En medio del debate por la denominada “Ley Hojarasca”, el oficialismo en Diputados dio una señal política concreta: anticipó que eliminará un artículo clave del proyecto tras el reclamo del sector cooperativo. La definición se produjo este martes en la Comisión de Asuntos Cooperativos, en una reunión informativa donde entidades de todo el país advirtieron sobre el impacto económico de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo. La escena abre un interrogante más amplio: ¿se trata de una corrección táctica para sostener apoyos o del primer límite efectivo a la agenda de desregulación del Gobierno?

El punto en disputa: la Ley 11.380 y el régimen fiscal cooperativo

El foco del conflicto se concentró en un inciso del proyecto oficial que propone modificar el esquema vigente de la Ley 11.380, norma que regula aspectos tributarios del cooperativismo, en particular las exenciones y contribuciones vinculadas a su funcionamiento.

Representantes de distintas entidades coincidieron en un diagnóstico: la derogación del artículo cuestionado implicaría un aumento significativo de la carga tributaria. Según explicaron, afectaría directamente al esquema de aportes para educación y promoción cooperativa, al modificar los mínimos no imponibles y elevar los montos a pagar.

Desde la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas Eléctricas y otros Servicios Públicos advirtieron que el cambio podría “multiplicar” los costos y llevar a situaciones de quebranto. En la misma línea, otras organizaciones señalaron que la medida impactaría en la capacidad operativa y social del sector, especialmente en territorios donde las cooperativas cubren funciones que no alcanza el Estado.

Concesión puntual y mensaje político

El dato político surgió desde el propio bloque oficialista. En la comisión, un diputado de La Libertad Avanza adelantó que eliminarán el artículo cuestionado del texto de la “Ley Hojarasca”, en línea con el pedido del sector.

La definición no es menor. Llega en la antesala del debate legislativo y revela una estrategia de ajuste fino: sostener el objetivo general de derogar normas consideradas “obsoletas”, pero evitando conflictos con actores con fuerte territorialidad.

Al mismo tiempo, el oficialismo dejó planteada otra línea argumental: si bien reconoce el rol del cooperativismo, cuestiona su uso en determinados contextos políticos. Esa doble lectura —reconocimiento y crítica— marca el tono de la negociación que se abre.

Uun sector con capacidad de presión

El episodio expone la capacidad del movimiento cooperativo para incidir en la agenda legislativa. No solo por su volumen económico, sino por su despliegue territorial y su inserción en economías regionales.

Las advertencias fueron consistentes: pérdida de rentabilidad, afectación de servicios y debilitamiento del entramado social. En sectores como energía, consumo, agro o salud solidaria, el impacto trasciende lo estrictamente fiscal.

En términos políticos, el oficialismo evita un frente de conflicto con un actor transversal, que no responde a una única alineación partidaria. La decisión de modificar el proyecto antes de su tratamiento formal sugiere una lectura pragmática de las correlaciones de fuerza.

El debate pendiente sobre el régimen cooperativo

Aunque el conflicto inmediato parece encaminarse, el trasfondo sigue abierto. Varias entidades plantearon la necesidad de discutir el régimen tributario cooperativo, pero con un enfoque integral.

El cuestionamiento no se limita a una norma puntual, sino a la forma en que se introducen cambios: sin un esquema alternativo que reemplace los beneficios vigentes. “No derogar sin reemplazar” aparece como la consigna implícita.

Ese punto conecta con un debate más amplio sobre el rol del Estado, la carga fiscal y el lugar de las economías solidarias dentro del modelo económico.

Negociación, ley y límites políticos

La “Ley Hojarasca” sigue su curso legislativo, pero ya no es el mismo proyecto que ingresó al Congreso. La intervención del sector cooperativo obligó a recalibrar el texto antes de su discusión formal.

Lo que viene será una prueba de equilibrio: hasta dónde el oficialismo puede sostener su agenda de reformas sin erosionar apoyos sectoriales. Y, al mismo tiempo, qué otros actores buscarán introducir cambios en el articulado.

El episodio deja una señal. En un Congreso fragmentado, incluso iniciativas con respaldo del Ejecutivo deben negociar en tiempo real. Y en ese terreno, los actores con capacidad de organización territorial —como el cooperativismo— pueden marcar límites concretos.