La caída del desempleo reportada en el 4° trimestre del 2016 responde a una contracción de la gente que participa del mercado laboral. Esto está asociado al desaliento que generan condiciones adversas en el mercado de trabajo.
Sin embargo, hay excepciones. En las ciudades de la pampa húmeda ligadas al campo crecieron el empleo y la participación laboral. Para replicar el fenómeno en el resto del país se necesitan acuerdos políticos amplios para mejorar la gestión del Estado.
Los indicadores del mercado laboral señalan que la tasa de desempleo bajó desde el 8,5% en el 3° trimestre al 7,6% de la población activa en el 4° trimestre del 2016.
En cantidad de personas, es una reducción de 133 mil desocupados. En paralelo, se observa que unas 150 mil personas dejaron de participar del mercado laboral o sea que dejaron de trabajar o buscar activamente un trabajo. Es claro que sin esa masiva fuga a la inactividad laboral el desempleo habría aumentado.
Las personas deciden retirarse del mercado de trabajo por diversos motivos. A veces son decisiones voluntarias para dedicarse a tareas del hogar, a sólo estudiar o a no hacer nada. Pero frecuentemente se trata del efecto desaliento que genera la falta de puestos de trabajo.
Muchas personas dejan de buscar porque perciben que no van a encontrar trabajo sea por escasez general de empleos o porque consideran que no tienen las calificaciones que en el mercado laboral se demandan.
El efecto desaliento debido a la débil generación de empleos es lo que viene prevaleciendo en los últimos años.
Sin embargo, el proceso no es homogéneo en todo el mercado de trabajo. Comparando la información publicada por el INDEC para el 3° y el 4° trimestre del año 2016 aparecen los siguientes comportamientos:
Para el total del país hubo una disminución del empleo del -0,1%.
Para la provincia de Santa Fe y el interior de las provincias de Córdoba y Buenos Aires hubo un incremento del 4,8%.
Para el resto del país la caída fue del -0,8%.
Estos datos muestran que el empleo, en promedio, está estancado y eso seguramente es el principal factor que genera el desaliento. Pero en las ciudades ligadas más directamente a la producción agropecuaria de la pampa húmeda el empleo aumentó (Rosario, Ciudad de Santa Fe, Villa Constitución/San Nicolás, Rio Cuarto, Mar del Plata y Bahía Blanca). Esto, sin embargo, no fue suficiente para compensar la sensible caída de la ocupación en el resto del país.
Otro dato que confirma esta tendencia es la evolución de la tasa de actividad laboral. Mientras que en el resto del país la cantidad de personas que participan del mercado laboral cayó en un -1,9%, en las ciudades ligadas al campo de la pampa húmeda la gente que salió a trabajar o buscar trabajo se incrementó en un 4,7%.
Es decir, mientras que en el resto del país la falta de crecimiento del empleo se traduce en caída de la participación laboral, en la zona pampeana crece tanto el empleo como la gente que entra al mercado de trabajo.
La dinámica laboral positiva que se observa en la pampa húmeda está ligada fundamentalmente a políticas internas. Es decir, no se trata de una bonanza por mejores precios internacionales. Se eliminaron las prohibiciones a exportar e importar, se normalizó el mercado cambiario y se redujo la presión impositiva (retención a las exportaciones). Bajo estas condiciones el sector agropecuario pampeano reaccionó rápidamente y comenzó a dar resultados sociales positivos. Juega a favor la muy alta productividad del sector y procesos productivos relativamente simples.
Pero para replicar este proceso en las zonas urbanas del resto del país se necesitan políticas públicas más profundas y sofisticadas. Entre las fundamentales aparecen reducir el gasto público improductivo, modernizar el sistema tributario, aumentar la inversión en infraestructura, reducir los costos laborales no salariales, desburocratizar la legislación laboral y simplificar los trámites del Estado.
Un programa de reformas estructurales de esta envergadura demanda esfuerzos en alcanzar acuerdos políticos amplios que sean la base para mejorar la organización del Estado. En este aspecto cabe alertar que hasta ahora se observa mucha mas eficacia en tomar deuda en moneda extranjera que en avanzar en la mejora de la administración tributaria y en la modernización de la gestión del sector público.
La tasa de desempleo en Posadas para el cuarto trimestre de 2016 fue del 2,7 por ciento, según difundió el Indec esta tarde.
Implica una caída respecto al 3,7% del tercer trimestre del año. Sin embargo, no hay datos oficiales para compararlo con el mismo período del año anterior, ya que las cifras de ese lapso del 2015 están bajo revisión, en el marco de la emergencia estadística que dictó el organismo bajo la nueva conducción.
Si bien la primera impresión es que la baja del desempleo debería ser una buena noticia, la realidad del mercado laboral en Posadas (es la única ciudad relevada por el Indec de la provincia) dista de ser auspiciosa.
Lo cierto es que en el contexto de crisis general y con una economía especialmente golpeada por las asimetrías con Paraguay, la baja del desempleo responde más al efecto “desencanto” que se produce entre una parte de la población.
Es decir, mucha gente se desalienta y deja de buscar activamente trabajo, con lo cual, no es considerada desempleada por las estadísticas.
El propio organismo alertó en el comunicado que difundió hoy sobre esta realidad. “Disminuye la actividad y la desocupación por refugio en la inactividad”, explicó el Indec. Lo hizo para ofrecer una lectura sobre los datos nacionales, donde sucedió algo similar a los indicadores referidos a Posadas. Es decir, cayó el desempleo (de 8,5 a 7,6% actual) pero con menos gente en el mercado laboral buscando trabajo.
En el caso de Posadas, este deterioro de las condiciones del mercado laboral se reflejan en el dato más negativo de las cifras difundidas esta tarde por el organismo y que son recolectadas en la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) que se realiza trimestralmente y en la que interviene el IPEC provincial: la caída de la tasa de actividad y la tasa de ocupación.
La tasa de actividad cayó en Posadas en el período octubre-diciembre al 40,8%. Antes, este indicador estaba en 41,9% para el tercer trimestre de 2016 (julio-agosto-septiembre). Un trimestre más atras (mayo-junio-julio), la tasa de actividad había sido del 42,2%.
La tasa de actividad mide la cantidad de población económicamente activa (ocupados, sub-ocupados y desempleados que buscan activamente trabajo) contra el total de la población. Es decir, se achica la población que trabaja o quiere trabajar en Misiones y esto siempre implica un deterioro del mercado laboral.
Así lo demuestra, también, el otro indicador importante para medir el mercado de trabajo, que es la tasa de empleo. Este indicador mide la cantidad de gente que trabaja (ocupados y subocupados) sobre el total de la población.
Esta tasa cayó al 40,8 por ciento, contra el 41,9% anterior (julio-septiembre) y el 42,2% del período abril-mayo-junio. Es decir, a medida que avanzó el 2016, disminuyó la cantidad de gente con trabajo y también, como lo demuestra la cifra del desempleo, la gente que está buscando trabajo activamente.
En otras palabras, la crisis y la falta de ocupación hace que mucha gente prefiere por abandonar la búsqueda, desalentada por la falta de oportunidades.
El otro dato que habla a las claras del deterioro del mercado de trabajo en Posadas es el de subocupación, que cayó a 10,4% en el cuarto trimestre de 2016, cuando en el trimestre anterior se ubicaba en 12,5% (julio-septiembre).
La foto que ilustra esta nota es simbólica. Es el choque de realidades. La chacra y sus penas. La custodia, abrumadora, en el edificio que debería ser la casa de los yerbateros. De puertas abiertas. Sin trabas, burocracias ni dilaciones. La foto representa el fracaso del organismo regulador para proteger a los sectores más vulnerables de la cadena productiva. No los cuida. Les pone una barrera policial.
El reclamo de un precio justo para la yerba mate no es nuevo. Misiones ya mucha historia sobre las luchas agrarias que se cobraron vidas o cambiaron el escenario político del momento. Los productores saben del ninguneo y la invisibilidad. Pero como nunca, ahora son despreciados en su propia casa. La que fue creada para darle soluciones.
Donde sus directivos se refugian en una desgastante burocracia y piden garantías de “seguridad”. El yerbatero pasó a ser un otro. Del que hay que protegerse. El director del INYM, el radical Alberto Ré pidió primero custodia policial y después, al juez Ricardo Skanata, que ordenara desalojar el edificio rodeado por productores.
Con buen tino, el Gobierno provincial puso paños fríos a una situación que estaba en ebullición.
Pero el directorio del INYM se niega a recibir a los productores si sigue la toma. Básicamente, no tiene nada nuevo para ofrecer. El salvavidas prometido por la Nación de un fondo de 1.500 millones para financiar la cosecha, se fue como el humo del mate. El Momo Venegas, amigo personal del embajador yerbatero Ramón Puerta, y el radical Ricardo Negri les habían dicho que el propio Mauricio Macri decidió poner esos recursos. Una semana después, la mentira quedó al descubierto.
Y el INYM se quedó sin respuestas para salir del paso. Las medidas de fondo, que no se tomaron antes, si se tomaran, demorarían un tiempo en ser efectivas. El juego de la dilación es adecuado para el momento, a la espera de una solución que llegue del Gobierno nacional o, en última instancia, un esfuerzo extra del Gobierno provincial, que siempre sale al cruce para contener la problemática social, pero no tiene el poder suficiente para aplicar los cambios que considera pertinentes.
El INYM es un organismo nacional porque también alcanza a Corrientes, donde la realidad es distinta. En Corrientes la yerba está en pocas manos con grandes plantaciones y los tareferos son un puñado irrelevante en el tejido social. Las crisis sociales se padecen únicamente en Misiones, donde la producción es minifundista, y los costos son asumidos por el Gobierno provincial.
El problema, ya dicho, no es solo de precios, sino de desequilibrios y falta de controles con los que se benefician algunos de los grandes operadores del mercado –y generan una competencia desleal con quienes pagan el precio acordado-. El INYM tiene las herramientas institucionales para corregir esos márgenes, pero la lentitud inclina la balanza para el lado de los más poderosos. Los problemas se hacen más visibles en épocas de sobreoferta o crisis económica, dos circunstancias que se conjugan en el momento del país, tomador de mate por excelencia, pero donde, por la inflación y pérdida de empleo, se registró una caída del consumo de casi cinco por ciento durante el año pasado.
Desde hace tiempo los productores vienen alertando de estos desequilibrios. Pero cuando los precios alcanzan para llenar la olla, las voces se silencian.
En paralelo, el Gobierno provincial también viene trabajando en diferentes variantes que lleven transparencia y control desde el Estado para garantizar que el precio oficial llegue a manos de los yerbateros. Pero siempre aparecen trabas, desde el mismo organismo que ahora está tomado por los productores.
La hoja verde se paga menos y con cheques hasta a 300 días, en condiciones que ninguna empresa seria aceptaría para sus propios pagos. En la ley del mercado, el más fuerte siempre gana. Y cada uno elige de qué lado estar.
El Gobierno nacional no parece tener dimensión del problema ni de la premura necesaria.La oferta de recursos para financiar la cosecha beneficia con dinero en mano a los productores, pero no soluciona el problema de fondo que es el incumplimiento de precios. En última instancia, cubrirá las espaldas de los que incumplen con la ley. El radicalismo, socio menor de la alianza gobernante, que como oposición en Misiones fogonea cualquier conflicto, ahora defiende con uñas y dientes a la administración de Macri y exculpa a los sectores industriales de la crisis. ¿Llamativo? No. El radicalismo misionero siempre estuvo en sintonía con el pensamiento de don Adolfo Navajas Artaza, el patriarca de Las Marías, que también asesora al gobierno de Macri a través de la fundación Pensar.
Sí resulta sorprendente que en medio de la efervescencia de los productores que reclaman la cabeza del INYM, los diputados radicales decidan pararse en la vereda opuesta. A pocos días de que un laudo defina el precio de la hoja verde, apostaron a tirarlo para abajo. “Es ilusorio” pensar en elevar el precio de la yerba a 50 centavos de dólar, expresaron en un documento oficial, desdeñando las esperanzas de los productores, pero también una postura pública del Gobierno provincial, que debería ser asumida como propia, en defensa de los intereses misioneros y ya no de un partido. Si la materia prima valiera 50 centavos de dólar, la economía provincial, a través de los productores, recibiría una inyección de dos mil millones de pesos.
Pero los radicales prefieren defender sus cotos. “Como en todas las producciones agropecuarias, los grandes ganadores son los intermediarios y comercializadores, que adoptan políticas que empujan a la cadena productiva a no obtener la justa retribución por su aporte en la elaboración del producto”, acusan. Ni una sola mención a los industriales, a quienes defienden porque no tienen, desde el INYM un valor de referencia a salida de molino, que permitiría “cumplir con el precio de los demás eslabones de la cadena de la yerba, dándole a cada sector una justa retribución, dado que sin su intervención, no existiría el producto”. Es decir, se puede perdonar que algunos incumplan con los precios, ya que sin ellos, “no existiría el producto”. Dos liberados de culpa. El sector industrial y el Estado nacional. Ni el PRO se anima a tanto.
Es esquizofrénico el desprecio del radicalismo a la intervención del Estado la regulación del mercado yerbatero. La última vez que fue Gobierno, en 1986, Ricardo Barrios Arrechea impulsó la estatización de toda la cadena para promover un mayor consumo y acudir en socorro de pequeños molineros que no podían competir en el mercado por falta de capacidad empresaria y financiación. Con la Ñande Yerba el Estado se había convertido en comprador, contratista, adjudicador, publicitario y vendedor de yerba mate.
Por entonces, los molineros denunciaban que con dinero del Estado, se generaba una competencia desleal. Después, la desregulación total impulsada por Ramón Puerta embanderado con el neoliberalismo de Carlos Menem y Domingo Cavallo, volvió a dejar en bancarrota a los productores y produjo una enorme concentración de la producción y también de la tierra. Los dos extremos son malos. A fines de 2000, cuando el primer tractorazo comenzaba a germinar, la crisis era inmensa. Ya entonces se pensaba en poner cupos a la producción para bajar la oferta de materia prima y mejorar los precios. Coincidían molineros, yerbateros, Gobierno y oposición. Productores y molineros reclamaban una intervención urgente del Estado.
El Gobierno misionero actual prefiere hablar de mercado con regulaciones. Regular para beneficiar a los eslabones más débiles, sin dejar de atender las necesidades de las cadenas intermedias. Fijar el precio en 50 centavos de dólar –un valor que ya rigió hace unos pocos años, aunque con una cotización más barata- beneficiaría a la producción primaria pero también mejoraría la renta de la industria con precios más elevados en góndola.
No es casual que los productores acepten como interlocutor al ministro del Agro, José Luis Garay. Es el Gobierno provincial el que está haciendo los mayores esfuerzos por salir de la crisis coyuntural ante las evidentes dilaciones del INYM. El viernes Garay convocó a una reunión en la AFIP con productores y la Dirección General de Rentas para coordinar mejores y más controles. El organismo yerbatero estuvo ausente y es el que está demorando una herramienta clave: el registro de productores. La directora regional de Afip, María Alejandra Dahlgren Santalucia, el subdirector de Fiscalizaciones, Rogelio Canteros y el de Jurídica y Técnica, Luciano Vernetti, coincidieron en que sin eso, poco se puede hacer. El INYM quiere seis meses más para terminarlo.
El Gobierno provincial confía en que si el INYM asume el compromiso de fortalecer los controles, la protesta se levantaría en las próximas horas. Sin embargo, dudan sobre el juego de desgaste que puede estar haciendo la conducción del organismo, el mismo al que apela la Nación ante cada conflicto, como el de los docentes o los reclamos sindicales.
“Acá no hay dudas de que Rosamonte, La Cachuera y las principales cooperativas misioneras, cumplen con los precios, aunque pueden variar en la forma de pago. Y están comprometidos con la producción misionera. Pero ellos mismos están sometidos a una competencia desleal desde Corrientes y Molinos, que manejan buena parte del mercado”, señalaron voceros oficiales.
Mientras el Gobierno se esfuerza por descomprimir el conflicto yerbatero, atiende otros frentes. Misiones es una de las pocas provincias que tiene las aulas abiertas, con acuerdos salariales cerrados, lo mismo que con los sindicatos que contienen a otros empleados del Estado. En momentos de crisis, como la que padece hoy el país, el Estado misionero asume un rol central para mitigar los daños. A contramano del Gobierno nacional que provocó una brutal caída del consumo con tarifazos, salarios a la baja y “sinceramiento de precios” financiados, en Misiones el Gobierno volvió a acordar con bancos y comercios la extensión por seis meses del Ahora Misiones, para poder comprar con tarjetas de crédito en cuotas y con descuentos.
El tarifazo eléctrico nacional no podrá ser eludido en Misiones. En las próximas horas se conocerán los detalles de los aumentos, pero no serán menores al 50 por ciento para los usuarios residenciales. El Gobernador decidió que los sectores industriales y que tengan incidencia directa en el empleo, tendrán algunas rebajas a través de subsidios. “Pero más no se puede. Las tarifas que debe pagar la Provincia aumentan cien por ciento”, indicó un ministro encargado de mitigar el impacto. “El mandato de Passalacqua es proteger el empleo, lo mismo que cuidar a los productores y tareferos”, definió.
Del otro lado, la oposición comienza a calentar motores para las elecciones. Sabe que una derrota en las legislativas dañaría sensiblemente sus posibilidades de retener el poder nacional. Cambiemos asume que está en zona de riesgo y se victimiza. Pone a Cristina Fernández como la ideóloga de cuanta movilización hay en el país y agita fantasmas de desestabilización. Es permanente la apelación a la “gobernabilidad” en riesgo, cuando en la práctica, los partidos enrolados en la oposición, hasta ahora han cumplido hasta en exceso votando cada una de las leyes pedidas por el Ejecutivo, incluso aquellas que consideran nocivas para el país, como el pago a los Fondos Buitre. La vicepresidenta, Gabriela Michetti, llegó a sugerir que “lo más efectivo sería evitar las elecciones de medio término”.
Los problemas de gobernabilidad, entonces, no surgen de la oposición, sino de las propias acciones emanadas del Gobierno. Cada decisión tomada terminó perjudicando el poder adquisitivo o generó pérdida de empleo, mientras que en paralelo se produjo una enorme transferencia de recursos a los sectores más concentrados.
No está claro cómo llegará la alianza gobernante a las elecciones. Macri pidió que haya consenso en las provincias para ir con lista única. Pero en Misiones, ya comienzan a verse las primeras diferencias. Ayer el PRO arengó a su tropa con un acto encabezado por Humberto Schiavoni –presidente del partido- en el que se pidió a los dirigentes poner el máximo empeño en lograr un buen resultado en las legislativas. Los ejes comunicacionales son “cercanía, positivismo y futuro”.
Aunque no fue formalizado, ya ven al director de Yacyretá como candidato a senador. Otros dicen que su hermano Alfredo encabezará la lista. Pero de ellos dos no sale. A la hora de los discursos, Alfredo dejó una frase llamativa: “El cambio, el verdadero cambio, llega en 2019”, disparó.
Que Schiavoni –cualquiera de los dos- encabece la lista, marca a las claras que el PRO prefiere en sus nóminas a nombres propios. Pero sus socios no piensan ceder los pocos espacios que quedan. El diputado nacional Luis Pastori ya se autopostuló para continuar en el Congreso, como diputado o quizás como senador. Gustavo González ambiciona dar el salto a la Nación y amenaza con ir a las Primarias, lo mismo que Alex Ziegler, quien incluso piensa en forzar las negociaciones. “Si no nos dan espacios, iremos por afuera”, advirtió el joven Facundo Sartori, una de las caras visibles del partido del “Colorado”.
En el PRO no creen que la sangre llegue al río. Confían en que las amenazas del radicalismo y de Ziegler sean apenas para negociar mejor algún otro cargo. El problema es que si hay derrota, habrá poco para repartir.
Lo cierto es que hoy hay malestar con el Gobierno nacional y el bolsillo planta interrogantes hasta en los más convencidos.
El presidente del banco Macro, Jorge Brito, a quien no se puede acusar de kirchnerista ni siquiera de opositor, advierte que no hay país en el mundo “que pueda crecer si no es en base a un gran mercado interno”.
El banquero advierte que el problema central es el déficit fiscal que no se ha corregido y que sólo se atenuó por efecto del blanqueo. También mostró preocupación por el endeudamiento de la Argentina que “en algún momento” volverá a ser un problema.
Ajeno a los avatares electorales, Brito sugirió un gran pacto nacional en el que “todos los dirigentes políticos que tengan relevancia para que este país tenga cuatro, o cinco, o seis, no sé, puntos que no estén en discusión”. “Tenemos que sacar de agenda algunos puntos de discusión. Y no estoy hablando de un Gobierno de coalición, estoy hablando de cuatro o cinco, puntos problemáticos centrales”. Sería todo un logro.
Escriben Mg. Guillermo Knass, y C.P. Martín Leiva Varela, ECONEA. Dentro de los objetivos de la economía que puede tener un gobierno, los que repercuten “directamente” sobre la generalidad de la población, son principalmente dos:
1 – Lograr un mayor crecimiento (que incluye principalmente un crecimiento del consumo de las familias).
2 – Bajar la inflación.
En un año electoral, donde tener el control del Congreso es un factor clave para transitar los dos años restantes con una relativa tranquilidad institucional al menos, y soñar con tener una continuidad de otros cuatro años al frente de la Casa Rosada; el gobierno no se puede dar el lujo de no cumplir estos objetivos. Dado que el primer enunciado se está demorando más de lo esperado, por ende, no queda otra que seguir apostando al segundo de los reclamos que es: “La baja de la inflación”.
La inflación es un fenómeno multicausal porque depende de varias cuestiones: expectativas, devaluación, emisión, déficit fiscal, entre otros, que puede surgir por la variación de alguna de estas variables de manera individual o de todas juntas. Esto es conocido en nuestro país y las autoridades responsables de controlar las mismas lo saben. Con el panorama estudiado hicieron un importante anuncio que se transcribe textual en el cuadro siguiente:
Tal anuncio efectuado en septiembre del año pasado cuando el banco central presentó su ambicioso plan de llegar a una inflación anual del 17 %. Dicha meta hace suponer que el gobierno tiene la receta para actuar eficazmente sobre las variables que causan inflación y poder llevarla a un nivel en menos de la mitad que la del 2016. Si bien, muchas de las variables enunciadas dependen de acciones directas del gobierno, otras no pueden ser influenciadas o controladas tan fácilmente: una de ellas son las negociaciones paritarias, que representan acuerdos que surgen de las tratativas entre los sindicatos de trabajadores y las cámaras de empleadores, que entre muchas otras cosas, definen los aumentos de sueldos del año con el fin de no perder el poder adquisitivo del salario en virtud de la inflación estimada.
Las paritarias pueden clasificarse en públicas o privadas, en principio si los empleadores son empresas privadas o el estado; luego pueden ser nacionales provinciales o locales dependiendo de cada sector y las facultades que se tenga para negociarlas. (Las que abarcan mayor cantidad de empleo público son provinciales).
Cuáles son los parámetros para negociar las paritarias: en la Argentina el principal factor que se tira sobre la mesa de negociaciones es la inflación, y principalmente la inflación pasada, que si consideramos la del periodo 2016, alcanzó al 40 %, que de acuerdo a quien la estime nos estaría diciendo que ese es el pedido de aumentos para este año.
Existen sectores como los empleados de seguros que lograron un 35 %, aeronáuticos 44%, bancarios 24 % parcial. Esto que en principio podría verse como una buena noticia dado que son aumentos de privados, por ende, en su mayoría no le cuesta al Estado, implicando un mayor poder adquisitivo y por ende, mayor consumo y más rápida reactivación, que en realidad, también es un problema para las metas de inflación del Gobierno por los siguientes motivos:
Si algunos sectores consiguen esos aumentos, esto empujaría a que los otros busquen lo mismo, incluso los estatales.
Esto se transforma en una tenaza para las provincias a las que el gobierno nacional les exige austeridad y deben enfrentar estos aumentos, llevando tal situación a una mayor presión sobre el déficit fiscal, que también presiona sobre los precios.
El modelo dice que los aumentos de sueldos que no se justifican en aumentos de productividad (inexistentes en una economía que no se reactiva) se trasladan a los precios, con lo que podemos sintetizar que los aumentos de sueldo de hoy son los aumentos de precio del año, y estos están lejos de la pauta oficial pretendida.
Como agravante a esta situación, el año pasado tuvimos en promedio una pérdida del salario real de un 6 %, o sea que los aumentos de sueldo fueron menores a la inflación. Con lo que si los gremios parten es sus discusiones de la pérdida del año pasado más la inflación esperada por el gobierno ya estamos en aumentos mínimos del 23 %, 25 % promedio general del país según estimaciones privadas, que para pagarlos un empleador (suponiendo que el único costo para la producción de bienes y servicios es la mano de obra) debería vender un 23/25 % más (difícil en estos momentos) o aumentar los precios en un 23/25 % (inflación).
¿Entonces?
Si los aumentos en promedio se están negociando a un 25 % y la inflación estimada es del 17 % esto implicaría un aumento del poder adquisitivo fenomenal en un año complicado.
Ahora… evidencia histórica en la Argentina demuestra que el nivel de precios está bastante ligado al nivel de salarios ( ver gráfico final ), si este postulado se cumple el gobierno nacional tendrá un importante desafío por delante, como dejar que los sueldos suban con la inflación bajando; y a esto debemos sumarle la política cambiaria, el dólar esta barato y el gobierno no quiere devaluar, aumentos de sueldo sin devaluación son aumentos de sueldo en dólares, lo que hace menos competitivo al país y atrasa aún más la recuperación económica. Entonces devaluamos, pero devaluar también implica aumentos de precios que alejan aún más la ambiciosa meta de inflación buscada por el gobierno.
De los resultados de las paritarias depende, en gran parte, el cumplimiento de los objetivos del gobierno….¡¡¡SUERTE!!!
Los números hablan por sí solos. Mientras la caída de las ventas minoristas en los dos primeros meses del año a causa de la baja del consumo promedió el 3,3 por ciento interanual a nivel nacional, en las provincias de frontera como San Juan, Mendoza, Formosa, Jujuy, Misiones y Catamarca las bajas promedio rondaron el 8 y 10 por ciento, según un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
La causa fue que miles de habitantes de esas provincias cruzaron la frontera a los países limítrofes de Chile, Paraguay y Bolivia para hacer compras, aprovechando los precios mucho más bajos que tienen los bienes respecto a los que están en el país y asestando un duro golpe a los comerciantes que están imposibilitados de competir.
El fenómeno se viene acrecentando desde el año pasado y ya encendió luces de alarma en la CAME, al punto que ayer una comitiva de dirigentes empresarios de la entidad y los representantes de las Cámaras de Comercio de las provincias que lindan con países limítrofes expusieron su preocupación ante la Comisión de Economías Regionales de la Cámara Alta, presidida por el senador Roberto Basualdo.
Frente a la contundencia de los números se decidió crear una comisión de dirigentes que trabajaran en un proyecto de ley en el Senado para impulsar medidas de auxilio impositivas y relativas a feriados destinadas a las provincias de frontera.
‘’Debemos hacer algo urgente para ayudar al comercio minorista porque estamos en desventaja, no podemos competir’’, dijo Hermes Rodríguez, titular de la entidad sanjuanina que acudió al encuentro.
Los rubros más afectados son: electrónica, indumentaria, calzado, juguetes, blanquería, combustibles y comestibles que en países vecinos se consiguen hasta 60% y 100% más baratos.
La región de Cuyo encabeza el ranking de las afectadas, con una baja del 6,9% promedio en los dos primeros meses del 2017 (ver infografía), seguidas por NEA (-6,4%), NOA (-5,9) y Patagonia (-4,7).
Si se toma sólo el segundo mes del año, febrero, las caídas fueron más pronunciadas aún. Por ejemplo, mientras a nivel país las ventas descendieron 4,1% anual, en Cuyo el declive fue de 8,1%, en la región NEA de 7,9%, en NOA de 7,6%, en la Patagonia de 7,5%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el descenso fue de 4,5%.
En la provincia de Buenos Aires, en tanto, con más heterogeneidad, la baja anual promedio del mes fue de 1,5%. En San Juan, las ventas minoristas de enero cayeron 8,4% y las de febrero 3,8%, acumulando un promedio de baja del 6,1% en los dos meses.
Los integrantes de CAME trabajarán junto al senador Roberto Basualdo en la elaboración de un proyecto de ley para que los comercios minoristas de provincias de frontera puedan reducir algunos puntos del IVA en las ventas, además de achicar también los aportes previsionales, para poder competir con los productos que vienen de Chile y otros países. El sanjuanino Hermes Rodríguez adelantó además que se propondrá también que los feriados puentes o turísticos sean considerados como feriados ‘administrativos’, cambio que le permitiría al comercio abrir y achicar los pagos de empleados.
