El presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente la estrategia financiera del Banco Central de la República Argentina (BCRA) tras la cancelación de una parte del swap con el Tesoro de los Estados Unidos mediante un nuevo crédito internacional por USD 2.500 millones. El mandatario rechazó las advertencias sobre un posible default, sostuvo que el movimiento implica un cambio de acreedor sin impacto en reservas y lo presentó como una señal de normalización financiera y confianza del mercado en el programa económico.
A través de su cuenta en X, Milei fue categórico frente a las críticas: “Desde mediados de 2025 agitaron el fantasma del default. Erraron otra vez. Fin”. El mensaje estuvo acompañado por un análisis del economista Juan Ramón Rallo, quien explicó que en economías solventes la deuda pública no se cancela íntegramente, sino que se refinancia de manera permanente, siempre que se cumplan los pagos de intereses y exista disciplina fiscal.
La operatoria técnica: un cambio de acreedor sin impacto en reservas
El respaldo presidencial se conoció luego de que el balance del BCRA de la última semana de diciembre reflejara un movimiento financiero por USD 2.500 millones. Según la información oficial, el Gobierno utilizó ese monto para cancelar el tramo ejecutado del swap que formaba parte de un acuerdo total por USD 20.000 millones con el Tesoro estadounidense, suscripto antes de las elecciones legislativas.
Para concretar el pago sin afectar el nivel de reservas internacionales, la autoridad monetaria tomó un nuevo crédito de igual monto con un organismo internacional. Si bien el BCRA no precisó oficialmente el origen de los fondos, en el mercado financiero se especula con un préstamo del Banco Internacional de Pagos (BIS), con sede en Basilea.
Desde el punto de vista contable, la operación implicó un reordenamiento de pasivos: la reducción del rubro “Otros Pasivos” por la cancelación del swap con Estados Unidos fue compensada por un aumento equivalente en las obligaciones con organismos internacionales, sin variación neta en las reservas.
En términos prácticos, el Gobierno logró estirar plazos de vencimiento y modificar la composición de sus acreedores, una maniobra que el oficialismo considera clave para fortalecer el perfil financiero del Estado.
Déficit cero, refinanciamiento y la discusión sobre la solvencia
El eje central del argumento oficial se apoya en la política de déficit fiscal cero. Según la interpretación que difundió Milei junto al análisis de Rallo, el refinanciamiento de vencimientos no incrementa el stock de deuda, sino que posterga su cancelación en el tiempo.
“Refinanciar no es aumentar el monto total del endeudamiento, es pagar más tarde”, sostuvo el economista en el material compartido por el Presidente. Bajo esta lógica, mientras el Estado mantenga el superávit fiscal, la relación deuda/PIB continúa una trayectoria descendente, reforzando la idea de solvencia.
Desde la Casa Rosada destacan que la posibilidad de acceder a nuevo financiamiento internacional constituye una señal concreta de que el mercado no percibe un riesgo inminente de default. En esa línea, fuentes del BCRA aclararon que el crédito utilizado no proviene del Fondo Monetario Internacional (FMI) y evitaron brindar precisiones sobre la tasa de interés o el plazo del nuevo préstamo.
Este movimiento se suma, además, a la cancelación de deudas con el BIS realizada a comienzos de 2024, un antecedente que el Ejecutivo utiliza para mostrar una mejora progresiva en la solvencia del Estado argentino.
Repercusiones políticas y financieras
La defensa pública de Milei busca desactivar un debate que volvió a instalarse en el mercado desde mediados de 2025, cuando distintos analistas advirtieron sobre la sostenibilidad de los compromisos externos. Para el Gobierno, el refinanciamiento confirma que la estrategia financiera se apoya en credibilidad fiscal, acceso al crédito y una administración activa de los pasivos del Banco Central.
En el plano político, el mensaje presidencial apunta a consolidar el discurso de orden macroeconómico y disciplina fiscal como ancla de estabilidad, mientras que en el plano financiero refuerza la señal de que el Ejecutivo está dispuesto a utilizar herramientas de mercado para administrar vencimientos sin recurrir a emisión monetaria ni pérdida de reservas.
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó hoy que durante su gestión planea “rescatar” a Nicolás Maduro, quien fue arrestado la semana pasada por fuerzas estadounidenses, junto a su esposa Cilia Flores.
“Hace un año juramos con el presidente Maduro (cuando comenzó su tercer mandato), y hoy, un año más tarde, estamos jurando por su libertad”, puntualizó Rodríguez.
Además, precisó que la unidad nacional en torno a lo que denominó el “rescate” de Maduro, será fundamental: “Lo vamos a rescatar, claro que sí. Con la unidad de nuestro pueblo lo vamos a rescatar”, reiteró
En ese sentido, la mandataria indicó que “Aquí no hay niveles de incertidumbre, aquí manda el pueblo venezolano. Y hay un gobierno, el del presidente Maduro (…) ¡Sigamos marchando juntos, sigamos marchando unidos, garantizando la felicidad, garantizando la vida, garantizando el futuro, garantizando la paz!”, exclamó durante una actividad comunitaria en el estado de Miranda.
Ratificó su “compromiso y lealtad” al pueblo venezolano
Asimismo, remaercó que el pueblo venezolano puede contar con su compromiso y lealtad: “no vamos a descansar ni un minuto hasta tener de vuelta al presidente, a la primera combatiente (primera dama), no vamos a descansar, lo juramos”, enfatizó.
El pasado 3 de enero, fuerzas militares estadounidenses ingresaron a territorio venezolano y bombardearon Caracas y otras tres ciudades del centro del país. El ataque militar condujo a la captura ilegal del presidente Maduro y de su esposa, quienes ahora comparecen ante tribunales estadounidenses en Nueva York.
Por Guillermo Bermúdez / FIEL – La recuperación del crédito al sector privado que venía mostrando la economía sufrió una marcada pérdida de dinamismo en los meses recientes. La cartera irregular de los bancos ha tenido un acelerado aumento que luce más asociado al alza del costo del financiamiento antes que con la evolución de los ingresos de los hogares. En un contexto en el que el sistema financiero ha recuperado su rol de intermediación del ahorro, en los meses por venir se espera una recuperación del crédito -que requerirá un monitoreo más ceñido del riesgo- con alguna corrección a la baja de la irregularidad.
Durante noviembre y diciembre, tras las elecciones de medio término, las variables financieras y cambiarias transitaron un sendero de normalización. Las tasas de interés para colocaciones a plazo en pesos, que a comienzos de septiembre habían superado el 58%, se recortaron por debajo del 26% en diciembre, mientras que las activas por adelantos, que habían llegado a superar el 190% a mediados de octubre -en un contexto de altísima volatilidad-, también se acomodaron por debajo del 25% el último mes del año; lo propio ocurrió con la tasa de cauciones.
En el caso de los tipos de cambio, que en la previa de las elecciones habían superado holgadamente la banda superior de flotación que por entonces era de $ 1492 por dólar –el contado con liquidación y el MEP llegaron a tocar los $ 1600 por dólar-, tuvieron una corrección a la baja y actualmente el dólar libre y Banco Nación promedian $ 1475. Por su parte, los dólares financieros volvieron a recortarse al techo de la banda tras los anuncios referidos al cambio en la indexación de las bandas y la nueva estrategia de acumulación de reservas por parte del BCRA.
Precisamente, desde enero de 2026 las bandas de flotación se amplían al ritmo de la inflación correspondiente a dos meses previos. Este cambio abre un espacio para la corrección de la apreciación resultante de la evolución diferencial de inflación de los últimos meses –algo por encima del 2%- y el ajuste del 1% que se aplicaba a los límites de la banda, al tiempo que reduce la presiones sobre las reservas internacionales derivadas de la necesidad de defensa del techo de las cotizaciones.
Si bien el cambio en el ritmo de ampliación de las bandas no supone una corrección devaluatoria, la aplicación de la inflación pasada –a diferencia por caso de la esperada relevada en el REM-, podría generar alguna inercia y ralentización del proceso de desinflación. No obstante, nada hace prever que el tipo de cambio deba colocarse sistemáticamente en el techo, contando los flujos de entrada de divisas esperados. El anuncio fue bien recepcionado por el mercado y las autoridades del FMI, que reclamaban un cambio de estrategia en la gestión cambiaria.
En cuanto a la evolución del riesgo país, este tuvo una importante compresión desde picos cercanos a los 1500 puntos básicos a mediados de septiembre hasta algo por encima de los 550 puntos en el que se coloca en la actualidad. La emisión del BONAR 2029, hizo un aporte al recorte del riesgo, que había estancado su caída a la espera de novedades por parte de los inversores respecto a la obtención de los fondos para cancelar los vencimientos del mes de enero –incluyendo el potencial uso de un tramo adicional de swap de monedas con el Tesoro americano o una operación de repo con un grupo de bancos privados.
El BONAR 2029, adjudicó USD 910 millones a una tasa del 9.26%, algo por encima de lo esperado, pero dio una señal positiva respecto a la colocación de deuda nueva bajo legislación local. También las colocaciones de deuda privada y por parte de algunas provincias permiten el ingreso de divisas que elevan las reservas brutas del Banco Central –las reservas netas resultan fuertemente negativas-, así como la cancelación de vencimientos del BOPREAL, que tuvo un impacto moderado sobre el stock de reservas, al permanecer los fondos depositados en el sistema, lo que hace un aporte a través de encajes.
Pero fue el anuncio referido al programa de adquisición de divisas por parte del BCRA el que aceleró la caída del riesgo país, que perforó el piso de los 600 puntos tras conocerse la comunicación. La estrategia de compra de divisas se sostendrá en el proceso de remonetización de la economía, lo que permitiría al BCRA la adquisición de entre USD 10 mil y USD 17 mil millones el año próximo, sujeto a los flujos del balance de pagos y sin requerimientos de esterilización. Nuevamente, el anuncio de la estrategia de fortalecimiento de la hoja de balance del BCRA ha sido bien recibido, teniendo en cuenta la vulnerabilidad que suponía un esquema de bandas acotadas como el anterior, en el que las cotizaciones se colocaban cerca del techo, y que enfrentaba a las autoridades a la defensa del esquema con un stock de reservas internacionales muy negativo.
En este contexto, y de aquí a un futuro cercano, la expectativa está puesta en la recuperación del crédito al sector privado. En la edición de Indicadores de Coyuntura de julio pasado1, se revisó la evolución de los préstamos al sector privado, observándose que su crecimiento desde inicios de 2024 era uno sin precedente en el último cuarto de siglo, con un stock que se había duplicado en términos del PBI, con reaparición del financiamiento de largo plazo –hipotecas- y del crédito en dólares. En aquella oportunidad se concluía que una mayor profundización financiera requeriría mayor competencia entre las entidades y un mayor apetito por el riesgo.
Las turbulencias financieras que desató el desarme de las LEFI a lo que se sumó el resultado de las elecciones de septiembre en la Provincia de Buenos Aires, truncaron el aumento que venía mostrando el crédito. El deterioro del ambiente financiero impactó, a su turno, en la cartera activa de los bancos y en los resultados operativos. Precisamente, en el tercer trimestre varias entidades bancarias mostraron resultados negativos en sus balances, y uno de los factores gravitantes fue el aumento de la cartera irregular.
La morosidad luce en la actualidad como uno de los principales obstáculos para que el stock del crédito recupere su ritmo de crecimiento –la reducción de encajes también aportará a la capacidad prestable de las entidades- y que el sistema financiero dinamice el “crowding in” interrumpido recientemente. Con todo lo anterior, en la presente columna se repasa la situación del crédito y el aumento de la morosidad2, revisando potenciales determinantes de comportamiento en años recientes.
El crédito total al sector privado no financiero a precios de diciembre 2025 alcanza algo más de $ 112 billones -correspondiendo cerca del 77% a líneas en pesos-, equivalentes a 11% del PBI. Entre septiembre y noviembre el stock alcanzó un pico que promedió los $ 115 billones, al tiempo que la mayor relación con el PBI se tuvo unos meses antes, cuando tocó 11.5% en junio.
También en los meses recientes, el stock tuvo un marcado recorte en el ritmo de crecimiento real; luego de haber alcanzado 119% interanual en abril pasado, en diciembre se elevó 32% por encima de la inflación.
En términos de participación en el total, el financiamiento a las empresas mediante documentos supera el que reciben las familias por la utilización de tarjetas –el primero representa 35% del crédito mientas que el segundo 19%-, y han sido estas líneas las que mostraron un mayor freno en el ritmo de aumento. El crédito mediante documentos pasó de crecer 132% anual en febrero pasado a algo más de 22% en diciembre, mientras que los saldos de tarjetas que aumentaban en abril 75% anual, en diciembre dejaron de aumentar, reflejando cancelaciones antes que un refinanciamiento. También los créditos personales -con una participación algo más baja del 16.8% en diciembre-, recortaron fuertemente el ritmo de crecimiento de 255% en abril a cerca de 43% en la actualidad.
Este freno en el crecimiento del crédito coincidió con un marcado aumento de la irregularidad de cartera de financiamiento al sector privado no financiero. Por caso, tomando a los bancos en su conjunto, el porcentaje de la cartera irregular pasó del 1.4% promedio en octubre del año pasado a 5.1% en el caso de los bancos privados nacionales, a 4.1% en el de los privados extranjeros y a 4.3% en el caso de los bancos públicos, en octubre de este año.
De lo anterior resulta interesante indagar sobre los potenciales determinantes del aumento de la proporción de la cartera irregular de los bancos. Sería natural evaluar la capacidad de pago de los deudores –aproximada por la evolución de los ingresos reales formales-, y el aumento en el costo del financiamiento –tomando en consideración una tasa real activa. En el Gráfico 2 se muestra la evolución de la morosidad y el crecimiento real de los ingresos formales –a partir de la evolución del RIPTE3- en fases contractivas y expansivas de la actividad económica. El gráfico muestra una relativa estabilidad de la irregularidad de cartera entre 2011 y 2017, con alzas y retrocesos anuales en los ingresos reales. Luego, desde mediados de 2018, se observa un marcado aumento de la morosidad –se pasa de un promedio de 2% de la cartera a más del 5% a comienzos de 2020 en el caso de los bancos privados nacionales- junto con un deterioro prácticamente simultáneo de los ingresos reales que se sostiene a lo largo de 2019 y posteriormente, con una menor profundidad, hasta fines de 2021.
Es de destacar que desde fines de 2017 la economía atravesó una fase de contracción del producto bruto, con deterioro de salarios reales y de las condiciones financieras a pesar de la asistencia lograda con la consecución del acuerdo con el FMI. Junto con lo anterior, es interesante notar que, desde inicios de 2020 y durante el año que siguió, hay una rápida corrección a la baja de la irregularidad, antes del inicio de un nuevo ciclo de deterioro.
Las políticas aplicadas para la contención de la Pandemia a comienzos de 2020 pueden explicar una parte de dicha mejora inicial, al tiempo que las restricciones asociadas a la cuarentena también podrían explicar el repunte posterior. Lo que resulta llamativo es la caída de la morosidad en la última parte del gobierno de Alberto Fernández en un contexto de desborde monetario e inflación rampante. El interrogante queda planteado para un análisis posterior.
Más cerca en el tiempo, la irregularidad de la cartera de los bancos como se mencionó, alcanzó 1.4% hacia fin de 2024, desde cuando tiene un aumento exponencial, paradójicamente en simultáneo con una recuperación de ingresos formales tras la caída que sufrieron con el salto inflacionario heredado por la presente gestión y el producido de la devaluación del Peso al final de 2023.
De ello, ¿en qué horizonte de tiempo el deterioro –o la recuperación- de los ingresos formales reales anticipa la evolución que tendrá la morosidad? Un análisis de desfase temporal indica que, para el promedio de los bancos privados, la caída del salario real adelanta4 once meses la evolución que tendrá la irregularidad de cartera, mientras que para los bancos privados nacionales ello ocurre doce meses antes y en el caso de los privados extranjeros, diez meses.
Es decir, una corrección a la baja (alza) de la morosidad resultante de una mejora (deterioro) de ingresos reales se manifestaría hasta un año después. A diferencia de lo que ocurre con los ingresos formales, el costo del financiamiento luce tener un impacto más cerca no en el tiempo sobre la calidad de la cartera de financia miento al sector privado. En el Gráfico 3 se muestra la evolución de la tasa real de interés para préstamos a personas físicas5 junto con la tasa de irregularidad para el promedio de los bancos privados. En términos generales, la figura sugiere que una caída de la tasa real o una tasa que resulta negativa se asocia a un recorte en la proporción de la cartera irregular de los bancos.
En relación a ello destaca el episodio de caída de la irregularidad que se tiene desde medianos de 2021 y hasta los primeros meses de 2024, que estuvo acompañada de una tasa de interés real que se tornaba cada vez más negativa, habiendo tocado un piso en el primer bimestre de 2024. En los meses sucesivos, el costo del financiamiento continuó siendo negativo al tiempo que la irregularidad de cartera se mantenía estable en bajos niveles. Este período coincidió con el inicio de la recuperación de los préstamos que se hizo anteriormente.
Desde julio de 2024, la tasa de interés real se hizo positiva y fue creciente en los meses sucesivos, sin tocar niveles extraordinarios, pero anticipando el despegue de la irregularidad de cartera que se tuvo desde comienzos de este año.
Respecto al aumento del costo del financiamiento, también aquí resulta relevante evaluar con cuántos meses de anticipación su aumento impacta negativamente sobre la calidad de la cartera de financiamiento de los bancos. El análisis señala que desde un semestre antes se comienza a observar un deterioro de la regularidad a la par del aumento de tasas, relación que alcanza un máximo en forma contemporánea. Precisamente, esta conclusión es consistente con el comportamiento referido arriba sobre la evolución de la morosidad en la última parte del gobierno de Alberto Fernández, cuando se observó una tasa de interés real fuerte mente negativa y una compresión de la irregularidad.
Este somero análisis permite anticipar que a la par del proceso de normalización de tasas que ha comenzado a transitar la economía en los meses recientes, junto con ingresos reales formales que estabilicen su recuperación, es dable un paulatino reacomodamiento a la baja de la tasa de morosidad en un horizonte cercano de tiempo.
Junto con el anterior análisis, no debe perderse de vista que en el contexto actual de ordenamiento de las cuentas públicas y saneamiento de la hoja de balance del BCRA, las entidades bancarias están contribuyendo a la canalización del ahorro hacia el financiamiento del sector privado, algo que había quedado relegado en el pasado a partir de una mayor presencia del Tesoro y el BCRA en el balance de las entidades financieras, especialmente a causa del excesivo uso de los pasivos remunerados de la autoridad monetaria que desplazaban el fondeo del crédito privado. Y ello resulta relevante en lo que se refiere a la evaluación del riesgo de la cartera de préstamos de los bancos.
En efecto, el Gráfico 4 muestra la participación del crédito al sector privado y el dirigido al sector público, contando títulos del Tesoro, pasivos remunerados del BCRA y encajes, en el activo del sistema financiero. Desde fines de 2015 y hasta 2023, la participación del crédito al sector privado en la hoja de balance se redujo en forma sostenida, pasando del 45.1% en diciembre de 2015 a 19% del activo de las entidades a fines de 2023.
En cambio, la deuda del sector público con las entidades financieras fue creciente hasta fines de 2022 cuando ocupó la mitad del activo de las entidades. Luego en los meses sucesivos mostraría un retroceso que se intensificó en los años recientes con el fin de la operatoria de las letras y pases del BCRA. A diciembre de 2025, el crédito al sector privado representa el 43% del activo de las entidades financieras, algo ligeramente por debajo de lo que se tenía a fin de 2015, pero más del doble de la participación que tenía hacia diciembre de 2023. El potencial de crecimiento es elevado, contando además en el corto plazo los recursos inmovilizados en encajes incrementales.
Con todo, en el actual contexto de normalización financiera con convergencia de tasas de interés a los niveles vigentes cuando el BCRA establecía la de referencia, es de esperarse que el crédito retome su sendero de crecimiento y de la mano de la reducción del costo –con tasas reales ligeramente positivas-, se tenga un retroceso en la irregularidad de la cartera de las entidades financieras. El escenario es distinto al pasado, pues el sistema financiero se encuentra recuperando su rol de intermediación del ahorro hacia el consumo y la inversión privada luego de años en que dicha función había quedado relegada, y ello entraña riesgos asociados a una adecuada evaluación de deudores una vez que se han atendido los perfiles con mayor calificación. Aun cuando una acelerada caída de la irregularidad pueda demorarse, la expectativa es que la intermediación financiera resulte en 2026 uno de los sectores de actividad con mejor desempeño junto con el de la minería y la energía.
1 https://fielfundacion.org/blog/2025/07/07/bancos-privados-de-capital-nacional-lideran-la-recuperacion-del-credito/ 2 En el análisis se refiere indistintamente a morosidad e irregularidad de la cartera de préstamos de los bancos. Comprende a deudores de la cartera comercial en situación 3 a 6 de acuerdo con el régimen de clasificación de deudores del BCRA, que incluye a quienes muestran problemas de mora, con alto riesgo de insolvencia e irrecuperables 3 Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables. 4 La correlación desfasada es máxima. 5 La tasa de interés para personas jurídicas resulta más baja, aunque el comportamiento es similar en términos de alzas y bajas. La tasa real se presenta como promedios móviles de tres meses para suavizar los movimientos.
El año 2025 cierra con la aprobación por parte del Congreso de dos normas importantes para la macro de 2026: el presupuesto y la ley de inocencia fiscal.
Luego de dos años sin presupuesto aprobado por el poder Legislativo, era imperioso que el gobierno pudiera lograr el consenso necesario para volver a la normalidad de contar con un presupuesto en tiempo y forma. En el camino quedó la intención de revertir el aumento en el gasto en universidades y discapacidad. En algún momento, estos temas demandarán un debate menos politizado del que se dio antes de las elecciones de octubre, con posturas extremas que resultaron en un relajamiento de los ya débiles requisitos para acceder a una prestación por discapacidad y en una priorización del gasto en universidades por sobre otras necesidades de gasto público nacional sin siquiera un intento por mejorar la eficiencia del gasto (por ejemplo, revisar la cantidad de universidades cuando existe evidencia de que se ha politizado la apertura de varias casas de estudio, incluso en ciudades poco pobladas del país cuyas necesidades podrían ser atendidas por regionales de las universidades más grandes).
En cualquier caso, surge la pregunta de cómo hará el Ejecutivo para alcanzar el resultado primario proyectado de 1.5% del PIB. La reasignación de partidas es una opción, pero tiene un límite importante que es la actualización por inflación de muchas de ellas (la más importante, el gasto en jubilaciones) y una restricción de un porcentaje máximo de afectación de cada rubro.
Sin embargo, el presupuesto 2026 se hizo suponiendo que el PIB nominal promedio del año aumentará alrededor del 20% respecto del de 2025. Es poco probable que la inflación del año sea tan baja como la prevista, y ello más que compensaría el menor crecimiento real respecto del demasiado optimista 5% contemplado en el presupuesto. Entonces, la mayor nominalidad aportará ingresos adicionales en pesos y licuará el gasto no ajustable por inflación sin necesidad de afectar las partidas aprobadas por el Congreso. Por ello, es probable que se alcance la meta de superávit primario, aunque eso deja un problema abierto para el presupuesto de 2027 cuando las proyecciones se basen en la ejecución real del año 2026.
Es difícil estimar el impacto de la ley de inocencia fiscal sobre las decisiones de las familias argentinas, pero en cualquier caso contribuirá algo a la actividad económica y podría ser también un vehículo para aportar algún financiamiento al soberano en la medida en que algunos de los dólares ingresados al sistema terminen comprando títulos públicos.
La mayor nominalidad de la economía también ayudará al BCRA. Los datos confirman que hubo una gran dolarización de portafolios previo a la elección de octubre y que ello debería revertirse, al menos en parte, dando un espacio para que aumente la demanda de pesos. Este efecto de normalización (que puede demorar varios trimestres) es de una sola vez. Pero, además, cada año el BCRA puede emitir para satisfacer el incremento en la demanda de base monetaria que se requiere para mantener el cociente Base a PIB constante en el nivel deseado por los agentes económicos privados. Una economía con mayor crecimiento del PIB nominal le da más espacio al BCRA para comprar divisas con emisión que no genera inflación.
Aquí es importante recordar porqué es necesario acumular reservas aún si el tipo de cambio flotara libremente. Los países emergentes están expuestos a shocks que pueden desatar un corte abrupto del financiamiento al soberano y a las empresas privadas. Si no hay alguna reserva podría forzarse a los deudores a incumplir en sus obligaciones. Por ello, para establecer el nivel adecuado de las reservas de un país se consideran, entre otros indicadores, el monto de vencimientos de deuda de corto plazo y de los pagos de importaciones. Se trata de evitar eventos disruptivos que agravarían las tendencias recesivas de un shock des favorable.
El swap con Estados Unidos, que parece ser de más fácil acceso que el swap con China, actúa como un sustituto transitorio a la débil posición de reservas netas del BCRA. Pero hay que resolver la debilidad aun cuando en el corto plazo ello se traduzca en un tipo de cambio real algo más depreciado y se sacrifique parte de la mejora posible en el nivel de actividad.
El último punto se explica porque la alternativa a la acumulación de reservas era que se gastaran esas divisas. Ello daría más actividad (al evitar pagar el costo del seguro anticrisis) pero al riesgo de enfrentar una recesión mayor si no se cuenta con el “pago” del autoseguro.
Es posible, incluso, que a medida que se avance en la mejora de la posición de reservas netas se reduzca el riesgo país y ello aporte una compensación. Pero eso podría ocurrir luego de varios meses de compras netas del BCRA.
Empieza un nuevo año en el cual la nominalidad le dará espacio al programa de gobierno permitiéndole fortalecer algunos puntos débiles. Una reducción más paulatina en la tasa de inflación parece un buen precio a pagar para ganar en tranquilidad.
Aunque los indicadores oficiales muestran una moderación de la inflación, la percepción social va en sentido contrario. Un informe privado citado por la periodista de Radio Rivadavia Rocío Kalenok revela que el 77% de los argentinos considera que su salario perdió poder adquisitivo frente al avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un impacto especialmente visible en la clase media.
El relevamiento expone una brecha creciente entre los datos macroeconómicos y la experiencia cotidiana de los hogares, atravesada por subas persistentes en tarifas, transporte y combustibles, rubros que erosionan el ingreso disponible.
Inflación más baja, pero salarios en “efecto serrucho”
El análisis se apoya en un estudio de la consultora Centric, que midió cómo el avance del IPC se refleja —o no— en los ingresos percibidos por los argentinos. Según Kalenok, la Argentina sigue siendo “una foto aparte”: “Hace algunos años teníamos una de las inflaciones más altas del mundo, incluso en comparación con países con conflictos políticos o bélicos”.
A ese diagnóstico se suma un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que describe un “efecto serrucho” en los salarios: aumentos nominales que no logran sostenerse en términos reales frente a subas concentradas en consumos esenciales. “Hoy se gasta mucho más en servicios, transporte y combustibles. Eso va comiendo el poder adquisitivo y termina dejando menos margen para otras compras”, explicó la periodista.
El fenómeno genera una disonancia clara: aun cuando la inflación general desacelera, los rubros que más pesan en el presupuesto familiar crecen por encima del promedio, lo que impide que los hogares perciban una mejora real. “Todos esos consumos esenciales terminan generando que la persona no sienta que el número de inflación sea el más bajo en los últimos siete años”, sintetizó Kalenok.
Clase media en retroceso: percepción de caída social y ajuste en el consumo
Los datos del informe refuerzan la sensación de deterioro social. El 64% de los encuestados se percibe como clase media baja o baja, una tendencia que supera a la mitad de la muestra y marca un corrimiento identitario dentro del entramado social argentino.
En paralelo, el 55% considera que la situación económica del país es peor que su situación personal, una lectura que sugiere una evaluación negativa del contexto macroeconómico aun cuando algunos hogares logran sostenerse de manera individual. “Los encuestados ven que la economía está peor que su situación particular”, señaló Kalenok.
Esa percepción se traduce en decisiones concretas de consumo. Durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el 48% anticipó menores gastos, y una porción de los consultados incluso rescindió o ajustó sus vacaciones ante la pérdida de poder adquisitivo. El recorte del gasto discrecional aparece así como un mecanismo defensivo frente a ingresos que no alcanzan.
Inflación de diciembre: CABA marcó 2,7% y anticipa el dato nacional
En términos de precios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registró en diciembre de 2025 una inflación de 2,7%, con lo que cerró el año en 31,8%. El dato, aunque aún no oficial a nivel nacional, funciona como anticipo de lo que difundirá el INDEC el martes 13 de enero.
Entre los rubros con mayor incidencia se destacó transporte, con un aumento de 5,5%, seguido por alimentos y bebidas, que promediaron 2,4%. Dentro de esta división, el principal impulso provino de carnes y derivados (7,4%), seguidos por frutas (3,7%) y pan y cereales (2,0%). En sentido contrario, verduras, tubérculos y legumbres registraron una baja de -5,9%, lo que moderó parcialmente la suba general.
Consultoras privadas prevén que el IPC nacional de diciembre se ubique en un nivel similar o superior al de noviembre (2,5%), consolidando un escenario de inflación mensual contenida, pero todavía significativa en términos acumulados.
Una brecha persistente entre datos y experiencia cotidiana
El cuadro que surge del informe es claro: la desaceleración inflacionaria no se traduce automáticamente en alivio para la clase media. La combinación de salarios con ajustes intermitentes, aumentos focalizados en gastos esenciales y una percepción social de retroceso configura un escenario de tensión distributiva.
Más allá de los indicadores técnicos, la clave está en la capacidad de los ingresos para recomponerse de manera sostenida frente a los precios que más pesan en la vida diaria. Mientras esa brecha persista, la inflación “a la baja” seguirá sin sentirse en los bolsillos, reforzando una percepción extendida de pérdida del poder adquisitivo y fragilidad económica.
