debate legislativo

Dictamen exprés en el Senado y buscará aprobar la Reforma Laboral el próximo viernes

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La Libertad Avanza consiguió avanzar en forma exprés en el Senado hacia la aprobación de la Reforma Laboral luego de aceptar la eliminación del artículo 44 -vinculado a las licencias por enfermedad- durante su tratamiento previo en la Cámara de Diputados. Con ese gesto político, el oficialismo aseguró los respaldos necesarios para dictaminar y dejó el proyecto en condiciones de ser debatido en el recinto la próxima semana.

El plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda se reunió en el Salón Azul del Senado pocos minutos después de las 10 de la mañana para analizar el texto corregido. El debate planteaba dos alternativas: aceptar las modificaciones introducidas por Diputados o insistir con la versión original. Tras un acuerdo previo, el bloque oficialista confirmó que avanzaría con el texto reformado, apostando a la sanción definitiva en la sesión prevista para el viernes.

Objeciones por constitucionalidad y procedimiento

Desde la oposición, el tratamiento estuvo atravesado por cuestionamientos reglamentarios y advertencias sobre el impacto de la reforma. El senador Jorge Capitanich sostuvo que su bloque consideraba que existían “violaciones flagrantes” a disposiciones reglamentarias y al artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Además, remarcó que el proyecto afectaría derechos laborales y tendría consecuencias fiscales para provincias y municipios, sin garantizar un efecto positivo en la generación de empleo.

En la misma línea, Mariano Recalde criticó el carácter integral de la iniciativa, al señalar que “modifica 18 leyes y deroga 11 más”, y cuestionó que se haya debatido como un paquete único sin discusión pormenorizada. “Todavía no nos pudieron decir cuál de los 218 artículos le mejora la vida a los trabajadores”, afirmó durante el plenario.

Otros legisladores opositores denunciaron que los cambios fueron negociados “a libro cerrado” y advirtieron que las reducciones impositivas incluidas en el esquema beneficiarían principalmente a sectores de mayores ingresos.

Cambios en comisiones y estrategia oficial

El inicio del plenario estuvo marcado por modificaciones en la integración de las comisiones. Desde el PRO, Andrea Cristina reemplazó a Enrique Goerling Lara; en la Unión Cívica Radical, Mariana Juri ocupó el lugar de Rodolfo Suarez y Vilma Bedia sustituyó a Bruno Olivera Lucero. Con estos movimientos, el oficialismo aseguró contar con las firmas necesarias para emitir dictamen.

El senador formoseño Francisco Paoltroni defendió la rapidez del tratamiento y sostuvo que la reforma apunta a modernizar estructuras laborales que consideró “vetustas”. En el mismo sentido, el senador aliado Agustín Moteverde afirmó que el apuro responde a la necesidad de “volver a hacer próspera y grande la Argentina”.

Desde el bloque Convicción Federal, Fernando Salino advirtió que la celeridad podría derivar en futuras impugnaciones judiciales y cuestionó la eliminación del artículo 44, enmarcando el proceso en un contexto que definió como “lleno de irregularidades”.

Amenazas de judicialización y clima de tensión

Durante el debate, senadores de la oposición anticiparon que podrían recurrir a la Justicia por presuntos incumplimientos del reglamento. Juliana Di Tullio señaló que la citación a comisión no habría respetado los plazos establecidos y advirtió sobre eventuales vicios de inconstitucionalidad.

Carlos Linares cuestionó promesas incumplidas en sectores como el petrolero y llamó a la movilización ciudadana durante el tratamiento en el recinto. El clima se tensó aún más con cruces verbales entre legisladores oficialistas y opositores, reflejando la polarización que rodea a la iniciativa.

Al cierre del plenario, Patricia Bullrich defendió la legitimidad del procedimiento y sostuvo que la reforma propone avanzar hacia relaciones laborales más flexibles. “Tenemos una tasa de desempleo que va a la baja y va a ir mucho más cuando las relaciones entre empleados y empleadores sea más libre”, afirmó.

Con dictamen favorable y los votos encaminados, la sesión del próximo viernes será decisiva para definir el futuro de la Reforma Laboral, una de las principales apuestas legislativas del Gobierno.

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Diputados dio media sanción a la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años

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En una sesión maratónica de más de ocho horas, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó y envió al Senado el proyecto de un nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa, que busca reemplazar la normativa vigente desde la última dictadura militar (Ley 22.278), obtuvo 149 votos a favor, 100 en contra y ninguna abstención, contando con el respaldo de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR y bloques dialoguistas.

El punto central de la reforma es la reducción de la edad de imputabilidad, que pasará de 16 a 14 años. Aunque el Poder Ejecutivo inicialmente pretendía fijarla en 13 años, el consenso con los bloques aliados estabilizó el límite en 14.

Puntos clave del nuevo régimen

La normativa establece un marco diferenciado para los menores de edad en conflicto con la ley, destacando los siguientes aspectos:

  • Penas máximas: Se fijó un tope de 15 años de prisión para los adolescentes, descartando los 20 años propuestos originalmente por el Gobierno y prohibiendo taxativamente la prisión perpetua.
  • Presupuesto y financiamiento: Se destinará una partida total de $23.739.155.303. Los fondos provendrán del Ministerio de Justicia (aprox. $3.100 millones) y de la Defensoría General de la Nación (aprox. $20.600 millones).
  • Convenios con provincias: Ante el reclamo de las jurisdicciones por los costos operativos, se habilitó la firma de convenios para que Nación colabore en el traslado y alojamiento de los menores.
  • Condiciones de encierro: El texto aclara que los adolescentes no podrán ser albergados junto a reclusos mayores de edad, debiendo permanecer en institutos especializados o secciones separadas.
  • El documento señala tres objeciones centrales. En primer lugar, cuestiona la ausencia de partidas presupuestarias específicas para la construcción de centros especializados, la capacitación de equipos interdisciplinarios y la implementación de programas socioeducativos. Según la disidencia, sin asignación presupuestaria “la ley se convierte en una declaración de deseos”.
  • En segundo término, advierte sobre el traslado de costos a las provincias. El proyecto prevé que las jurisdicciones locales asuman la carga operativa de los nuevos procesos penales juveniles, pero no establece un mecanismo claro de transferencia automática de recursos acorde a la Ley de Coparticipación Federal. Para Herrera Ahuad y los firmantes, esto podría generar un “desequilibrio fiscal” en las provincias.
  • El tercer punto apunta al enfoque de la reforma. La disidencia sostiene que reducir la edad de imputabilidad no puede ser una medida aislada, sino el último eslabón de una política integral que fortalezca previamente las instituciones de protección de la niñez. Sin inversión garantizada en defensores oficiales, jueces especializados y equipos interdisciplinarios —psicólogos, trabajadores sociales y psicopedagogos—, la especialización del fuero juvenil sería “una ficción jurídica”.
  • Propuesta de modificación: financiamiento nacional y fondo federal
  • En ese marco, los diputados propusieron incorporar un capítulo específico sobre financiamiento y sostenibilidad federal. Entre los puntos destacados se incluye:
  • Financiamiento íntegro con recursos del Tesoro Nacional mediante partidas específicas en el Presupuesto General.
  • Creación de un Fondo Federal de Infraestructura Penal Juvenil, de distribución automática y objetiva para las provincias que adhieran.
  • Prohibición expresa de transferir competencias sin la correspondiente transferencia de recursos, en línea con el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional.
  • Mecanismo de actualización trimestral de partidas para evitar que la inflación degrade los programas socioeducativos.
  • Además, se plantea que la ley entre en vigencia 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial, con el objetivo de permitir una adecuación administrativa y presupuestaria realista.
  • Un debate que excede la edad de imputabilidad
  • La intervención del legislador misionero introduce una dimensión clave en la discusión: el impacto fiscal y federal de la reforma. Más allá del debate sobre seguridad pública y responsabilidad penal juvenil, el planteo pone el foco en la sostenibilidad financiera del sistema y en el reparto de cargas entre Nación y provincias.
  • En un contexto de restricciones presupuestarias y tensiones por la distribución de recursos, la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil no sólo interpela el diseño del sistema penal, sino también el equilibrio federal y la viabilidad económica de su implementación.

Un debate marcado por visiones opuestas

El debate por la reforma del Régimen Penal Juvenil sumó una voz disidente desde el interior del país. El diputado nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad, firmó una disidencia parcial al dictamen de mayoría y advirtió que el proyecto, tal como está redactado, resulta “operativamente inviable y fiscalmente irresponsable” si no se garantiza el financiamiento nacional.

La postura quedó plasmada en el dictamen de comisión del 11 de febrero de 2026, donde los legisladores del Bloque Innovación Federal expresaron su desacuerdo con el texto impulsado por la mayoría.

La sesión contó con la presencia de la madre de Jeremías Monzón, el joven asesinado en Santa Fe por menores de edad, caso que impulsó el tratamiento del proyecto en extraordinarias.

Desde el oficialismo, la diputada Laura Rodríguez Machado defendió la medida asegurando que la ley actual es “ineficiente” y no logra resocializar. En sintonía, Cristian Ritondo (Pro) enfatizó que la reforma es una respuesta a una “violencia desbordada”, mientras que Gisela Scaglia (Provincias Unidas) argumentó que la imputabilidad podría evitar que los jóvenes sean reclutados como “soldaditos” por el narcotráfico.

Por el contrario, la oposición fue tajante en sus críticas:

  • Victoria Tolosa Paz (UP) tildó el proyecto de “mamarracho jurídico” y abogó por un sistema de penas proporcionales que mantuviera la edad en 16 años.
  • Germán Martínez (UP) cuestionó la falta de políticas preventivas y la desatención a las advertencias de organismos como UNICEF y la Iglesia.
  • Myriam Bregman (FIT) denunció que la ley solo busca “criminalizar la pobreza” y dar más facultades represivas a la policía en los barrios.
  • Miguel Pichetto, aunque apoyó la baja de edad, expresó sus dudas sobre el cumplimiento efectivo del presupuesto para la construcción de los centros de detención necesarios.

Alternativas a la privación de la libertad

El proyecto no solo contempla el encierro, sino que incluye medidas alternativas para delitos que no involucren muertes o lesiones graves:

  1. Mediación penal: Para delitos con penas de hasta 6 años.
  2. Suspensión del proceso a prueba: Incluye reparación del daño y tareas comunitarias.
  3. Medidas complementarias: Programas educativos, laborales y recreativos.

La ley entrará en vigencia 180 días después de su publicación oficial. El Gobierno ahora apuesta a una sanción definitiva en el Senado antes del inicio de las sesiones ordinarias el 1 de marzo.

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Con la disidencia del misionerismo, Diputados emitió dictamen para bajar la edad de imputabilidad

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En medio de un debate cargado de tensión política y fuertes cruces ideológicos, el oficialismo logró dictamen de mayoría para avanzar con un nuevo Régimen Penal Juvenil que incluye la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. La iniciativa será llevada este jueves al recinto de la Cámara de Diputados en busca de la media sanción.

El despacho fue firmado en un plenario conjunto de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda. Reunió 78 firmas de los bloques La Libertad Avanza, Pro, Unión Cívica Radical, Innovación, Independencia, Producción y Trabajo, MID y Provincias Unidas.

Sin embargo, el acompañamiento no fue unánime dentro de los aliados. El diputado nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad, expresó una disidencia vinculada al impacto presupuestario que la norma tendrá sobre las provincias.

La advertencia de Herrera Ahuad

Durante su intervención, el legislador misionero puso el foco en la falta de previsión concreta de recursos para implementar el nuevo régimen.

“Le estamos dando una responsabilidad a las provincias de construir centros, de armar equipos multidisciplinarios sin decir de dónde van a sacar los recursos”, cuestionó.

Herrera Ahuad recordó incluso un antecedente ocurrido en la misma comisión meses atrás: “En diciembre acá sentados me dijeron que si yo no decía de dónde salía la plata en una ley, iba a ir preso. Hoy le estamos diciendo a los gobernadores ‘hagan esto’ y no decimos de dónde vamos a sacar la plata”.

El ex gobernador sostuvo que la implementación del régimen implicará gasto público que recaerá directamente sobre las provincias. “Esto es una responsabilidad de la Nación y es una responsabilidad de la provincia. Nosotros queremos saber de dónde vamos a sacar los recursos. Esto es un gasto público y lo van a asumir las provincias”.

En ese sentido, pidió incorporar un capítulo específico de asignación de fondos: “Yo pido que podamos incorporar un capítulo de asignación de los recursos específico y taxativo para las provincias”.

Herrera Ahuad aclaró que no se trata de construir más cárceles, sino de fortalecer centros especializados y políticas de contención juvenil: “No para construir cárceles, sí para construir centros modelo y recuperar lo que en algún momento tuvimos como política pública: la contención de nuestros jóvenes”.

También describió la situación actual en Misiones: la provincia cuenta con una sola unidad carcelaria federal con 200 internos, pero otros 50 se encuentran alojados en cárceles provinciales y otros 50 en dependencias diversas, incluyendo calabozos de fuerzas federales.

Oficialismo: “Es una deuda de la democracia”

Desde el oficialismo, el libertario Manuel Quintar defendió el proceso legislativo y afirmó que el tema fue ampliamente debatido con especialistas. “Es un tema que la sociedad está reclamando”, sostuvo.

La diputada Silvana Giudici explicó que el dictamen contempla un artículo de asignación presupuestaria para comenzar la implementación, aunque reconoció que el despliegue total demandará tiempo. Además, sostuvo que el proyecto adecua la normativa a estándares internacionales.

Cristian Ritondo (Pro) afirmó que se trata de “una cuestión pendiente desde 1983” y sostuvo que un adolescente de 14 años “tiene comprensión del acto ilegal que está cometiendo”.

Desde la Unión Cívica Radical, Diógenes González respaldó la norma al considerarla “la herramienta adecuada para este momento”.

Fuerte rechazo opositor

El bloque Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el dictamen.

Victoria Tolosa Paz cuestionó el procedimiento y denunció improvisación: “No pueden tratar con tanta liviandad un tema tan trascendental”. Sostuvo que el proyecto es regresivo y criticó la consigna “igual delito, igual pena” por desconocer el principio del interés superior del niño.

Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, calificó la iniciativa como una expansión del poder punitivo del Estado y negó que exista una “ola delictiva juvenil”.

Otros legisladores opositores señalaron supuestas inconsistencias constitucionales y reclamaron mayor tiempo de análisis.

El trasfondo

El proyecto impulsa la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, en línea con propuestas que, según el oficialismo, existen en más de una decena de iniciativas previas presentadas en el Congreso.

Mientras el oficialismo argumenta que busca terminar con la impunidad y adecuar el régimen a estándares regionales, la oposición advierte que la norma prioriza el castigo por sobre la reinserción.

La sesión especial prevista para este jueves definirá si el nuevo Régimen Penal Juvenil obtiene media sanción y avanza hacia el Senado.

En el centro del debate quedó expuesta una tensión estructural: quién financia la implementación del nuevo sistema y cómo se articula la responsabilidad entre Nación y provincias. Allí, la disidencia misionera marcó un límite claro dentro del esquema de apoyos.

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