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Came le planteó a Elisa Carrió los problemas que atraviesan las Pymes

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El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán, y el secretario general, José A. Bereciartúa, se reunieron con la diputada nacional Elisa Carrió para analizar las principales problemáticas de las Pymes que son transversales a todos los sectores productivos.
Entre las trabas abordadas se destacan las altas tasas de interés, la eliminación del Decreto 814/01, los embargos fiscales que la AFIP hace a las Pymes, los adelantos de ganancias que les quitan recursos financieros, la alta concentración en la economía, y la inexistencia de créditos blandos que, en consecuencia, generan un bajo nivel de inversión y dificultan el desarrollo de la Pyme.
Además, durante el encuentro coincidieron en que desde el Gobierno Nacional debería tenerse en cuenta la heterogeneidad de nuestro país para poder tratar las particularidades regionales. En ese sentido, la diputada se mostró muy involucrada con el desarrollo Pyme en el interior profundo. “Teniendo ya asegurada la República, el próximo paso es generar el crecimiento económico con las Pymes a la cabeza”, aseguró, resaltando también que las pequeñas y medianas empresas son indiscutibles dinamizadoras del tejido productivo nacional.
Al finalizar la reunión, que se llevó a cabo en un ambiente distendido, Carrió garantizó continuar trabajando en conjunto con la entidad para delinear políticas que mitiguen el impacto negativo que genera la adversa coyuntura y fomenten la capacidad productiva integral. “Quiero hacer un seguimiento de la realidad de las Pymes y ser su voz dentro del Gobierno”, subrayó.

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“Las medidas económicas están poniendo al límite las estructuras de costos”

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La Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG) aseguró que “la actividad logística es otra víctima de los aumentos que sufre la sociedad en general y de las medidas económicas que, claramente, no contribuyen a mejorar la competitividad del sector y del país”. También cuestionaron que “falta el Estado, como actor protagonista y con una mirada integral”.
Durante un encuentro de la Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG) se analizaron los factores que “están poniendo al límite las estructuras de costos y que afectan a la competitividad del sector”. Según se informó en un comunicado de prensa, “hubo coincidencias en que la logística está impactada por la coyuntura económica, ya que las medidas de ajuste y suba de precios siguen incrementando los costos logísticos y afectando la competitividad de las empresas y del país”.
“Desde el sector de logística y transporte se busca poner en el centro del debate esta difícil situación, ya que LA ACTIVIDAD LOGÍSTICA NO ES FORMADORA DE PRECIOS, sino otra víctima de los aumentos que sufre la sociedad en general y de las medidas económicas que, claramente, no contribuyen a mejorar la competitividad del sector y del país”, aseguraron.
El evento contó con las disertaciones de Juan Piccirillo, de la UTN; Juan Calvo, de Andreani Logística; Andrés Borenstein, de la Universidad Torcuato Di Tella; Emilio Felcman, del departamento de Estudios Económicos y Costos de Fadeeac; Gabriela Rigoni, del estudio Lisicki Litvin & Asociados; Pablo Beltrán Simó, del Grupo Cepas, y Marcelo Nahass, de Tigre Argentina.
Ante la presencia de más de 150 personas, Juan Piccirillo, investigador del Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de la UTN, se refirió al índice construido por dicho centro, que refleja mensualmente las variaciones de los costos de los operadores logísticos de todo el país, además del impacto de los cambios de precios en los principales insumos que componen el costo de las operaciones logísticas.
En t anto, Juan Calvo, gerente comercial en Andreani Logística, expresó que “la expectativa de aumento de costos para este año era del 20 por ciento. Pero, frente a la realidad, con un incremento del 35 por ciento, debemos negociar con el cliente, y muchos de ellos se excusan en que los presupuestos fueron armados hace un año”.
Además, subrayó: “Tenemos problemas con las empresas multinacionales, ya que en lo que va del 2018 el dólar se devaluó un 75 por ciento, y esta modificación afectó el día a día de las negociaciones”.
Por su parte, el economista Andrés Borenstein explicó que las proyecciones de crecimiento están en descenso: “Se sentirá como una recesión aunque técnicamente pueda no serlo. El mercado de trabajo se enfría, las importaciones se desploman, y la confianza del consumidor y del gobierno se estabiliza en valores bajos”.
Con relación al tipo de cambio, mencionó que la expectativa es que el dóla r llegue a $31 a fin de año pero aclaró que la inestabilidad cambiaria tiene chances de perdurar. No obstante, indicó que, “en 2019, el campo va a traer una gran cosecha, con lo cual, si se estabiliza lo financiero, el año puede ser mejor que las expectativas del mercado”.
Emilio Felcman, director del Departamento de Estudios Económicos y Costos de Fadeeac, indicó que hubo un notorio incremento de costos en julio, del 7,2%, uno de los más altos de los últimos 30 meses, producto del aumento en el combustible del 7,7$. “Las subas continuas implican un divorcio del índice de costos del transporte versus el índice de precios al consumidor. El costo del flete supera el 27%”, señaló.
Al respecto, detalló que, en los últimos doce meses, el combustible aumentó en ocho oportunidades: en octubre y diciembre del año pasado, 8% y 5,8%, respectivamente, y este año en enero (4,8%), febrero (3,1%), abril (3,2%), junio (4,4%), julio (7,7%) y agosto (6%).
En cuanto al impacto de la crisis económica sobre el transporte de cargas, manifestó que “hay menor actividad en general y mayor inflación esperada. Lo negativo de este ajuste tan abrupto es que la suba del dólar contagia al resto de los precios y asusta a la actividad real y al consumo, generando convulsiones en varios sectores. Esta situación implica también presiones para subas en Paritarias y, por ende, mayores costos”. De hecho, precisó que el índice Fadeeac cerró en 24% en 2017 y ya acumula 24% en lo que va del 2018.
En tanto, Gabriela Rigoni, especialista en impuestos y socia del estudio Lisicki Litvin & Asociados, se refirió al capital de trabajo. Señaló que se advierte un desajuste temporal entre los pagos y cobranzas, agravado por el corrimiento de los plazos y las altas tasas financieras. Remarcó que otro impacto fuerte es el que produce el impuesto a los ingresos brutos, cuyas alícuotas aumentan año tras año: “En algunos casos, se prevén alícuotas reducidas, pero son inalcanzables, porque requieren radicación local de todos los vehículos”. También consideró a las tasas municipales “un impuesto distorsivo y por acumulación”.
Respecto al impacto desde los generadores de carga, Pablo Beltrán Simó, gerente de Logística y Servicio al Cliente de Grupo Cepas, explicó que la situación actual hace necesario trabajar junto con los socios del sector transporte y enfatizó en que “el mercado no acepta el traslado del precio al cliente final”.
Por su parte, Marcelo Nahass, gerente de Logística de Tigre Argentina, recalcó que “no hay que perder de vista el resultado punta a punta del proceso” y que resulta fundamental trabajar con todos los actores para lograr una cadena alineada, aceptable y ágil. Agregó que es fundamental tener los datos concretos de la actividad: “Si todos los actores están mirando eficien cia y servicios, y no tanto las tarifas, de esa forma se minimiza el costo”, concluyó.
A modo de conclusión, Alejandro Leiras expresó que “es necesario subrayar que falta el Estado, como actor protagonista y con una mirada integral. Encontramos varios inconvenientes entre las distintas áreas. Por ejemplo, Control y Fiscalización no trabaja de la mano con Logística y Fiscalización”.
También subrayó que el sector no es formador de precios: “El mercado es cada vez más agresivo. Se requiere más servicio, mayor atomización de entregas y más actividad. Pero las reglas de juego no son claras, en una ciudad con un tránsito restringido y con bitrenes que sólo pueden salir de Campana. Hay algo que no se está viendo de forma integral”.

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Análisis por la suba del boleto: las empresas piden 20 pesos en Posadas

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Esta semana el secretario de Gobierno de la municipalidad de Posadas, Fabián Florentín, le presentó al intendente, Joaquín Losada, el informe SUBE con el análisis de costos que expuso el sector empresario en la audiencia pública que se desarrolló el 20 de diciembre. Allí, el funcionario explicó que las empresas originalmente habían pedido 25,40 pesos, pero luego aseguraron que esa tarifa estaba desactualizada porque no contemplaba diciembre, y pidieron entonces, 27,37 pesos, sumado al 15 por ciento de inflación.

Florentín trasladó al informe además las quejas unificadas de los usuarios por la mala calidad del servicio.

Sabido es que las empresas piden valores muy por encima de lo que incluso saben, se les podría otorgar, para alcanzar una tarifa que conforme medianamente a todos los sectores. En ese contexto de negociación, desde el Sistema Integrado de Transporte, insisten en una tarifa cercana a los 20 pesos con SUBE para Posadas, 11 pesos más del  valor actual fijado en 8,55 pesos.  

En el último aumento concedido por el municipio de Posadas en la mesa de negociación que incluye a Garupá y Candelaria, el intendente, Joaquín Losada, autorizó un 18 por ciento de aumento, en correlación con el incremento salarial fijado por la provincia. En esta oportunidad el único marco de referencia que tiene la comuna es el aumento que estudia Nación para el transporte público en Buenos Aires del ciento por ciento. Si toma esa referencia, el boleto tendría un costo en Posadas de 17,10 pesos.

Sin embargo, no estaría en el ánimo del intendente Losada otorgar ese aumento, y podría fijarlo en 15 pesos, o menos. El fin de semana firmaría el decreto con los nuevos valores que comenzarán a regir el año próximo.

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