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Daniel Artana: “El verdadero indicador macroeconómico que da mal es la inversión”

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La economía argentina consiguió ordenar algunas de sus variables fundamentales, resistió una sucesión de shocks y comenzó a desplegar una potencia exportadora que promete cambiar su estructura durante la próxima década. Pero todavía tiene un punto débil que condiciona todo el programa: la inversión no reacciona.

Daniel Artana puso allí el foco durante una entrevista con Economis en el Encuentro de Ejecutivos de Finanzas realizado en el hotel Loi Suites de Puerto Iguazú. Para el economista, la estabilidad alcanzada es una condición necesaria, pero no garantiza por sí misma un ciclo de crecimiento sostenido. Sin inversión, productividad y reformas estructurales, el orden macroeconómico puede convertirse en una plataforma prolija, aunque insuficiente.

La estabilidad es condición necesaria, pero no suficiente. Los países no crecen porque tienen inflación; al contrario, la inflación complica el crecimiento económico. Pero se necesitan otras cosas: más inversión y más productividad”, definió.

Artana considera que la Argentina todavía necesita ampliar su horizonte. Aunque el Gobierno haya corregido desequilibrios importantes, entre los empresarios persiste la duda sobre la continuidad política de esas transformaciones. El temor a que el país vuelva a aplicar políticas que no existen en otras economías desalienta decisiones que requieren años para recuperar el capital comprometido.

Esa incertidumbre, sumada a problemas coyunturales, explica por qué la inversión sigue rezagada. No ocurre lo mismo con las exportaciones, que muestran un fuerte dinamismo, ni necesariamente con el producto bruto interno, que soportó numerosos impactos sin desplomarse. Tampoco es el consumo, según su lectura, la principal señal de alarma.

El verdadero indicador que da mal macroeconómicamente es la inversión. Está muy baja”, remarcó.

La estabilidad no compra el crecimiento

El planteo de Artana atraviesa el debate económico de fondo. Bajar la inflación, reducir el déficit y ordenar los precios relativos son pasos imprescindibles, pero no producen automáticamente nuevas fábricas, infraestructura, tecnología ni empleos de mayor productividad.

Para que eso ocurra, el sector privado necesita previsibilidad suficiente para invertir y el Estado debe avanzar en reformas capaces de remover obstáculos acumulados durante décadas. La estabilidad evita que la economía se desordene, pero el crecimiento requiere aumentar la cantidad y la calidad del capital productivo.

La Argentina todavía enfrenta, además, el riesgo de volver atrás. Una parte de las decisiones empresariales continúa suspendida por la pregunta que acompaña a todos los programas económicos del país: cuánto de lo realizado permanecerá después de la próxima elección.

Artana considera que un programa será verdaderamente consistente cuando pueda atravesar la alternancia política sin que se discutan nuevamente sus principios elementales. Lo que definió como el “ABC” económico -aquello tan básico como aceptar que dos más dos es cuatro- debería sobrevivir a los cambios de presidente.

El problema es que todavía existe una parte de la dirigencia dispuesta a desconocer esas reglas. Mientras esa amenaza siga abierta, el horizonte permanecerá corto y la inversión tendrá dificultades para despegar.

La falta de infraestructura apareció como uno de los puntos centrales de la entrevista. La retirada del Gobierno nacional de la obra pública dejó proyectos paralizados y trasladó presión hacia provincias que, al mismo tiempo, enfrentan una menor disponibilidad de recursos y reclamos para reducir impuestos.

Para Artana, la explicación debe buscarse en la forma en que creció el gasto público durante las últimas décadas. El Estado expandió fuertemente sus erogaciones, pero concentró buena parte de ese incremento en gastos corrientes.

En el nivel nacional, los mayores recursos se destinaron principalmente a subsidios económicos y moratorias previsionales. En las provincias y los municipios, el aumento estuvo asociado, en gran medida, con la expansión del empleo público. El economista aclaró que su descripción no supone necesariamente un juicio sobre la legitimidad de esas decisiones, sino la constatación de una restricción básica: el dinero es limitado.

Si uno gasta más en gasto corriente, gasta menos en gasto de capital”, sintetizó.

La Argentina habría recorrido una historia diferente si el auge del gasto público se hubiera dirigido hacia rutas, energía, conectividad, puertos y otras obras capaces de elevar la productividad. Otros países aprovecharon períodos de abundancia para ampliar su infraestructura. El país, en cambio, consolidó compromisos corrientes que luego resultaron difíciles de reducir.

Cuando el Gobierno nacional decidió recortar el déficit fiscal, una de las partidas más castigadas fue la inversión pública. También cayeron con fuerza las transferencias de capital destinadas a las provincias. Los gobiernos subnacionales ajustaron menos, pero quedaron frente a la misma disyuntiva: revisar el gasto corriente o resignarse a invertir poco.

“Las provincias siempre tienen la opción de ser austeras por el lado del gasto corriente para poder gastar más en infraestructura. Tampoco hay mucho espacio para seguir subiendo impuestos. La plata tiene que salir de algún lado, porque mágicamente las cosas no se resuelven”, señaló.

La definición resulta especialmente sensible para Misiones, una provincia que necesita inversiones nacionales para compensar déficits históricos de infraestructura, pero que también debe competir con Brasil y Paraguay, reducir costos internos y sostener servicios públicos con recursos propios.

Artana considera que el Gobierno nacional podría haber moderado algunos movimientos del programa económico. La alternativa, explicó, habría sido acumular una mayor cantidad de reservas y sostener un tipo de cambio “un poco más depreciado” que el actual.

No propone regresar a una devaluación permanente ni construir competitividad exclusivamente a partir de un peso débil. Su observación apunta a la velocidad con la que se produjo el encarecimiento de la economía argentina en dólares y al impacto que ese proceso genera sobre sectores que todavía no alcanzaron niveles suficientes de productividad.

De todos modos, advirtió que el país probablemente será más caro en dólares que en otros momentos de su historia. Esa tendencia no necesariamente expresa una anomalía: puede ser el resultado de una economía que aumenta con fuerza su capacidad de generar divisas.

“Si no matamos la gallina de los huevos de oro que nos da el campo, la minería, los hidrocarburos y muchos sectores industriales que están aumentando sus exportaciones, esta economía va a ser más cara en dólares de lo que fue históricamente”, explicó.

La proyección que trazó es ambiciosa: en menos de una década, la Argentina podría alcanzar exportaciones por 200.000 millones de dólares anuales. El salto sería impulsado por los recursos naturales, pero también por actividades industriales que ya consiguen colocar más producción en el exterior. La carne es uno de los ejemplos mencionados por el economista.

Ese flujo de dólares cambiaría la estructura económica. También tendería a apreciar los costos internos y obligaría a elevar la productividad. El problema, otra vez, es qué ocurre durante la transición con los sectores que no participan del boom exportador.

No todas las actividades cuentan con petróleo, gas, minerales o una demanda externa en expansión. Parte de la industria depende del mercado interno, arrastra problemas de escala y debe competir después de años de operar dentro de una economía protegida.

Para Artana, esos sectores deberán reconvertirse. El proceso no será inmediato ni indoloro.

“Hay actividades con problemas de demanda interna y esas reconversiones no son fáciles”, reconoció.

La construcción sufrió el golpe más directo por el derrumbe de la inversión pública. Después de una caída muy fuerte, mostró una recuperación parcial, volvió a retroceder y todavía no consiguió estabilizar un sendero de crecimiento. La industria, por su parte, permanece estancada en un nivel relativamente bajo.

Sin embargo, Artana encontró una señal menos negativa: la producción industrial lleva varios meses sin continuar cayendo. El piso puede ser bajo, pero al menos dejó de profundizarse el deterioro.

“Uno puede decir que está en un nivel bajo, y es cierto. Pero por lo menos no cae desde hace varios meses”, observó.

Su expectativa es que la industria empiece a reaccionar a medida que las empresas introduzcan mejoras, eleven su productividad y adapten sus estructuras. No habrá una recuperación uniforme: algunas compañías conseguirán reconvertirse y otras encontrarán mayores dificultades para sobrevivir en una economía más abierta y competitiva.

La combinación entre menor obra pública nacional, presión tributaria elevada y gasto corriente rígido deja a las provincias ante una ecuación incómoda. Necesitan invertir para mejorar su competitividad, pero tienen poco margen para aumentar impuestos y enfrentan resistencias para reducir estructuras estatales consolidadas.

Artana no ofreció una salida sencilla. Precisamente, advirtió que no existe. Si las provincias quieren recuperar capacidad de inversión, deberán revisar prioridades y liberar recursos actualmente absorbidos por gastos corrientes.

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Con la estabilidad sola no alcanza: empresarios respaldan el rumbo, pero advierten por los costos de la transición

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Con la estabilidad sola no alcanza. Y ¿qué estabilidad? En el salón de convenciones del Loi Suites quedó revoloteando esa paradoja. El consenso de que con la estabilidad es una condición necesaria, pero por sí sola no alcanza. Y la pregunta sobre qué tipo de estabilidad está parada la Argentina. Entre los ejecutivos de finanzas de las principales empresas del país, no hay dudas de que las reformas macro que impuso Javier Milei son correctas, pero al mismo tiempo, admiten que pueden no ser suficientes para contener a una economía que anda en varias velocidades a la vez y, sobre todo, a quienes son las víctimas necesarias de un proceso de “destrucción creativa”. El mejor ejemplo de esas velocidades es que la visita del presidente Javier Milei -la primera desde que asumió- chocará de lleno con una protesta de productores yerbateros que reclaman por la caída de los precios que impuso la desregulación, pilar de la economía libertaria.

Pese a eso, hay confianza en que la desaceleración de la inflación es clave para fortalecer inversiones. Esa es la principal conclusión de una encuesta presentada con la participación de más de 100 de las principales empresas líderes de la Argentina. Los ejecutivos consultados prevén para el 2026 un crecimiento en las ventas y en la rentabilidad de sus compañías.   

Con respecto a las inversiones, el 84% de los empresarios destacó que crecerán o permanecerán constantes con relación al 2025. Este año estuvieron enfocadas principalmente en activos fijos, incorporación de tecnología y fortalecimiento del capital de trabajo. 

Pese a la alta expectativa, la primera jornada del encuentro realizado en la ciudad de las Cataratas careció de representantes del Gobierno nacional, aunque se espera que este viernes estén el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el de Economía, Luis Caputo y finalmente, el presidente Javier Milei. Sturzenegger, al igual que Patricia Bullrich, eran esperados este jueves, pero uno no llegó y la senadora optó por esperar la cadena nacional presidencial.

La postal del primer día de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas fue, entonces, la de un empresariado que respalda el rumbo general, pero comienza a ponerle condiciones al entusiasmo. El déficit cero, la baja de la inflación, la eliminación de la maraña cambiaria y la recuperación de estadísticas públicas confiables ya no aparecen como materias de discusión. El interrogante se trasladó a otro terreno: cuánto tiempo puede sostenerse la transición sin que sus costos económicos y sociales terminen debilitando las propias reformas.

Pablo Miedziak, presidente del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, lo explicó con la imagen más potente de la jornada: en la Argentina corren dos relojes y no marcan la misma hora.

Uno es el reloj de las reformas estructurales. Allí entran la reforma laboral, el rediseño tributario, la transformación del Estado y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Son decisiones cuyos resultados se miden en años o décadas y que, según Miedziak, pueden definir el perfil productivo del país durante los próximos veinte años.

El otro es el reloj de la caja. No tiene la paciencia de la macroeconomía ni puede esperar a 2030. Es el de la pequeña y mediana empresa que debe pagar los salarios el cuarto día de cada mes, el del productor yerbatero que necesita liquidar la cosecha, el del hotel de Puerto Iguazú que factura en pesos y compite con Brasil o Paraguay y el del comerciante obligado a renovar capital de trabajo con tasas muy superiores a las vigentes en los países vecinos.

La distancia entre ambos tiempos concentra la principal amenaza. Las mismas medidas que podrían generar una economía más competitiva en el largo plazo también pueden acelerar, en el presente, la caída o reconversión de empresas y actividades que no tienen espalda financiera para esperar los beneficios prometidos. No es una impugnación del programa económico. Es el reconocimiento de que el tránsito hacia ese nuevo modelo tiene ganadores, perdedores y plazos que no siempre coinciden.

Para Miedziak, si ambos relojes no consiguen encontrarse, el peligro es el regreso del péndulo argentino: un nuevo salto desde una economía cerrada y regulada hacia una apertura extrema, o viceversa. La sustentabilidad de las reformas dependerá, por lo tanto, de que comiencen a producir resultados visibles en la vida cotidiana.

“No hay reforma sostenible sin resultados que la gente vea e impacte en su realidad personal y familiar”, planteó. La definición condensó el tono del encuentro: respaldo al rumbo, pero también un pedido para que el orden macroeconómico deje de ser solamente una promesa futura y empiece a convertirse en inversión, empleo y mejora de los ingresos.

Empresas resistentes, pero todavía cautelosas

La encuesta anual sobre financiación e inversión elaborada por EY Argentina y el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas expuso esa mezcla de confianza y prudencia. El relevamiento, que alcanza a más de cien compañías líderes, mostró que el proceso de estabilización todavía avanza de manera heterogénea.

Durante el último año, el 51% de las empresas indicó que sus ventas aumentaron, una proporción inferior al 62% registrado en el relevamiento anterior. En el otro extremo, el 32% informó una caída. La rentabilidad tampoco mostró un resultado uniforme: mejoró para el 32%, permaneció estable para el 30% y empeoró para el 34%.

La expectativa mejora cuando las compañías miran hacia 2027. El 68% prevé un crecimiento de sus ventas y el 53% espera una mayor rentabilidad. Casi la mitad proyecta aumentar sus inversiones, principalmente en bienes de capital e incorporación de tecnología, dos destinos que concentraron el 70% de las respuestas. Otro 19% planea reforzar el capital de trabajo.

La inversión, sin embargo, todavía depende demasiado de los recursos propios. La autofinanciación representa el 31% de las fuentes utilizadas por las compañías, seguida por los bancos y entidades financieras locales, con el 22%, y los aportes de las casas matrices, con el 15%. Para el 69% de los ejecutivos, las necesidades de financiamiento no cambiaron respecto del año anterior, un dato que también revela cautela frente al endeudamiento.

Alejandro Kelman, socio de EY Argentina, explicó que la autofinanciación continúa funcionando como el refugio natural de las empresas mientras se consolida el orden macroeconómico. El desafío será recuperar el crédito estructurado y el mercado de capitales para financiar proyectos de una escala que los balances empresarios difícilmente puedan sostener por sí solos.

Energía, agro e infraestructura encabezan las expectativas

La energía volvió a destacarse como el sector con mayor potencial de crecimiento, con el 37% de las menciones. Le siguieron los agronegocios, con el 23%, y la infraestructura, con el 17%. Son, precisamente, tres sectores que exigen inversiones de largo plazo, financiamiento abundante y reglas que sobrevivan a los cambios de gobierno.

Para mejorar la competitividad, el 61% de los ejecutivos reclamó una simplificación tributaria y administrativa. Otro 19% pidió acuerdos entre el Gobierno, los sindicatos y las empresas. Entre los incentivos fiscales, el 29% se inclinó por reducir alícuotas a cambio de reinvertir utilidades y el 28% propuso bajar las cargas sociales cuando se genere nuevo empleo.

La confianza necesaria para invertir sigue atada a tres demandas centrales: un plan económico claro y sustentable, mencionado por el 27%; una reforma tributaria que estimule la inversión, elegida por el 25%; y una política cambiaria estable, señalada por el 20%.

El respaldo al rumbo, en consecuencia, no equivale a un cheque en blanco. Los empresarios valoran la reducción de la inflación y la normalización de variables básicas, pero quieren saber si esas condiciones podrán sostenerse y si estarán acompañadas por impuestos más simples, crédito, infraestructura y reglas previsibles.

La tecnología aparece como otra frontera decisiva. El 28% de los consultados señaló a la inteligencia artificial como una de las tendencias con mayor impacto sobre sus negocios, mientras que el 26% manifestó preocupación por la irrupción de competidores no tradicionales. Para pasar de la estabilidad al crecimiento, el 30% priorizó aumentar la productividad mediante la integración de inteligencia artificial y tecnología, y el 29% volvió a reclamar reglas básicas que permitan planificar a largo plazo.

La microeconomía, la deuda pendiente

El economista Daniel Artana llevó la discusión hasta el núcleo del problema. La inflación, advirtió, afecta negativamente el crecimiento, pero derrotarla no resuelve por sí sola los déficits acumulados durante décadas. La macroeconomía puede encaminarse mientras la micro continúa atrapada entre baja productividad, informalidad, escasa innovación, deterioro del capital humano y una infraestructura insuficiente.

La inversión argentina apenas supera el 17% del producto, un nivel demasiado bajo para sostener una expansión robusta y prolongada. El rezago no nació con el actual Gobierno, sino que es consecuencia de lo que Artana definió como una “larga siesta de décadas”. Mientras el mundo atraviesa la revolución de la inteligencia artificial, la Argentina todavía debe reconstruir condiciones elementales para competir.

La salida implica asumir costos. Algunas empresas conseguirán reconvertirse; otras quedarán en el camino. Esa dinámica genera tensiones económicas, sociales y políticas que no pueden descartarse como un daño colateral sin importancia. La pregunta de largo plazo, señaló Artana, es qué dolor está dispuesta a soportar la sociedad para modificar una estructura que lleva dos décadas con la productividad estancada.

Allí reaparece la paradoja que atravesó toda la jornada. La estabilidad es imprescindible porque sin ella no hay cálculo posible, no existe crédito de largo plazo y cualquier inversión queda rehén de la próxima crisis. Pero la estabilidad también debe ser examinada por su calidad: puede haber equilibrio fiscal con empresas sin financiamiento, calma cambiaria con sectores incapaces de competir y menor inflación con familias cuyos ingresos todavía no alcanzan.

El empresariado reunido en Puerto Iguazú no pidió abandonar el programa ni volver atrás. Al contrario, consideró que las reformas deben sostenerse. Pero dejó una advertencia: el orden de las grandes variables solamente será políticamente durable si consigue bajar hasta la economía real.

En el Loi Suites hubo confianza, aunque sin euforia. Las empresas creen que pueden vender más, mejorar su rentabilidad e invertir. También saben que el crédito sigue siendo escaso, que la presión tributaria reduce competitividad y que no todos llegarán con la misma fortaleza al final del ajuste.

El Gobierno propone pasar de la estabilidad al crecimiento. Los ejecutivos financieros coinciden con ese destino. La discusión que quedó abierta en Puerto Iguazú es cómo atravesar el camino sin que el reloj de las reformas termine quedándose sin empresas, trabajadores y respaldo social antes de marcar la hora prometida.

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Milei condicionó su reelección a los resultados y rechazó flexibilizar la economía

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El presidente Javier Milei reconoció que el futuro electoral de La Libertad Avanza dependerá de su capacidad para mostrar resultados concretos y descartó cualquier flexibilización de la política fiscal o monetaria con el objetivo de mejorar sus chances de reelección. “Si nosotros no mostramos resultados se hace difícil acompañar”, admitió durante el cierre del evento “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso en el hotel Sheraton de Retiro.

La definición expone uno de los principales desafíos políticos del Gobierno hacia 2027: sostener el programa económico mientras busca que la estabilización se traduzca en mejoras visibles para los hogares y en una recuperación que pueda consolidarse en el tiempo. Milei sostuvo que distintos sectores le reclaman moderar la política fiscal y monetaria para llegar mejor posicionado a las elecciones, pero aseguró que no seguirá ese camino.

“Nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a flexibilizar. Nuestra política fiscal no se negocia, y tampoco la monetaria, porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación”, afirmó. Para el Presidente, la consistencia del programa constituye también su principal activo electoral. “Al populismo no se le gana haciendo populismo. No hay sustituto para las buenas políticas”, sostuvo.

En paralelo, Milei planteó un escenario electoral favorable para el oficialismo. Aseguró que espera repetir en octubre un resultado similar al de la última elección y proyectó que una victoria permitiría a La Libertad Avanza alcanzar la mayoría en Diputados y quedar a dos bancas de la mayoría en el Senado. “Yo confío en los argentinos y creo que vamos a ganar”, afirmó.

El punto central de su exposición, sin embargo, estuvo en la relación entre gestión y respaldo político. El mandatario reconoció que las ideas necesitan traducirse en resultados para sostener el acompañamiento social y defendió la necesidad de combinar “batalla cultural”, capacidad política y gestión. En su lectura, la política económica no puede separarse de la construcción electoral porque el Gobierno debe demostrar que su programa produce efectos concretos.

Milei utilizó buena parte de su discurso para repasar los indicadores que considera más favorables de su administración y compararlos con los resultados de gobiernos anteriores. El primer eje fue la inflación. Según los datos expuestos por el Presidente, el IPC pasó de una tasa del 3% al comienzo de la gestión de Néstor Kirchner a 8,5% al finalizarla; durante las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner pasó de 8,5% a 26,9%; con Mauricio Macri, de 25,9% a 53,85%; y durante la administración de Alberto Fernández, de 53,8% a 211,4%.

Sobre su propia gestión, Milei afirmó que la inflación se redujo un 85%, al pasar del 211,4% al 30% en los dos años y medio considerados en su exposición. El dato ocupa un lugar central en la estrategia oficial porque la desaceleración de los precios constituye uno de los resultados más directamente perceptibles por la población, aunque su impacto sobre el poder adquisitivo depende también de la evolución de salarios, empleo, tarifas y otros componentes del gasto familiar.

El Presidente también puso el foco en la pobreza. Recordó que la tasa había alcanzado el 53% en el primer semestre de 2024 y destacó su descenso al 28% en el segundo semestre de 2025. A partir de esa comparación, sostuvo que las políticas aplicadas por su administración permitieron sacar a 14 millones de personas de la pobreza.

En materia de actividad, Milei afirmó que la economía argentina acumulaba 12 años consecutivos sin crecimiento cuando asumió La Libertad Avanza. Para su primer mandato proyectó una expansión acumulada del PBI del 17% si se cumplen las hipótesis de mercado utilizadas por su Gobierno. Según planteó, ese crecimiento permitiría además elevar el PBI per cápita y superar el ritmo de expansión de la OCDE.

El tercer eje fue el mercado laboral. Milei contrastó la reducción del empleo público con la generación de puestos en el sector privado. Según sus cifras, el Estado redujo más de 70.000 empleados mientras que el sector privado incorporó más de 600.000 trabajadores. La comparación forma parte de la narrativa económica oficial: achicar el peso del Estado y ampliar el empleo privado aparecen como dos caras de un mismo proceso de transformación.

El desafío para el Gobierno será convertir esas variables agregadas en una percepción sostenida de mejora. La inflación puede desacelerarse y la pobreza puede reducirse, pero la consolidación política del programa dependerá de que la recuperación alcance al empleo, los ingresos y el consumo sin comprometer el equilibrio fiscal que Milei presenta como condición innegociable.

Ese punto resulta especialmente relevante de cara a las elecciones. El propio Presidente admitió que el acompañamiento no está garantizado por la sola estabilización macroeconómica. La sociedad deberá percibir resultados suficientes para volver a respaldar el rumbo. En términos políticos, la ecuación que enfrenta el oficialismo combina estabilidad, crecimiento y capacidad de transformar esos indicadores en bienestar cotidiano.

Milei también vinculó su proyecto con un cambio político regional y celebró el avance de gobiernos de derecha en América Latina. En ese marco, proyectó incluso una eventual victoria de ese espacio político en Brasil y presentó el proceso como parte de una transformación más amplia del mapa político continental.

La apuesta oficial queda así definida: preservar el equilibrio fiscal y monetario aun durante el ciclo electoral y competir políticamente con los resultados de la gestión. La pregunta que queda abierta no es solamente si el Gobierno podrá sostener sus metas, sino si la mejora de los indicadores macroeconómicos tendrá suficiente profundidad y duración para convertirse en una recuperación económica que la mayoría de los hogares pueda reconocer en su vida diaria.

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Caputo llevó al G20 el rumbo económico argentino y se reunió con Georgieva

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El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se reunió en Estados Unidos con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la antesala de una nueva reunión del G20. El encuentro estuvo centrado en la agenda económica argentina y en los avances que el Gobierno busca consolidar en materia de estabilidad y crecimiento.

“Gran encuentro con Kristalina Georgieva en el marco de las reuniones del G20. Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento”, señaló Caputo a través de su cuenta de X.

La reunión adquiere relevancia porque se produce mientras el Gobierno intenta sostener ante los principales actores financieros internacionales el programa económico implementado desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. El equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria y las reformas estructurales constituyen los ejes que la delegación argentina busca presentar como señales de continuidad del rumbo económico.

La agenda argentina frente a las principales economías

Caputo participa de las reuniones de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, donde expondrá sobre la evolución de la economía argentina y los lineamientos de la política económica oficial.

El ministro está acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza. La delegación argentina buscará instalar la recuperación de la estabilidad macroeconómica como uno de los principales resultados del programa oficial y, al mismo tiempo, explicar la estrategia para sostener el crecimiento.

El temario internacional incorpora además cuestiones vinculadas con la evolución de la economía mundial, la deuda soberana, los desequilibrios globales, la educación financiera y la prevención del fraude. Para la Argentina, el escenario representa una oportunidad para sostener el diálogo con organismos multilaterales y gobiernos de las principales economías.

El encuentro con Georgieva se inscribe precisamente en esa estrategia. El FMI constituye uno de los principales interlocutores externos de la política económica argentina y el vínculo con el organismo resulta relevante para la evaluación internacional del programa fiscal y monetario.

Búsqueda de respaldo en Washington

Durante su estadía en Estados Unidos, Caputo también procura mantener un encuentro con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. El contacto cobra especial importancia por el respaldo que la administración de Donald Trump brindó durante el último año al programa económico argentino.

Ese vínculo también quedó asociado al apoyo financiero estadounidense que permitió al Gobierno atravesar períodos de tensión en los mercados y reforzar su posición frente a las presiones financieras.

Por eso, la agenda de Caputo excede la participación protocolar en el G20. El objetivo es mostrar ante los principales actores económicos internacionales que el Gobierno mantiene el compromiso con el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria, mientras busca profundizar las reformas económicas.

Para el ministro, el desafío consiste ahora en convertir esa estabilización en una plataforma de crecimiento sostenido. El mensaje que llevará al G20 combina así dos dimensiones: defender los resultados alcanzados desde el inicio de la gestión de Milei y mantener abierto el respaldo internacional necesario para avanzar con la siguiente etapa del programa económico.

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La actividad económica cayó 0,9% en el segundo trimestre y complica el repunte de 2026

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La economía argentina cerró el segundo trimestre de 2026 con una contracción de 0,9% respecto del trimestre anterior, en términos desestacionalizados, según el último informe de la consultora INVECQ. Se trata de la primera caída trimestral de la actividad económica desde el segundo trimestre de 2024 y marca un límite para la recuperación que había comenzado a consolidarse durante 2025.

La actividad económica cerró el segundo trimestre con una caída de 0,9% t/t desestacionalizada, la primera contracción trimestral desde el segundo trimestre de 2024. Aun así, el acumulado del primer semestre se mantiene positivo, con un crecimiento de 1,9% i.a., en parte explicado por el efecto arrastre del último trimestre de 2025 y acompañado por el crecimiento del agro (+9,9% i.a.), que aportó 1,3 p.p. al crecimiento del semestre, y por la explotación de minas y canteras, que contribuyó con 0,7 p.p. (+14,4% i.a.).

El dato de junio evitó un cierre de trimestre más adverso. Tras caer 1,6% en abril y 0,6% en mayo, la economía rebotó 0,8% m/m, por encima de lo esperado. La composición del dato mostró que los sectores catalogados como “perdedores”, pero con mayor peso en el empleo —industria, construcción y comercio—, mostraron variaciones positivas por primera vez en el trimestre.  E      n la comparación interanual, 12 de los 15 sectores crecieron, y la industria, con +1,9% i.a., aportó crecimiento después de varios meses de restar.

Aun así, el crecimiento interanual sigue mayormente traccionado por los sectores “ganadores”: explotación de minas y canteras fue la de mayor incidencia, con una variación de +15,6% i.a., seguida por agro (+4,6% i.a.), actividades intensivas en capital, generadoras de divisas y de baja absorción de empleo. La mejora de los sectores rezagados, en cambio, todavía es marginal y parte de niveles deprimidos, por lo que aporta más a la estabilización del piso que al ritmo de crecimiento.

Para 2026 proyectamos un crecimiento en torno al 2%-2,5%, aunque el sendero para alcanzarlo es exigente. Para llegar al 2,5%, la actividad debería crecer en promedio 0,75% mensual entre julio y diciembre, frente a un primer semestre que promedió una caída de 0,2% mensual; alcanzar el 2% requiere un crecimiento promedio de 0,5% mensual. Más desafiante aún luce el 2,7% proyectado por el REM del BCRA, que supone un ritmo mensual de 0,85%. Si bien esperamos una mejora gradual durante la segunda mitad del año (de la mano de un salario real que se podría recuperar en el margen dada la desaceleración de la inflación y un crédito que empieza a recuperarse levemente), una aceleración de esta magnitud todavía no se observa en los indicadores de alta frecuencia.

La evolución del crédito será una variable clave para determinar si la actividad logra despegar en la segunda mitad del año. Tras el estancamiento de comienzos de 2026, los préstamos al sector privado en pesos comenzaron a mostrar una recuperación en junio y julio, más marcada en empresas que en familias. Si esta tendencia se consolida, ayudada por el freno en la suba de la morosidad —cuyos indicadores adelantados ya muestran cierta moderación—, podría contribuir a sostener una recuperación gradual de la actividad en la segunda mitad del año y que el año cierre como estimamos en torno al 2/2,5%.

Finanzas y mercados

Esta semana el riesgo país volvió a superar los 500 p.b., reflejando un deterioro en la percepción de riesgo sobre los activos argentinos. Si bien el tipo de cambio esta semana tuvo una suba acotada, de cara a la próxima podrían observarse mayores niveles de volatilidad, especialmente el día del fixing del instrumento dollar-linked.

Esta semana, el riesgo país continuó en ascenso y llegó a rozar los 530 p.b. -algo que no se veía desde mayo- explicado en gran parte por una actividad económica débil (Ver sección Economía) e índices de confianza que no logran repuntar. En comparación con finales del mes anterior, el riesgo país argentino aumentó 94 puntos porcentuales, mientras que el riesgo de la región se mantuvo sin variaciones. Como se observa en el gráfico, se trató de un movimiento de carácter principalmente local, que implicó un desacople respecto del resto de los mercados latinoamericanos especialmente en lo que va del mes de agosto. La otra cara en la suba del riesgo país local fue la corrección de los bonos hard-dollar, particularmente aquellos bajo legislación local. A comienzos del mes pasado, cuando el riesgo país había alcanzado un mínimo de 403 p.b., estos instrumentos ofrecían rendimientos de entre 7,5% y 9%, según su duration, mientras que actualmente la mayoría vuelve a ubicarse en rendimientos por encima del 10%. Esta corrección mejora los puntos de entrada y, en caso de que el riesgo país retome la trayectoria descendente -en un contexto de mayor confianza-, deja un mayor upside para estos activos. La curva en pesos también reflejó una mayor tensión especialmente esta semana: las tasas fijas mostraron subas promedio superiores a los 200 p.b.- aunque esta presión tendió a moderarse hacia la última rueda de la semana. – y con la TAMAR avanzando también más 200 p.b. en la semana (de 24,2% a 26,5% en la semana), evidenciando el uso de la tasa para disciplinar al tipo de cambio.

Tal como anticipamos en la edición anterior, el mercado comenzó a incrementar la búsqueda de cobertura cambiaria ante un segundo semestre que suele presentar una mayor volatilidad del tipo de cambio. En este contexto, será relevante la próxima licitación del Tesoro, en la que vencen $13,9 bn en instrumentos en pesos y el equivalente a $3,9 bn en dollar-linked, que representan 28% del total de vencimientos. Del monto restante, 52% corresponde a instrumentos TAMAR y 20% a tasa fija. En particular, los vencimientos dollar-linked inicialmente alcanzaban aproximadamente $6 bn. Luego del canje realizado por el Tesoro esta semana -sexta operación del año- por unos $2 bn, el monto remanente se redujo a $3,9 bn, aunque continúa siendo elevado. El Tesoro buscó anticiparse a esta licitación mediante un canje de las letras dollar-linked con vencimiento el 31 de agosto (D31G6), ofreciendo instrumentos con vencimientos posteriores. En la operación se adjudicaron USD 1.354 M de la D30S6, con vencimiento en septiembre, y USD 141 M de la D30O6, con vencimiento en octubre.

Sin embargo, la tasa de aceptación fue de apenas el 34,1%, la menor del año y ubicándose, además, por debajo del promedio anual del 59%. Dado que estos instrumentos vencen el lunes 31 de agosto de 2026 y toman como referencia el tipo de cambio A3500 -el cual acumuló una suba semanal del 0,6%-, fijado el miércoles 26 es esperable que durante la próxima semana se observe una mayor presión sobre el mercado cambiario a medida que se aproxime dicha fecha. Cabe recordar que, en la última licitación del mes pasado, la jornada del fixing de la letra dollar-linked fue el único día en el año en el que el BCRA no logró comprar divisas en el MULC debido a la tensión de la demanda (incluso, el Tesoro vendió USD 150 M esa jornada). Con un vencimiento remanente sensiblemente mayor ($3,9 bn vs. $2,2 bn en la licitación previa), salvo que aparezca una oferta genuina de volumen, es probable que la presión cambiaria vuelva a intensificarse.

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