Decreto

Es oficial el decreto que prohíbe designar a familiares de ministros en reparticiones estatales

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El Gobierno Nacional oficializó hoy la medida que prohíbe la designación de familiares de funcionarios de alta jerarquía -rango ministerial- en la administración pública.

Mauricio Macri la había anunciado el lunes en conferencia de prensa y hoy se publicó en el Boletín Oficial el decreto, que lleva la firma del Presidente y del jefe de Gabinete Marcos Peña.
El artículo 1 del texto oficial indica que “no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro”. “Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial”, aclara la norma.
“Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 1° las personas designadas mediante procesos de selección por Concurso Público de antecedentes o que cuenten con estabilidad en el cargo”, agrega el decreto 93/2018.
E indica que “las personas cuyas designaciones a la fecha del presente se encuentren alcanzadas por el artículo 1° deberán desvincularse antes del 28 de febrero de 2018”.

En los considerandos de la norma, el Gobierno argumentó que “asumió el compromiso de continuar mejorando la institucionalidad, la integridad y la transparencia de todas las políticas públicas que lleva adelante”. “Transcurridos dos años de gestión, y efectuado un reordenamiento administrativo que ha permitido mejorar la gestión global del Estado Nacional, resulta ahora necesario adecuar nuevos criterios que sean aplicables al régimen de designaciones bajo cualquier modalidad de funcionarios públicos”, completó.

Horas después del anuncio de Macri, se supo que las hermanas de Jorge Triaca, Mariana y Lorena, directora del Banco Nación y directora de Asuntos Externos de la Agencia Nacional de Inversiones, respectivamente, habían decidido dar un paso al costado. La misma decisión adoptó la esposa del jefe de cartera, María Cecilia Loccisano, quien es subsecretaria de Coordinación Administrativa hace 10 años y abandonaría el cargo cuando se publicara el decreto.
No son pocos los casos de familiares de ministros que ostentan un cargo en la administración pública. El ministro de Turismo, Gustavo Santos, se desprenderá de los servicios de su hijo, Matías Agustín Santos, como jefe de asesores de gabinete. Rodrigo de Loredo, yerno de Oscar Aguad, ministro de Defensa, es presidente del ARSAT y también que dejará su cargo.

Entre los casos alcanzados por la medida también se encuentran Andrés Peña, hermano del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien es subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo de la Secretaría de Industria; Victoria Costoya, esposa del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, directora de Financiamiento Internacional y Cooperación Internacional del Ministerio de Desarrollo Social; Octavio Frigerio, padre del ministro, director de YPF, quien ayer anunció que renunciaría; y Francisco Langieri, hijo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asesor de la Secretaría País Digital.
El jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, ya firmaron decretos similares para llevar a cabo una purga similar en sus distritos. De esta manera, Larreta y Vidal buscan generar en el resto de los mandatarios un efecto dominó de recorte y austeridad en el Estado, como el que pregona el gobierno nacional.
La iniciativa de la Casa Rosada también fue imitada fuera de Cambiemos: el kirchnerista Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, le pondrá la firma a un texto similar para que entre en vigencia a partir del 1 de febrero. Como consecuencia, uno de los que se quedarán sin lugar en el gobierno municipal es su hermano, quien ocupa la dirección de Relaciones Institucionales.

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Desde hoy rige la nueva tarifa de boleto en Posadas de $10,5 con SUBE o $13 sin la tarjeta

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El 2018 ya llegó y desde hoy los usuarios del servicio de colectivos de Posadas pagarán la nueva tarifa decretada por la Municipalidad la semana pasada.
El boleto de colectivo cuesta a partir de hoy $10,50 con la tarjeta SUBE y $13 sin el plástico. La tarifa con la tarjeta tendrá, además, un nuevo incremento a partir de junio de $1,5 por lo que pasará a costar $12 con la SUBE desde el 6to mes del año.
El decreto N° 1478/17 expresa que las empresas concesionarias del servicio de transporte público de la ciudad deben mejorar y optimizar la prestación del servicio, conforme a los requerimientos planteados por los ciudadanos en la audiencia pública celebrada el 20 de diciembre de 2017 en el Centro del Conocimiento.
Los aumentos representan un incremento del 22,8 por ciento, mientras que en junio será del 14,28 por ciento. El acumulado del año será de 37,08 por ciento.
Mañana habrá una reunión en la Subsecretaría de Transporte de la provincia, para establecer las tarifas de común acuerdo para los municipios de Garupá y Candelaria.
La brecha entre lo que pidieron y lo que le dio la Municipalidad
Un dato para destacar en esta nueva suba o actualización del boleto de colectivo es la brecha que se dio entre lo que las empresas pedían, en orden de los $27 y lo que se les otorgó finalmente. El argumento que esgrimieron es que este año van a recortar subsidios.
Como por ahora no hay ningúna información oficial, desde fuentes municipales y de las empresas sostienen que podría haber novedades si, finalmente, desde Nación se avanza con este tema de ir achicando el subsidio a los colectivos. Es decir, si esto pasa podría haber nuevos incrementos de acá a junio.

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Juan Balbín es el nuevo presidente del INTA

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El decreto 1090/2017 de su designación fue publicado hoy en el Boletín Oficial. Ingeniero agrónomo y extitular de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), destacó el rol del instituto en el territorio para generar desarrollo y empleo.

Ingeniero agrónomo de profesión, Juan Balbín es el presidente del INTA, designado formalmente mediante el decreto 1090/2017 publicado hoy en el Boletín Oficial, en reemplazo de Amadeo Nicora. Fue titular de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) hasta 2013, cuenta con estudio de posgrado en Agronegocios dictado por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba) y es egresado del Centro de Estudios e Investigación para la Dirigencia Agropecuaria (Ceida) de la Sociedad Rural Argentina.

Con el foco puesto en generar trabajo genuino para el desarrollo de los territorios, en la primera entrevista como presidente del INTA, habló sobre la impronta que le gustaría dar a su gestión, el rol que debería desempeñar el instituto en el desarrollo del país y cómo enfrentar los desafíos que plantea el futuro próximo.

En línea con el rumbo agroindustrial del gobierno nacional, ¿cuál es el rol que debería desempeñar el INTA?

Es un pedido puntual de nuestro ministro: el INTA tiene la enorme ventaja de la territorialidad y él lo mira y lo plantea desde el rol que tiene en generar y en potenciar las actividades que realizamos para la mejora de toda la agroindustria, no sólo del sector agropecuario. La enorme ventaja es que el INTA tiene una potencialidad en todo el abanico, desde la investigación hasta la extensión pasando por todos los procesos duros y poder aplicarlos en una mejora y en un último proceso que es generar trabajo digno en la Argentina.

¿El INTA está desarrollando eficazmente esta función o requiere de algunos ajustes?

Lo que hay que hacer es enfocar al INTA en esta función. Hay una línea de trabajo y me parece que nos ayuda a priorizar, sobre todo con recursos muchas veces escasos. Tenemos que ver realmente cada decisión que tomemos qué impacto tiene sobre el país y qué impacto tiene en esa agroindustria y en ese territorio y de acuerdo a eso priorizarlos. No creo que estemos muy desenfocados. Son algunos ajustes sobre todo en cómo priorizamos algunos recursos y algunas actividades y qué rumbo le damos a determinadas investigaciones.

En virtud de esto, sumado a la impronta que le gustaría dar a su gestión, ¿entiende que hay áreas de la institución que deberían atravesar un proceso de revisión? 

Se ha generado en estos años un avance a una velocidad enorme en lo que es la tecnología y cómo ésta cruza decisiones y procesos que hemos tomado a lo mejor hace 2, 4, 6 u 8 años. Entonces tenemos que lograr una mayor flexibilidad en cómo alinear esas decisiones que estuvieron bien tomadas en su momento, pero que muchas veces procesos tecnológicos o realidades ambientales, de cambio climático, realidades productivas o hasta enfermedades nos han cambiado determinados ejes y cómo esos ejes los tenemos que volver a poner sobre las necesidades concretas que tiene hoy el país.

Considerando que los pilares sobre los cuales se desempeña el INTA son la investigación y la extensión y la articulación de ambos es un valor diferencial del instituto, incluso más allá de las fronteras de la Argentina, ¿le falta algo a esa articulación? ¿se debería reformular?

Todo lo que está hoy tiene lugar, ese reenfocar lo vamos a repensar y lo vamos a trabajar rápidamente, pero el foco fundamental es ponernos a disposición de un país que necesita soluciones de problemas, algunos urgentes. Tenemos problemas en apariciones de enfermedades, desde lo citrícola hasta problemas con insectos como estamos teniendo en estos últimos días con el tema de langosta, y también un mundo que nos mira y muchas veces se auto protege con barreras para arancelarias de enfermedades o de supuestos problemas sanitarios. Todo eso tiene que estar englobado en una política clara de desarrollo y creo que estamos bien orientados, tenemos que hacer foco. Hay cosas que se van a ir readaptando y eso es algo lógico en una entidad como la nuestra, porque demuestra que es algo vivo.

¿Tiene un diagnóstico hecho o una percepción acerca del trabajo de extensión del INTA?

Se está terminando un trabajo de diagnóstico de la extensión y tengo una percepción. Si hay algo que se está repensando hoy a nivel mundial es la extensión. La extensión también está cruzada por procesos tecnológicos, desde los celulares hasta todo el bombardeo que tienen de información los productores. Cómo los institutos tecnológicos se readaptan a esa nueva realidad es un desafío mundial, no es un problema sólo de Argentina. Me ha visitado gente de Australia y de Nueva Zelandia planteando el mismo problema. Estados Unidos también está en un replanteo. Creo que es una de las cosas más dinámicas que están pasando en este momento y más complejas en cómo resolverlas. Por otro lado, el INTA está terminando un proceso de revisión de su extensión y me parece un desafío enorme.

¿Cuál es su valoración con respecto a la articulación que debe tener una institución como el INTA con otras del sector público y con el sector privado?

En los nuevos paradigmas de investigación no concibo una investigación en un solo instituto o en un solo plano. A futuro cualquier tipo de proyecto que nos desafiemos a encarar va a tener que estar sí o sí cruzado por organismos públicos y privados y no solo nacionales si no también extranjeros. Me parece que hoy el conocimiento fluye de una manera y tiene una dinámica que es imposible pensarlo en un territorio o en un marco de un determinado instituto. Estoy totalmente convencido de que vamos no sólo a trabajar en conjunto sino también ver las capacidades de cada uno y no solaparnos. Otro de los desafíos que tenemos es tanto con el Conicet, con el Ministerio de Agricultura, como con los institutos de tecnologías que hay es tratar de no duplicar esfuerzos porque estamos en un momento del país con recursos restringidos. Tenemos que ser lo más eficientes posible en cómo aunar y eficientizar esos procesos para que le sirvan al país. No es nada fácil. Es otro desafío internacional hoy: cómo interactuar y cómo desarrollar las capacidades con recursos limitados.

¿Qué quisiera dejar en el INTA al final de su gestión?

Si hay algo que me gustaría que me valoren es el aporte que hagamos al desarrollo del país.

¿Qué quisiera que el INTA le aportara al desarrollo del país?

Lo veo absolutamente alineado al INTA: veo una investigación básica, veo un desarrollo de esa investigación y una extensión llegando a los productores. Creo que el desafío más grande que tenemos hoy es pasar de un asistencialismo monetario a un asistencialismo con herramientas que le permitan a gente que está hoy muy necesitada pasar a ser pequeños productores o pasar a ser trabajadores en posibilidades de ascenso. Dar las herramientas para que esa gente salga de la realidad que tiene hoy y pase a estar en un plano superior. Ese es mi desafío.

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Losada firmó el decreto que pone tope al salario de sus funcionarios

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El intendente de Posadas, Joaquín  Losada, firmó el decreto mediante el cual ningún funcionario de su gabinete podrá ganar más que el intendente, sueldo fijado en 27.925 pesos al mes de noviembre.

 

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Nuevo ordenamiento de accidentes y enfermedades laborales

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El decreto del Gobierno que modificó la normativa sobre accidentes y enfermedades laborales cambió las reglas para empresas, empleados y Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), por lo que conviene conocer en detalle los nuevos trámites a seguir ante un siniestro total o parcial que afecte a un trabajador, y también el alcance de la intervención de las Comisiones Médicas, el trámite ante la Justicia laboral y el ordenamiento legal, según el cual el trabajador solo podrá iniciar la demanda por responsabilidad civil cuando haya agotado el procedimiento ante la respectiva Comisión Médica local y notificado a la ART.

La intervención de las Comisiones Médicas es previa y obligatoria. Con carácter previo a cualquier reclamo judicial el trabajador deberá agotar un trámite administrativo ante la Comisión Médica local.

En este trámite se determinará el carácter laboral de la dolencia, el porcentaje de incapacidad y las prestaciones dinerarias.

La decisión de la Comisión Médica local podrá ser apelada ante la Comisión Medica Central.

Los trabajadores no registrados no están obligados a cumplir con este trámite previo y pueden reclamar directamente ante la justicia.

Los honorarios del abogado del trabajador, así como los demás gastos en esta instancia estarán a cargo de la ART.

En cuanto al trámite ante la Justicia laboral, explicaron que el trabajador tiene la opción de apelar lo resuelto por la Comisiones Medicas, tanto Local como Central, ante la justicia laboral de la jurisdicción provincial o de la Ciudad de Buenos Aires.

Los recursos interpuestos ante la justicia laboral suspenden los efectos de la resolución de la Comisión Médica, salvo casos especiales donde haya apelado la ART.

Las resoluciones de las Comisiones Médicas Locales y Central que no hayan sido cuestionadas, así como las resoluciones homologatorias, son cosa juzgada en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo.

En todos los casos, los peritos médicos deberán integrar el cuerpo médico forense y sus honorarios no estarán vinculados a la cuantía del reclamo.

Los trabajadores no podrán pactar honorarios con sus abogados como un porcentaje del monto recibido (pactos de cuota litis).

Respecto del ordenamiento al sistema de riesgos del trabajo, se estableció lo siguiente:

– La Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) se podrá extender hasta 2 años desde la primera manifestación invalidante. Si el trabajador se hubiera reincorporado al trabajo y volviera a estar de baja por idéntico accidente, su ILT continuará hasta el alta médica, hasta la Incapacidad Laboral Permanente o hasta completar 2 años efectivos de baja, sumándose todos los períodos anteriores.

– Cálculo del ingreso base: es el promedio mensual de todos los salarios devengados por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante o en el tiempo de prestación de servicio, si fuera menor. Los salarios mensuales se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice Ripte (un índice que se calcula sobre la base del salario de un trabajador estable). Se devengarán intereses cuando sea necesario calcular indemnizaciones.

– Extinción del contrato: la ART podrá extinguir el contrato de afiliación de un empleador ante la falta de pago de 2 cuotas mensuales, consecutivas o alternadas, o la acumulación de una deuda total equivalente a 2 cuotas. A partir de la extinción, el empleador responderá directamente ante el trabajador.

– Depósito en cuenta sueldo: todas las prestaciones dinerarias e indemnizaciones que se liquiden administrativa o judicialmente, deberán ser depositadas en la “cuenta sueldo” del respectivo trabajador, siempre que aquella se encuentre disponible.

– Recupero Obra Social: están a cargo de la ART los gastos de atención médica en que incurra la obra social del trabajador y que resulten cubiertos por la Ley de Riesgos del Trabajo.

Estudio Adrogué, Marqués, Zabala & Asociados.

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