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Crimen escolar en Santa Fe: el Gobierno confirma vínculo con redes internacionales

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El crimen ocurrido en una escuela de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, sumó en las últimas horas un dato clave que cambia el eje de la investigación y que el Gobierno dio a conocer este miércoles en una rueda de prensa que dejó a muchos atónitos por lo inesperado del caso.

En los hechos, el adolescente que asesinó a un compañero no actuó de manera aislada, sino que formaba parte de una comunidad digital internacional que promueve y glorifica la violencia extrema.

Así lo confirmaron autoridades nacionales y provinciales durante una conferencia de prensa en la que participaron el gobernador Maximiliano Pullaro, la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva y representantes de la Policía Federal Argentina.

La propia ministra fue contundente al definir el caso como “un caso inédito en el país”, lo que obligó a un trabajo coordinado entre fuerzas provinciales y federales.

Qué contó el Gobierno sobre la investigación

En un primer momento, el hecho había sido interpretado como un posible caso de bullying o incluso como un episodio de desborde psicológico. Sin embargo, el avance de la investigación descartó esas hipótesis iniciales.

Según explicó Pullaro, “en principio parecía ser un brote psicótico, posteriormente se habló de que la motivación podía ser el bullying”, pero el análisis de pruebas digitales permitió reconstruir un escenario mucho más complejo.

“No fue un brote psicótico de este adolescente, no tiene que ver con el bullying”, afirmó el gobernador, y agregó que el joven:

“participaba de una red internacional de una subcultura digital que se denomina TCC (True Crime Community)”.

Qué es la TCC y por qué preocupa (no solo en Santa Fe)

De acuerdo a lo detallado por las autoridades, la TCC es una subcultura digital que gira en torno a la fascinación por crímenes violentos, especialmente tiroteos masivos en escuelas.

Monteoliva explicó que estas comunidades están integradas mayormente por jóvenes y adolescentes, y que funcionan a escala global: “Tiene que ver con comunidades virtuales que se centran en el estudio y análisis de asesinatos, de tiroteos masivos (…) organizaciones nihilistas, misantrópicas, que tienden a llevar actos de violencia”.

Además, advirtió que el fenómeno no es nuevo en el país, aunque nunca había derivado en un hecho de estas características. “En los últimos dos años, la Policía Federal junto con el FBI registró e identificó 15 casos y hay cuatro en análisis”, precisó.

Cómo operan estas comunidades

El jefe de la Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), Guillermo Díaz, explicó que estas redes siguen una lógica escalonada.

Primero, se produce una etapa de fascinación por hechos reales, que tiene como punto de partida histórico la masacre de Columbine, en Estados Unidos. Luego, ese contenido se difunde en plataformas digitales como Discord o Telegram.

“El principal problema es la imitación”, señaló Díaz, y agregó que en una fase posterior algunos integrantes pasan directamente a planificar ataques. “Estos chicos pasan a ser héroes”, remarcó.

Nuevos implicados y medidas judiciales

La investigación también permitió detectar la participación de otro menor vinculado a estos grupos digitales. El joven fue detenido mientras circulaba por la Ruta Nacional 11 junto a sus padres.

En su domicilio se realizaron allanamientos donde se secuestraron dispositivos electrónicos y material relacionado con estas subculturas.

Además, los peritajes sobre el celular del atacante resultaron claves para establecer conexiones y reconstruir el entramado digital en el que se movía.

Un fenómeno global que excede fronteras

Las autoridades insistieron en que el problema no puede analizarse únicamente desde lo local. “No tiene que ver con lo que pueda suceder en una comunidad, escuela, provincia o país”, sostuvo Pullaro, sino con una lógica global que encuentra en internet su principal espacio de expansión.

En ese sentido, Monteoliva remarcó la necesidad de una respuesta integral: “Una respuesta a este tipo de casos excede e involucra a todas las partes: familia, escuela, educadores, comunicadores. Todos tenemos una función que cumplir”.

Otra línea de preocupación: el fenómeno incel

Durante la investigación también surgió otro dato relevante: en algunos casos, estos grupos digitales se vinculan con el movimiento incel (célibes involuntarios), caracterizado por el odio hacia las mujeres y hacia quienes mantienen relaciones afectivas.

Según Díaz, este tipo de ideología puede escalar hacia conductas violentas, lo que suma un nuevo nivel de alarma dentro de estas comunidades.

Un caso que marca un antes y un después

Mientras la causa judicial continúa en curso y se analizan más dispositivos electrónicos, el caso de San Cristóbal ya es considerado un punto de inflexión.

“Es un fenómeno nuevo, diferente, que tenemos que abordar”, advirtió Pullaro.

El desafío ahora, coinciden las autoridades, será anticiparse a este tipo de dinámicas antes de que vuelvan a traducirse en hechos de violencia en el mundo real.

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Prefectura dotará de personal y dependencias en Alba Posse, Panambí y El Soberbio

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El gobernador, Hugo Passalacqua, lo anunció a través de su cuenta de Twitter. Será desde diciembre. “Se trata de una zona que históricamente necesitaba vigilancia fronteriza”, remarcó el mandatario.

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Presentaron los primeros resultados de la Encuesta Nacional de Victimización

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El Ministerio de Seguridad de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentaron ayer los resultados preliminares y provisorios de la Encuesta Nacional de Victimización (ENV), relevamiento que tuvo como objetivo generar información sobre la situación de la seguridad pública en la Argentina. Participaron la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, el Secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el Director del INDEC, Jorge Todesca.

Este martes 4/7, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich aseguró que los homicidios disminuyeron un 9% entre el 2015 y el 2016, y que la criminalidad en general bajó un 6%, según los datos obtenidos en una encuesta realizada en forma conjunta con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Según los números oficiales, la tasa de homicidios es la tercera más baja en América Latina después de Chile y Ecuador. La tasa de homicidios se ubicó en 6 cada cien mil habitantes, el mismo de 2008.

La funcionaria informó esas cifras en una rueda de prensa en la sede de su cartera ubicada en México 12, en el barrio porteño de Monserrat, donde estuvo acompañada por el director general del Indec, Jorge Todesca, el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman.

Los funcionarios presentaron los resultados de la Estadística Criminal realizada sobre el período 2015-2016, y de la Primera Encuesta Nacional de Victimización, elaborada con el apoyo de equipos especializados del Indec. La ministra explicó que “el Sistema Nacional de Información Criminal es un a obligación legal de la Argentina, y esto se ha hecho con la decisión de crear por primera vez en la historia, una Subsecretaría de Estadísticas Criminales” y agregó que “esto significó darle una jerarquía a la estadística, y este es el primer resultado”.

Bullrich precisó que en la Estadística Criminal se consideraron 29 tipos de delitos en una tasa cada 100.000 habitantes, por lo que consideró que se trata de “una encuesta bien importante y que abarca todos los delitos que más perjudican a la sociedad”.

Según el análisis realizado por su cartera, el total de delitos en el país disminuyó un 6 por ciento, tomando el 2015 como base, y los homicidios dolosos, un 9 por ciento. “En la medida en que crecieron el narcotráfico y la pobreza a lo largo de estos años, había crecido el homicidio en un seis punto seis por ciento”, especificó la funcionaria, quien aclaró que se trata de 232 víctimas menos por ese tipo de delitos.

En cuanto a las lesio nes dolosas, el informe arrojó que ese indicador disminuyó un 22 por ciento en todo el país en el mencionado período (de 440 casos a 342) y que las amenazas lo hicieron en un 14 por ciento (de 450 a 389).

Qué pasó con los robos: además, en cuanto a los robos y hurtos, la estadística señaló una baja del tres y 2%, respectivamente. “Es un correlato el hecho de que en todos los delitos hay una disminución, en algunos más importante y en otros más baja, pero en todos bajó”, consideró la ministra.

“Nosotros creemos que éste es el primer paso, que esto nos da instrumentos de trabajo, sabemos sobre qué tenemos que trabajar, cómo tenemos que reducir los delitos, provincia por provincia, y cada uno de los ministros va a tener las estadísticas de su provincia para manejar su política criminal específica”, concluyó.

Durante la presentación, que tuvo lugar en el auditorio del Ministerio de Seguridad, Todesca afirmó que tras la implementación de esta encuesta “sentimos la satisfacción de haber descorrido un velo de la realidad; los datos estadísticos contribuyen a dar cuenta de los fenómenos económicos y sociales que se enlazan con las políticas públicas y la vida democrática del país”.

El titular del INDEC destacó “la participación de la población en el operativo de campo y el buen recibimiento que se le brindó a los encuestadores”, algo que demuestra “la recuperación de la credibilidad del Instituto”. “Además, tras varios años de estancamiento –prosiguió Todesca–, hemos dado un salto tecnológico mediante la utilización de tabletas para la captura de datos, conectadas al servidor del INDEC para un procesamiento más eficiente de la información”.

Por su parte, Milman consideró que contar con datos confiables en materia de seguridad “significa que hemos subido un escalón más en verdad, transparencia y trabajo constante. En ese sentido, el INDEC vuelve a ser una institución creíble para la sociedad argentina”.

Como primeros resultados, la ENV arrojó una tasa de prevalencia delictiva –la proporción de hogares o personas que fueron víctimas de al menos un delito durante el período de referencia (año 2016)– de 27,5%, y una tasa de no denuncia para el total de delitos del 67,7%.

El operativo se realizó en más de 46.000 hogares ubicados en localidades urbanas de 5.000 y más habitantes de todo el territorio nacional entre los meses de marzo y junio de 2017. Los datos que se presentaron en esta oportunidad son preliminares y provisorios; con posterioridad se publicarán indicadores adicionales.

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Cambio en el Código Penal: se amplió la figura del abuso sexual

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El Gobierno promulgó la ley 27.352, que define en forma más precisa las acciones que comprende el delito de abuso sexual. Así lo indica el Decreto 340/2017, que fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de la vicepresidente Gabriela Michetti, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano.

La norma que se oficializó hoy es una modificación al artículo 119 del libro segundo, título 3, del Código Penal de la Nación, y fue impulsada para acotar el margen de interpretación que puedan tener los jueces sobre el texto.

“La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral”, indicaba uno de los párrafos antes de la modificación. Ahora el Código Penal precisa que corresponde la misma pena a quien “realizare otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías”. Con esa incorporación, que sancionó el Congreso en abril pasado, los magistrados ya no pueden argumentar que algunas de esas acciones no constituyen abuso sexual.

El artículo 119 también establece que “será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de 13 años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”.

Además, indica que “la pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima”.

Por otra parte, la pena será de ocho a veinte años de reclusión o prisión si: “resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima; el hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda; el autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio; el hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas; el hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasión de sus funciones; el hecho fuere cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo”.

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