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Tras la postergación europea del EUDR, AFoA destacó la preparación del sector forestal argentino

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En un giro clave para el comercio internacional, el Consejo de la Unión Europea confirmó la postergación de la entrada en vigor del Reglamento de Productos Libres de Deforestación (EUDR), extendiendo su aplicación general hasta diciembre de 2026. La revisión busca dar más tiempo a empresas y autoridades para ajustar sistemas de trazabilidad, simplificar procesos y evitar la sobrecarga operativa prevista en la versión original del reglamento.

La noticia llegó el mismo día en que la Asociación Forestal Argentina (AFoA) realizó el seminario “EUDR en Productos Forestales: Estado Actual de la Implementación. Requisitos regulatorios y experiencias privadas”, donde disertantes nacionales e internacionales analizaron los desafíos y oportunidades que abre la normativa para la foresto-industria argentina. Con la moderación a cargo de Lucas Nannini, Gerente de Administración de Planeamiento de Papel Misionero, la apertura oficial del seminario estuvo a cargo del presidente de AFoA – Pablo Ruival – quien destacó el excelente panel de disertantes, en donde se puede tener testimonio directo de empresas que ya están trabajando con estos procesos, marcos legales, enfoques y protagonistas que contribuyen a que todos podamos comprend er y estar listos para cuando entren en vigencia estas nuevas políticas”.

Por su parte, Claudia Peirano, directora ejecutiva de AFoA señaló que “la postergación anunciada hoy ratifica que el cumplimiento del EUDR requiere procesos sólidos, información precisa y herramientas confiables. Argentina ya cuenta con un marco legal muy robusto, plantaciones georreferenciadas y miles de hectáreas certificadas, lo que nos posiciona en condiciones favorables para los mercados europeos”.

Certificaciones y sistemas locales de control: respuestas desde Argentina

La primera en dar testimonio y contexto fue Florencia Chavat, directora ejecutiva de PEFC Argentina, quien repasó el estado de situación técnico-regulatorio del reglamento y analizó las más recientes propuestas de enmienda, que ya anticipaban un posible aplazamiento. Detalló los requisitos de trazabilidad, legalidad y geolocalización, y celebró las mejoras introducidas en el proceso europeo para simplificar el proceso y reducir cargas administrativas para las PYMEs.

Experiencias internacionales: trazabilidad, riesgo y adaptación al nuevo escenario europeo

Luego, ya en la voz de los protagonistas, el primero en dar testimonio fue Fernando Sepliarsky, director técnico de INTASA (España) – principal fabricante español de parquet multicapa y tableros rechapados con presencia global – quien describió el fuerte impacto operativo que el EUDR implica para las empresas europeas que trabajan con múltiples especies y orígenes. Explicó que, en un contexto de crecientes costos y mayores exigencias ambientales, el EUDR opera como una verdadera barrera para-arancelaria, obligando a integrar geolocalización, certificaciones, matrices de riesgo y documentación exhaustiva para cada importación.

Sepliarsky describió con claridad la diligencia debida que ahora deben cumplir los operadores: información detallada del producto, país de origen, proveedor, legalidad y geolocalización; evaluación y reducción de riesgos; documentación disponible durante cinco años; y la incorporación de un número de referencia obligatorio que acompaña cada importación. Compartió ejemplos reales de matrices de riesgo utilizadas por INTASA, mostrando cómo la empresa integra certificaciones (como PEFC), datos geográficos y criterios legales para obtener calificaciones de riesgo “despreciable”. También remarcó que el sistema prevé los primeros seis meses sin sanciones y que la transición de EUTR a EUDR exigirá una adaptación profunda a lo largo de la cadena co mercial.

Desde el sector privado, Vanina Budini, responsable de Cadena de Custodia de Papel Prensa, presentó cómo Papel Prensa integra la madera controlada y los sistemas de diligencia debida para alinearse con las exigencias del EUDR. La empresa, con 47 años de trayectoria y un proceso foresto-industrial que abastece impresión y embalaje a gran escala, trabaja con sauces y álamos de cinco establecimientos propios y más de 45 proveedores. Su esquema se apoya en Cadena de Custodia FSC y PEFC, asegurando trazabilidad completa desde el bosque hasta el producto final, y en un abastecimiento basado en fibra certificada, madera controlada y material recuperado.

Budini detalló el Sistema de Diligencia Debida (SDD) que aplica la compañía para evitar el ingreso de materiales provenientes de fuentes conflictivas. Esto incluye controles legales y dominiales, revisión de documentación laboral, relevamientos de áreas de alto valor de conservación, evaluación de riesgos sociales y consultas a actores locales. También abordó cómo la empresa responde a las crecientes solicitudes de clientes —tanto dentro como fuera de la UE— en relación con el EUDR: trazabilidad por lote, geolocalización de las unidades de manejo, documentación respaldatoria, acuerdos de confidencialidad y ejercicios de verificación. El sistema permite que la información esté disponible para auditorías, fortaleciendo la transparencia y demostrando la preparaci& oacute;n de Papel Prensa para los nuevos requisitos europeos.

Por su parte, Paula Balla, de Arauco, expuso el desarrollo de una solución tecnológica integral, que vincula información desde el sistema forestal hasta la facturación, permitiendo generar reportes GeoJSON y documentación apta para la plataforma TRACES. Afirmó que Arauco ya cuenta con el 100% de la información de origen y trazabilidad exigida por la norma, y destacó la necesidad de estandarizar la entrega de datos a clientes operadores.

Asimismo, se hizo hincapié en el rol de Arauco como proveedor de fibra y madera, destacando el desafío de estandarizar la entrega de información bajo un formato único y eficiente para evitar la duplicidad de gestiones administrativas. Balla concluyó enumerando los retos a futuro, que incluyen la adaptación continua a las novedades del sistema europeo, el mantenimiento de certificaciones como FSC y la necesidad de instalar la temática en la agenda pública nacional y provincial para proteger y potenciar las exportaciones forestales

La visión del Estado: trazabilidad pública y riesgo nulo de deforestación

En representación del Gobierno nacional, Sabina Vetter, directora nacional de Desarrollo Foresto-Industrial, explicó que Argentina viene llevando adelante una doble estrategia:

  • gestiones diplomáticas y planteos ante organismos internacionales solicitando la postergación del reglamento, y
  • adecuación interna, con la creación del Directorio de Esquemas de Diferenciación Agroindustriales (Res. 50/2024), que ya incluye herramientas como VISEC y Tracestory, orientadas al cumplimiento del EUDR.

Vetter remarcó que el país cuenta con un marco legal que garantiza trazabilidad territorial verificable, ya que el otorgamiento de beneficios dentro del régimen de promoción forestal instituido por la Ley N° 25.080 exige la ejecución de emprendimientos forestales georreferenciados, auditados y verificados por el Estado. Esto permite demostrar, con evidencia pública, que el riesgo de deforestación asociado a la producción forestal argentina es prácticamente nulo.

Argentina: un proveedor confiable para los mercados más exigentes

Con más de 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales, en su mayoría en la Mesopotamia, Argentina cuenta con una de las regiones más productivas del mundo para pino y eucalipto. Más del 90% de la industria se abastece de estas plantaciones establecidas bajo la Ley 25.080, lo que refuerza su perfil de cumplimiento frente a la EUDR.

Además, el país dispone de dos sistemas de certificación internacionalmente reconocidos (FSC y PEFC), que aseguran gestión sostenible, legalidad y trazabilidad. “El EUDR es un cambio estructural en el comercio global de productos forestales. La decisión de hoy confirma que el proceso de implementación debe ser responsable. Argentina está preparada y lo demostró hoy el sector público-privado en este seminario”, concluyó Peirano.

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Reclamo a la UE por calificación de la Argentina bajo normativa unilateral europea sobre deforestación

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El gobierno argentino manifestó su rechazo a esta decisión injustificada porque considera que, de acuerdo con los tres criterios principales establecidos en el Artículo 29 del mencionado Reglamento, la Argentina debe ser considerada un país de “riesgo bajo”.

En un enfoque pragmático, y con el fin de evitar disrupciones a sus exportaciones a la UE, tanto el gobierno argentino como el sector privado afectado por dicha norma, han venido trabajando en forma conjunta y constructiva con la Comisión Europea, las autoridades nacionales de Estados Miembros de la Unión Europea y con operadores comerciales europeos para que éstos puedan satisfacer las exigencias del Reglamento.

En adición, el gobierno argentino, con la colaboración del sector privado, presentó a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea un informe sobre la situación de las cadenas de la soja, del sector bovino y del sector forestal (los tres principales sectores de la Argentina afectados por el Reglamento), proveyendo información actualizada con datos fidedignos que respaldan la calificación de “riesgo bajo”.

En cuanto a la evaluación, también llama la atención que los compromisos convenidos en materia de deforestación en el marco del Acuerdo de Asociación entre el MERCOSUR y la Unión Europea -anunciado el 6 de diciembre de 2024- no hayan sido considerados a los fines de asignar el nivel de riesgo país.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía y la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería han comunicado formalmente su rechazo de la calificación a la Comisario de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva de la UE, solicitándole que la Comisión Europea reconsidere la calificación de la Argentina previo al 31 de diciembre de 2025, fecha de implementación del Reglamento, asignándole “riesgo bajo” de deforestación. Asimismo, se solicitó la apertura de un diálogo bilateral para abordar aspectos prácticos de su aplicación.

Finalmente, la República Argentina reitera que, desde el inicio del proceso regulatorio, ha manifestado de manera clara sus objeciones de fondo al enfoque unilateral de esta normativa, la cual representa una barrera injustificada al comercio internacional y es incompatible con los compromisos asumidos por la Unión Europea en el marco de la Organización Mundial del Comercio.

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El campo se reunió con Mondino por las trabas europeas a la deforestación

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La Canciller Diana Mondino mantuvo el último viernes una reunión de trabajo con representantes de entidades agropecuarias, de la cual participaron el Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani; el Presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Franco Pino; el Presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), Elbio Laucirica; y el Presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni.

Durante la reunión, se dialogó sobre las necesidades y prioridades del sector en materia de comercio exterior, entre ellas las posibles implicancias de la entrada en vigor del “Reglamento de la UE 2023/1115 sobre productos libres de deforestación” en las exportaciones argentinas.

Al respecto, se destacó la importancia del desarrollo de una plataforma de trazabilidad y certificación como el Visec, mediante el cual cada embarque de productos argentinos proveniente de las cadenas de valor de carne bovina y soja contará con un documento de verificación que suministra los datos requeridos por dicha normativa europea.

También se resaltó la importancia de las negociaciones agrícolas internacionales en materia arancelaria, y en tal sentido se destacó la participación argentina en la 13° Conferencia Ministerial (13CM) de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se celebrará del 26 al 29 de febrero de 2024 en los Emiratos Árabes Unidos. A su vez, se dialogó sobre el estado de las negociaciones por el Acuerdo de Asociación Estratégica MERCOSUR-UE.

Sobre el final del encuentro, Mondino ratificó la disposición de la Cancillería para continuar trabajando en conjunto con el objetivo de abordar cuestiones que afecten la producción y comercialización de productos del sector, identificar oportunidades de apertura de mercados y colaborar en mejoras de acceso a mercado que contribuyan a mejorar la inserción internacional y el perfil exportador de nuestro país.

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Alimentos “libres de deforestación”: productores de Sudamérica, con los tapones de punta contra Europa

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(InfoCampo) Siete entidades que representan a productores de soja y maíz de Argentina, Brasil y Paraguay emitieron en las últimas horas un comunicado con duras críticas hacia la Unión Europea, por su presión para poner en marcha la normativa que impone que todos los alimentos que compre el bloque del viejo continente deben estar “libres de deforestación”.

A grandes rasgos, consideraron que se trata de “una barrera comercial disfrazada de medida medioambiental”, que además “invierte la carga de la prueba y generaliza la culpa” y que “lesiona la soberanía de los países exportadores”.

Es un capítulo más de una novela de idas y vueltas que promete ser larga: por caso, en los últimos días, hubo una controversia dentro del ruralismo argentino, luego de que el Gobierno firmara con algunas cámaras agroindustriales un convenio para avanzar con una plataforma que mejore la trazabilidad de los productos argentinos, para cumplir con estas demandas europeas, y desde la Federación de Asociaciones Rurales de Misiones (FARM) cuestionaran ese acuerdo con dureza.

PRODUCTOS “LIBRES DE DEFORESTACIÓN”
El comunicado está firmado por la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar), la Asociación Brasileña de Productores de Maíz (Abramilho), la Asociación Brasileña de Productores de Soja (Aprosoja Brasil), la Asociación de la Cadena de Soja Argentina (Acsoja), la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales de Paraguay (APS), la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comerciantes de Cereales y Oleaginosas (Capeco) y la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA).

Estas entidades recuerdan en el mismo que producen 190,1 millones de toneladas de soja y 175,8 millones de maíz, lo que significa el 51,3% y el 15,2% de la oferta mundial, respectivamente.

Por eso, manifiestan su “preocupación por el Reglamento de la Unión Europea para Productos Libres de Deforestación (EUDR), que forma parte del Pacto Ecológico Europeo (European Green Deal)”.

“En las últimas décadas, los productores rurales de América del Sur han invertido en prácticas sostenibles de producción de alimentos con el uso de la tecnología. Sin embargo, se ha producido un aumento significativo de la adopción de medidas proteccionistas por parte de algunos países importadores, que utilizan la preocupación medioambiental como justificación”, comienzan las críticas.

Y continúan: “Se trata de iniciativas que invierten la carga de la prueba, generalizan la culpa y hacen oneroso para el regulado demostrar su inocencia. Relativizan, así, mediante leyes, reglamentos o barreras comerciales, el hecho de que nuestra agricultura se construye sobre los pilares de la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente”.

“UNA BARRERA COMERCIAL”
De allí que, para las instituciones mencionadas, la disposición en cuestión es “una barrera comercial disfrazada de medida medioambiental, que tendrá un impacto considerable en el costo de producción, aumentará los precios de los alimentos y distorsionará el comercio mundial”.

Según las entidades del Mercosur, esta normativa impone además condiciones retroactivas, que van más allá de la legislación nacional vigente y corren el riesgo de expulsar del negocio principalmente a los pequeños y medianos productores.

“Además, el reglamento lesiona la soberanía de los países exportadores, extrapola las competencias reguladoras de la Unión Europea y se colocan en una posición discriminatoria, violando los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas del Acuerdo de París”, prosigue el documento.

Asimismo, subraya que las medidas contenidas en el EUDR no reconocen a la gran mayoría de productores rurales que preservan el medio ambiente.

“Se trata esencialmente de una medida punitiva, con mayores riesgos y costos para el operador privado”, amplía.

PRODUCCIÓN SUSTENTABLE
Por otro lado, los productores de soja y maíz de Sudamérica expresan su descontento porque consideran que “la clasificación del riesgo medioambiental definida subjetiva y unilateralmente por EUDR es inaceptable, ya que afecta a la imagen y reputación de los países, distorsiona el comercio internacional, pone en peligro el acceso al crédito e implica un aumento de los costos de transacción de los países”.

Y los cuestionamientos no cesan: “Estos impactos se producirán a pesar de que estos países llevan años dando ejemplo en materia de regulación y preservación del medio ambiente, al margen de cualquier legislación o acuerdo internacional, con lo que tienen garantizado el mantenimiento de gran parte de sus territorios cubiertos de vegetación autóctona en volúmenes muy superiores a los practicados en Europa”.

En este marco, el comunicado finaliza de la siguiente manera:

“Los productores, aquí representados por sus organizaciones, reafirman su compromiso de seguir satisfaciendo la demanda mundial de alimentos producidos de acuerdo con los tres pilares de la sostenibilidad: económico, social y medioambiental.

Las organizaciones están abiertas al diálogo para encontrar una solución que beneficie a todos los eslabones de la cadena.

Insistimos en la importancia de revisar esta legislación, excluyendo las clasificaciones por países, ya que son incompatibles con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los convenios multilaterales sobre medio ambiente”.

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