DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Municipalidad de CDE clausura local céntrico tras reiteradas denuncias de supuestas estafas a turistas

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La Municipalidad de Ciudad del Este, a través de la Dirección de Defensa del Consumidor y del Usuario, procedió a la suspensión inmediata de actividades y clausura preventiva por tres días del local comercial de la firma JMC EMPRENDIMIENTOS S.A. (que opera comercialmente como “J.M. Electrónicos”).

La medida de urgencia se ejecutó en cumplimiento del Oficio N° 114 dictado por la Segunda Sala del Juzgado de Faltas Municipales, tras acumularse graves denuncias por supuestos fraudes comerciales en el establecimiento ubicado sobre la calle Pa’i Pérez casi Carlos Antonio López.

El cierre temporal fue solicitado por la administración municipal debido a un esquema de supuestas estafas que afectó el patrimonio de visitantes extranjeros.

El primer caso derivó en la intervención de la Unidad Penal N° 6 de la Fiscalía Regional, la cual emitió el Acta de Imputación N° 69 contra el vendedor del local, German Caballero Núñez, por el supuesto hecho punible de estafa. En esta causa, dos turistas brasileños denunciaron haber pagado 97.487 reales vía transferencia electrónica “Pix” por mercaderías de las cuales solo recibieron el 30% de forma presencial, mientras que el 70% restante nunca fue enviado a su ciudad natal de Sergipe, Brasil, como se había pactado.

A esta causa penal se sumó una nueva denuncia administrativa ingresada el pasado 06 de junio ante la Dirección de Defensa del Consumidor. En esta ocasión, otro turista de nacionalidad brasileña reportó haber sido víctima de una supuesta estafa por un valor de 22.500 reales dentro del mismo establecimiento comercial.

Ante estas reiteradas prácticas abusivas y con el objetivo de frenar las actividades ilícitas que dañan la imagen turística de la ciudad, se procedió a la clausura inmediata del comercio.

Con esta intervención, la Municipalidad de Ciudad del Este ratifica su política de tolerancia cero ante prácticas comerciales abusivas o engañosas que vulneren la Ley N° 1334/98 de Defensa del Consumidor y la Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal.

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La economía del fastidio ya le cuesta casi $24.000 por mes a cada hogar argentino

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La inflación dejó de ser la única fuente de preocupación para los consumidores argentinos. Aunque los precios continúan ocupando el centro de la escena económica, emerge un fenómeno menos visible pero cada vez más extendido: el costo que generan los trámites engorrosos, las promociones poco transparentes, la atención automatizada y las dificultades para resolver problemas cotidianos.

A ese fenómeno, los economistas Chad Maisel y Neale Mahoney lo bautizaron como “economía del fastidio”. Ahora, un estudio de Focus Market puso cifras locales a un problema que millones de argentinos experimentan a diario: el tiempo perdido, la frustración y los costos ocultos asociados al consumo representan una carga equivalente a $23.912 mensuales por hogar.

Según el relevamiento realizado por la consultora entre 2.640 consumidores argentinos, la economía del fastidio se convirtió en una dimensión relevante del costo de vida. Ya no se trata únicamente de cuánto cuestan los bienes y servicios, sino de cuánto esfuerzo demanda acceder a ellos o resolver inconvenientes posteriores.

“En un contexto donde la inflación dejó de ser el único problema visible, empieza a pesar también el desgaste cotidiano de operar en una economía friccionada”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

La letra chica lidera el ranking de los fastidios

El estudio identificó cuáles son las situaciones que generan mayor irritación durante el proceso de compra.

El principal problema señalado por los consumidores son las condiciones ocultas y la letra chica, con el 46% de las menciones. Se trata de promociones sujetas a requisitos poco visibles, cantidades mínimas no informadas o beneficios que terminan siendo diferentes a los anunciados.

En segundo lugar aparecen las promociones confusas, con el 28%. Los descuentos condicionados, las ofertas limitadas por medios de pago específicos o las promociones con múltiples excepciones son percibidos cada vez más como mecanismos engañosos.

El tercer puesto corresponde a los costos de envío inesperados, con el 13%. Son aquellos cargos que aparecen recién al final de una compra online, cuando el consumidor ya invirtió tiempo en seleccionar productos y avanzar en el proceso de pago.

Entre los tres factores concentran el 87% del fastidio experimentado durante la compra.

Para Focus Market, existe un denominador común: ocultar el costo real hasta que el consumidor ya avanzó demasiado en la decisión como para retroceder fácilmente.

Bots, reclamos y suscripciones: el problema continúa después de comprar

La frustración no termina una vez concretada la operación.

El informe revela que el 64% de los encuestados considera que la atención automatizada mediante bots y sistemas sin acceso efectivo a operadores humanos es el principal problema de la postventa.

Muy por detrás aparecen los reclamos y garantías con múltiples requisitos, que concentran el 14% de las respuestas. Facturas, formularios, fotografías, llamados telefónicos y requisitos adicionales terminan transformándose en una barrera para ejercer derechos básicos del consumidor.

Las suscripciones con precios engañosos ocupan el tercer lugar, con el 12%. Son servicios que comienzan con valores promocionales y luego incrementan sus costos sin una comunicación clara.

Según explica el informe, muchas de estas prácticas no responden necesariamente a errores operativos, sino que funcionan como mecanismos de retención o generación adicional de ingresos.

“Si el fastidio en la compra opera ocultando el costo real, el fastidio en la postventa opera sobre otro mecanismo: el agotamiento”, sostiene el estudio.

Un costo invisible de más de US$3.200 millones

La novedad más relevante del trabajo es la estimación económica del fenómeno.

Tomando como referencia un estudio realizado en Estados Unidos, donde la economía del fastidio representa el 0,54% del Producto Bruto Interno, Focus Market aplicó esa proporción al Producto Bruto Interno argentino de 2025, estimado en US$601.150 millones.

El resultado arroja un costo anual superior a los US$3.242 millones para la Argentina, equivalente a unos $4,57 billones al tipo de cambio oficial.

Distribuido entre los 15,9 millones de hogares del país, el impacto alcanza los US$204 anuales por familia o aproximadamente $23.912 mensuales.

La cifra equivale al costo de una suscripción de entretenimiento, una compra de supermercado o un pedido de comida a domicilio. La diferencia es que nadie elige conscientemente afrontar ese gasto.

Un problema que afecta también a la productividad

Más allá del impacto individual, la economía del fastidio tiene consecuencias macroeconómicas.

Cada minuto perdido en trámites, reclamos o procesos innecesariamente complejos representa tiempo que no se destina a actividades productivas. Al mismo tiempo, la incertidumbre desalienta decisiones de consumo y deteriora la percepción general sobre la calidad de los servicios.

“Cuando el fastidio se vuelve estructural, también se transforma en un costo económico”, advirtió Di Pace.

La consultora considera incluso que la estimación local podría ser conservadora. Entre las razones menciona la menor digitalización de numerosos servicios, las dificultades para la defensa efectiva del consumidor y la elevada concentración existente en sectores como telecomunicaciones, salud y servicios financieros.

En ese contexto, la economía del fastidio deja de ser una simple molestia cotidiana para convertirse en un factor que erosiona ingresos, tiempo y productividad. Un impuesto invisible que no figura en ninguna factura, pero que los hogares argentinos pagan todos los meses.

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Defensa del Consumidor: el Gobierno habilita descuentos del 50% en multas y cambia la lógica de fiscalización comercial

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El Gobierno nacional modificó el régimen sancionatorio de la Ley de Defensa del Consumidor y estableció que las empresas que acepten una multa y la paguen dentro de los 10 días hábiles podrán acceder a una reducción del 50% del monto sancionado. La medida, oficializada mediante el Decreto 377/2026, apunta a reducir litigios administrativos y acelerar la cobranza estatal, pero también redefine el costo económico de incumplimientos para comercios, prestadores de servicios y cadenas de consumo masivo.

Para Misiones, donde el comercio opera bajo presión permanente por las asimetrías fronterizas con Paraguay y Brasil, el cambio tiene una lectura distinta a la de los grandes centros urbanos. El impacto no pasa solamente por el alivio financiero para empresas sancionadas, sino por cómo se reorganiza el equilibrio entre fiscalización, costos regulatorios y competitividad en una provincia donde cada punto de margen comercial define si una venta queda en Posadas o cruza a Encarnación.

Menos litigio, más pago rápido: qué cambia en concreto

La modificación incorpora un esquema similar al que ya existe en otros regímenes administrativos: si una empresa acepta la sanción y no apela, podrá cancelar la multa pagando la mitad del monto fijado por la autoridad de aplicación.

La lógica económica detrás de la medida es doble: Reducir costos judiciales y administrativos para el Estado. Acelerar la percepción efectiva de multas sin atravesar procesos largos de apelación.

En términos prácticos, el Gobierno reconoce que gran parte de las sanciones terminaban judicializadas o demoradas, afectando la recaudación efectiva y elevando costos legales tanto para empresas como para la administración pública.

Para el sector privado, especialmente PyMEs comerciales, hoteleras y de servicios del NEA, la novedad introduce previsibilidad financiera en un contexto donde las sanciones por incumplimientos formales pueden convertirse en contingencias relevantes de caja.

El costo oculto: el riesgo de “normalizar” multas

El nuevo esquema también abre una discusión regulatoria relevante: si el costo de una infracción se reduce automáticamente a la mitad mediante pago voluntario, algunas compañías podrían comenzar a incorporar la sanción como un costo operativo más.

Ahí aparece el principal desafío para las autoridades provinciales y municipales de control: mantener capacidad disuasiva sin aumentar burocracia.

La reglamentación establece un límite importante: la reducción nunca podrá dejar la multa por debajo del mínimo legal previsto en la Ley 24.240. Aun así, el cambio modifica la ecuación económica de cumplimiento normativo.

Para grandes operadores nacionales, la medida puede convertirse en un mecanismo de cierre rápido de expedientes. Para PyMEs regionales, puede representar alivio financiero frente a procesos administrativos largos y costosos.

Aunque la norma no modifica precios de manera directa, sí puede tener efectos indirectos sobre costos empresariales.

En economías regionales como Misiones, donde el consumo sigue condicionado por salarios retrasados y competencia fronteriza, cualquier reducción de costos regulatorios puede impactar en: capacidad de sostener promociones. Menor traslado de contingencias legales a precios. Menores costos financieros derivados de litigios. Mayor previsibilidad para pequeñas empresas.

No se trata de una reforma estructural del sistema de consumo, pero sí de un cambio microeconómico que busca descomprimir costos administrativos en plena desaceleración inflacionaria.

Un cambio alineado con la estrategia de desregulación

El decreto encaja dentro de una lógica más amplia del Gobierno nacional: reducir tiempos administrativos, bajar conflictividad y acelerar mecanismos de resolución sin expandir estructuras estatales.

La administración Milei viene impulsando medidas similares en distintos organismos regulatorios, buscando transformar sanciones extensas y litigiosas en sistemas de resolución rápida.

Para Misiones, el punto clave será observar si esta flexibilización viene acompañada de controles más eficientes o si termina debilitando la capacidad sancionatoria frente a abusos comerciales.

Porque en una provincia donde el consumo ya enfrenta fuga permanente hacia Paraguay y Brasil, la confianza del consumidor local también se volvió un activo económico.

El dato central no es únicamente el descuento del 50%. El verdadero cambio pasa por cómo se redefine la relación entre Estado, empresas y consumidores en un contexto de menor intervención y mayor autorregulación.

Para el empresariado misionero, especialmente PyMEs comerciales y turísticas, la medida puede representar alivio operativo. Pero el equilibrio será delicado: menos litigiosidad no necesariamente implica mejores prácticas comerciales.

El mercado fronterizo del NEA funciona con márgenes mínimos y competencia permanente. En ese escenario, la calidad del control estatal sigue siendo tan importante como el costo regulatorio.

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Fallo ejemplar en Misiones: condenan al Santander Río por fraude con identidad suplantada

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La Justicia de Misiones envió una señal clara al sistema financiero: los bancos no pueden desligarse de sus responsabilidades frente a fraudes digitales. En un fallo de alto impacto, el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Posadas condenó al Banco Santander Río por permitir la apertura de una cuenta y la toma de un préstamo mediante suplantación de identidad, exponiendo graves fallas en sus mecanismos de control.

El caso no solo pone en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de validación de identidad en el sistema bancario, sino que además refuerza una línea jurisprudencial cada vez más firme: la protección del consumidor frente a las asimetrías de poder con las entidades financieras.

En el caso, la persona afectada fue patrocinada por el estudio jurídico Santiago, integrado por Sergio, Facundo y Sebastián Santiago, quienes llevaron adelante la estrategia legal que culminó en la condena. La jueza María Eugenia Barrionuevo dispuso una reparación económica contundente: $361.000 en concepto de gastos, $7 millones por daño moral más intereses, y una suma equivalente en concepto de daño punitivo, también con intereses. Además, estableció que el 100% de las costas del proceso quede a cargo del banco, reforzando el carácter ejemplificador del fallo y la responsabilidad integral de la entidad financiera.

Una cadena de fallas 

Según el fallo, un tercero logró utilizar datos personales de la víctima para abrir una cuenta bancaria y acceder a un crédito. El resultado fue doblemente perjudicial: por un lado, la persona afectada quedó vinculada a una deuda que nunca contrajo; por otro, fue incluida en registros de morosidad, con el consecuente daño reputacional y financiero.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, el expediente revela un problema estructural: la insuficiencia de controles en procesos digitales que, si bien agilizan la operatoria, también amplifican los riesgos de fraude si no están correctamente auditados.

El tribunal aplicó de manera contundente la Ley de Defensa del Consumidor, estableciendo criterios que refuerzan la posición del usuario frente al banco:

  • Responsabilidad objetiva del proveedor: la entidad responde por los daños derivados del servicio, independientemente de su culpa.
  • Carga dinámica de la prueba: corresponde al banco demostrar que cumplió con los controles de seguridad.
  • Interpretación favorable al consumidor: cualquier duda debe resolverse en beneficio del usuario.
  • Deber de información y trato digno: el silencio o la falta de respuesta agravan la responsabilidad.

En otras palabras, el fallo deja en claro que no alcanza con alegar que el fraude fue cometido por un tercero: el banco debe garantizar que sus sistemas sean lo suficientemente robustos como para evitarlo.

La sentencia ordenó una reparación integral, que incluye resarcimiento por daño moral, por la afectación personal sufrida, daño punitivo, como sanción ejemplificadora. En paralelo, se establecieron medidas cautelares, entre ellas el bloqueo de la cuenta irregular, eliminación de la condición de deudor en el BCRA y Veraz y prohibición de reclamos de pago.

Estas medidas no solo buscan reparar el daño individual, sino también generar un efecto disuasorio en el sistema financiero.

Más allá del caso puntual, el fallo se inscribe en una tendencia creciente: la judicialización de los fraudes digitales y la exigencia de mayores estándares de seguridad a las entidades financieras.

En un contexto donde la digitalización avanza a gran velocidad -con aperturas de cuentas remotas, validaciones biométricas y créditos online-, la Justicia comienza a marcar límites claros: la innovación no puede ir en detrimento de la seguridad.

Misiones, en este sentido, se posiciona a la vanguardia. No solo por el contenido del fallo, sino por el mensaje que transmite: el costo de las fallas en los sistemas no puede recaer sobre el usuario.

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El Gobierno reordena el Ministerio de Economía y concentra funciones estratégicas en producción, energía y análisis económico

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El presidente Javier Milei dispuso una nueva reestructuración del Ministerio de Economía mediante el Decreto 146/2026, firmado el 11 de marzo de 2026 y publicado en el Boletín Oficial. La norma modifica el organigrama aprobado originalmente por el Decreto 50/2019 y redefine la arquitectura interna de la cartera que concentra buena parte del poder económico del Gobierno.

El movimiento no es menor: elimina varias subsecretarías, crea nuevas áreas técnicas y reorganiza las competencias dentro de secretarías estratégicas como Política Económica, Energía, Industria y Comercio y Obras Públicas.

La decisión llega en un momento en el que el Ejecutivo busca consolidar la conducción económica desde una estructura más compacta y con mayor capacidad de coordinación sectorial. La pregunta que sobrevuela la reforma es política: ¿se trata de una simplificación administrativa o de un intento por reforzar el control estratégico del Ministerio de Economía sobre áreas productivas y regulatorias clave?

Un nuevo mapa del Ministerio de Economía

El decreto sustituye completamente el apartado correspondiente al Ministerio de Economía dentro del organigrama de la Administración Pública Nacional. La cartera mantiene su estructura de secretarías pero introduce modificaciones relevantes en sus dependencias internas.

Entre los cambios más visibles aparece la creación de la Subsecretaría de Análisis y Modelación Económica, dentro de la Secretaría de Política Económica, que pasa a concentrar la elaboración de diagnósticos y herramientas analíticas para el diseño de políticas macroeconómicas.

Al mismo tiempo, el decreto elimina los objetivos de dos áreas tradicionales del análisis económico estatal: Subsecretaría de Programación Macroeconómica y Subsecretaría de Programación Microeconómica

La supresión de ambas funciones y su reemplazo por una nueva unidad analítica sugiere un intento de reconfigurar el esquema técnico de producción de información económica dentro del Gobierno.

La estructura central del ministerio queda organizada alrededor de varios polos de decisión:

  • Secretaría de Política Económica
  • Secretaría de Hacienda
  • Secretaría de Finanzas
  • Secretaría de Energía
  • Secretaría de Minería
  • Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
  • Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
  • Secretaría de Obras Públicas
  • Secretaría de Transporte
  • Secretaría de Asuntos Nucleares

En paralelo, se mantienen áreas de coordinación política como la Unidad Gabinete de Asesores y la Secretaría Legal y Administrativa.

Producción y pymes: concentración de áreas y redefinición de competencias

Otro de los movimientos institucionales más relevantes aparece en el área productiva. El decreto elimina la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento y la Secretaría de Industria y Comercio, junto con varias subsecretarías dependientes.

En su lugar, el Gobierno consolida una nueva estructura bajo la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que pasa a concentrar: la política industrial, el desarrollo de pymes, el comercio exterior, y la defensa del consumidor

Dentro de esta reorganización se crean nuevas dependencias como la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento y se redefinen los objetivos de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa.

La Secretaría de Coordinación de Producción, por su parte, recibe un rol más explícito: deberá articular la planificación y el seguimiento de planes estratégicos de Industria y Agricultura, lo que sugiere una mayor integración entre política productiva y sector agropecuario.

Energía: simplificación de la estructura regulatoria

El área energética también sufre un rediseño. El decreto elimina los objetivos de tres subsecretarías existentes: Subsecretaría de Combustibles Líquidos, Subsecretaría de Combustibles Gaseosos, y Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético

En su reemplazo, la estructura se reorganiza en torno a tres ejes: Subsecretaría de Energía Eléctrica, Subsecretaría de Hidrocarburos, y Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética

La lógica detrás del cambio parece apuntar a un esquema más concentrado de regulación energética, con foco en hidrocarburos, electricidad y gestión de información sectorial.

Infraestructura y barrios populares: una función que cambia de ubicación

El decreto también reubica funciones vinculadas a políticas urbanas. Las tareas relacionadas con la integración socio-urbana pasan a la órbita de la Subsecretaría de Obras y Servicios, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas.

Entre los nuevos objetivos asignados aparecen: diseño de políticas de integración urbana, transformación de barrios populares, desarrollo territorial, y gestión del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)

El movimiento institucional es relevante porque incorpora formalmente estas políticas dentro de la estructura operativa de Obras Públicas, vinculándolas directamente con programas de infraestructura y desarrollo urbano.

Defensa del consumidor y competencia

La reorganización también redefine funciones regulatorias. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial amplía formalmente su marco de intervención.

Entre otras funciones, deberá asistir a la secretaría correspondiente en la aplicación de normas como: Ley de Defensa del Consumidor, Ley de Tarjetas de Crédito, Ley de Lealtad Comercial, Sistema Métrico Legal Argentino, y Sistema de Identificación de Talles

Además, el área tendrá un rol explícito en el control tutelar de la Autoridad Nacional de la Competencia, lo que refuerza su peso dentro del esquema regulatorio del ministerio.

Reacomodamiento administrativo y transición interna

El decreto establece que la reestructuración entra en vigencia el mismo día de su dictado, aunque aclara que las aperturas estructurales de niveles inferiores a subsecretaría continuarán funcionando de forma transitoria.

Esto implica que: las áreas existentes seguirán operando, el personal mantendrá sus cargos y funciones, y la reorganización completa se implementará progresivamente

El gasto derivado de la medida será cubierto con los créditos presupuestarios ya asignados al Ministerio de Economía, lo que indica que el rediseño no prevé ampliaciones presupuestarias inmediatas.

Un movimiento técnico con lectura política

Las reformas administrativas suelen aparecer en el Boletín Oficial como ajustes técnicos, pero en la práctica definen cómo circula el poder dentro del Estado.

La reorganización del Ministerio de Economía apunta a tres movimientos simultáneos: Centralizar el análisis económico en una nueva unidad técnica. Concentrar la política productiva bajo una estructura más integrada. Y simplificar la regulación energética eliminando áreas intermedias.

    En términos políticos, el rediseño sugiere un intento de alinear la estructura administrativa con las prioridades estratégicas del Gobierno, especialmente en sectores productivos, energéticos y de infraestructura.

    Lo que habrá que observar

    La verdadera dimensión del cambio no se medirá en el organigrama sino en la dinámica del poder dentro del ministerio.

    En las próximas semanas será clave observar: cómo se implementa la transición entre subsecretarías eliminadas y nuevas áreas, qué rol adquiere la Subsecretaría de Análisis y Modelación Económica en el diseño de políticas, cómo se reorganizan las políticas para pymes, industria y economía del conocimiento, y qué capacidad de coordinación real tendrá la Secretaría de Coordinación de Producción

    Las reformas administrativas rara vez generan titulares inmediatos. Pero en la política económica argentina, la forma del organigrama suele anticipar la forma de las decisiones. Y este rediseño deja claro que el Gobierno está dispuesto a seguir ajustando la maquinaria estatal para ordenar su centro de gravedad económico.

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