de fertilizantes provienen principalmente de la localidad de Bahía Blanca, en provincia de Buenos Aires.

Combustibles

En materia energética, las terminales de la vía navegable recibieron 3.637.326 toneladas de combustibles, un 5,3% más que en 2024. La provincia de Santa Fe absorbió el 80% de esas descargas, mientras que Buenos Aires captó el 14% y Chaco el 7% restante.

Dentro del cordón santafesino, la terminal de Pan American Energy en San Lorenzo encabezó las descargas con 852.782 toneladas, seguida por el Muelle YPF de San Lorenzo – San Martín (631.234 toneladas, +25% interanual), la Planta Fluvial YPF y Shell en Arroyo Seco. El puerto de Santa Fe casi triplicó sus ingresos, alcanzando las 257.898 toneladas.

Merece una mención especial la reactivación del Muelle YPF de Barranqueras, en Chaco, que pasó de 34.710 toneladas en 2024 a 241.092 toneladas en 2025, multiplicando por siete sus descargas. Este movimiento contrasta con la retracción de la provincia en materia de embarques y da cuenta de un rol crecientemente concentrado en el abastecimiento energético del NEA.

En Buenos Aires, en tanto, se destacaron Dock Sud (277.156 toneladas) y Pobater (119.866 toneladas), ambas con subas interanuales.

Es necesario aclarar que, producto de la forma de disposición de las estadísticas públicas sobre la materia, no es posible trazar con precisión la relación de origen-destino de la mercadería transportada, por lo que se recomienda ser cuidadoso a la hora de sumar los totales de “cabotaje entrado” y “cabotaje salido” en la vía, para no incurrir en una doble imputación.

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Interbarge propone bajar hasta US$1.000 por contenedor el costo logístico del NEA con una red de puertos

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La competitividad de la forestoindustria del NEA puede jugarse tanto dentro de un aserradero como sobre el río. Para Diego Azqueta, CEO de Interbarge, la región ya tiene producción, mercados y capacidad industrial para crecer, pero necesita resolver el eslabón que conecta las chacras y las plantas con los puertos de salida. Su propuesta apunta a desarrollar una red fluvial que permita consolidar cargas cerca de los centros productivos y llevarlas directamente hacia destinos internacionales, reduciendo el costo logístico y evitando pasos administrativos innecesarios por Buenos Aires.

Azqueta presentó esta visión durante el encuentro realizado en Posadas por los 80 años de la Asociación Forestal Argentina (AFoA). La empresa que conduce opera desde hace dos décadas en la hidrovía y cuenta, según explicó, con 240 barcazas y 14 remolcadores, principalmente afectados al movimiento de cargas paraguayas, brasileñas y bolivianas. Ahora busca ampliar esa experiencia hacia las cargas de Misiones y Corrientes.

El punto de partida de su planteo es modificar la lógica actual del transporte. Para el empresario, cada productor debería poder consolidar un contenedor en su propia planta o en un centro cercano y trasladarlo hasta un puerto de la región, donde pueda iniciar el circuito hacia su destino final. Posadas, Ituzaingó, Corrientes y otros puertos próximos a las zonas productivas formarían parte de ese esquema.

La diferencia no es solamente geográfica. También es económica. Azqueta estimó que, para productores de Eldorado, el ahorro potencial derivado del tramo fluvial podría alcanzar los US$1.000 por contenedor. En Corrientes, donde el costo terrestre hasta los puertos es menor, el beneficio sería más acotado. El dato permite dimensionar cuánto pesa la distancia en la estructura de costos de las empresas del NEA.

El problema aparece cuando esa carga debe pasar por Buenos Aires. Cada desvío incorpora transporte, manipulación y procesos administrativos y aduaneros que, según el empresario, podrían evitarse si existiera una operatoria fluvial integrada desde los puertos regionales. “No tienen por qué seguir pagando el costo logístico que significa llegar a Buenos Aires con la carga consolidada”, planteó.

El cabotaje como cuello de botella

Para Interbarge, la principal restricción actual no es la disponibilidad de producción sino el marco regulatorio. Azqueta definió a la actual ley de cabotaje como un “corset” que limita las alternativas disponibles para operar con embarcaciones, tripulaciones y condiciones que permitan construir una oferta competitiva.

La consecuencia es directa: con las reglas actuales, el transporte fluvial pierde parte de la ventaja que debería tener frente al camión. Según sus estimaciones, operar bajo el esquema vigente puede llevar el costo del transporte fluvial al doble, erosionando buena parte del ahorro potencial que ofrece el río.

“Hay que cambiar la forma de pensar esto”, sostuvo. La compañía propone comenzar gradualmente, pero con una planificación que contemple el desarrollo conjunto de los distintos puertos. La lógica es que una mayor cantidad de cargas permita aumentar la frecuencia, mejorar la utilización de las embarcaciones y reducir progresivamente los costos.

Azqueta puso como referencia una escala de 600 contenedores semanales para que el sistema alcance una dimensión capaz de sostener una operación eficiente. En una primera etapa, los volúmenes podrían ser menores, pero el objetivo es construir una red que permita combinar cargas y destinos.

La estrategia también requiere embarcaciones adaptadas a las características del río. Interbarge trabaja en el diseño de unidades que puedan operar eficientemente en el Alto Paraná, desde la zona de Ciudad del Este e Iguazú hasta la confluencia con el río Paraguay, y continuar luego por el Paraná medio y el Río de la Plata.

El objetivo final es ampliar las alternativas. Buenos Aires, La Plata o Montevideo podrían convertirse en puntos de conexión con los mercados internacionales, pero sin que toda la carga deba concentrarse necesariamente en Buenos Aires antes de comenzar su recorrido marítimo.

Posadas, dentro de una red regional

Azqueta fue enfático respecto del papel del puerto de Posadas. Frente a una consulta sobre las limitaciones actuales de la terminal, aclaró que Interbarge considera al puerto misionero como una pieza relevante de la futura red logística.

La visión de la empresa es que el Alto Paraná debería contar con una cantidad mucho mayor de puertos operativos. Como referencia, señaló que del lado paraguayo existen varios puntos de carga en una zona donde del lado argentino todavía hay una infraestructura portuaria mucho más limitada.

“Creemos que el Puerto de Posadas va a ser muy importante para el sistema”, sostuvo. En su planteo, la terminal misionera no aparece como una alternativa aislada, sino como uno de los nodos de un esquema que debería incorporar también a Ituzaingó, Corrientes y otros futuros puntos de embarque.

Esa integración es clave porque la eficiencia no depende exclusivamente de un puerto. Un sistema con múltiples puntos de carga permitiría acercar el contenedor al productor, combinar volúmenes y ofrecer diferentes alternativas de salida según el destino y las condiciones de cada momento.

El desafío es bajar costos, no solo mover cargas

La discusión sobre la hidrovía suele concentrarse en la disponibilidad de embarcaciones o en la infraestructura portuaria. Azqueta amplió el análisis hacia toda la estructura de costos. Financiamiento, combustible, impuestos, tripulaciones y regulaciones terminan determinando cuánto paga finalmente el productor.

El empresario sostuvo que una operación competitiva requiere inversiones, pero también condiciones financieras razonables. A eso se suman los costos laborales y la necesidad de contar con suficientes tripulaciones para garantizar la continuidad del servicio. “Es un problema completo de todo el sistema”, explicó.

La estructura tributaria también incide. Ingresos Brutos, impuestos vinculados al transporte, combustibles y otros costos se trasladan finalmente al precio del flete. Por eso, para Interbarge, cualquier reforma del cabotaje debería analizarse junto con el resto de las variables que determinan la competitividad.

El planteo tiene una consecuencia política concreta: no alcanza con habilitar un puerto si luego operar desde allí resulta más caro que transportar la mercadería cientos de kilómetros por camión. El objetivo debería ser construir una alternativa logística que sea efectivamente competitiva para las empresas.

Una oportunidad para la forestoindustria del NEA

La propuesta aparece en un momento en que las inversiones forestales de Misiones y Corrientes buscan ampliar su escala y aumentar sus exportaciones. Grandes proyectos industriales ya están modificando la estructura productiva regional, pero el costo para llegar a los mercados externos continúa siendo uno de los principales obstáculos.

Para Azqueta, el río puede convertirse en una herramienta para destrabar ese límite. El transporte fluvial tiene menores costos de mantenimiento y una capacidad de carga significativamente mayor que el transporte terrestre, pero necesita escala y reglas que permitan aprovechar esas ventajas.

La propuesta de Interbarge no plantea que el camión desaparezca. Por el contrario, el objetivo es que cada modalidad cumpla el tramo donde resulta más eficiente: el transporte terrestre para conectar la producción con el puerto y el fluvial para trasladar grandes volúmenes hacia los nodos de exportación.

En esa arquitectura, el puerto deja de ser simplemente una infraestructura y pasa a funcionar como una extensión logística de la industria. Para una empresa forestal ubicada en Misiones o Corrientes, poder consolidar allí la carga y emitir desde ese punto la documentación correspondiente al destino final significaría reducir movimientos, tiempos y costos.

Azqueta resumió el desafío en una premisa empresarial antes que discursiva: Interbarge quiere ganar dinero con el negocio, pero necesita que también gane la región. La ecuación, en su visión, consiste en alcanzar grandes volúmenes, operar con una estructura eficiente y segura y trasladar parte de esa eficiencia al productor.

El mensaje para Misiones y Corrientes es claro. El potencial productivo ya existe y los mercados también. El próximo salto puede depender de que el río deje de ser una frontera logística y pase a convertirse en una vía de salida competitiva hacia Europa, China, Estados Unidos y otros destinos.

La condición, según Interbarge, es modificar las reglas que hoy encarecen esa alternativa. Si el cabotaje logra adaptarse a las necesidades de la producción regional y los puertos comienzan a funcionar como una red, Posadas podría dejar de ser solamente un punto de infraestructura para convertirse en uno de los nodos de una nueva matriz logística del NEA.

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Paro de prácticos: el Gobierno suspendió la desregulación, acordó una rebaja del 20% y se levantó la medida

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El conflicto que había paralizado la asistencia a la navegación de buques en las principales vías navegables del país encontró una salida provisoria. El Gobierno Nacional acordó con los representantes del sector de practicaje una reducción del 20% en las tarifas y dispuso la suspensión temporal del Decreto 690/2026, la norma impulsada por Federico Sturzenegger que había modificado de manera integral las reglas de una actividad regulada desde 1991.

Con la firma del acta de entendimiento, los prácticos retomarán de inmediato sus tareas en los puertos y vías navegables, mientras el Ejecutivo y el sector abrirán una instancia de negociación para revisar los aspectos normativos y operativos que permanecen en disputa. La solución permite desactivar una medida de fuerza que había comenzado a impactar sobre el funcionamiento de la cadena exportadora.

El Gobierno confirmó que la suspensión del decreto tendrá carácter temporal y que, durante ese período, funcionará una mesa de trabajo conjunta coordinada por el Poder Ejecutivo. Participarán representantes de los ministerios de Seguridad y Defensa, además de otros organismos con competencia en la materia.

El objetivo será revisar puntualmente los cambios introducidos por el decreto y buscar un consenso definitivo sobre el régimen de practicaje. La conformación de este espacio de diálogo respondía también a uno de los principales reclamos planteados durante el conflicto y había sido señalada por el sector agroexportador como una condición relevante para normalizar la actividad.

La disputa había adquirido una dimensión económica que excedía al propio sector de prácticos. El parate en los puertos implicaba, según las estimaciones citadas durante el conflicto, pérdidas superiores a US$4,5 millones diarios para el campo, en un sistema logístico donde cualquier interrupción de la navegación puede trasladarse rápidamente a los costos de exportación y a la operatoria de las cadenas agroindustriales.

El acuerdo incorpora además un componente directamente vinculado con la competitividad: la reducción del 20% en las tarifas del servicio. La rebaja apunta a disminuir los costos asociados a la navegación y, al mismo tiempo, ofrece al Gobierno una herramienta para sostener parte de su objetivo inicial de reducir costos logísticos sin mantener abierta, en esta etapa, la totalidad de los cambios regulatorios que provocaron la reacción del sector.

El origen de la crisis fue el Decreto 690/2026, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La normativa había reemplazado la reglamentación vigente desde 1991 y planteaba una reestructuración profunda del sistema de practicaje marítimo y fluvial.

Entre los cambios introducidos se encontraba la posibilidad de que capitanes extranjeros con experiencia quedaran exceptuados de la obligación de contratar prácticos. También se ampliaban las dimensiones de los buques para los cuales resultaba obligatorio contar con asistencia, se eliminaba el límite de cupos para la inscripción de profesionales y se habilitaba a la Prefectura a prestar el servicio.

El decreto también eliminaba la segmentación por tramos geográficos que obligaba a rotar de práctico durante determinados recorridos, flexibilizaba los traslados del personal y ampliaba las exenciones de contratación para algunos buques.

El argumento oficial detrás de la reforma apuntaba a reducir costos y flexibilizar una actividad considerada estratégica para el comercio exterior. “La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, había planteado Sturzenegger al defender los cambios.

La suspensión temporal del decreto no supone, por lo tanto, el abandono de la discusión sobre la regulación del practicaje. El Gobierno conserva abierta la posibilidad de revisar el esquema, pero ahora bajo una instancia de negociación que incorpora a los actores directamente involucrados y con una prioridad inmediata: garantizar la continuidad de la navegación y reducir los costos que impactan sobre la logística exportadora.

La salida acordada deja así dos resultados concretos en el corto plazo. Por un lado, se normaliza la asistencia a los buques y se evita que el conflicto continúe generando pérdidas sobre una cadena exportadora particularmente sensible a las interrupciones. Por otro, la reducción tarifaria introduce un alivio sobre los costos del servicio, mientras la mesa técnica deberá determinar qué aspectos de la reforma pueden sostenerse, cuáles requieren modificaciones y bajo qué condiciones.

La prueba para el Gobierno será convertir esta tregua en una reforma sostenible. El desafío consiste en combinar mayor eficiencia y menores costos para el comercio exterior con reglas previsibles para quienes prestan un servicio crítico para la seguridad de la navegación. La suspensión del Decreto 690/2026 abre ese espacio de negociación; el resultado dependerá de que la mesa técnica logre transformar el conflicto en un nuevo marco regulatorio con consenso suficiente para evitar otra interrupción de las vías navegables.

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