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¿Conviene hacer Uber en Posadas? La respuesta depende de cuánto vale tu tiempo

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Hay cientos de posadeños que manejan Uber todos los días. Algunos lo hacen como único ingreso. Otros, como segundo empleo. Unos pocos hacen las cuentas en serio. Esta es la historia de cuatro conductores distintos y de lo que los números realmente dicen sobre si conviene o no.

En la capital de Misiones se estima que Uber le quitó el 30% de los pasajeros al sistema de colectivos de la ciudad. No el 10%, no el 20%. El 30%. Guillermo Leumann, empresario de transporte urbano, lo dijo públicamente hace seis meses y nadie lo refutó. No hay antecedente de algo así en ninguna otra ciudad de la región. 

Eso significa que Posadas tiene cientos, probablemente miles, de personas manejando Uber. Algunos lo hacen como único ingreso. Otros como rebusque del fin de semana. Unos pocos lo hacen con un cálculo claro en la cabeza. La mayoría, con una intuición que nunca terminó de convertirse en número.

Hicimos los números.

El contexto en julio de 2026: la nafta súper cuesta $2.190 por litro en Posadas, más de $100 por encima del precio en CABA y entre los más altos del país. Desde diciembre de 2023, acumula un aumento del 181%. La tarifa del colectivo subió a $1.800 sin SUBE, lo que empuja pasajeros hacia Uber. Y el salario mínimo ronda los $720.000 mensuales, menos de 700 dólares al tipo de cambio oficial.

Antes de los testimonios, los parámetros que usamos para calcular. Uber cobra al pasajero y le transfiere al conductor el 75% del monto. El resto es la comisión de la plataforma. Un viaje promedio en Posadas recorre entre 4 y 6 kilómetros y demora entre 10 y 15 minutos. El precio típico de un viaje corto en Posadas oscila hoy entre $2.500 y $4.500, dependiendo de la hora y la demanda.

El costo operativo por kilómetro de un auto nafta de gama media en Argentina (considerando combustible, desgaste de neumáticos, aceite, frenos y amortiguadores) se estima entre $800 y $1.200. Sin contar el seguro ni la depreciación del vehículo.

Con eso en mente, cuatro historias de las tantas similares que deben circular: la uberización de la economía es el signo de los tiempos. En Posadas, los últimos datos oficiales de empleo marcan que subió de manera significativa la proporción de asalariados que trabajan en la informalidad: pasó del 34% al 46%.  En contraste, Uber no para de crecer y hace algunas horas anunció la compra de la alemana Delivery Hero, dueña de PedidosYa, en una operación valuada en US$ 14.800 millones que redefine el mapa mundial del negocio del delivery. Con esta adquisición, la compañía estadounidense busca convertirse en el mayor operador de reparto de comida fuera de China y fortalecer su posición frente a competidores como DoorDash y Just Eat.

La operación permitirá a Uber ampliar significativamente su alcance internacional. La empresa pasará de operar en 50 a 99 mercados, incorporando una red que suma alrededor de 60 millones de usuarios activos mensuales y un volumen de reservas brutas cercano a US$ 42.000 millones durante 2025.


RODRIGO · 34 AÑOS · UBER COMO SEGUNDO EMPLEO · AUTO PROPIO COMPRADO EN 2021

“Los viernes y sábados a la noche salgo cuatro horas. Hago entre 12 y 15 viajes. Me quedo con unos $35.000 limpios después del combustible. Al principio me parecía mucho. Después empecé a pensar en el desgaste del auto y ya no sé si es tanto.”

El cálculo de Rodrigo: 13 viajes promedio × $3.200 promedio = $41.600 bruto · 75% al conductor = $31.200 · Combustible (aprox. 60 km a 12 km/l = 5 litros × $2.190) = $10.950 · Ingreso neto estimado: $20.250 por noche · Desgaste estimado (60 km × $400 de amortización): $24.000 mensuales si sale 3 veces por semana. Lo que no suma: el auto se desgasta todos los viernes aunque Rodrigo no lo vea.


MARIELA · 41 AÑOS · UBER COMO INGRESO PRINCIPAL · AUTO FINANCIADO EN 2023

“Manejo ocho horas por día, de lunes a sábado. Hay días buenos y días que no sale nada. El problema es que el auto ya necesita service y no tengo plata para pararlo. Si lo paro una semana, no como.”

El cálculo de Mariela: 8 horas × 6 días = 48 horas semanales · Estimado de 25 viajes diarios × $3.000 = $75.000 bruto diario · 75% = $56.250 · Combustible diario (180 km ÷ 12 km/l = 15 litros × $2.190) = $32.850 · Ingreso neto diario antes de otros costos: $23.400 · Mensual: ~$561.600 · Seguro básico: $60.000/mes · Servicio de 5.000 km cada 2 meses: $80.000/mes promedio · Desgaste de cubiertas y frenos: $40.000/mes estimado. Ingreso real mensual estimado: $381.600. Por debajo del salario mínimo si se descuenta todo.


TOMÁS · 28 AÑOS · UBER EN MOTO · SIN CUOTAS NI GASTOS DE AUTO

“Yo hago con moto y es completamente distinto. El combustible es la mitad, el desgaste es menor, y en Posadas con el tráfico la moto llega antes a todos lados. Hago 20 viajes en el mismo tiempo que un auto hace 12.”

El cálculo de Tomás: Moto 150cc · Consumo: 30 km/litro · Costo combustible por km: $73 (vs $182 del auto) · 20 viajes diarios × $1.800 promedio (moto Uber más barato) = $36.000 bruto · 75% = $27.000 · Combustible (80 km ÷ 30 = 2,7 litros × $2.190) = $5.913 · Ingreso neto diario estimado: $21.000 con mucho menos desgaste y menor inversión inicial. La moto gana en economía operativa. Pierde en seguridad y en capacidad de pasajeros.


SANDRA · 62 AÑOS · JUBILADA QUE HACE UBER LOS MEDIODÍAS

“Mi jubilación no alcanza para nada. Salgo tres horas por día, de 11 a 14. Hago 6 o 7 viajes. Me alcanza para las verduras y un poco más. Pero me preocupa qué pasa cuando el auto falle. No tengo para arreglarlo.”

El cálculo de Sandra: 6 viajes × $3.000 promedio = $18.000 bruto · 75% = $13.500 · Combustible (25 km × $182/km) = $4.550 · Ingreso neto: ~$8.950 por sesión · $188.000 mensual si sale 21 días · Suma importante como complemento de jubilación. Pero el auto tiene 8 años y el próximo service podría costar más de lo que gana en un mes entero. Sandra no tiene fondo de emergencia mecánica. Ese es su mayor riesgo.


Los cuatro casos ilustran algo que la mayoría de los conductores de Uber en Posadas intuye pero no termina de calcular: la plataforma paga por el tiempo activo. Lo que no paga, y lo que nadie descuenta del ingreso bruto, es el tiempo muerto esperando viajes, el desgaste diferencial del vehículo, el costo del seguro adicional que requiere el uso comercial, la imposibilidad de aportar a una jubilación y la depreciación del auto como activo.

El número más revelador de la tabla es el de Mariela: quien más trabaja, quien pone más horas, quién más se expone, termina con el ingreso neto más bajo en términos relativos. Eso no es una paradoja: es la consecuencia lógica de que el costo fijo del auto (seguro, service, depreciación) no escala con los viajes. Crece con el tiempo, independientemente de cuánto se trabaje.

Lo que ningún conductor descuenta pero debería: un auto de $8.000.000 que se usa para Uber durante tres años pierde entre el 40% y el 60% de su valor, más rápido que un auto de uso particular, porque los kilómetros se acumulan al triple de velocidad. Esa depreciación, distribuida en los meses de uso, puede representar entre $150.000 y $250.000 mensuales de costo invisible. Si se suma ese ítem al cálculo de Mariela, su trabajo de 8 horas diarias la deja con un ingreso real inferior al salario mínimo.

¿Conviene entonces hacer Uber en Posadas?

Depende de con qué se compare y desde dónde se entre. Como complemento de otro ingreso, con un auto ya pago y saliendo pocas horas en horarios de alta demanda (noches, fines de semana, eventos) los números cierran razonablemente. Como ingreso principal, con un auto financiado y jornadas completas, los números dan mucho menos margen del que parece a primera vista.

Y hay algo que los números no capturan del todo: el costo del tiempo. Manejar ocho horas por día en Posadas, con el calor del verano misionero, el tráfico de ciertas avenidas en hora pico y la incertidumbre de cuántos viajes va a haber, tiene un precio en energía y en salud que no aparece en ninguna planilla.

Uber en Posadas es real, es masivo y claramente cubre una necesidad de transporte que el sistema formal no estaba cubriendo. También es, para muchos de quienes lo manejan, el ejemplo más cotidiano de algo que ya describimos en esta serie: el sistema que no paga suficiente, que te ofrece la plataforma como solución y te deja a vos la responsabilidad de hacer que cierre.

El auto se desgasta igual, llueva o no haya viajes. La plataforma cobra su 25% igual, ganes o pierdas.

Y el service del mes que viene llega igual, hayas o no hecho los números.

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El Gobierno elimina el antidumping para zapatillas deportivas y redefine la política industrial del sector

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El Gobierno nacional oficializó el 20 de abril de 2026 un cambio sensible en la política comercial: eliminó el derecho antidumping para las zapatillas deportivas desmontadas importadas desde China. La decisión, plasmada en la Resolución 531/2026 del Ministerio de Economía, excluye a estos productos del valor FOB mínimo de US$15,70 por par vigente desde 2021. El movimiento no solo impacta en costos y precios, sino que redefine el equilibrio entre protección industrial y apertura selectiva. La pregunta que queda planteada es si se trata de un giro estructural en la política productiva o de un ajuste puntual para sostener un modelo híbrido de fabricación.

Del proteccionismo al ensamblado: un cambio de enfoque

La medida se apoya en un informe técnico de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), que detectó un “cambio de circunstancias” en el mercado del calzado, especialmente en el segmento deportivo. El diagnóstico es claro: la industria local mantiene competitividad en cuero y moda urbana, pero enfrenta una brecha tecnológica en productos de alta performance.

Ese desfasaje explica el viraje. En lugar de sostener barreras generalizadas, el Gobierno opta por liberar la importación de kits desmontados —con suela o parte superior distinta del cuero natural— que luego se ensamblan en el país. El esquema no es nuevo, pero ahora recibe un respaldo normativo explícito.

La resolución cierra el examen iniciado en 2025 sobre la medida antidumping vigente desde 2021 y redefine su alcance. El resto del calzado continúa bajo protección, lo que muestra un criterio selectivo más que una apertura total.

La presión desde adentro del sector

El dato político no es menor: el cambio fue impulsado por actores centrales de la industria local. Empresas como Topper Argentina y Puma Sports Argentina promovieron la revisión del esquema, argumentando que el antidumping encarecía insumos clave para su modelo productivo.

El planteo logró respaldo técnico. La CNCE sostuvo que la importación de kits no desplaza producción nacional, sino que la complementa, permitiendo sostener empleo y mejorar la productividad. Según el informe, el ensamblado local genera un valor agregado estimado en torno al 20% y requiere procesos industriales complejos.

La paradoja es evidente: la protección deja de ser demandada por quienes producen y pasa a ser vista como un obstáculo. El Gobierno toma esa señal y ajusta la regulación en línea con una lógica más pragmática.

Impacto en precios, competencia y estructura productiva

La eliminación del valor mínimo de importación tiene un efecto directo sobre los costos. Al reducir el precio de los insumos, las empresas pueden ajustar sus estructuras y, en teoría, trasladar parte de esa baja a los consumidores.

El mercado, además, podría ampliar su oferta. La CNCE señala que el acceso a materiales y tecnologías no disponibles localmente permite mejorar la calidad y durabilidad del producto final. Esto apunta a un segmento masivo, donde la innovación y el precio son variables decisivas.

En paralelo, la medida se alinea con la reducción del Derecho de Importación Extrazona aplicada recientemente a estos productos. La consistencia regulatoria aparece como un objetivo explícito: evitar superposiciones que terminen encareciendo el mercado interno.

Sin embargo, la decisión también reconfigura la competencia dentro del sector. Mientras el calzado deportivo desmontado queda liberado, otros segmentos —como el calzado de cuero o de seguridad— mantienen esquemas de protección. La segmentación puede generar tensiones entre distintos actores de la industria.

Un movimiento táctico con proyección abierta

El Gobierno avanza así en una política comercial más selectiva, donde la protección se combina con aperturas puntuales según el diagnóstico sectorial. El caso del calzado deportivo funciona como testigo de esa estrategia.

En el corto plazo, el foco estará en la evolución de las importaciones. En los últimos años, los kits desmontados pasaron de representar el 59% de las compras externas entre 2021 y 2023 a un 24% en el último período. La expectativa oficial es revertir esa caída.

También habrá que observar el impacto en precios y en niveles de actividad. Si la medida logra expandir la oferta sin afectar el empleo, podría consolidarse como modelo para otros sectores con brechas tecnológicas.

Por ahora, el cambio deja una señal clara: la política industrial se mueve hacia esquemas más flexibles, donde el objetivo no es solo proteger, sino redefinir cómo y dónde se genera valor. El alcance real de ese giro dependerá de cómo evolucione el equilibrio entre apertura, producción y mercado interno.

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Precios mayoristas: suben 1% en febrero y el Gobierno enfrenta una señal clave en la cadena de costos

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El proceso de desaceleración inflacionaria sumó un nuevo capítulo con matices: el índice de precios mayoristas registró una suba de 1% en febrero de 2026 y acumuló 25,6% interanual, según informó el INDEC el 17 de marzo. El dato, en apariencia contenido, adquiere relevancia política porque mide el pulso de la cadena de formación de precios antes de su traslado al consumidor. En ese punto se abre una pregunta inevitable: ¿la baja en la nominalidad mayorista consolida la estrategia del Gobierno o anticipa tensiones futuras en márgenes y abastecimiento?

Lejos de ser un indicador técnico más, el índice funciona como termómetro adelantado de la inflación minorista y como referencia para sectores productivos que ajustan contratos, listas de precios y expectativas.

Una desaceleración con composición heterogénea

El informe oficial muestra que la variación mensual se explicó por el aumento de 1% en los productos nacionales, mientras que los productos importados registraron una leve baja de -0,3%. Esa diferencia introduce un dato clave: la presión inflacionaria se sostiene más en factores internos que en el componente externo.

Al interior de los productos nacionales, el comportamiento no fue uniforme. Los productos primarios subieron 1,2%, los manufacturados 1% y la energía eléctrica avanzó 0,5%. Esta estructura sugiere que la dinámica de costos sigue atravesada por variables productivas locales, incluso en un contexto de menor volatilidad cambiaria.

La baja en importados, en tanto, aparece como un factor de contención, aunque con impacto acotado en la estructura general del índice. No alcanza por sí sola para compensar la inercia de los precios domésticos.

Un indicador clave para la política económica

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) no solo mide variaciones. También anticipa decisiones. Su evolución incide en la política de precios, en la negociación entre proveedores y empresas, y en la construcción de expectativas inflacionarias.

Para el Gobierno, el dato de febrero puede leerse como una señal de estabilización relativa en la cadena de costos. Sin embargo, también expone una limitación: la inflación no desaparece, se redistribuye. Y en ese movimiento, los precios mayoristas siguen mostrando una inercia que condiciona la velocidad de desaceleración general.

En términos institucionales, el índice no tiene impacto directo en normas o contratos como otros indicadores, pero sí influye en la toma de decisiones del sector privado y en la calibración de políticas públicas.

Correlación de fuerzas: márgenes en disputa

El comportamiento de los precios mayoristas también refleja una tensión silenciosa entre sectores productivos. Cuando los costos suben, aunque sea de forma moderada, se activa una disputa por los márgenes a lo largo de la cadena.

El dato de febrero sugiere que esa tensión no desapareció. Se reconfiguró. La estabilidad relativa puede aliviar presiones en el corto plazo, pero no elimina la puja entre productores, distribuidores y comercializadores.

En ese escenario, la política económica queda en una posición delicada: necesita sostener la desaceleración sin generar un estrangulamiento en sectores que dependen de la recomposición de precios para sostener actividad.

Un equilibrio todavía inestable

El registro de 1% mensual marca una desaceleración respecto de períodos anteriores, pero no define una tendencia irreversible. La clave estará en observar si este nivel se consolida o si responde a factores transitorios.

Las próximas mediciones permitirán evaluar si la baja en productos importados se sostiene y si los componentes internos logran moderarse sin intervención adicional. También será relevante analizar cómo impacta esta dinámica en la inflación minorista.

Por ahora, el dato deja una señal ambivalente. La nominalidad cede, pero no se apaga. Y en ese margen, la política económica sigue jugando una partida donde cada punto porcentual redefine el equilibrio.

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Por agua es más barato: el puerto de Posadas ofrece precios más competitivos que el transporte terrestre

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El transporte de cargas a través del puerto de Posadas se consolida como una alternativa más económica frente al traslado terrestre hacia los grandes centros logísticos del país.

Tras intensas negociaciones con la Provincia, la naviera MSC redujo recientemente la tarifa del transporte fluvial de 1.350 a 1.100 dólares por contenedor. A esto se suma el costo del tramo marítimo, que se mantiene en 500 dólares por unidad, por lo que el total para enviar mercancías desde Posadas al destino final se ubica en 1.600 dólares. Antes de la baja de tarifas, ese monto ascendía a 1.850 dólares.

En contraste, el traslado por camión hasta el puerto de Buenos Aires tiene un costo de 1.900 dólares por contenedor, a lo que hay que sumar los 500 dólares del tramo marítimo. Esto eleva el total a 2.400 dólares, lo que implica una diferencia de 800 dólares frente a la alternativa fluvial, señaló Ricardo Babiak, presidente del puerto, quien destacó que “los costos actuales muestran una diferencia significativa a favor de la vía fluvial”.

Además, Babiak destacó que el servicio en Posadas cuenta con costos adicionales competitivos: el consolidado en el depósito local tiene un valor de 400 mil pesos; en Buenos Aires, esa misma operación cuesta alrededor de 1.000 dólares. El despacho de contenedores desde el puerto misionero tiene un costo final de 50 mil pesos.

Estos precios, respaldados por la política de apoyo logístico y operativo de la provincia de Misiones, fortalecen la posición del puerto de Posadas como una opción estratégica para el comercio exterior regional, impulsando la competitividad y reduciendo los costos para las empresas exportadoras.

Con el Depósito Fiscal, el Puerto de Posadas se consolida como un polo logístico

Este jueves (14/08), el Depósito Fiscal del Puerto de Posadas marcó un nuevo hito desde su puesta en funcionamiento, hace apenas 45 días. Un total de 15 camiones realizaron operaciones en el recinto, demostrando que los exportadores apuestan a esta infraestructura que optimiza los tiempos de operación y reduce costos en toda la cadena logística.

Durante la jornada, se llevaron a cabo consolidaciones de carga y formalización aduanera de madera aserrada con destino a Asia y de cuero con destino a Paraguay, reafirmando la capacidad del puerto para atender distintos rubros productivos y conectar a Misiones con mercados internacionales.

El recinto cuenta con tres docks de carga, lo que permite realizar operaciones aduaneras en paralelo, agilizando la circulación de mercaderías. Además, el scanner de camiones, pieza clave en la infraestructura portuaria, asegura que toda carga que ingresa o egresa sea inspeccionada y segura, cumpliendo con los más altos estándares de control.

Con estos avances, el Puerto de Posadas no solo se fortalece como una herramienta logística de primer nivel, sino que posiciona a Misiones como un referente en comercio exterior y eficiencia portuaria en la región, potenciando la competitividad de su producción y generando nuevas oportunidades para el desarrollo económico.

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Argentina vs. la región: ¿Por qué la ropa es hasta un 118% más cara en el país?

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Un estudio privado revela que renovar el vestuario en Argentina es entre 40% y 118% más caro que hacerlo en Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

El gobierno de Javier Milei anunció una reducción de aranceles para la importación de ropa, calzado y telas, con el objetivo de bajar los precios de la indumentaria en Argentina. La medida busca aumentar la competencia en el mercado local, donde, según el ministro de Economía, Luis Caputo, los precios son los más altos de la región.

Más allá de la apreciación del ministro, uninforme privado realizado por Focus Market respalda las afirmaciones del gobierno, revelando que renovar el guardarropa en Argentina puede ser entre un 40% y un 118% más costoso que en países vecinos como Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En algunos casos, la misma prenda puede costar hasta seis veces más en Argentina que en Brasil.

  • Brasil: Renovar el guardarropa es un 78% más barato que en Argentina: los nueve productos seleccionados en la canasta pueden conseguirse por US$591 en Brasil y US$1.054 en Argentina y todas las prendas presentan una diferencia de al menos un 50%, excepto las zapatillas, cuya brecha es del 27%.
  • Chile: Turistas argentinos cruzan la cordillera para comprar ropa, aprovechando los precios más bajos. Ocurre que, en el país trasandino, refleja el sodeo de Focus Market, la mencionada canasta de nueve productos cuesta US$595 en Chile frente a US$1.054 en Argentina.
  • Paraguay: Renovar el guardarropa es casi dos veces más económico que en Argentina. Con el mismo dinero con el que se pueden comprar un par de zapatillas en Argentina, en Paraguay pueden comprarse dos. Además, resumió la consultora que encabeza Damián Di Pace, los jeans y las bermudas en el mercado interno cuestan un 86% y un 73% más en el país.
  • Uruguay: A pesar de ser el destino menos elegido, sigue siendo más barato que comprar en Argentina, resume Focus Market respecto de los precios en Uruguay. Las diferencias, precisó, alcanzan el 79% en jeans, 76% en shorts y bermudas, 72% en camisetas y 68% en sandalias.

Estos países tienen en común ciertas características:

 Menor presión tributaria general:

  • En comparación con Argentina, estos tres países tienden a tener una presión tributaria general menor en relación a su Producto Interno Bruto (PIB). Esto se traduce en una menor carga impositiva que incide en el precio final de los productos, incluyendo la indumentaria.
  • Si bien los tres países tienen Impuesto al Valor Agregado (IVA), sus tasas y estructuras difieren de las de Argentina. En general, sus sistemas tributarios evitan la acumulación de impuestos en cascada, como ocurre con Ingresos Brutos en Argentina, lo que reduce el impacto en el precio final.

 Competitividad fiscal:

  • Los tres países buscan mantener una estructura fiscal que fomente la competitividad, lo que incluye tasas impositivas más bajas y una menor carga burocrática. Esto atrae inversiones y favorece la producción y el comercio, contribuyendo a precios más competitivos.

¿Por qué la ropa es tan cara en Argentina?

El gobierno atribuye los altos precios a los márgenes de ganancia de los empresarios, mientras que el sector textil señala otros factores:

  • Alta presión tributaria: Los impuestos nacionales, provinciales y municipales representan el 50,3% del precio de una remera de marca premium.
  • Costos financieros: El costo financiero, asociado a las compras en cuotas, representa el 12,2% del precio.
  • Alquileres: El alquiler de los locales comerciales representa el 12,7% del precio.

Reacción del sector textil

La Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria criticaron la medida del gobierno, advirtiendo que favorece la competencia desleal de productos importados y pone en riesgo el empleo formal en el sector. Recordaron que representan a un sector que emplea a más de 290.000 personas.

Además, criticaron la medida por considerar que favorece la competencia desleal de productos importados que entrarán al país a precios “irrisorios” debido al “dólar barato” y alertaron que el empleo formal será el más comprometido. Esto último, señalaron, “implicará una caída de la recaudación por cargas sociales”, lo que puede comprometer el ancla fiscal que tanto valora el Gobierno.

Detrás de esta última advertencia se esconde también un pedido que viene haciendo no solo el sector textil sino el empresariado en general: la reducción del alto costo argentino y la presión impositiva.

Al cierre del año pasado, cabe recordar, un informe de Fundación Pro Tejer aseguró que el 75% del ticket por una remera de marca premium en un shopping está vinculado a costos que nada tienen que ver con la producción nacional, el diseño y la rentabilidad de la industria.

Según detallaron, un 50,3% del precio se explicaba por impuestos nacionales, provinciales y municipales; 12,2% por el costo financiero, asociado a cuando el comprador paga en cuotas o aprovecha promociones; y 12,7% correspondía al alquiler del local donde se comercializa el producto.

Fuente: Bloomberg

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