Crisis Industrial

Conflictividad laboral: a dos años de Milei, los conflictos se aceleran y el NEA no queda al margen

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El paro general convocado para hoy por la Confederación General del Trabajo encuentra un escenario social atravesado por una creciente conflictividad laboral. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), titulado “Conflictividad laboral a 2 años del gobierno de Milei”, releva que entre enero de 2024 y comienzos de febrero de 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictos laborales en todo el país, con un marcado predominio de despidos y cierres.

El estudio, basado en un seguimiento sistemático de coberturas periodísticas y sitios sindicales, traza un mapa sectorial, empresarial y geográfico de los conflictos que atravesaron estos dos primeros años de gestión libertaria.

La industria, el epicentro

El 62,1% de los casos se concentró en la Industria, seguida por Servicios (16,9%), el sector Primario (9,5%), Comercio (8,2%) y Construcción (3,3%). Dentro del entramado industrial, los rubros más afectados fueron textil, alimentos, metalurgia y siderurgia, en un contexto signado por la apertura importadora, la caída del consumo interno y la contracción de la actividad.

En términos de tipo de conflicto, los despidos explican el 63,6% de los casos, seguidos por cierres de empresas (12,3%), suspensiones (10%) y situaciones catalogadas como “crisis” (7,8%). El informe recuerda que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Pymes en la primera línea

El impacto no fue homogéneo. Las pymes concentraron el 39,1% de los conflictos, seguidas por conglomerados extranjeros (27,3%) y grandes empresas (18,3%). En el 71,5% de los casos se trató de firmas de capital nacional.

Desde la elección legislativa del 26 de octubre de 2025, lejos de moderarse, la conflictividad se intensificó. Mientras entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se registraban en promedio 24 casos mensuales, luego de los comicios el promedio trepó a 42 casos por mes, acumulando 210 conflictos entre octubre y febrero.

En este período reciente, el 67,1% de los casos volvió a concentrarse en la industria, aunque se observa un aumento relativo de cierres (21,9%) y crisis empresarias (20,5%).

Misiones: 6,7% de los conflictos tras las elecciones

El mapa federal muestra que los conflictos se distribuyeron en las 24 jurisdicciones. Históricamente, la zona centro (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, CABA y Entre Ríos) concentró el 48% de los casos.

Sin embargo, tras las elecciones legislativas, Misiones representó el 6,7% de los conflictos registrados a nivel nacional, ubicándose entre las provincias con mayor nivel de conflictividad en esta etapa, detrás de Buenos Aires (17,6%), La Rioja (13,3%) y Santa Fe (11,4%).

En el caso misionero, el informe destaca especialmente la crisis de la industria yerbatera, donde los productores resolvieron frenar la cosecha de hoja verde “hasta nuevo aviso” ante precios que no cubren los costos de producción. La medida impactó de manera directa sobre productores primarios, tareferos, secaderos y cooperativas, afectando el nivel de actividad rural y el empleo.

También se menciona el caso del Grupo Dass, con planta en Eldorado, que en enero de 2026 desvinculó a 43 trabajadores en un contexto de caída de la demanda y reducción de la producción.

El informe repasa conflictos paradigmáticos en distintos sectores: la paralización de Lácteos Verónica, la crisis de la avícola Granja Tres Arroyos, los cierres textiles como Emilio Alal, las suspensiones masivas en Acindar y el proceso de reducción de personal en General Motors.

En el sector automotriz, por ejemplo, la capacidad instalada cayó al 56,1% en octubre de 2025 y el déficit comercial del rubro se amplió 155% respecto de 2023, en un escenario de aumento de importaciones y caída de exportaciones.

Paro general en un contexto de tensión creciente

El paro general convocado hoy por la CGT -el cuarto contra la gestión de Javier Milei- se inscribe en este cuadro de tensión laboral sostenida. La central obrera argumenta que la reforma laboral en debate y la pérdida de empleo justifican una medida de fuerza nacional.

Los datos del CEPA muestran que, más allá de los grandes centros industriales, la conflictividad se expandió a todo el país, incluyendo provincias del NEA como Misiones y Corrientes, donde la combinación de apertura comercial, caída del consumo y crisis sectoriales -como la yerba mate- impacta de lleno en las economías regionales.

A dos años de gestión, el indicador de conflictividad laboral funciona como termómetro de una economía en reestructuración profunda, donde la industria y las pymes aparecen como los eslabones más tensionados del mercado de trabajo.

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La UIA presentó a Caputo un plan para reactivar la economía y aliviar la presión fiscal

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La Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió este viernes con el ministro de Economía, Luis Caputo, para acercarle un conjunto de propuestas orientadas a reactivar la actividad, aliviar los costos productivos y fortalecer la competitividad de la industria nacional en un contexto de estancamiento y creciente presión importadora.

El encuentro se produjo en medio de señales de preocupación dentro del empresariado. “Si no se reactiva el consumo, si no hay crecimiento, el programa económico no aguanta y esto termina mal”, deslizó uno de los principales hombres de negocios del país, reflejando un malestar que, aunque en voz baja, se repite en distintos sectores.

Tras la reunión, Caputo destacó el diálogo con el titular de la UIA, Martín Rappallini, junto a Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués. Señaló que conversaron sobre la reforma laboral -en particular el Fondo de Asistencia Laboral (FAL)-, la reducción de los costos vinculados a la litigiosidad laboral, el régimen de nuevo empleo que baja los aportes patronales al 2% durante cuatro años y el RIMI para PyMES.

El ministro consideró que estos cambios, sumados a la ley de Inocencia Fiscal, serán “fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país”, con foco en creación de empleo, mejora salarial y mayor apertura comercial. También subrayó la necesidad de reducir la carga impositiva “principalmente en provincias y municipios” para mejorar la competitividad industrial.

Un escenario de estancamiento

La reunión se dio en un contexto complejo para la actividad. Según Eco Go, la economía se estancó en 2025: los niveles de noviembre se ubicaron en línea con los de un año atrás y diciembre habría vuelto a caer. Si bien el promedio anual mostró un crecimiento de 4,1%, ese resultado respondió en gran parte al arrastre estadístico de 2024.

En la industria, la utilización de la capacidad instalada fue del 53,8% en diciembre, por debajo del 56,7% registrado doce meses antes, un nivel ya considerado bajo por el sector.

Las propuestas de la UIA

La central fabril trabaja en un proyecto de ley orientado a reducir la presión tributaria y mejorar la competitividad. Entre las principales iniciativas presentadas al ministro se destacan:

  • Rebaja de costos laborales no salariales, incluyendo la posibilidad de computar aportes patronales a cuenta del IVA, complementando el incentivo del 4% previsto en la nueva legislación laboral para nuevos empleos.
  • Sistema de financiamiento en cuotas para estimular el consumo, similar al Ahora 12 pero sin subsidio estatal.
  • Medidas para fomentar exportaciones, como la eliminación de derechos de exportación pendientes y el aumento de reintegros, especialmente para manufacturas de origen industrial y alimentos.
  • Incentivos para la construcción, mediante devolución del IVA en compras de insumos realizadas con tarjeta de crédito y débito.
  • Alivio financiero para PyMES, incluyendo el uso de fondos del FAL y esquemas de crédito para capital de trabajo y consumo con garantía del hogar.
  • Refuerzo de controles ante subfacturación de importaciones, en un contexto de sobrecapacidad global y desvíos de comercio.
  • Agilización en la devolución de saldos acumulados y suspensión de embargos para PyMES, como herramientas de alivio fiscal.

Uno de los ejes centrales es la reducción integral de la carga tributaria, tanto a nivel nacional como provincial. Los industriales sostienen que, sin una baja coordinada de impuestos, la apertura económica podría acelerar la pérdida de competitividad y fomentar la relocalización de empresas en países con menor presión fiscal. Como ejemplo, mencionan la dificultad para desarrollar un polo audiovisual local frente a incentivos más atractivos en Uruguay o Colombia.

Desde Economía se comprometieron a analizar las propuestas y continuar el diálogo técnico.

Sectores en tensión

La preocupación empresarial responde a una realidad concreta en varias ramas industriales.

El sector textil es uno de los más golpeados por la apertura importadora y la caída del consumo. Desde la actividad sostienen que la elevada presión impositiva, en una cadena de valor extensa, distorsiona precios y resta competitividad frente a productos extranjeros o a circuitos informales.

En la siderurgia, fuentes sectoriales reportan caídas de hasta 50% en ventas, producto de la combinación entre apertura y retracción de la demanda interna. En neumáticos, estimaciones privadas indican que las importaciones ya representarían cerca del 85% del mercado.

El consumo masivo tampoco escapa a esta dinámica, con una competencia importada que comienza a desplazar producción nacional en distintos rubros.

En este contexto, la UIA busca instalar una agenda de reformas que combine reducción de costos, alivio impositivo y estímulos al consumo y la exportación, con el objetivo de evitar que el estancamiento derive en una crisis más profunda del entramado productivo.

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Dass garantizó continuidad hasta junio tras los 43 despidos y define su futuro productivo el 20 de febrero

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La empresa DASS garantizó la continuidad de la actividad productiva hasta, al menos, junio, luego de los 43 despidos concretados hace casi dos semanas. La confirmación se dio en el marco de una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, donde las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio y fijar una nueva instancia de negociación para el 20 de febrero, fecha considerada clave por trabajadores y gremios.

Según se informó oficialmente tras el encuentro, la continuidad de la producción durante el primer semestre se sostendrá con la dotación actual de personal, es decir, con la plantilla resultante luego de las desvinculaciones. Desde la empresa explicaron que la decisión de reducir el plantel respondió a la necesidad de mantener niveles de eficiencia que permitan seguir produciendo, lo que, al menos por ahora, aleja la posibilidad de reincorporaciones, tal como venía reclamando el sindicato UTICRA.

Fuentes sindicales señalaron que la empresa manifestó tener asegurados los pedidos correspondientes al primer semestre de 2026, mientras que aún se encuentran en evaluación las órdenes de producción del segundo semestre. En ese sentido, indicaron que el 20 de febrero podría firmarse un acta que deje establecidos los compromisos de la empresa respecto a los pedidos futuros y el horizonte laboral.

Desde el sector gremial reconocen que, si bien la garantía de continuidad hasta junio aporta previsibilidad en el corto plazo, la definición del segundo semestre será determinante. En caso de confirmarse nuevos pedidos, no se descarta que la empresa recurra nuevamente a trabajadores que ya formaron parte de la planta, aunque esa posibilidad hoy aparece condicionada por la estrategia de eficiencia planteada por la firma.

En cuanto al nivel de actividad, no se precisó el volumen de producción que tendrá la planta durante el período garantizado. Sin embargo, tanto fuentes oficiales como sindicales coincidieron en un dato relevante: ninguna de las marcas que trabajan con DASS se ha retirado, lo que mantiene abiertas las expectativas de sostener y eventualmente ampliar la actividad.

Con este escenario, la audiencia del 20 de febrero aparece como un punto de inflexión: allí se espera mayor claridad sobre los pedidos del segundo semestre, el rumbo productivo de la empresa y las posibilidades reales de recomposición del empleo, tras un ajuste que dejó fuerte impacto en la comunidad laboral de Eldorado.

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Industria textil: Alal cierra plantas en Corrientes y Chaco y deja más de 460 despedidos

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El cierre de dos plantas de una histórica empresa textil volvió a sacudir al entramado productivo del nordeste argentino. En Goya, Corrientes, al menos 260 trabajadores quedaron sin empleo tras el anuncio de la hilandería Alal, mientras que otros 200 fueron cesanteados en Villa Ángela, Chaco. Este martes, desde las 10, los empleados goyanos y sus familias se concentran frente a la planta ubicada sobre Leandro N. Alem al 349, en una protesta que expone el impacto económico, social e institucional del actual contexto sobre la industria nacional.

La decisión empresaria se conoció ayer pasado el mediodía y generó un inmediato efecto expansivo en la segunda ciudad más importante de Corrientes, que vuelve a perder una de sus firmas emblemáticas. El cierre profundiza una crisis laboral que ya había golpeado a la comunidad en 2019, cuando más de 200 trabajadores quedaron sin empleo tras el cierre de Massalin Particulares, luego de 65 años de actividad en la ciudad.

Una empresa centenaria y un golpe al entramado productivo local

En el caso de Alal, se trata de una empresa textil con más de 100 años de existencia en el país, cuya salida del mapa industrial regional deja un vacío difícil de reemplazar en el corto plazo. Solo en Goya, el cierre implica la pérdida de 260 puestos de trabajo directos, afectando de manera directa a igual número de familias y generando un impacto indirecto sobre comercios, proveedores y servicios asociados a la actividad.

Según trascendió, la empresa atravesaba una situación económica crítica, con pérdidas mensuales estimadas entre 800 y 950 millones de pesos. Estas cifras, que dimensionan la magnitud del desequilibrio financiero, explican la decisión de cerrar las plantas productivas de hilados y telas tanto en Corrientes como en Chaco. En total, el ajuste alcanza a más de 460 trabajadores entre ambas provincias.

A nivel institucional, hasta el momento las autoridades provinciales no realizaron declaraciones públicas sobre el cierre, lo que incrementó la incertidumbre en una ciudad que ya había visto desaparecer su otra gran industria en los últimos años.

Importaciones, contrabando y costos: los factores detrás del cierre

El empresario textil Luis “Pinky” Alal explicó públicamente los motivos que llevaron a una decisión que definió como “no deseada”. En declaraciones al portal Agroperfiles, sostuvo que “lamentablemente llegamos a esta instancia, donde el contrabando de productos textiles como la apertura indiscriminada de las importaciones hacen muy difícil competir en un esquema de altísimos costos que la industria argentina no puede afrontar”.

Según el empresario, el contexto económico y comercial adverso, combinado con problemas estructurales de competitividad, tornó inviable la continuidad de las operaciones, sin que se vislumbren cambios relevantes en el corto y mediano plazo. La referencia apunta a un escenario donde la presión de productos importados y la informalidad erosionan la capacidad de las empresas locales para sostener niveles mínimos de rentabilidad.

Este diagnóstico se alinea con las dificultades que atraviesa el sector textil a nivel nacional, uno de los más sensibles a los cambios en la política comercial, los costos internos y la dinámica del consumo.

Expectativas de reapertura y tensión social en Goya

Pese al cierre, Alal dejó abierta una puerta a la recuperación. “Tenemos la esperanza de abrir otra vez la industria, las máquinas están listas”, afirmó, al destacar que se trata de maquinarias nuevas y con alta capacidad de producción. En ese sentido, remarcó que tanto los equipos como el personal permanecen disponibles, a la espera de un cambio de condiciones.

Con un mensaje cargado de simbolismo, el empresario sostuvo: “Somos algodoneros, somos optimistas. Somos como el algodón, fuerte, capaz de resistir muchas. El contexto nos empujó a cerrar, pero estamos listos para cuando las condiciones mejoren”.

Luis “Pinky” Alal

Mientras tanto, la concentración prevista frente a la planta de Goya refleja la dimensión social del conflicto. La protesta de trabajadores y familias busca visibilizar una crisis que trasciende a una sola empresa y reabre el debate sobre el futuro de la industria nacional, el empleo en las economías regionales y el rol del Estado frente a cierres que dejan cicatrices profundas en ciudades altamente dependientes de pocas actividades productivas.

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“Nadie se salva solo”, la cruda queja de Fachinello por la crisis forestal

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La forestoindustria de Misiones en alerta, Guillermo Fachinello advierte crisis preventiva y el caso Linor expone el derrumbe del mercado

El presidente de APICOFOM, Guillermo Fachinello, advirtió que numerosas empresas de Misiones y el norte correntino evalúan ingresar en “crisis preventiva” por la presión fiscal, el derrumbe del consumo y la ausencia de respuestas nacionales. El caso de Linor SRL —que despidió a 38 trabajadores y podría cesar a otros diez— ilustra la gravedad del parate productivo en la región.

Un sector al límite: presión fiscal, demanda en retroceso y falta de respuestas

La forestoindustria del NEA transita uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. Así lo definió Guillermo Fachinello, presidente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y norte de Corrientes (APICOFOM), quien describió un escenario de asfixia económica para las pequeñas y medianas industrias del sector.

Tuvimos un diálogo muy amplio con el gobierno nacional, pero con muy pocas respuestas”, señaló en declaraciones a Radio UP de Posadas, al referirse a la falta de medidas que permitan sostener la actividad. La presión impositiva en todos los niveles, las tasas de interés elevadas, la caída del mercado interno y la ausencia de incentivos a la producción se combinan en un esquema que, según afirmó, “ahoga a las empresas”.

La advertencia llega en un contexto donde los indicadores financieros internos se deterioran aceleradamente. Fachinello mencionó el aumento de cheques sin fondos, el endeudamiento forzoso para cubrir salarios y un diferencial estructural que golpea más fuerte al interior productivo: “No es lo mismo trabajar en el país central o en sectores como el minero que en nuestras economías regionales, donde no tenemos gas de red y estamos lejos de los puertos”, graficó.

El dirigente insistió en que la política de déficit cero, sin herramientas compensatorias para las economías regionales, empuja a muchas fábricas hacia un camino sin retorno. “Esta crisis se veía venir. Fuimos criticados por nuestros diagnósticos, pero hoy estamos con la foresto-industria y la yerba mate en estados muy complejos, sin saber cómo salir”, alertó.

Con una capacidad instalada funcionando al 50%, el panorama para los primeros meses de 2024 es desalentador. “Enero y febrero van a ser muy duros. Muchas empresas evalúan entrar en crisis preventiva.”

Además de reclamar la agilización de devoluciones fiscales y la revisión de tasas municipales, Fachinello subrayó la falta de acompañamiento del Gobierno nacional. Aun reconociendo el diálogo con la Provincia, sostuvo: “Valoramos los programas vigentes, pero ya no alcanza”.

Su mensaje final fue un llamado al trabajo conjunto: “La única manera de salir adelante es gestionando juntos. Nadie se salva solo.”

Linor SRL: el caso testigo que pone rostro a la crisis

La situación que describió Fachinello se refleja de manera contundente en lo ocurrido este fin de semana en el municipio de Azara. La empresa Linor SRL, una de las plantas forestales más relevantes de la zona por su volumen, empleo y capacidad logística, despidió a 38 trabajadores y evalúa cesar a otros diez. La compañía opera hoy al borde de la paralización total.

El mensaje interno que circula entre los operarios es sintético pero devastador: “No se vende nada.”

La firma, que llegó a emplear cerca de 100 personas y a abastecer a grandes compañías nacionales, se vio arrastrada por el combo de factores que golpea a toda la forestoindustria: derrumbe del consumo, freno de la construcción, caída de pedidos para pallets y productos industriales, incremento de costos operativos y tarifas, y una logística encarecida por la distancia a los puertos.

No es la primera señal de alarma. En mayo, el dueño de la empresa, Juan Carlos Lorenzo, protagonizó un video que recorrió toda la provincia. Rodeado de sus operarios, les decía: “No laburen, muchachos. Cerramos esto y cobran cuando esto se remate.”

Lo que parecía un episodio extremo terminó siendo un anticipo del colapso que hoy se materializa. Y su impacto excede a los trabajadores despedidos: proveedores, transportistas, comercios locales y familias enteras dependen de este aserradero en un municipio donde las alternativas laborales son escasas.

Una economía provincial que no tracciona y una urgencia que crece

El caso Linor SRL se suma a un entramado provincial frágil. La yerba mate atraviesa una crisis histórica con industrias detenidas y productores que evalúan suspender la zafriña. El turismo muestra señales de enfriamiento por la pérdida de poder adquisitivo. La construcción, motor del empleo en zonas urbanas y rurales, se encuentra casi paralizada. Y el comercio —desde minoristas hasta cadenas nacionales— enfrenta cierres, concursos y despidos.

Para la forestoindustria, históricamente uno de los pilares de la economía misionera, la situación es particularmente delicada: la dependencia de la construcción, la distancia logística y la competencia importada generan un cóctel explosivo para las PYMES.

Los reclamos empresariales apuntan a medidas urgentes y específicas: Líneas de crédito accesibles para capital de trabajo. Políticas de emergencia para PYMES industriales. Incentivos a la exportación ante el atraso cambiario. Revisión del ingreso de productos importados. Reducción de cargas fiscales en todos los niveles.

La narrativa que atraviesa a todo el sector es clara: si no se generan ventas ni demanda interna, no habrá manera de sostener empleo, producción ni inversiones.

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