En su informe anual, el Manual de Prácticas Sostenibles de las Defensorías Locales, destacó el trabajo de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Posadas por su aporte en el acceso al agua potable, en el marco del cumplimiento del objetivo 6 de la ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), que busca garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del acceso al agua segura y al saneamiento para todos.
El Manual, realizado por la Universidad de Alacalá; por medio del Programa de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamerica, centró su trabajo en cuatro países: Argentina, Colombia, México y España.
El Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo Locales, tiene por objetivo mejorar los Derechos Humanos, la Democracia y la Justicia Social, por medio de publicaciones, capacitaciones técnicas e investigación.
“En Argentina hay 40 Defensorías del Pueblo y este informe la verdad que nos coloca en una posición muy interesante por el trabajo que venimos realizando para que el acceso a la red de agua potable llegue todas las familias de la ciudad.
Hoy si le pedimos un informe al IPEC, va a decir que el 99 de los vecinos cuentan con agua potable. Pero la pregunta que hay que responderse es cómo tienen agua potable, qué tipo de conexión tienen, si es por red, si son cooperativas, si hay macromedidores, etc. El área de estadística de la Defensoría nos arroja resultados y la realidad es que estamos lejos del 90 por ciento que se debería tener cubierto según el contrato de concesión.
Esas metas no se están cumpliendo y no me puedo servir de las estadísticas del INDEC o el IPEC, porque tiran datos generales. Dicen que el 90 por ciento de los posadeños tienen agua potable, pero a nosotros lo que nos importa es cómo llega el agua. Hablamos de un derecho humano como es el acceso al agua limpia y segura”, expresó el defensor Alberto Penayo.
Este viernes entra en funciones el candidato más votado para el cargo en las pasadas elecciones de Junio, Carlos Bernhardt, quien insistió en que “no está en nosotros buscar soluciones sino promover que distintos organismos se muevan de acuerdo con las necesidades del ciudadano”.
Este viernes finaliza el mandato del Defensor del Pueblo de Oberá y asume Carlos Bernhardt, quien fue candidato de Juntos por el Cambio. El flamante Defensor reveló en radio Open 101.7 que estará acompañado en la gestión por Luciana Barella como defensora adjunta y Duillo Boher oficiando de asesor jurídico.
“Trataré de influir en que las cuestiones de la administración pública no sean burocráticas y que la gestión comunal sea transparente y sea informada para la comunidad. Hay demasiadas cosas urgentes que corren a los debates importantes a un segundo plano, queremos a través de una gestión que apuesta al dialogo lograr llevar adelante los temas relevantes que permitan mejorar la calidad de vida de todos los obereños”, remarcó Bernhardt.
Sobre los temas urgentes planteó los constantes cortes del servicio de agua potable, los inconvenientes con el servicio eléctrico aunque reconoció que esto no depende solo de Oberá sino que es una problemática estructural de toda Misiones. Otra de las cuestiones que quieren seguir de cerca es la “licitación del servicio de transporte de pasajeros, que esperemos que cambie algo, para que mejore el servicio”.
Consideró que en Oberá “no hubo un proyecto a largo plazo en el momento adecuado y estamos de parche en parche y no logramos nunca una medida que solucione los problemas de fondo”. Recordó que hace unos años se anunciaba una gran obra que solucionaría el problema de la provisión de agua potable, pero que ahora “a solo cinco años de esa obra volvemos a tener los mismo inconvenientes que antes”.
Bernhardt recordó que su gestión será la segunda de un Defensor del Pueblo en Oberá. Y recordó que eso se debe a que “cuando debió asumir por primera vez un Defensor del Pueblo, no estaban dadas las condiciones y se tuvo que postergar hasta los primeros días de Abril. Y la carta orgánica establece que son 4 años de mandato y eso determina que recién ahora sea la asunción”, precisó.
Sobre la relación con el actual intendente, Pablo Hassan comentó que siempre priorizarán el dialogo para exponer las necesidades de la comunidad. “No se da la importancia adecuada al interlocutor (vecinos) y nosotros queremos que siempre se logre escuchar las demandas y posturas de los ciudadanos en todos los temas relevantes para la comunidad”,
Indicó que ya estuvo manteniendo reuniones con autoridades de la CELO (Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá), para encontrar soluciones de coyuntura y de largo plazo para los problemas que sufren los vecinos respecto de los servicios que presta esa entidad.
“De la CELO dependen agua y luz entre otros servicios. Pero lo que más conflicto estamos soportando es todo lo que tenga que ver con energía eléctrica y distribución del agua potable. Nos hemos reunido con autoridades. Y estamos viendo en conjunto cuáles serían las mejores soluciones no sólo para esta coyuntura sino a posteriori y a largo plazo”, contó Bernhardt.
Ante la consulta respecto de la posible falta de inversión en la CELO que denunciara el presidente de la Cooperativa, días atrás, Bernhardt opinó: “hay una falta de previsión a largo plazo en muchísimos aspectos (de los servicios de la CELO), no sólo en la falta de inversión en agua y líneas de bombeo y demás. Hay una falta de inversión muy visible en la famosa línea de 132 que lleva postergada 20 años como mínimo”, señaló el Defensor del Pueblo electo.
Esa inversión que corresponde a la provincia es una “línea troncal que abastece no sólo a Oberá”, recordó.
En cuanto a sus expectativas para el cargo, Bernhardt comentó: “No está en nosotros buscar soluciones sino promover que distintos organismos se muevan de acuerdo con las necesidades del ciudadano de Oberá. Tenemos que mediar para que las soluciones lleguen a través de los entes que correspondan y lograr canales de diálogo”, enfatizó Bernhardt, ponderando también “que transparentemente se viabilicen las soluciones”.
Finalmente, Bernhardt defendió una de sus propuestas durante la campaña que finalizó con su elección en Junio pasado, superando a los candidatos del oficialismo renovador. “Una de las cuestiones que proponíamos es modificar la Carta Orgánica para que el Defensor del Pueblo no sea del mismo color político que el del intendente, lo que le da una autonomía de otra manera no tiene”, concluyó.
La Defensoría del Pueblo propició ayer de forma urgente una mesa de diálogo con el objetivo de destrabar el conflicto en la Chacra 246, y que llevó a un grupo de vecinos a cortar la avenida Jauretche esquina Ituzaingó.
Fue durante la mañana del martes 15 que los vecinos desesperados por la situación que están viviendo y por considerar que no estaban siendo escuchados por la Municipalidad, decidieron tomar una medida de fuerza buscando una respuesta a sus demandas.
Desde la Defensoría del Pueblo se convocó urgente a todas las partes involucradas a los fines de dialogar en la búsqueda de un acuerdo que tranquilice los ánimos e inicie un camino de soluciones.
Tras una tensa reunión de varias horas, se logró el acuerdo de que los vecinos levanten el corte, en tanto la Municipalidad se comprometió en realizar durante los próximos días los relevamientos necesarios para poder dar una respuesta a las demandas.
El conflicto
Durante la mañana del martes, vecinos de la Chacra 246 realizaron una manifestación cortando la avenida Jauretche esquina Ituzaingó en reclamo por soluciones urgentes para al menos 20 familias que están viviendo en situación insalubre y con riesgo de derrumbe de sus viviendas por la erosión del suelo en la vera del arroyo La Chancha.
Si bien en la Chacra 246 el conflicto por la regulación dominial afecta a 220 familias, en esta oportunidad son unas 20 las que se ven ante mayor emergencia, incluso con viviendas en riesgo de derrumbe.
Por esta razón, el defensor del pueblo de la Ciudad de Posadas, Alberto Penayo, convocó a una mesa de diálogo en la que se invitó a los vecinos afectados y a las autoridades de la Municipalidad y el Iprodha.
“Tengo que decir que recibí una respuesta inmediata por parte del intendente ‘Lalo’ Stellato, quien se comprometió en buscar una solución definitiva para estas familias, aunque esta solución tal vez tome un poco de tiempo.
Además tengo que destacar la buena predisposición de los vecinos para dialogar y buscar un acuerdo en el marco de lo posible”, expresó el defensor Penayo.
Trás 11 años de vacancia en la Defensoría del Pueblo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4, a cargo de la jueza Rita Ailán, falló a favor de la ejecución de la demanda iniciada por organizaciones de la sociedad civil, que reclaman la designación urgente de una autoridad idónea, independiente y proactiva en la defensa de los derechos, a través de un procedimiento abierto y participativo.
En el año 2014, organizaciones de la sociedad civil presentaron un amparo para solicitar la designación de la autoridad de la Defensoría del Pueblo, vacante desde el año 2009. La causa es impulsada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Poder Ciudadano, la Fundación Sur y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
En 2016 la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal exhortó al Congreso a cumplir con su mandato constitucional. A cuatro años de la sentencia y su posterior incumplimiento, las organizaciones volvieron a solicitar en sede judicial que se inicie de manera urgente el procedimiento para la designación de esta autoridad. El día de hoy, la jueza Rita Ailan intimó a ambas Cámaras para que cumplan en el plazo de 10 días con la sentencia.
La pandemia profundizó las desigualdades preexistentes en Argentina, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerabilizadas. Los efectos de la actual crisis -tanto sanitaria como socioeconómica- demandan que instituciones como la Defensoría intervengan y actúen ante la vulneración colectiva de sus derechos.
El rol que debe ejercer este organismo exige que su titular sea una persona con idoneidad técnica y moral, independencia y proactividad en la defensa de derechos. Por ello, es necesario que para cumplir con esta obligación ambas Cámaras del Congreso establezcan un procedimiento que garantice los principios de publicidad, apertura y participación ciudadana para que la persona que resulte seleccionada sea la mejor candidata posible.
Durante la mañana del viernes 31, en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo se llevó adelante la primera mesa de diálogo del 2020 con los vecinos del asentamiento Santa Cecilia. Participaron en ella, el Defensor del Pueblo Alberto Penayo; la Coordinadora de Tierra y Hábitat de la Municipalidad, Luciana Scromeda, acompañada por Natalia Krieger; del área de Inclusión laboral del IPRODHA, Facundo Ringa y Pablo Abiuso y aproximadamente 40 vecinos encabezados por Roberto, el presidente de la comisión vecinal.
Durante la reunión, se realizó la presentación de las nuevas autoridades en el ámbito municipal y se informó los avances respecto al proceso que lleva casi un año y medio de negociaciones y audiencias. “Nos preocupa que vayamos a los terrenos nuevos y no tengamos nada” sostuvieron en grupo, “queremos ser relocalizados en Itaembé Guazú”.
Ante el pedido, los organismos dejaron en claro que “no hay lotes” e iniciar de cero un proceso, significaría dos o tres años de tratativas, nuevamente. Desde IPRODHA se les tranquilizó aclarando que los planes de mensura se realizaron y ya están presentados en la Municipalidad, y desde ese lugar Scromeda acotó que también se avanzaron con las empresas prestatarias de servicios, para la colocación de las redes de agua y luz; el Defensor por su parte remarcó que los titulares de los terrenos están al tanto de todo y de acuerdo, a lo que se venía trabajando. “Debemos continuar en esa línea” sostuvo. Los vecinos entonces, desistieron de la idea e indicaron que continuarán trabajando en la conformación de la cooperativa para poder luego, levantar las casas.
La reunión concluyó con todos los presentes manifestando su voluntad de seguir y desde los organismos públicos se comprometieron en el plazo de dos semanas llevar adelante una nueva reunión, a los fines de poder delimitar acciones referentes ya a los trabajos en el barrio.
