Crisis Económica

Crecen los despidos en supermercados de Posadas y alertan por el impacto de la crisis nacional en el empleo comercial

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La profundización de la crisis económica nacional y la fuerte caída del consumo están acelerando los despidos en el sector supermercadista de Posadas, con especial preocupación en el Hipermercado Libertad, donde ya se registraron alrededor de cien desvinculaciones y se anticipan nuevas salidas de personal. Así lo advirtió el secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio, Agustín Gómez, quien describió un escenario de ventas en retroceso, reestructuraciones empresariales y creciente incertidumbre laboral.

Según el dirigente gremial, la situación no es aislada ni reciente: se arrastra desde 2024, pero se profundizó de manera significativa durante 2025 y en el inicio de 2026, afectando a comercios de distintos rubros y tamaños, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo y el encarecimiento de los servicios básicos.

Reestructuración del Hipermercado Libertad y recorte de personal

Uno de los casos más delicados se registra en el Hipermercado Libertad de Posadas. Gómez explicó que la empresa atravesó distintas etapas de reconfiguración ante la caída de ventas. En 2023, la firma había invertido en un local de formato reducido sobre la avenida Uruguay, con una dotación de 20 trabajadores, como parte de un plan de expansión barrial. Sin embargo, ese local debió cerrar en 2024 como consecuencia directa del derrumbe del consumo.

Durante 2025, la compañía decidió reconvertir el hipermercado en un formato de supermercado, con el objetivo de reducir costos operativos y alquilar espacios ociosos del predio. Ese proceso, que comenzará a implementarse desde marzo, ya generó alrededor de 100 despidos, reduciendo la plantilla que a comienzos de 2025 rondaba los 220 trabajadores. Según lo informado por la gerencia local al sindicato, la intención sería continuar con las desvinculaciones hasta quedar con aproximadamente 60 empleados.

El dirigente sindical señaló que, en noviembre pasado, la empresa comunicó formalmente un esquema de retiros voluntarios, que incluyó indemnizaciones superiores a las legales —entre un 50% y un 70% más— y que fue aceptado principalmente por personal antiguo, ante el temor de un eventual cierre total. En ese marco, la firma habría tomado un préstamo internacional destinado a afrontar indemnizaciones y salarios. Sin embargo, al agotarse esa instancia, ahora se evalúan despidos directos, que podrían alcanzar a unos 40 trabajadores más en las próximas semanas.

Caída del consumo, tarifas y asimetrías fronterizas

Gómez atribuyó la crisis del comercio a una combinación de factores macroeconómicos. Entre ellos, destacó la fuerte caída del consumo interno, vinculada al deterioro del poder adquisitivo de las familias, el aumento de tarifas de servicios públicos, combustibles, transporte y la ausencia de recomposiciones salariales acordes a la inflación.

A este escenario se suma, en el caso de Misiones, el impacto de las asimetrías económicas con Paraguay y Brasil. El dirigente explicó que hasta 2023 el ingreso de consumidores extranjeros sostenía parte de las ventas en ciudades fronterizas como Posadas, Iguazú o Bernardo de Irigoyen. Desde 2024, con el cambio en el tipo de cambio y la pérdida de competitividad de precios, ese flujo prácticamente desapareció, agravando la situación del comercio local.

“La realidad es generalizada”, sostuvo Gómez, al señalar que los problemas se extienden a locales de venta de ropa, calzado, librerías, ferreterías y otros rubros. En ese marco, el sector comercial aparece como uno de los más golpeados, junto con actividades productivas que también enfrentan dificultades estructurales.

Incertidumbre laboral y posibles escenarios

El secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio indicó que, según lo transmitido por la empresa, la idea original de la firma era retirarse del país, una posibilidad planteada en reuniones mantenidas en noviembre de 2025 entre la gerencia local, la gerencia nacional y representantes sindicales. Si bien esa salida no se concretó, la empresa continúa operando con pérdidas y analizando alternativas, entre ellas la reconversión del negocio, el alquiler de espacios comerciales o incluso la venta de la firma.

En ese contexto, circulan versiones sobre posibles interesados en ocupar parte del predio o adquirir la operación, lo que podría permitir la continuidad de los puestos de trabajo. Sin embargo, Gómez aclaró que se trata de negociaciones privadas a las que el sindicato no tiene acceso formal y que, por el momento, no ofrecen certezas.

Actualmente, en la sucursal Posadas quedarían alrededor de 110 trabajadores, en su mayoría jóvenes, que enfrentan un escenario de alta incertidumbre laboral. Desde el gremio remarcan que, aun con indemnizaciones, la falta de alternativas de empleo y el contexto económico dificultan cualquier salida individual, ya sea mediante nuevos trabajos o emprendimientos propios.

“La situación sigue siendo muy complicada y no vemos señales claras de mejora en el corto plazo”, concluyó Gómez, al advertir que la continuidad del actual esquema económico profundiza los cierres de empresas y la pérdida de empleo, con impacto directo en cientos de familias del sector comercial.

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Concejal libertaria trató a forestales de “esclavistas” y de ser “40 años subsidiados”

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Las declaraciones de la concejal libertaria María Elena Fernández desataron una fuerte reacción en el sector foresto–industrial de Misiones, uno de los más afectados por la recesión, la caída del empleo y la apertura de importaciones. Desde su cuenta personal de Facebook, la edil calificó a los forestales como “esclavistas” y sostuvo que estuvieron “40 años subsidiados”, en referencia a la Ley 25.080, en el marco de un debate público sobre la situación crítica de la actividad.

El episodio ocurrió luego de que el ingeniero forestal Nicolás Ocampo reclamara al diputado nacional Diego Hartfield la gestión de medidas concretas para aliviar la crisis del sector: reducción del IVA, menores costos energéticos y de combustibles, y algún tipo de regulación frente al ingreso de productos importados. Lejos de responder con argumentos técnicos o productivos, Fernández optó por una descalificación generalizada que rápidamente se viralizó entre empresarios, trabajadores y técnicos del complejo foresto–industrial.

Los dichos que encendieron la indignación del sector

Las expresiones de la concejal se publicaron como comentarios en una red social y fueron atribuidas a su cuenta personal. “40 años fueron subsidiados y beneficiados con créditos fiscales por ley 25.080 y lloran. No fue suficiente regalarle 40 años para que sean rentables”, escribió Fernández. En otro mensaje profundizó el tono: “500 pymes dudo. Mano de obra esclava sí creo”. Y completó con una acusación aún más dura: “Unos pocos vivos se enriquecieron y quieren seguir con su fiesta”.

Las frases circularon rápidamente en grupos vinculados a la actividad forestal, acompañadas por capturas de pantalla, y cayeron “como una bomba” en una industria que atraviesa uno de sus momentos más delicados. Si bien hasta el momento no hubo pronunciamientos institucionales formales, el malestar es generalizado en un entramado productivo que combina grandes empresas con cientos de pymes familiares, aserraderos y cooperativas del interior provincial.

La polémica también adquirió un costado político. Dentro del propio espacio de La Libertad Avanza, la fuerza a la que pertenece Fernández, existe una referente del sector forestal con representación nacional: Maura Gruber, electa diputada nacional como segunda en la lista encabezada por Hartfield. Esa contradicción no pasó desapercibida entre los actores de la actividad.

Un sector golpeado por la recesión y la apertura de importaciones

Las declaraciones se produjeron en un contexto económico adverso para la foresto–industria misionera. El sector enfrenta caída de ventas, pérdida de competitividad frente a productos importados, tarifas energéticas en alza, altos costos logísticos y una presión impositiva que no distingue entre grandes grupos y pequeñas pymes. A esto se suma la condición de provincia de frontera, con competencia directa de Paraguay y Brasil, donde los costos internos son significativamente más bajos.

El planteo original de Ocampo apuntaba justamente a la falta de “igualdad de condiciones” para competir. “Todos quieren competir, pero en igualdad de condiciones”, fue el eje de su reclamo, en referencia a un escenario donde la apertura importadora se combina con costos internos elevados y una macroeconomía recesiva.

Desde el sector recuerdan además que la Ley 25.080 de promoción forestal, mencionada por Fernández, fue concebida como una herramienta para fomentar inversiones de largo plazo en una actividad cuyos ciclos productivos se miden en décadas. Lejos de ser un “regalo”, sostienen que la norma nunca logró blindar a la actividad frente a la volatilidad macroeconómica, las crisis recurrentes ni la ausencia de políticas industriales sostenidas.

Impacto de la controversia

El malestar no se limita al contenido de los dichos, sino también al rol institucional de quien los emitió. Como concejal de Posadas, capital provincial, las expresiones de Fernández fueron interpretadas como una señal política que desprecia al entramado productivo misionero y a los miles de trabajadores que dependen directa o indirectamente de la foresto–industria.

Al hablar de “mano de obra esclava” y de una supuesta “fiesta” empresarial, la edil colocó en un mismo plano a grandes grupos y a pequeñas unidades productivas que hoy reducen turnos, suspenden personal o directamente cierran sus puertas para sobrevivir. En un contexto de recesión nacional, derrumbe del consumo, despidos y cierre de fábricas, el episodio profundiza una grieta entre el discurso político y la realidad de los sectores productivos regionales.

Para los forestales misioneros, la polémica excede una opinión aislada en redes sociales. Se trata de un ataque directo a un sector estratégico para la economía provincial, que hoy pelea por sostener el empleo, la inversión y la producción en un escenario cada vez más hostil. La controversia se suma así a una serie de cruces públicos que reflejan un clima social y económico crecientemente tenso en Misiones y en el país.

Fuente MisionesOpina

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Quiénes son los grupos opositores en Irán y qué cambios reclaman

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Irán atraviesa la mayor ola de protestas antigubernamentales desde la Revolución Islámica de 1979, impulsada por el deterioro económico, la fuerte depreciación de la moneda y el empeoramiento de las condiciones de vida. Las manifestaciones, que se extendieron a todas las provincias del país, expusieron la debilidad social del régimen teocrático, pero también la profunda fragmentación de la oposición política, tanto dentro como fuera del país.

Según estimaciones de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, más de 3.000 manifestantes han muerto como consecuencia de la represión estatal. En paralelo, un funcionario iraní declaró a Reuters que al menos 2.000 personas fallecieron, atribuyendo los hechos a la acción de “terroristas”. La respuesta gubernamental ha sido calificada por expertos como una represión sin precedentes.

Un régimen teocrático bajo presión económica y social

Desde 1979, Irán funciona como una teocracia, donde la máxima autoridad política y religiosa recae en el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, por encima del presidente. El sistema controla de manera estricta la actividad política, los medios de comunicación y las libertades civiles.

Las protestas actuales se originaron en un contexto económico crítico: la inflación alcanza el 50%, mientras que la moneda iraní se depreció un 68% en lo que va del año en el mercado paralelo. A esto se suman cortes de electricidad, escasez de agua y una pérdida generalizada del poder adquisitivo que afecta a todas las clases sociales.

Pese a la magnitud de las movilizaciones, los analistas coinciden en que no se observan fracturas internas en el poder político ni militar. Apenas se registró un llamado del presidente Masud Pezeshkian a “escuchar a los manifestantes”, sin cambios estructurales posteriores.

“Las protestas no tienen un liderazgo reconocible. Los principales disidentes dentro de Irán han sido ampliamente perseguidos, encarcelados y silenciados”, explicó Juan Moscoso del Prado, investigador del Centro de Economía y Geopolítica Global de Esade (EsadeGeo). En ese sentido, advirtió que no existen hoy “fuerzas alternativas de gobierno claras”.

Reza Pahlavi y la oposición monárquica en el exilio

Uno de los rostros más visibles de la oposición externa es Reza Pahlavi, hijo del último sha de Persia, derrocado en 1979. Exiliado en Estados Unidos, Pahlavi volvió a posicionarse como alternativa ante un eventual cambio de régimen, en un contexto en el que los cánticos a su favor se multiplicaron durante las protestas.

En 2018, un grupo de 40 activistas iraníes en el exilio fundó un partido de oposición que lo respalda y que apoyó la política de “máxima presión” impulsada por la administración de Donald Trump contra Irán. En 2022, Pahlavi presentó un plan de 100 días para un gobierno interino, aclarando que “no se trata de restaurar el pasado”, sino de “garantizar un futuro democrático”.

Nacido en Teherán, Pahlavi se ha consolidado como uno de los críticos más visibles del ayatolá Jamenei y promueve una transición hacia un Estado secular y democrático.

MKO y el peso controversial de los Muyahidines del Pueblo

Otro actor relevante en el exilio es el grupo Muyahidines del Pueblo de Irán (MKO), considerado uno de los movimientos opositores más grandes y con mayores recursos. Sin embargo, su legitimidad dentro del país es cuestionada.

Según explicó Ali Dashti, del servicio persa de la BBC, el grupo “tiene dinero e influencia”, pero es ampliamente rechazado por sectores de la sociedad iraní debido a su papel durante la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), cuando combatieron del lado iraquí.

Tras la Revolución Islámica, el MKO se enfrentó al nuevo régimen luego de que su líder Masud Rayaví fuera impedido de competir electoralmente. Desde entonces, el movimiento impulsó una lucha armada para derrocar al gobierno. Rayaví no aparece en público desde hace años, y sus seguidores reconocen a Mariam Rayaví como “la presidenta de Irán en el exilio”.

Pese a su fuerte red de contactos internacionales, el grupo enfrenta una profunda resistencia social dentro del país.

Reformistas y el límite del cambio desde dentro

En el interior de Irán, uno de los sectores opositores más tradicionales es el de los reformistas, integrado por exfuncionarios, clérigos críticos y dirigentes políticos que históricamente promovieron cambios graduales dentro del sistema.

Con el tiempo, este espacio se fracturó entre quienes consideran agotada la vía reformista y quienes aún creen posible una transformación parcial. Entre los dirigentes que endurecieron su postura se destacan Mir-Hosein Musaví, ex primer ministro, bajo arresto domiciliario desde 2011, y Mehdí Karrubí, expresidente del Parlamento, detenido ese mismo año y liberado en 2025.

También adquirió protagonismo Mostafa Tajzadeh, exviceministro del Interior durante la presidencia de Mohamed Jatamí, con críticas directas al líder supremo. En paralelo, figuras como Hasan Rohani, Mohamed Jatamí, Mohammad Fazeli y Abbas Abdi representan una corriente que aún apuesta a reformas parciales.

“Mujer, Vida y Libertad”: el motor generacional de la protesta

El movimiento “Mujer, Vida y Libertad” emergió tras la muerte de Mahsa Amini en 2022, mientras se encontraba bajo custodia policial por no llevar correctamente el velo. Ese episodio marcó un punto de inflexión y dio origen a un movimiento espontáneo, descentralizado y transversal.

Integrado por mujeres, jóvenes, minorías étnicas y asociaciones feministas, el movimiento reúne también a partidos kurdos y baluches, que reclaman mayor autonomía sin plantear necesariamente la secesión. Su base ideológica es diversa, con un fuerte componente progresista y de izquierda.

Según Moscoso del Prado, quienes hoy lideran las manifestaciones dentro del país son jóvenes menores de 30 años, que representan aproximadamente la mitad de la población iraní, con alto nivel educativo y una marcada distancia respecto de los valores ideológicos de la República Islámica.

Un escenario abierto y sin liderazgo unificado

Con una oposición atomizada, dispersa geográficamente y sin conducción central, los escenarios de cambio político en Irán aparecen como complejos e inciertos. No obstante, las demandas de transformación continúan expresándose tanto dentro como fuera del país, impulsadas por una crisis económica persistente y una represión que no logra sofocar el descontento social.

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Cooperativa Yerbatera Andresito: “No estamos en quiebra, es una medida transitoria”

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Luego de la difusión pública de un comunicado interno que informaba la imposibilidad de realizar pagos “hasta nuevo aviso”, la Cooperativa Yerbatera Andresito Ltda. buscó llevar tranquilidad a productores, clientes y al sector yerbatero en general. En una entrevista televisiva en el Canal 2 de Comandante Andresito, su presidente, Juan Carlos Amann, explicó que la entidad continúa operando con normalidad, que la restricción alcanza únicamente a los pagos inmediatos por transferencia y que responde a tensiones financieras puntuales de cierre de año, en un contexto económico nacional complejo.

El comunicado oficial y el origen de la controversia

La controversia se originó a partir de una nota fechada el 18 de diciembre de 2025, emitida en Comandante Andresito, Misiones, bajo el asunto “Comunicación oficial sobre la situación de pagos”. En ese documento, la Cooperativa Yerbatera Andresito Limitada informó a sus socios que, “debido a la situación económica actual”, la entidad se encontraba en una posición financiera compleja, por lo cual “lamentablemente, no se podrán realizar pagos hasta nuevo aviso”.

El texto, firmado por el Consejo de Administración —con las rúbricas de Juan Carlos Amann (presidente), Víctor Hugo Krawczuk (tesorero) y Sergio Osvaldo Kreibiger (secretario)— solicitaba comprensión a los asociados y los instaba a mantenerse informados por los canales oficiales ante futuras actualizaciones.

Si bien el comunicado estaba dirigido exclusivamente a los socios, su difusión pública generó interpretaciones que, según la conducción de la cooperativa, no reflejan la realidad integral de la entidad. “Fue un informe interno que se hizo público y eso derivó en muchos comentarios u opiniones que no son correctas”, explicó Amann durante la entrevista.

Pagos diferidos, stock garantizado y continuidad operativa

En su exposición, el presidente de la cooperativa precisó que la medida adoptada no implica una paralización de la actividad ni una situación de quiebra. “La cooperativa está trabajando normalmente. Tiene su stock de yerba canchada para trabajar todo el año. El molino sigue trabajando. Se sigue cumpliendo con los clientes”, remarcó.

Según detalló, la restricción se limita a los pagos de contado mediante transferencia, en un momento del año en el que confluyen fuertes compromisos fiscales y financieros. “A esta altura del año hay muchos proveedores de hoja verde que quieren cobrar, como es lógico. Pero también la cooperativa tiene que afrontar muchos impuestos de cierre de año, y el estado financiero no alcanza para responder a todo lo que se está solicitando en forma inmediata”, explicó.

En ese marco, la entidad optó por continuar operando con pagos diferidos, una modalidad que —según Amann— utilizan numerosas empresas a lo largo del año y que tiene carácter momentáneo. “Después seguimos trabajando normalmente”, subrayó.

Un dato central que buscó destacar la conducción es el compromiso asumido con el precio de la materia prima. La cooperativa mantiene el pago de 305 pesos por kilo de hoja verde, un valor que el propio presidente calificó como “bastante bueno” dentro del sector, especialmente en un contexto en el que otras empresas pagan por debajo de ese nivel. “Es un compromiso que asumimos y, a veces, se presentan dificultades para pagar, pero siempre tratamos de actuar de la forma más correcta”, sostuvo.

Impacto sectorial, clima interno y mensaje a productores y consumidores

El episodio se inscribe en un contexto más amplio de dificultades económicas que atraviesa el sector yerbatero y la economía argentina en general. Amann evitó minimizar el escenario, pero rechazó las versiones que hablan de un colapso institucional. “La situación es general. La República Argentina está convulsionada. Hay un montón de cosas que hay que ir reestructurando, pero eso no significa que estemos en una situación caótica o extrema”, afirmó.

Desde la cooperativa señalaron que, tras la difusión del comunicado, muchos socios se comunicaron directamente con el Consejo de Administración y recibieron las aclaraciones correspondientes. Sin embargo, también advirtieron sobre el uso político o sectorial de la información. “Hay quienes usan esto para desacreditar a la cooperativa o al consejo administrativo, cuando son cuestiones privadas. Nosotros estamos tratando de hacer bien las cosas”, expresó Amann.

El mensaje final estuvo dirigido tanto a los productores asociados como a los consumidores de la yerba mate Andresito, una marca de fuerte arraigo regional. “Queremos llevar tranquilidad. La cooperativa sigue trabajando, sigue cumpliendo y sigue proyectando su actividad productiva y comercial”, enfatizó el presidente.

La conducción confía en que, una vez superado el pico de tensiones financieras de fin de año, la operatoria de pagos se normalizará, mientras la entidad continúa enfocada en sostener su estructura productiva, el abastecimiento del mercado y las relaciones con clientes y proveedores.

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Mercedes Omeñuka (FAIMA): “Las pymes están endeudadas y sin demanda; la situación es muy compleja”

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La crisis económica golpea a las pymes madereras, caída del consumo, endeudamiento y preocupación por las importaciones

La presidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), Mercedes Omeñuka, en LT17 Radio Provincia advirtió que el sector atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años: sin demanda interna, con créditos impagables, costos crecientes y un avance de las importaciones que condiciona la competitividad. La combinación de baja actividad y falta de financiamiento obliga a reducir horas de trabajo, presentar procedimientos preventivos de crisis y operar con rentabilidades mínimas o nulas.

Un sector atravesado por la recesión: menor demanda, horas reducidas y tensiones financieras

La representatividad que FAIMA tiene en el entramado foresto-industrial —compuesto en un 80% por pymes— permite dimensionar el impacto de la crisis en todo el país. Omeñuka describió un escenario estructuralmente complejo: “El entramado pyme en general está complejo en el país, muy complejo, y el nuestro en particular”.

Según explicó, el problema central es la caída abrupta de la demanda interna, que limita la producción y obliga a las empresas a reducir horas de trabajo, evitar acumulación de stock y frenar inversiones. En palabras de la presidente de FAIMA: “No hay demanda… las pymes no tienen la capacidad de tener un stock inmovilizado”.

Aunque algunos segmentos vinculados al fin de año lograron sostener un mínimo nivel de actividad, la situación general muestra un freno claro. La referente empresarial confirmó que: Hay empresas trabajando con menos mano de obra o menos horas. Existen firmas que presentaron procedimientos preventivos de crisis para evitar despidos. Las pymes enfrentan endeudamiento bancario y fiscal, sin posibilidades de refinanciar ni acceder a crédito nuevo.

La dirigente fue categórica respecto del costo financiero que enfrenta el sector: “Estamos endeudadas… y el precio que estamos pagando es altísimo”.

Entre la presión de costos y la apertura importadora: un equilibrio cada vez más difícil de sostener

Además del derrumbe del consumo, la industria maderera afronta un doble desafío: costos internos crecientes y competencia importada. Omeñuka señaló que las recientes señales de apertura comercial agregan presión a un sector que ya venía debilitado: “Con las importaciones también complica… con el mueble va a pasar algo muy parecido a lo que pasó con otros rubros”.

A esto se suma una estructura de costos que las pymes no logran trasladar a precios: Aumentos en energía eléctrica, insumos y servicios. Carga impositiva elevada, que coloca al sector en “inferioridad de condiciones”. Imposibilidad de subir precios, lo que deriva en rentabilidades mínimas o directamente nulas.

Omeñuka sintetizó la situación con claridad: “Tenemos rentabilidad mínima, o te diré rentabilidad cero”.

Exportaciones: una oportunidad limitada por los altos costos locales

Si bien existe demanda externa y un tipo de cambio que “da una leve ventaja”, la presidente de FAIMA aclaró que las pymes están lejos de poder capitalizar plenamente ese escenario: “No podemos competir con productos que no tengan agregado de valor… sobre todo las que no tienen gran volumen de producción”.

Así, sólo las empresas de mayor escala —capaces de compensar precios bajos con volumen— pueden aprovechar la dinámica exportadora, mientras que las pymes quedan restringidas por: Costos internos demasiado altos. Imposibilidad de competir en productos masivos sin valor agregado. Limitaciones financieras para invertir en equipamiento y eficiencia productiva.

Expectativas con cautela y la urgencia de reactivar el mercado interno

De cara al cierre del año, Omeñuka anticipó un escenario similar al del período previo: “Al ritmo que vamos, por ahí terminamos empatados con 2024… y hasta por ahí nomás”.

Pese a que algunos indicadores del INDEC marcaron crecimientos intermensuales en madera (+7%) y muebles (+4%), estos avances están vinculados al mal desempeño del segundo semestre de 2024 y no a una recuperación real.

Sobre 2025, la dirigente fue contundente: “Hoy no se ve… no tenemos un horizonte muy claro para el año que viene”.

Los empresarios mantienen expectativas moderadas frente a: Reformas impositivas en debate. Modernización de la ley laboral, que podría mejorar previsibilidad.

Un eventual repunte del consumo, que —según la titular de FAIMA— es la única vía inmediata para reactivar la industria: “Tiene que movilizarse la economía de mercado interno, que es la que a nosotros nos afecta directamente”.

La mayor preocupación del sector, en lo inmediato, es afrontar aguinaldos, vacaciones y costos fijos en un contexto de actividad deprimida y sin horizonte de recuperación evidente.

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