Denuncias

La Fiscalía española archivó la investigación contra Julio Iglesias por falta de jurisdicción

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España resolvió archivar la investigación preliminar contra el cantante Julio Iglesias tras las denuncias por presuntos abusos formuladas por dos exempleadas de su servicio doméstico, al concluir que España no tiene competencia para investigar los hechos denunciados. La decisión se fundamenta en que los episodios relatados habrían ocurrido fuera del territorio español, concretamente en República Dominicana y Bahamas, y que no existen vínculos jurisdiccionales suficientes con el Estado español.

La resolución, publicada este viernes, pone fin a las diligencias preprocesales iniciadas por el Ministerio Público, una instancia destinada a evaluar si corresponde abrir una causa formal. Según especialistas citados por Europa Press, la decisión no admite recurso, lo que cierra la vía judicial en el ámbito de la Fiscalía española.

Los fundamentos jurídicos del archivo y el alcance de la decisión

En una resolución de siete páginas, la Fiscalía sostuvo que la Audiencia Nacional ha interpretado de manera reiterada que España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existen vínculos relevantes con el país. En ese marco, remarcó que “la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español”, específicamente en República Dominicana y Bahamas.

El dictamen detalla que las denunciantes no poseen nacionalidad española, no residen en España ni tienen en el país su “centro de vida, intereses o actividad”. Asimismo, señala que no viajaron a España junto al denunciado, lo que refuerza la ausencia de conexión territorial.

La Fiscalía agregó que los presuntos autores, incluido Julio Iglesias, no se encuentran en España, o bien, aun teniendo nacionalidad española, no residían en el país al momento de los hechos denunciados. Además del cantante, otras dos personas denunciadas, de nacionalidades brasileña y colombiana, tampoco residen en España.

Como argumento adicional, el Ministerio Público indicó que los hechos “se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron”, es decir, en República Dominicana y Bahamas, lo que excluye la intervención de la justicia española en esta etapa.

Las denuncias, la respuesta del artista y el impacto público del caso

Las acusaciones fueron dadas a conocer la semana pasada a través de un reportaje de investigación conjunto realizado por el medio español elDiario.es y la cadena Univision, tras tres años de trabajo periodístico. Dos mujeres —una exempleada doméstica y una fisioterapeuta— denunciaron que Julio Iglesias habría “normalizado el abuso” y generado un ambiente coercitivo, amenazante y violento en sus residencias.

Una de las denunciantes, presentada bajo el nombre ficticio Rebeca, relató que cuando tenía 22 años y trabajaba como empleada doméstica, Iglesias la llamaba a su habitación y la tocaba de forma inapropiada sin su consentimiento. Aseguró además que la obligó a participar en tríos con otra empleada, que la abofeteó y que le tocó los genitales. Rebeca es de nacionalidad dominicana.

La otra denunciante, identificada como Laura, fisioterapeuta venezolana, afirmó que el cantante le tocó los pechos y la besó contra su voluntad. También denunció amenazas de despido, control sobre su alimentación y comentarios vinculados a su ciclo menstrual. Si bien sostuvo que en reiteradas oportunidades rechazó las insinuaciones sexuales, señaló que “había chicas que no podían decir que no. Y él hacía lo que quería con ellas”.

ElDiario.es y Univision indicaron que las acusaciones están respaldadas por fotografías, registros telefónicos, mensajes de texto e informes médicos. En contraposición, personas cercanas al artista y otros exempleados negaron que existieran abusos en el ámbito del servicio doméstico.

Por su parte, Julio Iglesias calificó las denuncias como “absolutamente falsas” y negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” en un comunicado difundido en su cuenta de Instagram. Luego de que la Fiscalía le negara acceso a los detalles de las diligencias, el cantante publicó capturas de supuestas conversaciones mantenidas con las denunciantes, en las que se observan mensajes afectuosos y de agradecimiento posteriores a los hechos denunciados.

Posibles derivaciones

El archivo de la investigación no implica una valoración de fondo sobre los hechos denunciados, sino una decisión estrictamente jurisdiccional, que delimita el alcance de la actuación de la Fiscalía española. En términos institucionales, el caso vuelve a poner en debate los límites de la justicia nacional frente a denuncias de delitos presuntamente cometidos en el extranjero, así como el rol del periodismo de investigación en la visibilización de acusaciones que no siempre encuentran cauce inmediato en los sistemas judiciales.

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Crecen denuncias contra Meta, por no proteger a los niños del acoso sexual

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EL conglomerado de Mark Zuckerberg, tiene cada vez más denuncias por no proteger a los niños del acoso sexual en línea; revelaciones de un ex ingeniero de Facebook.

Arturo Béjar, exjefe de ingeniería de Facebook y asesor de Instagram expresó: “En Instagram está el mayor acoso sexual de la historia de la humanidad. Un tercio de los adolescentes en Instagram han recibido acoso sexual en el último mes”. Estas aseveraciones, además de su pasado en Meta Platforms conforman una de las bases de la demanda de los fiscales generales de USA contra la compañía.

En una entrevista con el medio Diario.es pudo contar toda su experiencia en Instagram, su aviso sobre los peligros que había percibido, los datos “engañosos” que se brindan a la prensa, pero solo tuvo indiferencia por parte de los ejecutivos como Mark Zuckerberg y el resto de la dirección. Béjar, fue uno de los extrabajadores de la corporación que han comparecido ante el Senado de EEUU en su nueva investigación contra Meta, Facebook e Instagram.

“No sé por qué no construyeron la herramienta. Yo cuando hablo de esto hablo acerca de lo que sé. Y lo que sé es que un tercio de los menores de 16 años con cuenta en Instagram han recibido acoso sexual en el último mes. En los últimos siete días son uno de cada ocho. Sé que es fácil construir lo que yo le explique a Adam. Sé que les costaría aproximadamente dos o tres meses hacerlo. Y sé que no lo han hecho. ¿Por qué? Eso es algo que el mundo les tiene que preguntar”.

Béjar, criticó la negativa de crear una “herramienta”, sencilla: un botón que permita a los menores denunciar que han recibido acoso sexual a través de un mensaje directo.

“Tienes cientos de millones de adolescentes y un tercio de ellos han recibido alguna forma de acoso, por su sexo, por su cuerpo. La respuesta de la compañía es We care [nos preocupamos] y hemos lanzado 30 herramientas para solucionarlo, pero cuando las revisas ves que muchas de ellas ni siquiera están activas por defecto”, recriminó.

Los dichos de Béjar tienen mucha relevancia porque era responsable de la Integridad del sitio en el grupo interno Protect &Care, y su función era apaciguar los contenidos y conductas maliciosas en la red, sobre todo en el área de seguridad infantil. Sus conclusiones sirven para que los usuarios tengan una imagen clara de lo que sucede allí.

También para comprender porque, a pesar de las medidas que los líderes tech dicen tomar, siguen proliferando por doquier discurso de odio y acoso entre un 15% y un 20% en base a su cuerpo, su religión, su identidad, según propios estudios generados por un equipo de profesionales del más alto nivel, que Zuckerberg estima falsamente en 0,8%.

Béjar también aportó en sus denuncias su propia experiencia, ya que su propia hija fue víctima de acoso. En 2019, su primogénita de 14 años le enseñó un mensaje privado en el que otro usuario de Instagram le preguntaba si quería tener sexo. “Tratamos de reportarlo y no era posible. No había ninguna herramienta para ayudarla. Muchas de las cosas que habíamos construido durante mi tiempo allí ya no estaban disponibles, habían desaparecido”, le contó al diario español.

Además, Béjar alertó por la adicción que los smartphones y redes sociales provocan en los menores y desaconsejó su uso en los niños. “Todos los productos de redes sociales están diseñados para maximizar beneficios y no toman suficiente responsabilidad acerca de los daños que están provocando en nuestros menores. Las compañías dicen que no hay adicción, pero yo estoy viendo que mi hijo o mi hija está pasándose horas con él, no está haciendo la tarea y si tratas de quitar el teléfono te grita”.

El 6 de diciembre el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, demandó a Meta por permitir que Instagram y Facebook se conviertan en “un mercado para abusadores de menores”. Alegó que la empresa de redes sociales no había protegido a los niños de los abusos sexuales, la prostitución en línea y la trata de personas.

“Nuestra investigación sobre las plataformas de Meta demuestra que no son espacios seguros para los niños, sino lugares privilegiados para que los depredadores comercien con pornografía infantil y soliciten a menores para mantener relaciones sexuales”, consignó la justificación.

Meta, a pesar de estas denuncias afirma usar tecnología sofisticada, contratar a expertos en seguridad infantil, e inhabilitar miles de cuentas infringidoras de las políticas de explotación sexual infantil. Pero, a la vista está que el problema continúa.

Según informó el medio The Verge, una experiencia para demostrar esta situación crítica de acoso se realizó creando dos cuentas falsas de menores de edad para tener testimonio del riesgo y la exposición que se corre en estas plataformas.

Una cuenta era de una chica de 13 años: consiguió 6,700 seguidores (mayormente hombres adultos), algunos pidieron contactarla de forma privada o encontrarse en persona. También recibía fotos y videos inapropiados entre tres y cuatro veces por semana. La cuenta intentó reportar muchos de estos posteos y cuentas, pero Meta “indicó que no encontraron violación de sus Community Standards”.

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El Roque González dispuso sancionar a alumnos que acosaron a compañeras, tras denuncias y protesta

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Directivos del colegio Roque González de la ciudad misionera de Posadas confirmaron hoy que tomarán medidas disciplinarias en contra de los alumnos del segundo año del instituto por acosar a sus compañeras.

Las víctimas denunciaron que algunos compañeros las acosaron a través de mensajes de texto, donde se habla de violarlas, lo que derivó en denuncias policiales y marchas frente a la institución, dirigida por religiosos de la Congregación del Verbo Divino, para pedir que tomara medidas.

Las denuncias fueron realizadas por alumnas de distintos cursos del nivel secundario del colegio, que viralizaron capturas con mensajes que compartieron los acosadores vía WhatsApp.

Allí se lee cómo los varones intercambiaban videos y mensajes sobre distintas formas de violar a sus compañeras.

El rector del Instituto, el sacerdote Juan Rajimón, explicó hoy en conferencia de prensa las acciones que sigue el colegio tras las denuncias que realizaron las alumnas.

“Estamos consternados, es un hecho grave y ya están dispuestas las medidas disciplinarias severas, se les va a comunicar a los tutores” de los alumnos involucrados, aseguró.

El sacerdote afirmó que “estos hechos como sociedad nos tienen que llamar la atención”, por lo que “tenemos que comprometernos y trabajar juntos: familia, escuela, la sociedad toda”.

También advirtió sobre el uso que dan los adolescentes a las redes sociales y apuntó que “es todo un desafío”.

“Lo que miré de los mensajes -vía WhatsApp- me pareció lamentable”, reconoció.

Ayer, un gran grupo de alumnas y alumnos de distintos años del Instituto realizaron una sentada para protestar y pedir sanciones contra los acusados, de la que participaron madres, padres y vecinos.

Rajimón comentó que durante la protesta les dijo a las alumnas “que nadie tiene derecho a agredirlas y los adultos tenemos que garantizarlo” y explicó que los acusados de cometer acoso sexual y abuso “son menores adolescentes y tenemos que preservarlos”.

Por su parte, el ministro de Educación provincial, Miguel Sedoff. informó que “instruyó” al director provincial de Enseñanza Privada, Luis Bogad, para que se ponga en contacto con autoridades de la institución para recabar toda la información necesaria para saber cómo actuó la escuela “con relación a la gravísima denuncia de estas chicas”.

“Obviamente creemos, apoyamos y estamos decididos a hacer todas las acciones necesarias para poder proteger sus derechos y sobre todo para resolver esta situación que a todos nos preocupa”, añadió.

Al ser un hecho producido por menores de edad “tiene que haber implicación directa de las familias y tienen que estar reservados los derechos de las denunciantes y de los denunciados”, afirmó el funcionario.

“Esto no solamente se resuelve con una sanción directa sino que hay que hacer un trabajo de concientización, de reflexión y de ver qué llevó a que esto pase. Eso obliga a la institución pero también obliga a la familia a trabajar”, aseveró.

El ministro aseguró que ante esta situación “tenemos que preservar a todas las partes, tenemos que dejar que esto pase un poquito para ir viendo todos los pasos, escuchando las partes y encontrando la mejor solución”.

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Femicidios, un grito desesperado que no se escucha

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Un nuevo femicidio estremece al país. El caso de Úrsula Bahillo conmueve, genera impotencia y hace temer un descreimiento en las instituciones que deben actuar para evitarlo.

La joven de provincia de Buenos Aires tenía 18 años, y era permanentemente acosada en todas sus formas por su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez, policía. Está detenido por femicidio con los agravantes de “alevosía y ensañamiento”. Como si hiciera falta indignación social ante los hechos, durante la protesta de familiares y amigos en la comisaría donde Úrsula fue a denunciarlo 18 veces – 18 veces fue a revictimizarse – la fuerza del Estado no tuvo mejor reacción que la represión. No entendieron nada, no les importó nada.

Hartazgo generalizado por una nueva muerte evitable, por tener que recordarles a quienes integran comisarías y espacios donde se recepcionan denuncias que no es sencillo para una mujer víctima de violencia tener que ir a contar ese padecimiento, exponerse, confiar y decepcionarse una y otra vez. Hace falta más empatía, preparación, capacitar a quienes están en la primera línea de asistencia. Deben entender que su trabajo es fundamental.

Dictar una orden de restricción tampoco resulta útil sin control, se diluye en un mero consejo de la justicia para alguien que está decidido a matar. Que no le importan las consecuencias de sus actos.

De acuerdo al informe elaborado por el Observatorio de Femicidios Adriana Zambrano, en los 31 días de enero se registraron 30 femicidios de mujeres y niñas en la Argentina; 1 Transfemicidio y 2 femicidios vinculados de varones adultos y niños. El informe coincide con lo que dio a conocer Mumalá a mediados de enero. De los hasta entonces 26 femicidios directos y vinculados, Mumalá afirma que son 21 niños, niñas y adolescentes que quedaron sin su mamá. Y aporta que hubo 36 intentos de femicidio en todo el país desde que comenzó el año.

Para esta fecha el país padece un femicidio cada 23 horas

Sandra Galeano es la flamante subsecretaria de Relaciones con la Comunidad y Violencia, dependiente del Ministerio de Gobierno de la provincia. Admitió que es el Estado el que debe actuar rápido para salvarla de un posible femicidio y generar confianza en la víctima y que se anime a denunciar.

“Este no es un tema que deba ser tapado, hay que hablarlo y trabajar en la prevención en cada barrio, contener y fortalecer desde el Estado los mecanismos que ya existen para asistir. Todavía hay resistencia de algunos sectores a hablar de estos temas, pero hay que caminar y abrir espacios en la comunidad para detectar casos de violencia. Se necesita más capacitación”.

Datos del Observatorio de Violencia Familiar y de Género dan cuenta de 21.701 denuncias por violencia en 2019 en Misiones. El 80,4% fueron mujeres mayormente de entre 20 y 30 años, y en el 32,4% el agresor fue la pareja, mientras que en el 24,7% se trató de una ex pareja.

La muerte de una mujer por su condición nunca es la primera acción de un asesino. Antes hubo violencia psicológica, económica, violencia física, separación del entorno, amenazas, una, dos, muchas. En ese proceso debe estar su familia, sus amigos, para alertar a la víctima y el Estado para ayudarla.

Mucho camino se recorrió para visibilizar los casos y que formen parte de la agenda de los medios que aún deben aprender a tratarlos. Desde el primer grito de #NiUnaMenos hasta los femicidios de las últimas horas la única certeza que tiene la sociedad es que lo mucho o poco que se hizo, es insuficiente.

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La importancia de la denuncia en casos de Abuso o Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes

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Con vistas a los últimos acontecimientos que tomaron carácter público respecto a vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes en Posadas desde la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Misiones ratificamos la importancia de realizar las denuncias en caso de tomar conocimiento de hechos que atenten contra el Derecho a la Dignidad y a la Integridad Personal.

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos, a no ser sometidos a trato violento, discriminación, humillación o intimidación alguna, no ser expuestos a ninguna forma de explotación (económica, torturas, abusos, negligencias, sexual, secuestros o tráfico) para cualquier fin o en cualquier forma, como se expone en la LEY NACIONAL N°26.061. En la Ley también se expone claramente que “la persona que toma conocimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de una niño, niña o adolescente, o cualquier otra forma de violación a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente ley.”

En concordancia con lo planteado a nivel nacional la LEY PROVINCIAL II – N°16 de PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE, en su Art. 40 plantea que “Toda persona que tome conocimiento de la existencia de abuso físico, psíquico, sexual, explotación o cualquier trato que impida o menoscabe los derechos de un niño, niña y adolescente, debe informar inmediatamente a las instancias administrativas creadas por esta ley en los ámbitos provinciales o municipales”. Es potestad de todos los ciudadanos que se enfrentan a un caso de abuso o violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes denunciar lo ocurrido. Mientras que están obligados a efectuar la denuncia aquellos que ejerzan servicios asistenciales sociales, educativos o sanitarios, de seguridad públicos o privados, y todo otro funcionario público en razón de su labor (como se pauta en la LEY XIV – N°6 VIOLENCIA FAMILIAR).

Es importante tener en cuenta que ante situaciones de abuso o violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes debe brindarse la atención y contención a la víctima necesaria como primera instancia. Es fundamental escucharla, sin inducir ni sugerir respuestas y permitir que “con sus palabras” pueda narrar lo sucedido, sin poner en tela de juicio aquello que se expone.

Se sugiere no irrumpir en la revictimización con el objetivo de esclarecer los hechos Por la misma se entiende a la repetición de violencias contra quien ha sido previamente víctima de alguna agresión, suceder cuando se hace omiso de la situación y obliga a la víctima a deambular en busca de soluciones concretas. Así también puede darse cuando el proceso es a la inversa y se multiplican las entrevistas, exámenes periciales, interrogatorios, y pruebas de toda índole. Este proceso pone a la víctima en el lugar de un objeto y no un sujeto que sufrió una vulneración de sus derechos.

En caso de querer efectuar una denuncia dirigirse a las direcciones municipales de niñez, comisarías (de la mujer) más cercanas, juzgados o fiscalías.

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