La deforestación en Misiones volvió a retroceder en 2025 y alcanzó su mínimo histórico, consolidando una tendencia descendente que ya suma tres años consecutivos. De acuerdo con el informe Estado de la Deforestación en Misiones, elaborado por el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, durante el último año se registraron 4.118 hectáreas de bosque nativo deforestadas, lo que representa una reducción del 18% respecto del promedio histórico, estimado en torno a las 5.000 hectáreas anuales.
El dato cobra mayor dimensión al observarse en perspectiva: en 2023 la deforestación había alcanzado las 4.790 hectáreas, en 2024 descendió a 4.277 hectáreas y en 2025 volvió a caer, profundizando una curva descendente que posiciona a Misiones por debajo de sus propios registros históricos. En términos relativos, la pérdida de bosque registrada durante el último año equivale apenas al 0,27% de la superficie boscosa provincial, que supera las 1.500.000 hectáreas, una proporción que refuerza el perfil conservacionista del territorio misionero.
El informe oficial atribuye de manera directa esta mejora a un cambio estructural en el modelo de control forestal, basado en una mayor planificación, profesionalización de los equipos y uso intensivo de tecnología. Durante 2025 se desplegó un esquema de incremento sostenido de los operativos de fiscalización, con más de 150 operativos realizados en distintos puntos de la provincia, superando el enfoque histórico de controles esporádicos.
Como resultado de estas intervenciones, se labraron 111 actas de infracción y se aplicaron 43 multas, cifras que reflejan una presencia territorial más activa del Estado y un fortalecimiento del cumplimiento normativo. El enfoque del Ministerio de Ecología apunta a sostener un piso de al menos 120 operativos anuales de control e inspección en lotes, lo que permite reducir los tiempos de respuesta y cerrar con mayor eficacia el circuito de extracción y transporte ilegal de madera.
Uno de los indicadores más relevantes del informe es la marcada reducción en los Planes de Cambio de Uso del Suelo (PCUS). Durante 2025, la cantidad de estos planes disminuyó un 46% en comparación con 2024, lo que evidencia un endurecimiento en los criterios de aprobación y una política más restrictiva respecto de la transformación del bosque nativo.
En términos más amplios, el total de planes aprobados -incluyendo Planes de Manejo Sustentable- mostró una caída interanual del 39%, consolidando una tendencia a la baja en las autorizaciones que implican presión directa sobre el recurso forestal. Para las autoridades, este descenso no sólo responde a mayores exigencias técnicas, sino también a un efecto disuasorio generado por el refuerzo de los controles en territorio.
El “desmonte hormiga”, una problemática persistente
A pesar de la mejora global, el informe de la cartera que conduce Martín Recamán, admite que la deforestación en Misiones mantiene características estructurales que requieren políticas diferenciadas. El fenómeno continúa siendo mayoritariamente atomizado, con una fuerte prevalencia del denominado “desmonte hormiga”.
Los datos son elocuentes: el 81% de los eventos detectados corresponde a desmontes menores a una hectárea, que en conjunto explican el 29% de la superficie total deforestada. En contraste, las intervenciones de entre 1 y 5 hectáreas representan apenas el 17% de los casos, pero concentran el 44% de la pérdida total de bosque nativo, lo que las convierte en un segmento crítico desde el punto de vista del impacto ambiental.
En cuanto a la tenencia de la tierra, el 77% de la deforestación se produce en parcelas menores a 50 hectáreas, mientras que el 34% ocurre en tierras fiscales, muchas veces asociadas a ocupaciones espontáneas. Estos datos refuerzan la necesidad de articular control ambiental con políticas de ordenamiento territorial y acompañamiento productivo, especialmente en contextos de agricultura de subsistencia.
Categorías de conservación y presión sobre áreas sensibles
El análisis por categorías del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos muestra que la mayor presión se sigue registrando en zonas donde el desmonte está restringido. En 2025, el 56% de la deforestación ocurrió en áreas de Categoría Amarilla, donde el uso del bosque debe ser sostenible y sin desmontes, mientras que el 44% se concentró en áreas de Categoría Verde, donde el cambio de uso del suelo está permitido bajo criterios técnicos estrictos.
Uno de los datos más sensibles del informe es que el 48% de la deforestación se registró dentro del Corredor Verde, un territorio clave para la conectividad biológica de la Selva Paranaense y la conservación de la biodiversidad. Desde el punto de vista geográfico, las zonas de mayor presión se concentran en el noreste y centro de la provincia, con municipios como Pozo Azul, San Vicente, San Pedro y Bernardo de Irigoyen, que en conjunto concentran el 43% de la pérdida total de bosques registrada en 2025.
Más inversión, tecnología y trazabilidad
Durante el último período, el Gobierno concretó una fuerte inversión en recursos operativos, orientada a mejorar la capacidad de control y monitoreo ambiental. Entre las principales incorporaciones se destacan camionetas 4×4, nuevos profesionales con perfiles técnicos especializados, drones, equipamiento de seguridad y una casilla rodante para controles móviles, que amplía la capacidad de fiscalización en zonas rurales y de difícil acceso.
A esto se sumó la implementación de vuelos mensuales de monitoreo territorial y un esquema de capacitación técnica permanente del personal, orientado a optimizar la eficacia de las intervenciones en territorio..
En paralelo, se avanzó en políticas integrales de restauración y concientización. Durante 2025 se plantaron 100 mil árboles, se lanzó la campaña “Respiremos Bosques” y se puso en marcha el Programa Transformación Esencial, mediante el cual se entregaron más de 500 muebles fabricados con madera decomisada a escuelas, clubes y parques provinciales.
Con vistas a 2026, la provincia proyecta profundizar su política forestal con un conjunto de herramientas orientadas a modernización, transparencia y prevención. Entre las principales medidas se destaca la creación del Registro Provincial de Infractores Forestales, que impedirá aprobar planes de manejo a personas o empresas con sanciones activas, permitirá sancionar con mayor precisión a reincidentes y facilitará las consultas de municipios, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad.
También se implementará un Sistema Digital de Trámites y Planes de Manejo, que digitaliza la totalidad de los procedimientos forestales, incorpora notificaciones automáticas y establece canales de comunicación directa con los municipios. El sistema contará además con conectividad satelital Starlink en delegaciones remotas, garantizando la continuidad operativa.
A esto se sumará la ampliación de puestos de control en ruta, con cámaras lectoras de patentes integradas en tiempo real al Registro de Infractores, y el lanzamiento de Eco Contacto, un sistema unificado de consultas y denuncias ambientales que fortalece la participación ciudadana y la trazabilidad de cada intervención.
En conjunto, los documentos oficiales describen la consolidación de un modelo de gestión forestal más moderno, confiable y preciso, con menor margen para irregularidades y una reducción sostenida de la deforestación, que posiciona a Misiones como una de las provincias con políticas ambientales más consistentes del país.
El Parlamento Europeo decidió prorrogar la entrada en vigencia del Reglamento 1115/2023, la normativa que exige que una serie de productos de exportación ingresen al mercado europeo libres de deforestación y degradación forestal. El aplazamiento ofrece un margen temporal adicional, pero no despeja las preocupaciones del sector agropecuario argentino.
Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) señalaron que la Unión Europea debe revisar el alcance del reglamento para permitir que cada país gestione el uso de sus recursos naturales conforme a sus propias regulaciones, tal como ha ocurrido históricamente. Además, remarcaron que la categorización de riesgo asignada a la Argentina -catalogada como Riesgo Bajo– solo debería exigir como objetivo el freno a la deforestación ilegal, sin incorporar restricciones adicionales.
Cuestionamientos a la “diligencia debida”
La entidad rural también reclamó eliminar la obligación de “diligencia debida” que impone la normativa europea. Según la SRA, ese requisito trasladará sobrecostos a las cadenas de abastecimiento, que terminarán impactando en mayores precios para los consumidores europeos y podrían generar presiones inflacionarias sobre los alimentos.
“Las cargas administrativas y financieras asociadas a este esquema no solo afectan la competitividad de nuestras exportaciones, sino que distorsionan el funcionamiento del comercio internacional”, advirtieron.
La SRA sostuvo que la Argentina cuenta con herramientas y sistemas para demostrar el cumplimiento de los estándares ambientales requeridos por la Unión Europea, pero enfatizó que las exigencias deben aplicarse de forma transparente, simple y previsible. “Las dilaciones y la falta de certidumbre no favorecen el comercio ni fortalecen la relación institucional entre la Argentina y la Unión Europea”, señaló la entidad.
El sector exportador agroindustrial sigue con atención la evolución del reglamento, que impacta particularmente en cadenas como carne bovina, soja, cuero, cacao, café y madera. La prórroga abre una ventana de negociación, pero deja claro que la discusión sobre los criterios ambientales seguirá en el centro de la agenda entre Bruselas y los países productores.
En una declaración conjunta difundida por el flamante bloque EPAS, representantes del sector agroindustrial de Argentina, Brasil y Paraguay expresaron su “firme rechazo” al Reglamento (UE) 2023/1115, la norma que restringe la importación de productos vinculados a la deforestación. Consideran que se trata de una medida unilateral que impone “obligaciones extraterritoriales” a los países productores, sin consulta ni reconocimiento de sus marcos ambientales internos.
El Espacio Parlamentario Agroindustrial Sudamericano surge como resultado de los acuerdos alcanzados durante la Segunda Cumbre Sudamericana Agroglobal, celebrada en abril en el Congreso argentino. Allí participaron dirigentes y legisladores de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y Brasil, quienes coincidieron en la necesidad de unificar posiciones frente a las políticas ambientales europeas que afectan las exportaciones del Cono Sur.
La carta fundacional del EPAS lleva las firmas de Ángeles Naveyra (Fundación Barbechando, Argentina), Tania Zanella (Instituto Pensar Agropecuária, Brasil) y Héctor Cristaldo (Unión de Gremios de la Producción, Paraguay). Su misión, según explicaron, será “consolidarse como la voz representativa del agro ante los poderes legislativos de Sudamérica”.
“Riesgo estándar” sin fundamentos técnicos
Uno de los puntos más criticados del reglamento europeo es la clasificación de “riesgo estándar” asignada a países como Argentina, Brasil y Paraguay. Según el comunicado, esa determinación “fue adoptada sin criterios técnicos ni científicos claros, sin consulta ni transparencia institucional, y sin considerar los avances legales, ambientales y productivos alcanzados a nivel nacional”.
El bloque sostiene que la resolución de la Unión Europea genera efectos negativos sobre las exportaciones agroindustriales, al trasladar costos a los productores, afectar el desarrollo rural y vulnerar principios de comercio justo y sostenible.
Inspirado en el Consejo Agropecuario del Sur (CAS), el EPAS busca transformarse en un centro técnico-parlamentario regional, donde legisladores y asesores puedan intercambiar proyectos, normas y documentos sobre desarrollo agroindustrial. El objetivo, remarcan, es fortalecer la cooperación legislativa y la integración productiva de Sudamérica frente a desafíos globales como la trazabilidad ambiental, la deforestación y la competitividad exportadora.
Finalmente, los firmantes reclamaron la revisión profunda del reglamento europeo, al considerar que las sucesivas postergaciones en su entrada en vigor “demuestran la necesidad de un enfoque multilateral, técnico y de cooperación regional”.
Planta de procesamiento de Sigma Lithium en el valle de Jequitinhonha, en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil. La empresa canadiense afirma producir litio “neutro en carbono”, pero los proyectos utilizados para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas están siendo investigados por el gobierno federal por presuntos delitos ambientales (Imagen: Gil Leonardi / Imprensa MG)
La empresa Sigma Lithium suele decir que su modelo minero en Brasil está elevando la calidad del negocio global del litio.
La compañía canadiense ”está a la vanguardia de la sostenibilidad ambiental y social en la cadena de suministro de materiales para baterías de vehículos eléctricos”, según sus comunicados de prensa. A su producto estrella, que extrae en el norte de Minas Gerais, Sigma lo bautizó primero como “litio verde triple cero” y más recientemente como “litio verde quíntuple cero”.
Esos múltiples “ceros” aluden a las tecnologías con que Sigma dice estar trazando “un nuevo estándar para la minería” y “el camino hacia delante para el sector metalúrgico”. Según explica, utiliza “cero agua potable” (ya que toda es agua sucia tratada y recirculada), tiene “cero presas de relaves” (dado que elimina sus residuos vendiéndolos o reciclándolos para pavimentar carreteras), usa “cero electricidad carbono intensiva” (porque toda la que usa viene de fuentes renovables) y genera “cero químicos tóxicos” (gracias a que emplea un método llamado “separación de medios densos”). Es una narrativa que está en el centro de su marketing, pero también parte de una estrategia de negocios que le ha permitido cosechar precios más altos en el mercado.
Hay un quinto cero fundamental en la narrativa de Sigma: su operación minera, dice, es “cero carbono” o “cero emisiones netas de carbono”. Eso significa que la cantidad de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático que arroja a la atmósfera es igual a la que ha eliminado. Algo que ha logrado, en sus palabras, “reduciendo eficazmente su huella de carbono con una serie de iniciativas pioneras”, como las compensaciones u offsets de carbono.
Cuando Sigma Lithium anunció el 26 de julio de 2023 su primer envío de 30.000 toneladas de litio y subproductos (enviados a China en presencia del vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y del gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema), explicó que había logrado la neutralidad en carbono para su envío “compensando el carbono restante «difícil de reducir o abatir» emitido durante su proceso de producción” tanto en su mina como en su planta de procesamiento. Lo hizo mediante la compra de 59.000 créditos de carbono de un proyecto del mercado voluntario de carbono en la Amazonía brasileña.
Según se informa, este proyecto redujo a cero la huella de carbono de su operación minera en su primer año de producción. Sin embargo, ha sido objeto de investigación por parte de la justicia brasileña durante más de un año, por sospechas de deforestación ilegal, apropiación indebida de tierras públicas, corrupción y otros posibles delitos, como lo demuestran una investigación periodística y la “Operación Greenwashing” de la Policía Federal de junio de 2024. Ese señalamiento llevó a que la certificadora internacional que lo avaló en su momento lo suspendiera. A hoy el proyecto sigue en pausa.
Rocas ricas en litio en una mina de Divisa Alegre, Minas Gerais. (Imagen: Ana Torres / Imprensa MG)
Cuando fue consultada por los periodistas para este reportaje, Sigma Lithium afirmó que no ha utilizado créditos de carbono desde 2024, cuando cambió su estrategia de utilizar compensaciones ambientales por reducir las emisiones de su propia producción: “La empresa reafirma su compromiso con una minería de muy bajo impacto ambiental, basada en la innovación tecnológica, la salud, la seguridad y la responsabilidad socioambiental, en línea con los objetivos globales de descarbonización”.
Estos son los hallazgos de una investigación periodística hecha por Repórter Brasil y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en el proyecto Litio en Conflicto que reunió a diez medios de la región para entender algunos de los conflictos que rodean a la industria del litio en América Latina. Esta investigación también contó con el apoyo del Rainforest Investigations Network del Pulitzer Center.
Litio verde en Brasil
La mayor atención en el mercado del litio la suelen tener Argentina, Bolivia y Chile, el llamado “triángulo del litio”, que contiene las mayores reservas del mundo.
Brasil, que alberga unos 1,3 millones de toneladas de recursos de litio, según el informe anual sobre minerales del Servicio Geológico de los Estados Unidos, también está tratando de entrar en este mercado. Ocupa el décimo lugar a nivel global en depósitos de litio de extracción económica o técnicamente factible. A diferencia de sus vecinos al oeste, cuyo litio se encuentra en piscinas de salmuera en lo alto de los Andes, el brasileño suele hallarse en rocas de origen volcánico.
Una de estas empresas es Sigma Lithium, una minera canadiense que lleva una década operando en el valle de Jequitinhonha, en el noreste de Minas Gerais. Allí, en los municipios de Itinga y Araçuaí, a 600 kilómetros al norte de la capital del estado, Belo Horizonte, se encuentran sus principales activos: la mina Grota de Cirilo y la planta de procesamiento Greentech.
En octubre de 2024, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) del estado brasileño aprobó un financiamiento de 486,8 millones de reales brasileños (unos 89,37 millones de dólares, al tipo de cambio de la época) para la puesta en marcha de una nueva unidad de procesamiento que Sigma denomina su “segunda fábrica neutra en carbono Greentech”.
El posicionamiento público de Sigma gira en torno a los logros tecnológicos que actualmente le permiten vender su litio como “verde” y “quíntuple cero”. Es una narrativa que la empresa ha presentado en varias cumbres de Naciones Unidas sobre cambio climático, entre ellas las de Glasgow en 2021, Sharm al Sheikh en 2022 y Dubái en 2023.
‘Un producto premium con precio premium’
El 26 de julio de 2023, Sigma Lithium anunció con orgullo que había hecho su envío inaugural de 15.000 toneladas de “litio sostenible de alta pureza apto para baterías” y otras 15.000 toneladas de subproductos desde el puerto de Vitória.
“Fuimos fundados con la misión de producir litio ambientalmente sostenible con las menores emisiones de gases de efecto invernadero posibles”, declaró en su momento Ana Cabral, directora ejecutiva de Sigma.
Ese carácter ambientalmente sostenible y carbono neutro le permitió a Sigma vender su litio a un precio más alto en el mercado de 3.500 dólares por tonelada de litio y 350 dólares por tonelada de subproductos. “Un producto premium con precio premium”, en palabras de la minera.
Su cliente fue Yahua International Investment and Development Co Ltd, una empresa con sede en Hong Kong que forma parte del grupo chino Yahua. Provee hidróxido de litio a fabricantes de vehículos eléctricos como Tesla en Estados Unidos y BYD en China.
Para cumplir su promesa de alcanzar la carbono neutralidad en toda su cadena de producción de litio, Sigma acudió al mercado voluntario de carbono. Compró 59.000 créditos de carbono para compensar el mismo número de toneladas de CO2 emitido.
El negocio es, en el papel, un gana gana. Los proyectos REDD+, el tipo de iniciativa del mercado de carbono que eligió la minera, suelen enlazar a comunidades locales o propietarios privados que evitan la deforestación en ecosistemas estratégicos para frenar la crisis climática con empresas que buscan, como Sigma, compensar su huella de carbono pagándoles a los primeros por poder usar sus resultados ambientales.
Desde 2005, el programa internacional de acción climática REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal) ha tratado de hacer que los bosques tropicales valgan más vivos que muertos mediante pagos basados en los resultados por el carbono que almacenan.
Desde su creación, REDD+ se ha visto obstaculizado por unos niveles de financiación demasiado bajos y demasiado lentos para competir con los beneficios de la deforestación.
Para ello, Sigma firmó un acuerdo con la empresa Carbonext, una de las mayores en el mercado de carbono en Brasil. Ambas celebraron públicamente la alianza. La minera enfatizó que “los créditos de carbono generados por Carbonext y sus socios son de alta calidad e integridad”. Janaína Dallan, la presidenta de Carbonext, subrayó que “proyectos como los que apoya Sigma protegen más de dos millones de hectáreas del bioma amazónico, con seguimiento constante por satélite y sobre el terreno para garantizar la alta integridad y calidad de los proyectos de conservación forestal”. Como anunciaría Sigma, gracias a ese esquema “logró exitosamente emisiones netas de carbono cero” en su envío pionero.
Sigma no es la única empresa minera que destaca públicamente su desempeño ambiental.
“Hoy resulta cada vez más beneficioso económicamente tener un discurso sobre sostenibilidad. Muchas empresas lo están haciendo no solo para tranquilizar a la sociedad civil o a los reguladores, sino que ha surgido una especie de mercado secundario para el ‘litio verde‘”, dijo a esta alianza periodística Thea Riofrancos, investigadora estadounidense y autora del libro recientemente publicadoExtraction: The Frontiers of Green Capitalism (Extracción: las fronteras del capitalismo verde).
Un proyecto de carbono que escondía deforestación
Solo que el proyecto de carbono que terminó eligiendo Sigma Lithium a mediados de 2023 para compensar sus emisiones, llamado Unitor REDD+ Project, arrastraba un problema grave que saldría a la luz pública casi un año después.
El 28 de agosto de 2023, Sigma Mineração S.A., una de las dos filiales brasileras de Sigma, canjeó 59.000 créditos, según el registro de transacciones de la certificadora estadounidense Verra que avaló la iniciativa. Lo hizo, según el propio registro que desglosa seis transacciones, con el objetivo de “compensación ambiental de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) relacionadas con la producción anual de Sigma Lithium en Brasil”.
El proyecto elegido gira en torno a 15 propiedades agrícolas vecinas en Lábrea, en el suroeste del estado de Amazonas. Según el documento de diseño del proyecto, este municipio tuvo la cuarta tasa más alta de deforestación de Brasil entre 2008 y 2020. Al unirse al proyecto, estas propiedades privadas, que suman un total de 99 035 hectáreas, buscaban evitar la deforestación y la venta de madera ilegal.
Los promotores del proyecto eran la empresa desarrolladora del mercado de carbono Carbonext Consultoria Ltd; y la empresa agrícola Ituxi Administração e Participação Ltd, propietaria de una de las propiedades incluidas en el esquema ambiental. La cara visible de toda la iniciativa ambiental era el empresario Ricardo Stoppe Junior, un médico de São Paulo descrito por un portal de noticias económicas como el mayor vendedor individual de créditos de carbono de Brasil.
Validado por la auditora española Aenor y certificado por Verra en mayo de 2022, el proyecto Unitor vendió sus primeros créditos ese mismo año.
Sin embargo, no todo es lo que parecía. En mayo de 2024, se descubrió que Unitor y otro proyecto llamado Fortaleza Ituxi, (ambos ligados a Ricardo Stoppe Jr.) presentaban inconsistencias entre el volumen de madera declarado a las autoridades y la cantidad realmente talada, según imágenes de satélite. El análisis de las imágenes fue realizado por el Center for Climate Crime Analysis (CCCA) para la investigación periodística de Mongabay, en el marco del proyecto colaborativo Carbono Opaco, liderado por el CLIP.
La discrepancia encontrada en las imágenes sugería irregularidades en la gestión de la madera. El Grupo Ituxi, empresa responsable de ambos proyectos, negó a Mongabay cualquier relación con las sospechas y afirmó que todas sus iniciativas están auditadas y certificadas.
Dos semanas después de la publicación de la investigación, la Policía Federal lanzó la Operación Greenwashing contra los responsables de los proyectos de carbono, investigando posibles vínculos con el acaparamiento de tierras y la deforestación ilegal. Este año, la Policía Federal concluyó la investigación e indició a Stoppe Junior y a otras 30 personas por apropiación indebida de tierras públicas para la generación de créditos de carbono, entre otros delitos, según reveló en octubre el periódico Folha de Sao Paulo. Para la Policía Federal, existía una organización criminal en torno al esquema.
Stoppe fue detenido en junio de 2024, pero se encuentra actualmente en libertad provisional, con vigilancia electrónica. El informe final de la investigación de la Policía Federal está siendo analizado por el Ministerio Público Federal, que decidirá si denuncia el caso ante la justicia.
El 13 de junio de 2024, una semana tras la Operación Greenwashing, la certificadora Verra —que había aprobado los proyectos originalmente— los suspendió “hasta que se hayan resuelto todos los problemas o incertidumbres detectados”. Carbonext señaló a esta alianza periodística que el 8 de junio escribió a Verra informando del operativo policial y de su decisión de “suspender cualquier venta, transferencia, generación y emisión de créditos de dichos proyectos hasta nuevo aviso de las autoridades”. A octubre de 2025 Unitor aparecía en la plataforma de Verra como “en pausa”.
Sigma Lithium dijo a nuestros periodistas que está centrada en su estrategia “Quíntuple Cero”, que describió como un “modelo pionero en el sector de la minería sostenible”.
Además de Sigma, entre las empresas que compraron créditos a Unitor se encuentran la firma auditora PwC International, la petrolera estatal colombiana Ecopetrol, la petrolera estatal austriaca OMV, la empresa belga de chocolate Guylian y la concesionaria del aeropuerto de Belo Horizonte.
Un problema de posible integridad ambiental para Sigma
Aunque Sigma Lithium no es responsable de las acciones de los promotores del proyecto Unitor y hasta donde esta alianza periodística ha podido comprobar no está señalada en la investigación policial, su nombre y su condición de compradora de créditos del proyecto apareció en al menos un documento de las autoridades brasileñas.
“Hay información sobre grandes empresas y marcas globales que utilizan los créditos irregulares mencionados para hacerse pasar por sostenibles ante sus consumidores”, afirma una recomendación legal del Ministerio Público Federal de Amazonas. En ella se pide la suspensión de los proyectos REDD+ en el estado.
Al menos desde mediados de 2024 le debió quedar claro a Sigma que los créditos de Unitor que usó para compensar sus emisiones —y anunciar la carbono neutralidad de sus operaciones el año anterior— eran problemáticos. Era un problema porque la meta de carbono neutralidad de la minera está fuertemente amarrada a las compensaciones u offsets. Como explica en un informe a sus accionistas, sus “ambiciosas metas de cero emisiones netas” son “medidas como emisiones menos créditos de carbono”.
Otro informe similar de 2023 detallaba su estrategia de cero emisiones netas. Sigma asumiría la responsabilidad de todas sus emisiones, tanto del ámbito 1 (emisiones directas), como del ámbito 2 (emisiones por consumo de energía) y del ámbito 3 (emisiones de la cadena de valor). Para este último, proponía lograrlo en dos fases: la primera en 2023, que incluiría las emisiones del transporte de sus mercancías a lo largo de los 700 kilómetros que separan Minas Gerais del puerto de Vitória; y otra a partir de 2024, que incluiría las emisiones del transporte marítimo. Para el transporte, tenía previsto utilizar biocombustibles, mientras que para las emisiones residuales —o aquellas que no pudieran reducirse por otros métodos— recurriría a créditos de carbono.
En julio de 2023, se enviaron aproximadamente 30..000 toneladas de litio brasileño desde el puerto de Vitória, en el estado de Espírito Santo, a China. (Imagen: Cristiano Machado / Imprensa MG)
Dado que el mercado del carbono es relativamente nuevo, no hay una metodología clara y explícita sobre cómo deberían proceder las empresas que se percatan de que los créditos que compraron y usaron resultaron ser tener problemas graves ambientales o sociales. Sin embargo, tres expertos consultados por Repórter Brasil y el CLIP coinciden en que hay una responsabilidad de transparencia de esas empresas hacia sus clientes, inversionistas y la ciudadanía.
“Si se trata de una empresa seria, al tener conocimiento del caso, debería informar a los inversionistas y clientes, avisar que va a descartar los 59.000 créditos por no estar segura de su integridad y comprar otros para garantizar la producción carbono cero, esta vez prestando más atención a su calidad”, afirmó Shigueo Watanabe Jr, investigador de la organización medioambiental ClimaInfo.
Otra investigadora entrevistada por el reportaje, que prefirió permanecer en el anonimato por trabajar en el sector, coincide en que las empresas deberían actuar de forma pública y transparente. “Una empresa que sea parte interesada en un proyecto involucrado en un escándalo por posibles delitos ambientales debería hacer algún tipo de notificación pública, además de indicar su postura y lo que está haciendo para remediar la situación. Es una cuestión de reputación”, dijo.
Carbonext señaló a esta alianza periodística que, tan pronto tuvo conocimiento de las investigaciones, rescindió judicialmente los contratos de prestación de servicios para el desarrollo de los tres proyectos de carbono y notificó a Verra.
A raíz de que “dichos créditos podrían verse afectados en cuanto a su propiedad y legalidad”, explicó la desarrolladora de proyectos de carbono, decidió suspender “cualquier venta, transferencia, generación y emisión de créditos de dichos proyectos hasta nuevo aviso de las autoridades”.
Carbonext no respondió si notificó de la suspensión de Unitor a las empresas que usaron sus créditos, ni si recomienda algún procedimiento a los compradores para reemplazarlos. En su visión, “no ha habido ningún problema de integridad ambiental” dado que “los trabajos propuestos por el proyecto se han implementado, auditado y sus resultados se han comprobado”.
La certificadora Verra dijo a esta alianza periodística que no informa a los usuarios de créditos de la suspensión de un proyecto dado que “Verra no participa en transacciones de mercado, lo que significa que no tenemos una relación directa con el ‘usuario final’”.
Al menos uno de los principales accionistas de Sigma tiene un interés declarado de que sus inversiones sean cada vez más bajas en emisiones de gases de efecto invernadero. El Norges Bank Investment Management, que administra el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega y a través de éste el fondo soberano de inversión más grande del mundo, busca que todas las empresas en su portafolio “se comprometan a alcanzar la carbono neutralidad para 2050 o antes y que alineen sus actividades con los objetivos del Acuerdo de París” y “establezcan objetivos intermedios de reducción de emisiones basados en datos científicos”.
Consultado por si estaba al tanto de los problemas de posible falta de integridad ambiental de los créditos de carbono usados por Sigma para certificar su carbono neutralidad en 2023, Norges Bank Investment Management dijo a esta alianza periodística que “no tiene ningún comentario”.
Entre el centenar de accionistas de Sigma hay sobre todo gestoras globales de inversiones (asset managers, en inglés) y bancos de todo el mundo. La mayor inversionista, con 43% de las acciones, es la empresa brasilera A10 Investimentos Ltda, una gestora de inversiones que es representada legalmente por la presidenta de Sigma Ana Cabral y controlada, según el informe financiero anual más reciente de la minera, por Marcelo Freire da Paiva, co-presidente con Cabral de la junta directiva de Sigma.
El destino del litio ‘quíntuple cero’
El comprador del primer cargamento de litio, que Sigma declaró “carbono neutral” tras comprar créditos del proyecto Unitor, fue la empresa hongkonesa Ya Hua International Investment and Development Co. Limited, una filial de la empresa china Sichuan Yahua Industrial Group Co. más conocida como Yahua Group.
Fundada en 1952, Yahua Group es una de las empresas químicas más antiguas de China. Actualmente, sus negocios se dividen entre explosivos no militares y la cadena de producción de litio, que incluye la exploración minera, el procesamiento y la venta de productos.
La empresa afirma desempeñar un “papel fundamental en la cadena de valor de la energía limpia” y cuenta con una importante cartera de clientes. Entre sus proveedores directos se encuentran empresas de vehículos eléctricos y baterías, como Tesla, BYD y CATL. Además, Yahua destaca que sus productos llegan a otras empresas del sector, como BMW y Volkswagen.
Al igual que su proveedor Sigma, Yahua concede gran importancia a la reducción de sus emisiones y ha “firmado varios compromisos para reducir la huella de carbono de sus productos”, que describe en su último informe de sostenibilidad como “verdes y con bajas emisiones de carbono”.
Una planta química de litio en Divisa Alegre, en la frontera entre los estados de Minas Gerais y Bahía.(Imagen: Ana Torres / Imprensa MG)
Esta alianza periodística preguntó a Yahua si Sigma Lithium le informó que su carga vendida en 2023 fue compensada con créditos de carbono de un proyecto que estaba siendo investigado por la Policía Federal y que había sido suspendido. Hasta la fecha de publicación, Yahua no había respondido.
El fabricante de baterías CATL confirmó que Yahua Group forma parte de su cadena de suministro, pero señaló que “según nuestro sistema de trazabilidad y el mapeo de nuestra cadena de suministro, podemos verificar que los materiales suministrados a CATL por Yahua no provienen de Sigma Lithium”. La empresa añadió que realiza “rigurosos protocolos de debida diligencia” a sus proveedores.
BYD no respondió a un correo electrónico preguntando qué medidas adoptó para verificar el origen del litio comprado a Yahua Group y garantizar que no presenta irregularidades sociales o ambientales. Tesla también fue contactada pero no respondió.
Alertas por posibles impactos en el territorio
El cuestionamiento en torno al “litio carbono cero” no es el único tema que rodea a la empresa. Asociaciones de pueblos tradicionales, organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos han denunciado los posibles impactos negativos de la industria del litio en la región.
“Más de 100 familias afectadas alrededor del proyecto sufren a diario impactos negativos, daños colectivos e individuales, como altos índices de ruido, polvo, grietas en las casas, problemas de salud y pérdidas en la producción de alimentos”, afirma una carta firmada el 21 de agosto por 68 entidades. Entre ellas se encuentran organizaciones quilombolas (comunidades formadas por descendientes de esclavos africanos) e indígenas, sindicatos de trabajadores y políticos locales. Un mes después, el Instituto de Defensa del Consumidor (Idec) publicó un estudio retomando algunas de esas preocupaciones y cuestionando la pertinencia del financiamiento concedido por el BNDES estatal en el marco de su programa Guía de Bancos Responsables. Entre otras cosas, el Idec señala una “posible contradicción entre el discurso de sostenibilidad y las prácticas efectivas de Sigma”.
La carta fue una respuesta al homenaje rendido por la asamblea legislativa de Minas Gerais a la directora ejecutiva y cofundadora de Sigma Lithium, Ana Cabral. Dos días después, recibió el título de ciudadana honoraria del estado por sus “relevantes servicios prestados a Minas Gerais”.
En un dictamen publicado en diciembre de 2024, el Ministerio Público Federal (MPF) advirtió que la explotación del litio es una actividad de alto impacto ambiental “con potencial para agravar la vulnerabilidad de comunidades tradicionales”. El documento identificó 258 comunidades tradicionales afectadas por diversas empresas. “El punto central es la negación y la invisibilización de las comunidades tradicionales y la interferencia en su modo de vida sin consulta previa”, señaló Helder Magno da Silva, fiscal del MPF que solicitó el dictamen.
A principios de septiembre, el MPF envió una recomendación a la Agencia Nacional de Minería solicitando la suspensión y revisión de las autorizaciones de exploración y extracción de litio en Araçuaí, donde Sigma opera. El documento enfatiza la necesidad de una consulta libre, previa e informada a las comunidades afectadas que no hayan sido debidamente escuchadas antes de la aprobación de los proyectos.
Además del acceso al agua, otro problema señalado por el MPF es la emisión de polvo y la presencia de residuos tóxicos “asociados a problemas respiratorios y enfermedades de la piel en las poblaciones cercanas”. Una de ellas es la comunidad de Piauí Poço Dantas, una aldea de agricultores familiares cercana al complejo minero Grota do Cirilo. “Respiramos polvo las 24 horas del día”, contó un residente que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, refiriéndose a una de las veces que el polvo invadió la comunidad.
Los residentes de Piauí Poço Dantas también informaron del aumento del ruido en la comunidad y de grietas en las casas provocadas por las sacudidas generadas por las detonaciones. Estas percepciones figuran en un informe técnico de la Fiscalía del Estado de Minas Gerais (MPMG), en el que se escuchó a cuatro comunidades de los alrededores del proyecto.
Esta alianza periodística preguntó a Sigma por el informe del Idec cuestionando la financiación concedida por el BNDES, por los documentos del Ministerio Público Federal y por la carta firmada por 68 organizaciones. La empresa no respondió, pero en otros medios negó cualquier irregularidad en la consulta previa, relación con comunidades vecinas o su récord ambiental.
Mientras tanto, Sigma ha seguido vendiendo su “litio quíntuple cero”, que incluye la garantía de neutralidad en carbono, a otras empresas globales.
En septiembre de 2024, la minera informó que envió 22.000 toneladas al gigante automotriz japonés Mitsubishi. Entre ese mismo mes y abril de 2025, reportó haber hecho cuatro cargamentos sumando 76.000 toneladas a la empresa comercializadora de metales y minerales críticos IRH Global Trading Ltd de Emiratos Árabes Unidos, propiedad del Royal Group de Abu Dhabi.
En todas esas transacciones la minera enfatizó el “cero emisiones”, aunque no reportó públicamente si usó créditos de carbono o a cuáles proyectos acudió para lograrlo. El registro público de transacciones de Verra no lista más operaciones en las que Sigma figura como beneficiario, aunque el mercado voluntario de carbono permite a los usuarios elegir que su nombre no figure públicamente. Ante la consulta, Sigma respondió que no usa créditos de carbono desde 2024, aunque no detalló las medidas de descarbonización y eficiencia ambiental que incorporó en sus operaciones.
Al final, Sigma dio un revolcón a su estrategia de compensaciones ambientales después de que los créditos que usó para reducir las emisiones de su primer año de producción vinieron de un proyecto que está bajo investigación de la Policía Federal por posibles delitos ambientales. A pesar de eso, la minera hasta hoy sigue sin hablar de ese problema públicamente.
Por Umar Manzoor Shah / Inter Press Service – La Evaluación de la Declaración Forestal 2025 advierte que la pérdida forestal mundial sigue siendo alarmantemente alta, sin apenas signos de mejora.
El informe, publicado el 14 de octubre por una coalición de grupos de investigación internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Afirma que solo en 2024 se destruyeron casi 8,1 millones de hectáreas de bosques. Lo que deja al planeta 63 % por debajo del objetivo de deforestación cero prometido en la Declaración de los Líderes de Glasgow, durante la 26 Conferencia de las Partes (COP26), celebrada en esa ciudad escocesa en 2021.
El informe describe 2025 como «un punto medio peligroso» en la década de compromisos forestales.
Afirma que “los bosques mundiales siguen en crisis. A pesar del papel indispensable de los bosques, el veredicto es claro: estamos lejos de alcanzar el objetivo de detener y revertir la deforestación para 2030”.
Los bosques, señala el informe, son “una infraestructura indispensable para la estabilidad del planeta”. Ya que proporcionan medios de vida a más de mil millones de personas y albergan a 80 % de las especies terrestres.
El informe afirma que la COP30, que va a celebrarse en noviembre en la ciudad de Belém, en plena Amazonia brasileña. Es una oportunidad «fundamental» para pasar de los meros compromisos a la acción concreta en materia forestal.
“Bajo el liderazgo de Brasil, que ostenta la presidencia de la COP30, se espera que los países forjen vínculos más fuertes entre el clima, los bosques y la biodiversidad ampliando los compromisos en todo el sector terrestre”, afirma el informe.
Añade que esto incluye ampliar la financiación innovadora para los bosques en pie. Promover cadenas de suministro libres de deforestación y conversión, apoyar sistemas alimentarios resilientes. Y defender los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
El informe pide que los compromisos forestales se incorporen a la próxima ronda de contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC). Los compromisos climáticos voluntarios de los países parte de la COP, de modo que el balance mundial impulse avances tangibles a nivel nacional e internacional.
Una de las autoras del informe, Erin Matson, afirmó que las razones que explican el fracaso en la reducción de la deforestación son muchas y complejas. Pero entre ellas se encuentra la drástica desalineación de la financiación derivada de un sistema económico que recompensa las actividades que dañan los bosques. En lugar de conservar los bosques en pie.
“Tanto la financiación pública como la privada están desajustadas. Por ejemplo, se gastan en promedio 409 000 millones de dólares al año (2021-2023) en todo el mundo en subvenciones agrícolas perjudiciales para el medio ambiente. Frente a solo 1700 millones de dólares destinados a pagos por servicios ecosistémicos a los productores agrícolas”, dijo.
Añadió que en 2024 “las 150 instituciones financieras evaluadas por Forest 500 tenían 8,9 billones (millones de millones) de dólares en financiación activa para las empresas más expuestas al riesgo de deforestación en sus cadenas de suministro”.
Según Matson, la gobernanza débil se caracteriza por varios elementos cruciales:
Una corrupción endémica (que permite a las redes criminales y a las élites con recursos suficientes beneficiarse impunemente de la destrucción ilegal o ilícita de los bosques) y una aplicación de la ley inadecuada y mal orientada (que a menudo se centra en los pequeños actores que se dedican a la tala ilegal o ilícita de bosques, pero deja libres a los grandes culpables).
Además, de la inseguridad de los derechos de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Lo que limita gravemente su capacidad para gestionar y proteger sus territorios forestales.
«Otra razón es la falta de voluntad política y el cortoplacismo. En general, la mayoría de los líderes gubernamentales, empresariales y financieros han tendido, durante la última década, a dar prioridad a políticas y enfoques que reportan beneficios a corto plazo (como el crecimiento económico y el aumento de los beneficios) sin abordar los riesgos y daños fundamentales derivados de la pérdida de naturaleza que socavan la estabilidad y la prosperidad económica y social a medio y largo plazo», afirmó Matson.
Pérdidas crecientes, promesas incumplidas
Según la evaluación, las tasas de deforestación apenas han variado desde 2015. Cuando los gobiernos y las empresas comenzaron a asumir compromisos firmes para la protección de los bosques.
Los 8,1 millones de hectáreas perdidas en 2024 superaron con creces el límite máximo anual de cinco millones de hectáreas necesario para mantener el rumbo.
La mayor parte de esta destrucción se produjo en las regiones tropicales, donde tuvo lugar 94 % de toda la deforestación mundial. Las emisiones resultantes fueron asombrosas: 4200 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente, más que las emisiones anuales de la Unión Europea (UE).
«Cada año que la curva no se inclina, nos quedamos más atrás. La deforestación continúa al mismo ritmo que hace diez años. Eso no es una desaceleración, es un estancamiento», se lee en el informe.
Las más afectadas fueron las selvas tropicales primarias, que almacenan grandes cantidades de carbono y albergan una biodiversidad irremplazable.
En 2024 se destruyeron alrededor de 6,7 millones de hectáreas de selva primaria. Lo que liberó 3100 millones de toneladas métricas de CO₂, casi 150 % de las emisiones anuales del sector energético de Estados Unidos.
El informe califica esta situación de «emergencia ecológica y climática» y advierte de que gran parte de esta pérdida es irreversible.
«Estos bosques tardan siglos en formarse. Una vez que el bosque primario desaparece, ningún proyecto de restauración puede recuperarlo en una generación. El daño es permanente durante nuestra vida», afirma el informe.
La cuenca del Amazonas sigue siendo el epicentro de la degradación forestal mundial y de las emisiones relacionadas con los incendios. Los incendios en la Amazonia en 2024 liberaron 791 millones de toneladas métricas de CO₂, superando las emisiones totales de Alemania.
Bolivia perdió 9 % de sus bosques tropicales húmedos intactos restantes, mientras que Brasil fue responsable de la mitad de toda la degradación en la cuenca amazónica, que engloba a ocho países sudamericanos, además del territorio de la Guayana Francesa.
La agricultura es la principal causa de la pérdida de bosques
El informe identifica la agricultura permanente como la principal causa de la deforestación, responsable de 86 % de la pérdida forestal mundial en la última década. Los bosques se talan para dar paso a cultivos, pastos y plantaciones de productos básicos como el aceite de palma, la soja y el caucho. La minería, la expansión de las infraestructuras y la especulación inmobiliaria añaden aún más presión.
El consumo interno es un factor importante. Por ejemplo, en América Latina, el consumo de carne de vacuno y productos de pastoreo de la región es la principal causa de la deforestación.
Por el contrario, la deforestación en Asia y África está relacionada con una gama más amplia de productos de exportación.
Estudios recientes citados en el informe muestran que los países desarrollados, especialmente Estados Unidos y varios países europeos, provocan una pérdida sustancial de biodiversidad en el extranjero a través de los productos importados. Entre 2000 y 2015, los 24 países más industrializados causaron aproximadamente 13 % de la pérdida de biodiversidad forestal mundial a través del comercio internacional.
La evaluación también señala que «la corrupción, la débil aplicación de la ley y los deficientes sistemas de tenencia de la tierra» contribuyen de manera significativa a la deforestación. Estas fallas de gobernanza permiten la apropiación ilegal de tierras y la tala no regulada, lo que socava los esfuerzos de conservación.
Según Matson, la deforestación impulsada por las materias primas es compleja porque está causada por varios factores. Entre ellos los patrones de demanda de materias primas, tanto para el consumo interno como para el comercio internacional. Las regulaciones comerciales y los aranceles que pueden cambiar las zonas de producción y los flujos de materias primas.
También la impulsa la dinámica del uso de la tierra a nivel nacional, como la especulación inmobiliaria, en la que se considera que el valor de la tierra aumenta una vez que se ha talado el bosque; y la débil aplicación de la ley. Se estima que entre 69 % y 94 % de la deforestación tropical es ilegal.
«Para cambiar este patrón, necesitamos múltiples acciones que se complementen entre sí. Una inversión en una aplicación de la ley justa, equitativa y receptiva para hacer frente a la deforestación ilegal y hacer que no sea rentable talar tierras ilegalmente», afirmó.
Y añadió: «Regulaciones comerciales que prohíban la importación de productos básicos producidos en tierras deforestadas después de una fecha determinada (como 2020), combinadas con inversiones en sistemas de trazabilidad y regulaciones de diligencia debida para garantizar que estas regulaciones se puedan aplicar».
Matson abogó por la adopción y aplicación de normativas de diligencia debida para abordar la deforestación relacionada con el consumo interno de productos básicos.
«Necesitamos esfuerzos y campañas que tengan como objetivo cambiar los patrones de consumo, cuando sea culturalmente apropiado. Por ejemplo, reduciendo el consumo de carne en los países de altos ingresos y alto consumo, pasando a las proteínas de origen vegetal y al consumo de productos básicos certificados libres de deforestación», dijo
Los incendios y la degradación multiplican la amenaza
Mientras que la deforestación elimina bosques enteros, la degradación debilita los que quedan.
En 2024, alrededor de 8,8 millones de hectáreas de bosques tropicales húmedos se degradaron, el doble del nivel compatible con detener la degradación para 2030. El informe califica la degradación como una «crisis invisible», a menudo pasada por alto en los debates políticos, pero igual de perjudicial para la biodiversidad y la estabilidad climática.
La degradación provocada por los incendios, especialmente en la Amazonia, fue la principal causa de estas pérdidas. Las sequías extremas, la mala gestión forestal y las quemas deliberadas para despejar la tierra han hecho que los incendios sean más destructivos.
Según el informe, la Amazonia ardió a una escala que no se había visto en décadas. Estos incendios ya no son acontecimientos aislados, sino síntomas de un ecosistema estresado que ha superado sus límites.
El informe advierte de que los bosques degradados son mucho más propensos a ser deforestados posteriormente, lo que crea un ciclo de declive. Los datos de América Latina, África y Asia muestran que, una vez que la cobertura del dosel arboreo cae por debajo de 50 %, el riesgo de deforestación total aumenta considerablemente.
La degradación es una señal de alarma. El informe afirma que, cuando los bosques comienzan a perder estructura, a menudo se produce la deforestación.
El seguimiento de la degradación sigue siendo un gran reto debido a la escasez de datos a nivel mundial. La mayoría de los informes nacionales se centran únicamente en la pérdida de la cubierta arbórea, y no en la salud de los bosques o la función de los ecosistemas. El informe insta a los gobiernos a integrar los indicadores de degradación en los marcos climáticos y de biodiversidad.
«Consideramos que la degradación forestal es una «crisis silenciosa» porque está muy extendida y es muy perjudicial para la salud y la resiliencia de los bosques. Pero a menudo pasa desapercibida porque es más difícil de detectar y rastrear que la deforestación», djo Matson.
«A diferencia de la deforestación, no existe una definición acordada a nivel mundial ni un enfoque de seguimiento estandarizado para la degradación forestal», añadió.
La autora del informe precisó que «los países que informan a la Evaluación de los Recursos Forestales de la FAO pueden establecer sus propias definiciones nacionales siguiendo las directrices de la FRA 2025».
Pero el hecho de que no haya uniformidad «dificulta la comparación de datos entre regiones o la captura de los impactos acumulativos de la tala, los incendios y otras perturbaciones en la calidad de los bosques», explicó.
Añadió que otros marcos han animado a los países a establecer definiciones y criterios de seguimiento de la degradación forestal, como la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD+). Por ello, adujo, los países en los que el seguimiento de la degradación está más avanzado son los que han avanzado en los programas REDD+.
«Cuando existen incentivos para supervisar y notificar con precisión la degradación, los sistemas mejoran», consideró Matson.
«La degradación forestal contribuye de manera significativa a las emisiones de gases de efecto invernadero y también afecta a la biodiversidad, por lo que los países deben establecer objetivos pertinentes, como primer paso, en sus NDC y en sus NBSAP (estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad)», afirmó Matson.
Los esfuerzos de restauración muestran potencial, pero se quedan atrás
A pesar de las sombrías tendencias, la evaluación destaca algunos avances positivos. En septiembre de 2025, había proyectos de restauración activos en 10,6 millones de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas. Estos esfuerzos incluyen programas de reforestación, agrosilvicultura y regeneración natural, principalmente en regiones tropicales.
Sin embargo, la cifra representa solo 0,3 % del potencial de restauración forestal mundial, muy por debajo del objetivo de 30 % establecido en el Marco Mundial de Kunming-Montreal para la Diversidad Biológica.
El seguimiento sigue siendo otra área débil. Gran parte de los datos disponibles provienen de fuentes fragmentadas o superpuestas, como la base de datos Restor y los observatorios nacionales. El informe advierte que, sin un seguimiento global unificado, el progreso de la restauración seguirá siendo poco conocido.
La evaluación pide un seguimiento más amplio en el marco del Marco de las Naciones Unidas para el Seguimiento de la Restauración de los Ecosistemas. Que combina datos cuantitativos con información cualitativa sobre la eficacia de los proyectos y la participación local. Persisten las deficiencias en materia de gobernanza y financiación.
El informe destaca que el progreso depende de cambios sistémicos, no de éxitos aislados. Mientras que países como Brasil han reducido la deforestación mediante una aplicación estricta de la ley y una planificación inclusiva del uso de la tierra. Otros han visto cómo sus logros se veían anulados por cambios políticos o una aplicación deficiente.
La financiación para la protección y la restauración de los bosques sigue siendo muy insuficiente. El informe concluye que la financiación positiva para los bosques sigue siendo una fracción de los fondos que apoyan actividades que dañan los bosques, como los subsidios a los combustibles fósiles y la agricultura industrial. Pide que se reformen los sistemas financieros para redirigir el capital hacia el uso sostenible de la tierra.
La evaluación también destaca que las comunidades indígenas y locales siguen estando infrarrepresentadas en la toma de decisiones sobre los bosques, a pesar de gestionar algunos de los ecosistemas más intactos del mundo. La ampliación del reconocimiento legal de los derechos sobre la tierra y la garantía de la participación de la comunidad se describen como «condiciones no negociables» para el progreso.
«Los obstáculos para ampliar la restauración son complejos y se refieren principalmente a aspectos financieros, de gobernanza y estructurales. La restauración suele carecer de financiación suficiente porque los beneficios solo se obtienen a largo plazo. Y las ventajas ecológicas —como el almacenamiento de carbono, la regulación del agua o la biodiversidad— no se valoran plenamente en los mercados», dijo Matson.
«La financiación pública para la restauración tiende a ser a corto plazo o basada en proyectos. Mientras que la financiación privada se muestra reacia debido a los altos riesgos percibidos. Los modelos de ingresos poco claros o la simple falta de proyectos o iniciativas en los que invertir», añadió.
Afirmó que, en lo que respecta a las políticas, muchos países carecen de una tenencia de la tierra clara, de incentivos a largo plazo y de marcos que permitan una restauración a gran escala.
«Integrar la restauración en los planes nacionales de clima, biodiversidad y desarrollo rural, y armonizar los sistemas de financiación, tenencia y seguimiento en consecuencia, incentivaría y canalizaría la acción colectiva para desarrollar enfoques de restauración globales a escala paisajística que vayan más allá de proyectos individuales y dispersos», afirmó Matson.
Deforestación y dinámica del mercado
A solo cinco años de la fecha límite de 2030, el informe afirma que los cambios incrementales no serán suficientes. «Esta crisis no puede quedar relegada a un segundo plano», afirma el informe. «Los éxitos aislados no salvarán los bosques del mundo. Necesitamos una reforma estructural que convierta la protección de los bosques en la norma, no en la excepción», añade.
Los expertos afirman que para revertir las tendencias actuales será necesaria una acción coordinada entre la agricultura, el comercio y las finanzas.
A su juicio, los gobiernos deben cerrar las lagunas legales que permiten la entrada en los mercados de productos relacionados con la deforestación. Las empresas deben rastrear y divulgar sus cadenas de suministro. Y los prestamistas internacionales deben alinear la financiación con los objetivos medioambientales.
«A medio y largo plazo, tenemos que hacer que la conservación y la gestión sostenible de los bosques sean más atractivas y rentables que la deforestación legal. Y eso requiere cambiar los incentivos financieros: reformar las subvenciones; establecer pagos por mantener los bosques en pie, como el Fondo Tropical Forests Forever; y aumentar los pagos por los programas de servicios ecosistémicos para agricultores y silvicultores», dijo Matson.
«Gran parte de la deforestación responde en gran medida a la dinámica del mercado. Cuando sube el precio del oro, se produce una mayor deforestación para la extracción de este metal. Por lo tanto, contrarrestar esos incentivos financieros perjudiciales con otros positivos debe formar parte de cualquier solución permanente a la crisis de la deforestación», concluyó.
