Crisis Industrial

Sin industria no hay Nación: fuerte réplica de la UIA a Milei y pedido de diálogo de los empresarios de AEA

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La industria responde a Milei y reclama respeto en plena transición económica

La reacción del sector industrial al discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso fue inmediata. Tras una reunión de su junta directiva, la Unión Industrial Argentina (UIA) difundió un duro pronunciamiento en el que advierte sobre la situación crítica que atraviesan numerosas empresas y reivindica el rol estratégico de la industria en la economía nacional.

En un comunicado cargado de contenido político, la entidad apeló incluso a la historia institucional del país al citar al presidente liberal Carlos Pellegrini (1890-1892), recordando su célebre definición: “sin industria no hay nación”. Con esa referencia, la UIA buscó reforzar su mensaje de preocupación por el presente productivo y por el clima de tensión que se instaló entre el Gobierno y parte del empresariado.

El documento expresa la “preocupación por la situación de diversos sectores industriales y de distintas provincias” y advierte que muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, enfrentan un escenario complejo caracterizado por bajo nivel de actividad, presión fiscal elevada, dificultades de financiamiento y caída del empleo.

En ese marco, la entidad introdujo una frase que, sin nombrar al Presidente, fue interpretada como una respuesta directa a los cuestionamientos formulados desde el Gobierno hacia empresarios y dirigentes industriales. “El respeto es condición básica del desarrollo. Respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país”, señala el texto.

El Norte productivo, entre las mayores preocupaciones

Uno de los puntos más sensibles del comunicado se refiere a la situación de las provincias del Norte argentino. Los representantes de las uniones industriales de esa región solicitaron a la conducción nacional de la UIA impulsar medidas de estímulo a la actividad.

Según el diagnóstico de la entidad, la región integrada por Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán —que reúne cerca de una cuarta parte de la población del país— exhibe los niveles de poder adquisitivo más bajos de Argentina y una escasa densidad de empleo privado formal, lo que deriva en una elevada dependencia del empleo público.

La advertencia no es menor: para el sector industrial, las asimetrías regionales se han profundizado en los últimos años y requieren políticas específicas que permitan equilibrar las condiciones de competitividad.

El peso de la industria en la economía

La UIA también buscó reforzar su argumento con cifras estructurales. De acuerdo con la entidad, la industria representa el 19% del producto interno bruto argentino y aporta el 27% de la recaudación fiscal nacional. Además, genera de manera directa cerca del 19% del empleo formal —unos 1,2 millones de trabajadores— y moviliza otros 2,4 millones de puestos indirectos a lo largo de la cadena productiva.

En total, más de 3,6 millones de empleos dependen directa o indirectamente del entramado industrial. “Detrás de cada fábrica existe un capital social construido por empresarios y trabajadores”, subraya el comunicado.

Apoyo a las reformas, pero con advertencias

A pesar del tono crítico en algunos pasajes, la UIA también reconoce avances en la estrategia económica del Gobierno. El documento destaca el equilibrio fiscal alcanzado, la desaceleración inflacionaria, la actualización del marco laboral y la apertura de la economía como reformas estructurales largamente postergadas.

Sin embargo, la entidad advierte que la transición hacia un nuevo esquema económico implica un proceso de adaptación “profundo y no homogéneo”, especialmente para sectores que compiten directamente con el exterior y que enfrentan costos financieros, logísticos e impositivos superiores a los estándares internacionales.

Por eso, el sector industrial insiste en avanzar en una agenda que reduzca las distorsiones acumuladas durante décadas y permita mejorar la competitividad de las empresas.

La salida de Diego Coatz y las lecturas políticas

El comunicado de la UIA estuvo acompañado por otro movimiento que no pasó desapercibido: la salida del economista Diego Coatz como director ejecutivo de la entidad, cargo que ocupaba desde hacía dos décadas.

Coatz fue durante años el responsable de los informes de coyuntura que analizan la evolución del sector industrial. Su salida abre diversas interpretaciones dentro del mundo empresario. Mientras algunas voces señalan que responde a un proceso interno de reorganización, otras interpretaciones la vinculan con las tensiones generadas por diagnósticos económicos que desde el Gobierno consideran excesivamente críticos.

El mensaje de la Asociación Empresaria Argentina

La respuesta del empresariado no se limitó a la UIA. La Asociación Empresaria Argentina (AEA), que reúne a los dueños y principales ejecutivos de las mayores compañías del país, también difundió un pronunciamiento.

En su comunicado, AEA destacó el papel central de las empresas privadas en el desarrollo económico y social, recordando que son responsables de la mayor parte de la producción de bienes y servicios, de la generación de empleo, de las exportaciones y del sostenimiento del Estado a través del pago de impuestos.

La entidad valoró medidas del Gobierno como el equilibrio fiscal, la reducción de la emisión monetaria y la intención de disminuir la presión tributaria sobre el sector formal. Sin embargo, también enfatizó la necesidad de construir un diálogo “constructivo y respetuoso” entre el sector público y el privado para remover los obstáculos al desarrollo y facilitar la llegada de inversiones productivas.

En un clima político cada vez más polarizado, la reacción de las principales organizaciones empresarias marca que el debate sobre el rumbo económico no se limita al plano legislativo o partidario. También atraviesa el vínculo entre el Gobierno y uno de los actores centrales del sistema productivo argentino.

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Peabody entra en concurso preventivo y expone la crisis de la industria de electrodomésticos

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Goldmund, fabricante de los electrodomésticos marca Peabody, solicitó esta semana la apertura de concurso preventivo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. La decisión formaliza un proceso de reestructuración de pasivos que la empresa comunicó a clientes y proveedores como parte de una estrategia para “ordenar compromisos y fortalecer la estructura” con el objetivo de sostener la continuidad operativa.

El movimiento no es aislado. Se inscribe en un escenario de tensión creciente para la industria local de electrodomésticos, atravesada por caída de actividad y mayor competencia importada. La pregunta que se abre es si el concurso funcionará como puente para reordenar la compañía o si marca un nuevo retroceso del entramado industrial argentino en un contexto de cambios regulatorios y presión de costos.

Reestructuración y cambio de estrategia productiva

Goldmund fue creada en 2003 por el empresario coreano Dante Choi y tiene planta en La Tablada, partido de La Matanza. En una entrevista reciente, el propio Choi había anticipado las dificultades de competitividad que enfrentaba la firma.

Según explicó, Peabody trasladó parte de su operación a Paraguay para reducir costos laborales y tributarios y desde allí abastecer mercados del Cono Sur, incluida la Argentina. El diferencial impositivo y laboral fue expuesto con cifras concretas: en Paraguay no se pagan IVA ni Ingresos Brutos, no existen aranceles de importación de entre 18% y 20%, ni impuesto al cheque ni tasa estadística del 3%. Además, el salario ronda los 500 dólares frente a 2000 dólares en la Argentina considerando indemnizaciones y litigios laborales, con una ART que encarece entre 4% y 12% el costo salarial.

En ese marco, la planta local quedó con producción limitada. El concurso preventivo aparece así como una consecuencia de un proceso previo de ajuste estructural, no como un hecho abrupto.

Impacto sectorial y señales de desindustrialización

El caso de Goldmund se suma a otros movimientos en la industria. La estadounidense Whirlpool anunció el cierre definitivo de su planta de lavarropas en Pilar para finales de noviembre y concentrará su operación en ventas y servicio, pasando a importar productos.

También la mexicana Mabe inició un proceso de reorganización en la Argentina que incluye retiros voluntarios y la conversión de una fábrica en Córdoba en depósito y hub de distribución, aunque mantendrá producción en otras plantas.

La sucesión de decisiones empresariales refleja una correlación clara: mayor presión competitiva externa y revisión de estructuras locales. El concurso preventivo de Goldmund no es solo un expediente judicial; funciona como indicador del momento que atraviesa el sector.

Repercusiones y escenario abierto

El concurso abre una etapa de negociación con acreedores y redefine la relación de la empresa con proveedores y trabajadores. Desde el punto de vista institucional, el proceso judicial busca evitar la quiebra y preservar la continuidad operativa. En términos económicos, la señal impacta en la cadena de valor industrial y en el empleo en el conurbano bonaerense.

La evolución del expediente ante la Cámara Comercial será clave para medir la capacidad de la firma de sostener actividad en la Argentina mientras profundiza su estrategia regional. Al mismo tiempo, el contexto sectorial plantea interrogantes sobre la viabilidad de la producción local frente a esquemas de costos más bajos en países vecinos.

El desenlace no está escrito. El concurso puede ordenar pasivos y dar oxígeno financiero, pero también expone un debate más amplio sobre competitividad, estructura tributaria y modelo industrial. En las próximas semanas se verá si la reestructuración alcanza para estabilizar a Peabody o si el proceso se convierte en un nuevo síntoma de reconfiguración del mapa fabril argentino.

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Conflictividad laboral: a dos años de Milei, los conflictos se aceleran y el NEA no queda al margen

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El paro general convocado para hoy por la Confederación General del Trabajo encuentra un escenario social atravesado por una creciente conflictividad laboral. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), titulado “Conflictividad laboral a 2 años del gobierno de Milei”, releva que entre enero de 2024 y comienzos de febrero de 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictos laborales en todo el país, con un marcado predominio de despidos y cierres.

El estudio, basado en un seguimiento sistemático de coberturas periodísticas y sitios sindicales, traza un mapa sectorial, empresarial y geográfico de los conflictos que atravesaron estos dos primeros años de gestión libertaria.

La industria, el epicentro

El 62,1% de los casos se concentró en la Industria, seguida por Servicios (16,9%), el sector Primario (9,5%), Comercio (8,2%) y Construcción (3,3%). Dentro del entramado industrial, los rubros más afectados fueron textil, alimentos, metalurgia y siderurgia, en un contexto signado por la apertura importadora, la caída del consumo interno y la contracción de la actividad.

En términos de tipo de conflicto, los despidos explican el 63,6% de los casos, seguidos por cierres de empresas (12,3%), suspensiones (10%) y situaciones catalogadas como “crisis” (7,8%). El informe recuerda que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Pymes en la primera línea

El impacto no fue homogéneo. Las pymes concentraron el 39,1% de los conflictos, seguidas por conglomerados extranjeros (27,3%) y grandes empresas (18,3%). En el 71,5% de los casos se trató de firmas de capital nacional.

Desde la elección legislativa del 26 de octubre de 2025, lejos de moderarse, la conflictividad se intensificó. Mientras entre enero de 2024 y septiembre de 2025 se registraban en promedio 24 casos mensuales, luego de los comicios el promedio trepó a 42 casos por mes, acumulando 210 conflictos entre octubre y febrero.

En este período reciente, el 67,1% de los casos volvió a concentrarse en la industria, aunque se observa un aumento relativo de cierres (21,9%) y crisis empresarias (20,5%).

Misiones: 6,7% de los conflictos tras las elecciones

El mapa federal muestra que los conflictos se distribuyeron en las 24 jurisdicciones. Históricamente, la zona centro (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, CABA y Entre Ríos) concentró el 48% de los casos.

Sin embargo, tras las elecciones legislativas, Misiones representó el 6,7% de los conflictos registrados a nivel nacional, ubicándose entre las provincias con mayor nivel de conflictividad en esta etapa, detrás de Buenos Aires (17,6%), La Rioja (13,3%) y Santa Fe (11,4%).

En el caso misionero, el informe destaca especialmente la crisis de la industria yerbatera, donde los productores resolvieron frenar la cosecha de hoja verde “hasta nuevo aviso” ante precios que no cubren los costos de producción. La medida impactó de manera directa sobre productores primarios, tareferos, secaderos y cooperativas, afectando el nivel de actividad rural y el empleo.

También se menciona el caso del Grupo Dass, con planta en Eldorado, que en enero de 2026 desvinculó a 43 trabajadores en un contexto de caída de la demanda y reducción de la producción.

El informe repasa conflictos paradigmáticos en distintos sectores: la paralización de Lácteos Verónica, la crisis de la avícola Granja Tres Arroyos, los cierres textiles como Emilio Alal, las suspensiones masivas en Acindar y el proceso de reducción de personal en General Motors.

En el sector automotriz, por ejemplo, la capacidad instalada cayó al 56,1% en octubre de 2025 y el déficit comercial del rubro se amplió 155% respecto de 2023, en un escenario de aumento de importaciones y caída de exportaciones.

Paro general en un contexto de tensión creciente

El paro general convocado hoy por la CGT -el cuarto contra la gestión de Javier Milei- se inscribe en este cuadro de tensión laboral sostenida. La central obrera argumenta que la reforma laboral en debate y la pérdida de empleo justifican una medida de fuerza nacional.

Los datos del CEPA muestran que, más allá de los grandes centros industriales, la conflictividad se expandió a todo el país, incluyendo provincias del NEA como Misiones y Corrientes, donde la combinación de apertura comercial, caída del consumo y crisis sectoriales -como la yerba mate- impacta de lleno en las economías regionales.

A dos años de gestión, el indicador de conflictividad laboral funciona como termómetro de una economía en reestructuración profunda, donde la industria y las pymes aparecen como los eslabones más tensionados del mercado de trabajo.

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La UIA presentó a Caputo un plan para reactivar la economía y aliviar la presión fiscal

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La Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió este viernes con el ministro de Economía, Luis Caputo, para acercarle un conjunto de propuestas orientadas a reactivar la actividad, aliviar los costos productivos y fortalecer la competitividad de la industria nacional en un contexto de estancamiento y creciente presión importadora.

El encuentro se produjo en medio de señales de preocupación dentro del empresariado. “Si no se reactiva el consumo, si no hay crecimiento, el programa económico no aguanta y esto termina mal”, deslizó uno de los principales hombres de negocios del país, reflejando un malestar que, aunque en voz baja, se repite en distintos sectores.

Tras la reunión, Caputo destacó el diálogo con el titular de la UIA, Martín Rappallini, junto a Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués. Señaló que conversaron sobre la reforma laboral -en particular el Fondo de Asistencia Laboral (FAL)-, la reducción de los costos vinculados a la litigiosidad laboral, el régimen de nuevo empleo que baja los aportes patronales al 2% durante cuatro años y el RIMI para PyMES.

El ministro consideró que estos cambios, sumados a la ley de Inocencia Fiscal, serán “fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país”, con foco en creación de empleo, mejora salarial y mayor apertura comercial. También subrayó la necesidad de reducir la carga impositiva “principalmente en provincias y municipios” para mejorar la competitividad industrial.

Un escenario de estancamiento

La reunión se dio en un contexto complejo para la actividad. Según Eco Go, la economía se estancó en 2025: los niveles de noviembre se ubicaron en línea con los de un año atrás y diciembre habría vuelto a caer. Si bien el promedio anual mostró un crecimiento de 4,1%, ese resultado respondió en gran parte al arrastre estadístico de 2024.

En la industria, la utilización de la capacidad instalada fue del 53,8% en diciembre, por debajo del 56,7% registrado doce meses antes, un nivel ya considerado bajo por el sector.

Las propuestas de la UIA

La central fabril trabaja en un proyecto de ley orientado a reducir la presión tributaria y mejorar la competitividad. Entre las principales iniciativas presentadas al ministro se destacan:

  • Rebaja de costos laborales no salariales, incluyendo la posibilidad de computar aportes patronales a cuenta del IVA, complementando el incentivo del 4% previsto en la nueva legislación laboral para nuevos empleos.
  • Sistema de financiamiento en cuotas para estimular el consumo, similar al Ahora 12 pero sin subsidio estatal.
  • Medidas para fomentar exportaciones, como la eliminación de derechos de exportación pendientes y el aumento de reintegros, especialmente para manufacturas de origen industrial y alimentos.
  • Incentivos para la construcción, mediante devolución del IVA en compras de insumos realizadas con tarjeta de crédito y débito.
  • Alivio financiero para PyMES, incluyendo el uso de fondos del FAL y esquemas de crédito para capital de trabajo y consumo con garantía del hogar.
  • Refuerzo de controles ante subfacturación de importaciones, en un contexto de sobrecapacidad global y desvíos de comercio.
  • Agilización en la devolución de saldos acumulados y suspensión de embargos para PyMES, como herramientas de alivio fiscal.

Uno de los ejes centrales es la reducción integral de la carga tributaria, tanto a nivel nacional como provincial. Los industriales sostienen que, sin una baja coordinada de impuestos, la apertura económica podría acelerar la pérdida de competitividad y fomentar la relocalización de empresas en países con menor presión fiscal. Como ejemplo, mencionan la dificultad para desarrollar un polo audiovisual local frente a incentivos más atractivos en Uruguay o Colombia.

Desde Economía se comprometieron a analizar las propuestas y continuar el diálogo técnico.

Sectores en tensión

La preocupación empresarial responde a una realidad concreta en varias ramas industriales.

El sector textil es uno de los más golpeados por la apertura importadora y la caída del consumo. Desde la actividad sostienen que la elevada presión impositiva, en una cadena de valor extensa, distorsiona precios y resta competitividad frente a productos extranjeros o a circuitos informales.

En la siderurgia, fuentes sectoriales reportan caídas de hasta 50% en ventas, producto de la combinación entre apertura y retracción de la demanda interna. En neumáticos, estimaciones privadas indican que las importaciones ya representarían cerca del 85% del mercado.

El consumo masivo tampoco escapa a esta dinámica, con una competencia importada que comienza a desplazar producción nacional en distintos rubros.

En este contexto, la UIA busca instalar una agenda de reformas que combine reducción de costos, alivio impositivo y estímulos al consumo y la exportación, con el objetivo de evitar que el estancamiento derive en una crisis más profunda del entramado productivo.

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Dass garantizó continuidad hasta junio tras los 43 despidos y define su futuro productivo el 20 de febrero

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La empresa DASS garantizó la continuidad de la actividad productiva hasta, al menos, junio, luego de los 43 despidos concretados hace casi dos semanas. La confirmación se dio en el marco de una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, donde las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio y fijar una nueva instancia de negociación para el 20 de febrero, fecha considerada clave por trabajadores y gremios.

Según se informó oficialmente tras el encuentro, la continuidad de la producción durante el primer semestre se sostendrá con la dotación actual de personal, es decir, con la plantilla resultante luego de las desvinculaciones. Desde la empresa explicaron que la decisión de reducir el plantel respondió a la necesidad de mantener niveles de eficiencia que permitan seguir produciendo, lo que, al menos por ahora, aleja la posibilidad de reincorporaciones, tal como venía reclamando el sindicato UTICRA.

Fuentes sindicales señalaron que la empresa manifestó tener asegurados los pedidos correspondientes al primer semestre de 2026, mientras que aún se encuentran en evaluación las órdenes de producción del segundo semestre. En ese sentido, indicaron que el 20 de febrero podría firmarse un acta que deje establecidos los compromisos de la empresa respecto a los pedidos futuros y el horizonte laboral.

Desde el sector gremial reconocen que, si bien la garantía de continuidad hasta junio aporta previsibilidad en el corto plazo, la definición del segundo semestre será determinante. En caso de confirmarse nuevos pedidos, no se descarta que la empresa recurra nuevamente a trabajadores que ya formaron parte de la planta, aunque esa posibilidad hoy aparece condicionada por la estrategia de eficiencia planteada por la firma.

En cuanto al nivel de actividad, no se precisó el volumen de producción que tendrá la planta durante el período garantizado. Sin embargo, tanto fuentes oficiales como sindicales coincidieron en un dato relevante: ninguna de las marcas que trabajan con DASS se ha retirado, lo que mantiene abiertas las expectativas de sostener y eventualmente ampliar la actividad.

Con este escenario, la audiencia del 20 de febrero aparece como un punto de inflexión: allí se espera mayor claridad sobre los pedidos del segundo semestre, el rumbo productivo de la empresa y las posibilidades reales de recomposición del empleo, tras un ajuste que dejó fuerte impacto en la comunidad laboral de Eldorado.

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