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El Gobierno inició el proceso de privatización de la empresa Intercargo

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La decisión se conoció tras la publicación un decreto en donde indica que habrá una licitación pública sobre la empresa de servicios de rampas y traslados de equipaje en los aeropuertos

El Gobierno sacó un decreto este martes en el que anunció el proceso de privatización de Intercargo, la empresa dedicada a brindar el servicio de rampas y traslados de equipajes en los aeropuertos, que estuvo en el ojo de la tormenta a fines del año pasado durante un paro salvaje en Aeroparque y Ezeiza.

Este episodio, en el que miles de pasajeros se vieron afectados por la cancelación de vuelos debido a una medida de fuerza gremial, generó un enfrentamiento con el Gobierno Nacional que derivó en la desregulación de las funciones de Intercargo, en noviembre del 2024.

En ese entonces, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa, anunciaba “el fin de Intercargo tal como lo conocemos”. “Ningún terrorista sindical podrá tomar de rehén nuevamente un pasajero y arruinarles su viaje, sus vacaciones, su viaje laboral o por temas médicos, ni negarse a hacer su trabajo”, señalaba sobre el episodio en donde 2000 pasajeros quedaron varados adentro de un avión, durante el conflicto.

La firma mantuvo bajo su ala el servicio de rampa y de transporte de pasajeros en los principales aeropuertos de la República Argentina, hasta principio de noviembre, cuando el Ejecutivo anunció la desregulación y habilitó a empresas privadas a empezar a operar.

De esta manera, el decreto expresa que “la empresa ha celebrado con los concesionarios de dichos aeropuertos diversos contratos de uso de los espacios para la prestación del servicio de rampa, extendiendo dicha modalidad de contratación a los VEINTIÚN (21) aeropuertos en los que se lleva a cabo actualmente esta actividad”.

Esta excepcionalidad provino de la Resolución 7417/90, donde el Estado otorgaba la concesión directa de “la prestación con carácter exclusivo del Servicio Único de Atención en tierra a aeronaves (RAMPA) en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza ‘Ministro Pistarini’ y en el Aeroparque Metropolitano ‘Jorge Newbery’”, a la mencionada empresa.

A partir del Decreto 198/2025, publicado por estas horas en el Boletín Oficial, se autorizó el procedimiento para la privatización total de INTERCARGO S.A.U. De esta manera, se aprueba la venta del 100 por ciento de las acciones de la empresa, marcando el inicio de una licitación pública a nivel nacional e internacional para transferir la titularidad de la firma.

Además, el Ejecutivo argumentó la decisión bajo el impulso de la desregulación y la apertura del sector. “Esta Administración ha impulsado la desregulación del sector aerocomercial mediante la reducción de requerimientos operativos, la habilitación a aerolíneas y terceros a prestar el servicio de rampa y la adopción de estándares internacionales en las operaciones aeroportuarias en general”, sostiene el documento.

En este sentido, el Gobierno indicó en el artículo primero, “el procedimiento para la privatización total de INTERCARGO S.A.U. bajo la modalidad de venta de acciones, conforme lo establecido en el inciso 2) del artículo 17 de la Ley N° 23.696 y sus modificatorias”.

El documento establece que el Ministerio de Economía será el encargado de llevar adelante el proceso de privatización, con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. Esta entidad adoptará las medidas necesarias para concretar la venta de las acciones de INTERCARGO S.A.U. a través de una licitación pública internacional. Además, el contrato de concesión vigente entre el Estado y la empresa será rescindido de mutuo acuerdo antes de que se perfeccione la venta de las acciones.

El proceso de privatización buscará asegurar que no haya interrupciones en la prestación del servicio de rampa, garantizando la continuidad de la conectividad nacional e internacional. De acuerdo al artículo tercero de la presente medida, asegura que la cartera que conduce Luis Caputo, “debe adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que la modalidad de privatización aquí dispuesta no afecte la continuidad de la prestación del servicio aeroportuario o de rampa, asegurando la conectividad nacional e internacional”.

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Ley de Tránsito: confirmaron cambios en licencia de conducir, VTV y peajes

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El gobierno reformó la Ley Nacional de transito, conocé los 10 cambios que deberán tener en cuenta los automovilistas

Licencias de conducir sin vencimiento, VTV en talleres particulares, peajes sin cabinas en todo el país y homologación automática de autos importados con certificaciones internacionales, son los puntos más salientes del anuncio publicado en el Boletín Oficial

El Gobierno publicó finalmente este lunes en el Boletín Oficial, el decreto 196/2025 que representa una profunda reforma de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, tal como lo venía anunciando su ideólogo, Federico Sturzenegger, desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

El documento tiene varios puntos, que abarcan desde una simplificación de trámites que permitan circular en el territorio argentino a los autos importados, hasta el formato y validez de las licencias de conducir particulares. En el medio, uno de los temas de mayor interés de los propietarios de automóviles y motocicletas, la esperada apertura de las revisiones técnicas obligatorias para autos particulares y especialmente para el transporte pesado de cargas y pasajeros.

Uno de los factores comunes que aparece como determinante para que todas estas medidas lleguen a más personas radica en el hecho de estar modificando una Ley Nacional, lo que requiere que tanto provincias como municipios deban decidir adherirse a estanormativa para quetenga validez en sus respectivas jurisdicciones. Sin embargo, lo que resaltan desde el Ejecutivo es que con estas medidas lo que se está generando es el marco apropiado para que quienes quieran, puedan hacerlo.

“Esto fue como el parto de una ballena, porque las ballenas están preñadas un año, y esto nos llevó, literalmente, un año”, dijo Sturzenegger respecto a la reforma que se está introduciendo a la Ley Nacional de Tránsito nro 24.449. “Muchos de estos cambios estaban en la Ley Bases, que tenía todo un capítulo referido a la Ley de tránsito, pero esa parte después terminó quedando afuera. Entonces decidimos hacerlo reglamentariamente y esto es lo que estamos anunciando ahora”, agregó el ministro.

De los 11 puntos que se modifican uno ya se había adelantado en los últimos días de la semana pasada, y era el referido a la simplificación del trámite por el cual se pueden homologar trailers y casas rodantes, evitando las dobles certificaciones que existían hasta esta reforma. En el decreto publicado hoy, se agregan también los mismos requisitos simplificados para la importación. Todo se resolvió con la creación de un nuevo documento llamado Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), que se podrá extender tanto para unidades fabricadas en Argentina como importadas desde otros países.

Ese certificado se emitirá contra la presentación de la documentación que garantice, para el caso de los importados, que las unidades se fabricaron bajo el amparo de certificaciones emitidos por organismos reconocidos por las Naciones Unidas conforme la reglamentación Trans-WP29-343.

El resto de las reformas aplicadas a la Ley Nacional de Tránsito son las siguientes:

1- Importación de autos automática más simple

Se facilita la importación de vehículos en general. Para el caso de las importaciones en serie, que hasta ahora necesitaban la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), esa documentación ya no será necesaria siempre y cuando sean vehículos que provengan de los considerados “mercados de alta vigilancia”. En ese caso, con la sola presentación de las certificaciones internacionales reconocidas, las mismas Trans-WP29-343, esos vehículos quedarán automáticamente homologados para circular por el territorio argentino.

Para el caso de los autos que no se importarán en serie, sino como operaciones particulares e individuales, se podrá gestionar el Certificado de Seguridad Vehicular (CSV) creado también para importar trailers, remolques y casas rodantes. En este caso, los requisitos se repiten en relación a la certificación internacional de parte del fabricante. El CSV lo emite la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

2- Importación libre de autopartes

Se libera la importación de todo tipo de autopartes vehiculares. A partir de la publicación de este decreto ya no será exigible el Certificado de Homologación de autopartes de Seguridad (CHAS). Ese certificado requería trámites superpuestos con los de las certificaciones internacionales al solo efecto de ser admitidos en Argentina, pero además, esos trámites incluían pruebas técnicas muy costosas que, en su gran mayoría, no se hacían en el país.

3- Eliminación de LiNTI para choferes profesionales

Se confirma la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI). A partir de ahora, las licencias profesionales de conducir clases C, D y/o E, emitidas por las jurisdicciones que adhieran a las normas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), tendrán validez para el transporte entre las distintas jurisdicciones. Eliminar la LiNTI permite simplificar un doble trámite que se hacía por parte de los transportistas profesionales, que requería sacar dos licencias, la de su propia jurisdicción, y la que le permitía circular por todo el país con cargas y pasajeros.

4- Desregulación de las Revisiones Técnicas

Apertura de las Revisiones Técnicas Obligatorias (RTO), también llamadas Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Inspección Técnica Vehicular (ITV) en distintas jurisdicciones. Ahora, siempre que se cumpla con los requisitos a nivel técnico y de instalaciones, se podrán registrar nuevos espacios privados donde hacer las inspecciones, que ahora podrán efectuarse en concesionarios oficiales y talleres autorizados.

Las RTO, tanto las plantas de autos particulares como las de transporte pesado, de cargas y pasajeros, no tendrán una tarifa única oficial en las jurisdicciones que adhieran a esta reforma de la Ley Nacional de Tránsito. Las RTO tendrán una certificación física como es actualmente con una oblea pero también una certificación digital en la plataforma “Mi Argentina”, del mismo modo que hoy se puede exhibir la cédula verde, la licencia de conducir o la autorización de manejo a un tercero.

5- Rutas Nacionales con peaje automático

Las rutas nacionales adoptarán peajes libres de cabinas y con cobro automático. Este programa tendrá un modo de aplicación progresivo que consta de tres etapas. En la primera etapa, que llegará hasta el 31 de diciembre de 2025, al menos una cabina de cada estación de peaje de las rutas nacionales tendrá que tener el sistema de cobro automático conocido como Telepase.

En una segunda etapa, que finaliza el 31 de diciembre de 2026, al menos la mitad de los peajes de todas las rutas nacionales tendrán que tener paso libre tipo “free flow”, sin cabina, y la otra mitad con cabinas pero sin barrera y con pago automático. Finalmente, el 30 de junio de 2027, todas las rutas nacionales deberán tener exclusivamente son sistemas free flow.

6- Incorporación de la conducción autónoma

Se adecúa la normativa para permitir la circulación de vehículos de conducción autónoma. Lo que se hace con esta incorporación es aceptar que la conducción pueda no ser realizada por un conductor humano. Si bien todavía el sistema de conducción autónoma en todo el mundo apenas está llegando a aceptar el Nivel 3 (de una escala de cinco niveles), esto sólo ocurre en muy pocos tramos de ciertas rutas en Alemania, Japón y algunos estados norteamericanos.

Adecuar la norma en Argentina, en esta etapa, sólo contempla algo que no estaba incorporado a la legislación del tránsito en la vía pública para cuando en el futuro esa tecnología sea masiva y pueda llegar a todo el mundo.

7- Licencia de conducir sin vencimiento

La Licencia Nacional de Conducir será digital y no tendrá vencimiento. Sólo se requerirá una renovación del estado psicofísico de los conductores, el cual podrá ser emitido sólo por profesionales de organismos públicos o privados, que estén registrados para realizar esa certificación. Desde la primera licencia, la actualización de los datos psicofísicos será necesaria a cada 5 años. Quienes tengan más de 65 años y menos de 70, deberán hacerla cada 3 años. Las personas de más de 70 años lo harán anualmente.

La licencia física continuará emitiéndose sólo como un documento optativo, pero la licencia válida será la de formato digital que se encontrará entre los documentos oficiales de la aplicación “Mi Argentina”. La actualización del estado psicofísico se hará de manera remota y digital e impactará automáticamente en la licencia de conducir digital.

8- Eliminación de la renovación inicial

También se elimina la obligación de renovación al cumplirse el primer año de la licencia de conducir inicial. Sin embargo, si en el transcurso de los dos primeros años un conductor comete infracciones graves, se puede suspender su licencia y el conductor tendrá que rendir el examen completo para recuperarla.

9- Eliminación de la renovación ante cambio de domicilio

Dentro de la reforma que implica la licencia de conducir profesional, queda eliminada también la obligación de renovar la licencia ante un cambio de jurisdicción en el domicilio del titular. Hasta ahora, aun cuando la licencia no hubiera vencido, si un conductor o chofer profesional cambiaba su domicilio en el Documento Nacional de Identidad, por otro en otra ciudad o provincia, debía renovar su licencia de conducir también por una de su nueva jurisdicción.

10- Elevación de estándares de seguridad

El último punto está referido a importaciones de autopartes y cascos de motos. En ambos casos se establecen normas IRAM como estándares de calidad mínima en elementos de seguridad en general y en cascos de motocicletas en particular, promoviendo una circulación más segura en la vía pública.

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Mujeres de Ley, conversatorio en Oberá

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La Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de Oberá fue el escenario donde se llevó adelante el encuentro “Mujeres de Ley” el cual nucleó a magistradas de la Provincia para contribuir en un diálogo reflexivo a visibilizar sobre el rol de la mujer en la justicia.

Las magistradas que, este lunes 17, conformaron el panel dialoguista fueron la presidente del Superior Tribunal de Justicia misionero, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori; la presidenta de la Cámara de Apelaciones de Oberá, Teresa del Carmen Hedman y Graciela Ivonne Heppner, vocal de la Cámara de Apelaciones de la misma ciudad.

El Intendente de la ciudad anfitriona, Pablo Hassan, dio la bienvenida y agradeció que las juezas estuvieran presentes y aceptaran la dinámica para hablar de una temática tan importante para el sector.

En la oportunidad pidió un minuto de silencio ante la pérdida de la ex legisladora quien fuera también abogada Marlene Carvallo a quién reconoció como “una apasionada del derecho”.

El alcalde reconoció la trayectoria de las mujeres presentes de quienes destacó su perseverancia y gran capacidad de liderazgo.

Emilse Zapponi, también abogada, actuó de moderadora en la charla que fue dinámica y en la que las tres magistradas contaron cómo trascendieron sus etapas estudiantiles y llegaron a los cargos que hoy ocuparon.

Las tres mujeres coincidieron en lo difícil de hablar de ellas mismas pero hicieron que el encuentro se extendiera por casi dos horas a salón completo con un público que aplaudió cada una de las intervenciones.

Heppner celebró el hecho de ser mujer y destacó la dificultad de desarrollarse profesionalmente en un mundo de hombres donde las mujeres no tenían visibilidad.

Para la vocal de Cámara el Poder Judicial le brindó la tranquilidad de la equidad ya que un juez y una jueza ganan lo mismo y tienen el mismo manejo en el diálogo y la capacidad de trabajo.

A su turno Hedman sumó que en el Poder Judicial encontró colaboración para crecer, para capacitarse y para avanzar, encontró espíritu colaborativo y el trabajo en equipo que le permitió llegar a ser hoy la presidente de la Cámara de Apelaciones.

Las tres magistradas oriundas de Oberá manifestaron que siempre se vuelve a los orígenes y que su lugar de nacimiento le brindó las primeras herramientas.

Venchiarutti Sartori agradeció el honor de la invitación, dijo “soy Rosanna a secas y más que una mujer de Ley soy una obereña de Ley”, comentario que se llevó el aplauso del auditorio y generó la distinción en la charla en la que narró su paso por la secundaria y la universidad en tiempos de dictadura siendo ferviente participante de los centros de estudiantes que le generaron “experiencias únicas de una juventud rebelde” que la llevaron de ser una mujer de derecho a una en busca de justicia.

Para la Presidente del STJ la equidad se resume en una frase que siempre tiene presente “dame herramientas que te daré un ejemplo, dame un oído y te daré una voz”.

“Lo más valioso que tiene el Poder Judicial, y quedó plasmado en el tiempo de pandemia, es la capacidad de gestión, ya que supo y sigue llevando adelante el servicio adaptándose cada vez más a la tecnología que jamás debe deshumanizarse”, puso de manifiesto Venchiarutti.

Para todas lo más difícil de llegar a quienes son hoy fue el desarraigo por el que tuvieron que pasar para poder formarse como abogadas, lo que las llevó luego de seguir estudiando mucho y rindiendo para acceder a diversos cargos.

Venchiarutti Sartori instó a las presentes a reconocer que “cualquiera puede ser poderosa, la cadena alimenticia de los misioneros depende de esa mujer que planta la semilla en la chacra para que lleguen alimentos a nuestras casas, deben ser conscientes de eso. No sólo marzo es el mes de la mujer todos los meses son nuestros meses”.

En el marco del Mes de la Mujer este encuentro busca destacar el aporte de las mujeres al sistema judicial; promover la participación de la comunidad; contribuir a visibilizar el rol de la mujer en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria e inspirar a nuevas generaciones de abogadas y juezas.

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La deuda pública volvió a crecer en febrero a pesar del superávit fiscal, más en pesos que en moneda extranjera

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Subió a USD 471.150 millones, con un aumento de USD 3.362 millones, pese a registrar cancelaciones netas por USD 1.079 millones. Diferencias de cambio, ajuste CER y capitalización de bonos fueron los factores expansivos

La Secretaría de Finanzas -a cargo de Pablo Quirno– informó que la deuda pública bruta total subió en febrero en USD 3.362 millones, a USD 471.150 millones, con un aumento del 0,72% respecto del nivel registrado en enero, pese a que la Secretaría de Hacienda que conduce Carlos Guberman informó que el mes volvió a cerrar con superávit fiscal.

El incremento de la deuda se explica por el impacto de las diferencias de cambio entre la tasa de inflación y de política monetaria, en una proporción superior al crawling peg (2,4% y 1%, respectivamente), la fluctuación del dólar frente a las principales divisas y, principalmente, la capitalización de bonos y Letras de la Tesorería.

Entre las operaciones de deuda pública realizadas en febrero de 2025 se destacaron:

  • Pagos de la Administración Central: “Totalizaron el equivalente a USD 9.703 millones, de los cuales el 91% se efectuó en moneda nacional y 9% en moneda extranjera. Del total, USD 8.891 millones se destinaron al pago de capital y USD 812 millones al pago de intereses”, informó la Secretaría de Finanzas.
  • Licitaciones de deuda en pesos: “Se ofrecieron instrumentos como Letras Capitalizables (Lecap) a tasas fijas con diferentes plazos, así como bonos ajustables por inflación y dólar oficial. Estas licitaciones tuvieron como objetivo refinanciar vencimientos y extender los plazos de la deuda. En total, incluidos Boncer, Bonte y AT, en el mes vencieron compromisos en moneda nacional por $9,11 billones de capital y $114 millones de intereses”, precisó un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
  • Se avanzó en el acuerdo con el FMI para permitir el uso de fondos para pagar vencimientos con el propio FMI y cancelar Letras Intransferibles de la Tesorería de la Nación en el Banco Central -estas últimas ascienden a USD 23.300 millones, según el último balance semanal de la entidad-, sin incrementar la deuda pública neta.
  • El Gobierno habilitó a varias provincias a tomar deuda externa por un total de USD 1.715 millones para financiar obras específicas.

Si se consideran únicamente las necesidades de financiamiento y las cancelaciones de vencimientos, la deuda total de la Administración Central volvió a bajar en febrero, esta vez en USD 1.079 millones. En el primer caso, totalizaron USD 10.405 millones, y, en el segundo, USD 11.484 millones.

Más en pesos y menos en dólares

Desde casi el inicio del gobierno de Javier Milei, la deuda bajo legislación nacional ha aumentado, mientras que la contraída en moneda extranjera se ha reducido su participación relativa.

En febrero, la Secretaría de Finanzas registró un incremento equivalente a USD 3.269 millones de la deuda en pesos -al cambio oficial-, hasta alcanzar USD 324.931 millones, y la asumida bajo legislación extranjera creció apenas en USD 93 millones, totalizando USD 146.219 millones.

Saldo con organismos internacionales

La deuda con organismos multilaterales también subió en términos netos en el último mes USD 77 millones, con aumento de USD 164 millones con el FMI y disminución de USD 87 millones con otras entidades -como el Banco Mundial, el BID y la CAF.

Adelantos transitorios del BCRA

En febrero la cuenta del BCRA de Adelantos Transitorios (AT) al Tesoro Nacional aumentó en $140.391 millones, con lo que acumuló un total de $2,96 billones, equivalente a USD 2.785 millones al tipo de cambio oficial mayorista, según los datos del balance semanal de la entidad.

Sin embargo, en la contabilidad de la Secretaría de Finanzas, a valor nominal, esa asistencia se redujo en el equivalente de USD 40 millones, ubicándose en USD 3.844 millones.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Gobierno destacó que “conforme a la última actualización de los recursos del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF), correspondiente a diciembre de 2024, el límite máximo legal sobre el stock de AT se ubicó en $23,37 billones. Sin embargo, como parte de la estrategia del Gobierno de sanear la hoja de balance del BCRA, se prevé que, lejos de aumentar, esa asistencia se reduzca gradualmente con recursos del superávit fiscal.

Primeros 15 meses de gobierno de Milei

Desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2025, la deuda bruta de la Administración Central creció en USD 45.856 millones, pero ajustada por pasivos del BCRA transferidos al Tesoro y depósitos oficiales, bajó en USD 24.435 millones

Si se incorpora al análisis el impacto de los pasivos remunerados del BCRA, que en noviembre 2023 sumaban USD 61.657 millones, y posteriormente fueron transferidos al Tesoro -considerándose que fue el origen primario de esos compromisos- y se restan los depósitos del Gobierno en el ente monetario que resultan de la acumulación del superávit fiscal y se destinan al pago de vencimientos de capital, surge que en los primeros 15 meses de gobierno de Milei la Secretaría de Finanzas registró una baja neta consolidada de USD 24.435 millones, un resultado inédito en las últimas cuatro presidencias.

La Secretaría de Finanzas explicó que -en línea con recomendaciones internacionales- utiliza el dólar oficial mayorista como unidad de cuenta para estandarizar las estadísticas y ofrecer mayor comparabilidad.

Vencimientos de marzo

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que en marzo de 2025 vencen operaciones de deuda pública nacional en pesos por $13,57 billones en concepto de capital y $30.231 millones de intereses, en su mayoría correspondientes a Letras de Capitalización (Lecap).

Por el contrario, los vencimientos en moneda extranjera son mínimos: apenas USD 831 millones: USD 757 millones con organismos multilaterales y bilaterales excluido el FMI; USD 63 millones Letras BCRA y USD 11 millones títulos públicos.

Los próximos vencimientos más exigentes tendrán lugar en el caso de la deuda bajo legislación nacional en julio por casi $32 billones; y en moneda extranjera en junio, por USD 10.955 millones, de los cuales USD 10.710 millones corresponden a Letras BCRA, según detalló el último informe de la OPC.

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El Gobierno informó que en febrero mantuvo el superávit fiscal

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En el primer bimestre de 2025, el Sector Público Nacional acumuló un saldo primario positivo del 0,5% del PIB y un excedente del 0,1% del PBI tras el pago de la deuda

El Gobierno sostuvo el superávit fiscal durante febrero y cerró el primer brimestre con saldo positivo en las cuentas públicas, contando el pago de la deuda. Así lo informó este lunes el ministro de Economía, Luis Caputo, en un posteo publicado a través de su cuenta de X.

“En febrero de 2025 el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1.176.915 millones y un superávit financiero de $310.726 millones, acumulando en el primer bimestre del año un superávit primario de aproximadamente 0,5% del PIB y un superávit financiero de 0,1% del PIB”, escribió Caputo.

El comunicado del ministro de Economía destacó que durante el mes pasado se registraron pagos de intereses netos de tenencias intra sector público por $866.189 millones, de los cuales alrededor de un 70% correspondió a compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Desde el Ministerio de Economía destacaron que la consolidación del orden fiscal permitió asistir sin endeudamiento ni emisión monetaria a las familias afectadas por el temporal en Bahía Blanca. Además, resaltaron que el superávit financiero alcanzado en 2024 fue el primero en 14 años y el más alto en 16 años.

Los ingresos totales en febrero alcanzaron $9,73 billones, con un incremento interanual de 75,8 por ciento (nominal). Los recursos tributarios crecieron 81,6% en términos interanuales, impulsados por el aumento en la recaudación de Ganancias (121,8%), Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (120%), Derechos de Importación (103,9%) y Exportación (99,2%). También registraron subas significativas los ingresos por el Impuesto a los Débitos y Créditos (74,4%) y el IVA neto de reintegros (71,1 por ciento).

En cuanto al gasto primario, alcanzó los $8,55 billones en febrero, con un aumento de 98,8% interanual. Las prestaciones de la Seguridad Social representaron la mayor partida, totalizando $5,83 billones, un 118,8% más que en el mismo período del año pasado. Esta variación responde a la aplicación de la fórmula de movilidad ajustada por el DNU 274/24, que estableció aumentos para acompañar la inflación y una compensación adicional de 12,5 por ciento.

Las transferencias corrientes sumaron $2,80 billones, con un crecimiento de 83,4% interanual. En el sector privado, estas transferencias se incrementaron 67,4% y abarcaron prestaciones sociales, asignaciones familiares y asistencia alimentaria. Entre los programas con mayores ajustes se destacó la Tarjeta Alimentar, que tuvo un incremento del 138% en su monto y amplió su cobertura, mientras que el Plan 1.000 días registró una suba de 500 por ciento.

En términos de subsidios económicos, se observó un incremento de 5,9% interanual. Sin embargo, dentro de este rubro hubo una caída de 42,5% en los subsidios energéticos, mientras que los destinados al transporte aumentaron 113,8 por ciento.

El Gobierno busca sostener el ajuste fiscal este año para asegurarse equilibrio en las cuentas públicas. De todas formas, en 2024 hubo ingresos extraordinarios que este año ya no estarán. Pero si la economía creciera ese 5% que esperan el Gobierno y el FMI, los ingresos tributarios asociados a la actividad también deberían mejorar.

Lo que suceda con el gasto y el perfil del ajuste de las cuentas públicas para asegurar el superávit es un dato decisivo en medio de las negociaciones aún en marcha con el FMI para un acuerdo nuevo. El Gobierno suele usar como carta a favor en ese ida y vuelta que el compromiso fiscal fue tan marcado en 2024 que el equipo económico mostró sobrecumplimiento de las metas de superávit.

El Fondo tiene sus propios planteos sobre este aspecto. En el último documento elaborado por el staff, publicado en enero, reconoció la transición rápida hacia el superávit que decidió el gobierno libertario, aunque hizo objeciones sobre el perfil de ese ajuste y cómo debería ser en adelante. “Para mantener y consolidar los avances iniciales en la estabilización probablemente será necesario ampliar el esfuerzo de reforma fiscal y mejorar aún más las condiciones sociales para fortalecer la aceptación de la población”, escribieron los técnicos.

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