El Gobierno difundió un polémico video alusivo al 50mo. aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, titulado “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa: Las víctimas que quisieron esconder”, con el que vuelve a la carga con la postura oficial de equiparar la violencia cometida desde el Estado con la de las organizaciones guerrilleras de los años ‘70.
El video, del que se emitió anoche un adelanto en redes sociales, muestra los testimonios de una “nieta recuperada” que fue apropiada por un policía condenado por delitos de lesa humanidad, y del hijo de un coronel del ejército secuestrado y asesinado por la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo en 1974.
Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa. Porque solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias.
A 50 años del inicio del 24 de marzo de 1976, la Casa Rosada presenta dos testimonios que ayudarán a comprender… pic.twitter.com/icsjrHZLNR
El video afirma que “en el año 2003 el Gobierno Nacional Argentino lanzó una campaña política empleando cuantiosos recursos públicos” con una “visión sesgada y revanchista” que “en lugar de sanar las disputas del pasado solo las exacerbó”, según el relato en off de las imágenes.
“Este Gobierno se dispuso por primera vez a dar vuelta la página dándole visibilidad a la historia completa” afirma el trabajo fílmico, en el que se asevera que “cuando se la presenta de forma parcial, deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación”
Además, califica las políticas de en materia de Derechos Humanos como un “fatal experimento narrativo que le costó miles de millones de dólares a los argentinos”.
“Este Gobierno sostiene que las nuevas generaciones tienen derecho a acceder a una visión integral y respetuosa de aquellos años”, agrega.
El video muestra el testimonio de Miriam Fernández, hija de los desaparecidos Carlos Simón Poblete y María del Carmen Moyano, vistos por última vez en mayo de 1977, quien mantiene el apellido del policía que la anotó como hija propia, Armando Fernández, lo que la llevó a un litigio judicial con Abuelas de Plaza de Mayo.
La mujer es la nieta recuperada 127, según la numeración que siguen las Abuelas, y en el video afirma que vivió su historia “como hija de militares y como hija de desaparecidos” por lo que sostiene: “si yo puedo mirar para adelante y conciliar una historia completa por qué no lo puede hacer la Argentina”.
“Dejemos el pasado en paz, porque a mí mi familia biológica no me la va a devolver nadie, y el dolor que yo viví con mi familia de militares tampoco me lo va a devolver nadie”, afirmó y describió que Fernández “es mi papá, le guste a quien le guste, sin negar que también tengo mis papás biológicos”.
De igual modo el video recoge el testimonio de Raúl Larrabure, hijo del militar Argentino del Valle Larrabure, secuestrado y asesinado por el Ejercito Revolucionario del Pueblo en 1974, cuando se desempeñaba como subdirector de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María.
Larrabure describe que su padre estuvo detenido “en condiciones infrahumanas” en lugares definidos por sus captores como “cárceles del pueblo” con “un camastro y un baño portátil”, donde sufrió “simulacros de fusilamiento y torturas”, en lo que fue “el secuestro más largo de la historia argentina, con 372 días”.
“Queremos que la verdad completa se imponga y que los chicos puedan discernir qué estuvo bien y qué estuvo mal, porque nosotros somos testigos de esa época”, añadió.
Larrabure, que al igual que Miriam Fernández dio su testimonio en una nota realizada ene el Salón Blanco de la Casa Rosada, sostuvo que durante los años en los que se llevaron adelante los juicios por delitos de lesa humanidad se vivió “una historia falaz”.
La voz le tiembla y los ojos se le nublan. Se mira las manos como si sintiera que la laceración de la tortura estuviera ocurriendo ahora mismo. Pero pasaron 50 años. Tenía 19 cuando los militares irrumpieron en su casa y se lo llevaron detenido. Estuvo en la Jefatura de Policía, donde lo interrogaron y conoció el ardor de la picana. Lo trasladaron a la Casita de Mártires, en el viejo Rowing Club, donde se sorprendió de ver cómo a pocos metros la normalidad seguía su rutina pese a los gritos ahogados de los torturados. Estuvo horas -o días- colgado de una pared. Sentía que el cuerpo se le iba. Las manos se le desgarraban.
Finalmente lo trasladaron al Penal de Candelaria, donde pensó que iba a sufrir menos, pero se equivocó. Fue en Resistencia, Chaco, donde recuperó la libertad después de varios meses y un periplo de torturas, vejámenes y desesperación.
Augusto Gilberto Speratti es hoy el secretario de Derechos Humanos de Misiones. Tuvo mejor suerte que otros jóvenes iguales que él, adolescentes, militantes, trabajadores rurales, comprometidos, otros no tanto, algunos sin saber por qué, otros cargando con el delito de pensar en el bien común o de reclamar un precio justo para la yerba o el té.
Speratti es secretario de Derechos Humanos de Misiones. Tiene un museo con recortes de lo pasado en la dictadura y testimonios.
El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado cívico-militar instauró en el país un régimen de facto que dio inicio a un período caracterizado por el terrorismo de Estado. En Misiones, el gobernador Miguel Ángel Alterach fue depuesto y reemplazado por el coronel Juan Antonio Beltrametti, quien asumió como primer interventor militar. Posteriormente, el 23 de abril de 1976, el capitán de navío (R) René Buteler asumió la intervención provincial, teniendo un rol central en el desarrollo del aparato represivo en el territorio misionero.
Misiones fue incorporada a la Zona Militar II, que comprendía las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, bajo la conducción del comandante del Cuerpo de Ejército II con asiento en Rosario. A su vez, esta jurisdicción se subdividía en subzonas; la Subzona 23 abarcaba Misiones, Chaco, Formosa y algunos departamentos de Corrientes, bajo la responsabilidad del comandante de la Brigada de Infantería VII de Corrientes. Dentro de esta estructura, Misiones fue organizada como Área 232, bajo el comando del jefe del Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles.
En Misiones la represión se dirigió particularmente contra el movimiento agrario y sus organizaciones vinculadas, así como contra militantes políticos y estudiantiles, entre ellos integrantes de la Juventud Peronista (JP) y la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Como consecuencia de esta persecución, el 50 % de la primera comisión directiva del Movimiento Agrario Misionero (MAM) fue víctima del accionar represivo, con Pedro Peczak como víctima símbolo. Juan Figueredo, candidato a vicegobernador por el Partido Auténtico, fue asesinado.
Durante ese período se registraron en la provincia 60 personas desaparecidas y cuatro misioneros asesinados en la Masacre de Margarita Belén. La mayoría de los secuestros se produjo entre los meses de marzo y octubre de 1976.
En total, alrededor de 600 personas fueron detenidas por motivos políticos, muchas de las cuales permanecieron privadas de su libertad hasta el restablecimiento del orden democrático. El mes de octubre de 1976 fue particularmente intenso en términos de operativos represivos.
Juan Carlos Berent fue víctima de la represión. Estaba en la primera línea del Movimiento Agrario Misionero, que trabajaba en la organización de los productores y por precios justos para la materia prima. Junto a Pedro Peczak lideraba a los productores.
“En ese tiempo estábamos en plena en plena lucha por un precio justo, un montón de reivindicaciones que teníamos los agricultores. El golpe no nos tomó de sorpresa, porque la situación política a nivel nacional ya estaba muy complicada. Todos los ataques por parte del gobierno, la Triple A, que era una organización parapolicial, estaban buscando a delegados gremiales, a funcionarios públicos representativos, a curas, a diputados. Sabíamos que a los monopolios, a los grandes, no les gustaba la organización nuestra que rompía un poco los esquemas de ellos porque luchamos por mejores precios, por mejor estado de vida. Entonces sabíamos que nos iba a tocar. La diferencia que había era ¿Cómo vendría el golpe? ¿Iba a ser suave como con (Juan Carlos) Onganía o más fuerte? Hubo distintos criterios sobre qué hacer. Mi postura era venir a la colonia, seguir trabajando y esperar a ver qué pasa. Pedro tenía la postura de resistir, iba a seguir tratando de organiza. El golpe nos agarró en esa discusión”, relata Berent.Pedro fue uno de los primeros asesinados. Berent pasó tiempo detenido.
“Para mí era la destrucción del ideal que teníamos. Nosotros desde el Movimiento Rural Cristiano, que fue la organización en base a la que se fundó el MAM, soñábamos con el hombre nuevo, organizar la familia, de vivir en paz, con justicia y eso se derrumbó todo”, analiza Berent.
“Se derrumbó el proyecto que teníamos, o sea, volvimos a cero con eso porque no se permitía otra cosa que eso y además destruyó mucha familia”, marca como consecuencia.
Las luchas agrarias de aquellos años encuentran paralelismo en la actualidad. Mejores precios para la materia prima, regulación del mercado y protección de la chacra son discusiones vigentes.
Aunque Misiones no tuvo grandes centros clandestinos como los de Buenos Aires o Córdoba, el aparato represivo funcionó mediante una red de dependencias militares, policiales y penitenciarias utilizadas para detenciones ilegales, interrogatorios y torturas.
Entre los principales lugares identificados en investigaciones judiciales y testimonios se encuentran la Casita de los Mártires, en Posadas, uno de los lugares señalados en causas judiciales como espacio utilizado para detenciones e interrogatorios clandestinos. Funcionó dentro del circuito represivo del Ejército en la región.
La cárcel de Candelaria fue utilizada para alojar presos políticos durante la dictadura. Diversos juicios de lesa humanidad investigaron tormentos y condiciones de detención aplicadas a militantes políticos y sociales.
También hubo detenciones y torturas en dependencias de Gendarmería Nacional, especialmente en zonas de frontera y en localidades del interior, donde se realizaron detenciones y operativos contra militantes sociales y campesinos.
La Policía de Misiones tuvo varias dependencias utilizadas como lugares de detención e interrogatorio de personas secuestradas por fuerzas de seguridad.
Los detenidos en Misiones también fueron derivados al regimiento de Infantería de Monte 9 (Corrientes), la Jefatura de Policía de Resistencia y centros clandestinos del Ejército en Corrientes. La SIDE tenía en Posadas un centro de coordinación regional e internacional, que nutrió el Plan Cóndor.
Distintos registros de memoria, organismos de derechos humanos y listados históricos permiten reconstruir parte de los nombres de misioneros desaparecidos o asesinados durante la dictadura militar. Muchos de ellos eran estudiantes, militantes sociales, trabajadores, dirigentes rurales o políticos perseguidos por el aparato represivo.
Pedro Peczak
Julio César Arin Delacourt
Alfredo Francisco Aspeleiter
Nicodemus Aspeleiter
Santa Bandeira
Julio Benítez
Luis Benke
Leonardo Caballero Peloso
Carlos Caballero
Leonor Victorina Chervo de González
Jorge Daniel Collado
Manuel Javier Corral
Mirta Noelia Coutouné
Carlos Alberto Crespo
Gladys Evarista Cuervo
Carlos Alberto Duarte
Eduardo Gonzalo Escabosa
Félix Escobar
Susana Ferreira
Juan Figueredo
Héctor Martín Ortellado
Eduardo Jensen
Héctor Armando Araujo
Sergio Guillermo Prado
Juan Mariano Zaremba
Miguel Ángel “El Gato” Sánchez
Carlos Terescechuk
Remigio Elpidio González
Estos nombres forman parte de distintos registros de memoria vinculados a la provincia y al nordeste argentino. Muchos de los secuestros ocurrieron durante 1976 y 1977, los años de mayor intensidad represiva.
“Nos torturaron para que olvidemos, pero sobrevivimos para contar”, dice Speratti, quien no duda en afirmar que “volvería a hacer todo” lo que hizo, al mismo tiempo que llama a mantener viva la memoria del Nunca Más.
A días del 24 de Marzo, en Posadas comenzó a tomar forma una convocatoria con contenido político explícito que desborda la conmemoración tradicional y busca instalar una lectura de presente. La vigilia del lunes 23 de marzo a las 17:00 en ATE Misiones, sobre Salta 2326, y la marcha del martes 24 de marzo a las 08:30 en la intersección de avenida Mitre y calle Buenos Aires, muestran algo más que una agenda de memoria: exponen un intento de reagrupar a sectores sindicales, sociales, universitarios y militantes alrededor de una consigna de confrontación ideológica. Bajo el lema “30.000 razones para defender la patria. 50 años, el mismo enemigo”, la convocatoria enlaza el terrorismo de Estado con una impugnación directa al modelo económico actual. La pregunta de fondo no es solo cuánta gente movilizará, sino qué volumen político podrá condensar esa articulación en un escenario de alta tensión con el Gobierno nacional.
La convocatoria no parte de una sola organización. La nómina de convocantes exhibe un entramado amplio: UTEP, Movimiento Evita, TTT, CTD Aníbal Verón, ADUNAM, Jubilados ATE, Encuentro Patriótico, 13 de Diciembre, CTL, CDP ATE, Movimiento Evita Capitana, Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, Oficina de Graduados de la Facultad de Humanidades, Patria Grande, Mesa de la Cultura, Corriente Nuestra Patria y Movimiento Popular Nuestra América. Esa diversidad no es un dato menor. En la política territorial, cuando una fecha logra reunir sindicatos, movimientos sociales, espacios universitarios y organizaciones de cultura, la conmemoración deja de ser solamente memorial para transformarse en un dispositivo de acumulación.
La memoria como plataforma de reorganización política
El 24 de Marzo tiene en Argentina un peso institucional propio, pero en este caso la consigna elegida reordena el sentido de la convocatoria. El texto difundido no se limita al recuerdo de los detenidos-desaparecidos. Plantea una continuidad histórica entre la represión ilegal y un “modelo económico de miseria planificada” que, según los organizadores, fue impuesto “a sangre y fuego” y sigue vigente. Esa definición no funciona solo como consigna: ordena una posición política frente al presente y redefine la calle como escenario de disputa.
Ahí aparece una clave de lectura. La marcha y la vigilia no se presentan como actos aislados ni puramente testimoniales. Se inscriben en una narrativa de resistencia y de continuidad militante: “Estamos llamados a continuar su lucha”, señala el documento. La apelación va más allá de la memoria individual o familiar. Busca producir una identificación política activa, con anclaje en la idea de patria, soberanía, antiimperialismo y liberación nacional.
Ese lenguaje, además, no es neutro. Recupera una tradición política reconocible dentro del campo nacional-popular y la actualiza en una coyuntura donde el conflicto con el Gobierno se expresa tanto en el plano económico como en el simbólico. En ese marco, la calle vuelve a ser presentada como espacio de legitimación política. No se trata únicamente de recordar a las víctimas del terrorismo de Estado, sino de disputar el sentido de la crisis actual y de nombrar al adversario en clave histórica.
Posadas como escenario de articulación territorial
La secuencia de actividades también tiene diseño político. La vigilia del lunes 23 en la sede de ATE Misiones propone un formato de construcción previa, con elaboración colectiva de carteles, proyecciones, música, mística y reflexión. Es decir, no solo convoca a asistir; convoca a producir identidad y clima político antes de la marcha central. La marcha del martes 24, en tanto, se organiza desde una esquina emblemática del centro posadeño, Mitre y Buenos Aires, con horario matutino, una elección que combina visibilidad pública y ocupación temprana del espacio urbano.
Esa arquitectura importa. La vigilia funciona como instancia de cohesión entre organizaciones con trayectorias distintas. La marcha, como momento de exhibición. Entre una y otra, se construye una escena de unidad que tiene peso en la política local. Porque cuando convergen gremios estatales, organizaciones sociales, sectores universitarios y espacios de militancia territorial, no solo se envía un mensaje al Gobierno nacional. También se ordenan posiciones dentro del mapa opositor y del activismo provincial.
La presencia de ADUNAM, de estructuras ligadas a ATE y de espacios universitarios vinculados a la Facultad de Humanidades refuerza además una composición donde confluyen reclamo sindical, activismo de derechos humanos y densidad intelectual. No es una suma casual. Es una coalición que intenta hablar en varios registros al mismo tiempo: memoria, conflicto social, defensa de derechos y crítica al modelo económico.
Del homenaje a la interpelación del presente
En el texto base hay una operación política clara: los organizadores colocan a los desaparecidos dentro de un “proyecto político soberano, antiimperialista y por la patria liberada”. Esa formulación no busca un consenso amplio y desideologizado. Hace lo contrario. Reivindica una identidad política del pasado y la proyecta hacia el presente. Desde esa perspectiva, el 24 de Marzo aparece menos como una fecha de homenaje transversal y más como una fecha de reafirmación militante.
Eso puede fortalecer a los espacios convocantes, porque les da cohesión narrativa y un horizonte político común. Pero también delimita el tipo de convocatoria que pretenden construir. No se trata de una apelación abstracta a la democracia o a los derechos humanos en general. Se trata de una lectura donde el conflicto histórico sigue abierto y donde el presente económico aparece como heredero de aquella matriz de poder.
La frase “50 años, el mismo enemigo” sintetiza esa apuesta. Condensa pasado y presente en una misma línea argumental y empuja una interpretación confrontativa. En términos políticos, eso convierte la movilización en un mensaje de polarización simbólica. No necesariamente partidaria en sentido formal, pero sí ideológica y estratégica.
Qué sectores buscan capitalizar la fecha
La amplitud del listado de organizaciones muestra que la fecha funciona como punto de encuentro para sectores que, en otros momentos, pueden tener agendas o ritmos distintos. UTEP y Movimiento Evita aportan estructura territorial y capacidad de movilización social. ATE, Jubilados ATE y CDP ATE suman anclaje sindical. ADUNAM y la Oficina de Graduados de la Facultad de Humanidades añaden legitimidad académica y presencia universitaria. Patria Grande, Corriente Nuestra Patria, Movimiento Popular Nuestra América y Encuentro Patriótico incorporan volumen militante e identidad política.
Ese ensamblaje puede leerse como una búsqueda de recomposición. En tiempos de fragmentación opositora, una fecha con legitimidad histórica permite ordenar presencias, ensayar unidad y recuperar calle. No implica automáticamente una alianza electoral ni una coordinación permanente, pero sí configura una escena que puede tener efectos hacia adelante.
La movilización, además, puede fortalecer a las organizaciones que logren mostrarse como articuladoras reales del espacio. En estos casos, no solo importa quién convoca, sino quién organiza, quién llena, quién sostiene y quién logra traducir la efeméride en capacidad política concreta. En la política territorial, ese tipo de señales se observa con atención.
A cuatro días del 24 de marzo y en el umbral del 50° aniversario del golpe de 1976, el Gobierno de Misiones decidió intervenir con una señal política explícita en una fecha de alta densidad institucional. Mediante el Decreto N° 457, firmado en Posadas el 20 de marzo de 2026, la gestión provincial declaró el 24 de marzo como jornada de reflexión y memoria en todo el territorio misionero, invitó a la ciudadanía a revisar con sentido crítico lo ocurrido desde aquel quiebre institucional y ratificó su compromiso con las políticas públicas de Verdad, Justicia y Memoria. No es un gesto menor ni meramente ceremonial: en una fecha donde la memoria pública también es un campo de disputa, el decreto ordena posición, fija lenguaje y define el lugar desde el cual la provincia quiere hablar.
La decisión lleva las firmas del gobernador Hugo Mario Passalacqua, del ministro de Coordinación General de Gabinete, Carlos Sebastián Sartori, y de la ministra de Derechos Humanos, Karina Alejandra Aguirre. El texto, además, dispone que las banderas nacional y provincial permanezcan izadas a media asta en todos los edificios públicos durante esa jornada. El dato administrativo parece simple, pero su peso político es más profundo: la provincia no se limita a adherir a una efeméride nacional ya instituida por ley, sino que construye una puesta en escena institucional propia en torno de los 50 años del último golpe militar.
Un decreto que toma una fecha nacional y la reinterpreta desde la política provincial
El punto de partida formal del decreto es la Ley Nacional 25.633, que establece el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Sobre esa base, el Gobierno misionero monta una decisión con alcance provincial y la inscribe en el calendario político de 2026, un año que el propio texto identifica como especialmente sensible por cumplirse medio siglo del golpe que interrumpió un período constitucional.
Allí aparece una primera lectura de poder. El decreto no se agota en recordar una fecha. Busca intervenir sobre el sentido de esa conmemoración. Por eso no sólo declara la jornada, sino que la carga de contenido político e institucional. El texto sostiene que el recuerdo de esa etapa debe servir para mantener viva la reflexión social sobre “los trágicos acontecimientos” del pasado reciente y sus consecuencias, y a la vez afirma que el Gobierno asume el compromiso de mantener vivo el legado del Nunca Más, identificado como el informe final de la CONADEP creado con el retorno de la democracia por el Decreto 187 del 15 de diciembre de 1983.
Ese encuadre no es neutro. La provincia se apoya en dos pilares de legitimidad estatal: la ley nacional que instituye la fecha y el legado del Nunca Más como referencia central del orden democrático recuperado. En términos políticos, el decreto no deja librada la interpretación del 24 de marzo a una recordación abstracta. La encuadra en una narrativa institucional precisa: memoria, democracia, Estado de Derecho y derechos humanos.
La clave del texto: memoria sí, pero dentro de una formulación política específica
El contenido del decreto también muestra una construcción discursiva deliberada. En sus considerandos, el Gobierno sostiene que la memoria debe incluir “esa era de violencia social y política”, con atrocidades ya iniciadas con actos de terrorismo “en plena vigencia de la democracia”, que demandaban la actuación de la Justicia “pero jamás del terrorismo de Estado”. Esa frase condensa una parte sustancial de la arquitectura política del texto.
La formulación no diluye la condena al aparato estatal ilegal; por el contrario, traza una frontera explícita. Reconoce que existieron hechos violentos previos, pero fija como límite infranqueable que la respuesta no podía darse fuera del marco de la ley ni de la Constitución Nacional. En esa línea, el decreto remarca que no se construye una patria de paz y prosperidad destruyendo los valores constitucionales y que sin justicia independiente, sin partidos políticos, sin prensa libre, sin sindicatos y sin un Congreso nacional que represente la voluntad popular, es imposible conocer la verdad.
Allí el documento trasciende el homenaje protocolar y se vuelve una toma de posición institucional sobre las condiciones mínimas de la democracia. El Gobierno provincial no sólo recuerda el golpe: lo lee como ruptura de un sistema de garantías y representación. La memoria, así, deja de ser una evocación histórica y se convierte en un mensaje político anclado en instituciones concretas.
Del recuerdo a la acción estatal: qué ordena el Decreto 457
En su parte resolutiva, el Decreto 457 dispone tres movimientos centrales. Primero, declara el 24 de marzo de 2026 como jornada de reflexión y memoria en toda la provincia de Misiones, en conmemoración del 50° aniversario del “trágico golpe cívico militar” de 1976. Segundo, invita a los habitantes de la provincia a reflexionar con sentido crítico sobre los acontecimientos sucedidos en el país a partir de esa fecha y, de manera especial, sobre la “cruel metodología” empleada por el gobierno de facto de entonces. Tercero, ratifica el firme compromiso del Gobierno con las políticas públicas que resguarden los derechos humanos y las exigencias de Verdad, Justicia y Memoria.
La disposición de banderas a media asta completa esa secuencia con un componente simbólico estatal. No se trata sólo de recordar, sino de ordenar que el Estado provincial exprese institucionalmente ese recuerdo en todos sus edificios públicos. En otras palabras, el decreto baja una directiva política y administrativa a toda la estructura gubernamental.
Ese punto es importante porque transforma una definición discursiva en una señal operativa. El Ejecutivo provincial no habla únicamente desde una declaración general: instruye cómo debe verse esa posición en el espacio público estatal durante la jornada.
Qué revela esta decisión en el escenario político actual
El decreto llega en una fecha de alta sensibilidad y, precisamente por eso, tiene una dimensión que excede lo conmemorativo. El Gobierno de Misiones opta por fijar una postura clara en torno a memoria, verdad, justicia y derechos humanos, y lo hace con un instrumento formal del Poder Ejecutivo, no con una expresión aislada o una adhesión genérica. En tiempos en que las fechas históricas suelen convertirse en terreno de disputa política, esa elección no parece casual.
La decisión fortalece el perfil institucional del Ejecutivo provincial en un asunto donde el lenguaje, los símbolos y los encuadres importan tanto como las medidas. También consolida el papel del Ministerio de Derechos Humanos dentro de esa construcción, al quedar refrendado el decreto por Karina Alejandra Aguirre junto al Ministerio de Coordinación General de Gabinete. Es una señal de alineamiento interno: la política de memoria no aparece como un área lateral, sino integrada a la conducción general del Gobierno.
A la vez, el texto refuerza una alianza entre la autoridad política provincial y un marco normativo nacional preexistente. No hay aquí una confrontación jurídica con la legislación vigente, sino una apropiación política de esa base legal para dotarla de densidad local y de centralidad en el calendario provincial. Misiones toma una fecha nacional y la convierte en un pronunciamiento propio.
El trasfondo institucional: democracia, verdad y límites al poder
Uno de los aspectos más significativos del decreto está en la forma en que vincula memoria y calidad institucional. Cuando afirma que sin justicia independiente, sin partidos políticos, sin prensa libre, sin sindicatos y sin Congreso nacional representativo no puede conocerse la verdad, el texto desplaza la discusión desde el pasado hacia una idea más amplia de funcionamiento democrático.
Esa formulación no introduce medidas nuevas sobre el sistema político actual, pero sí deja una señal interpretativa. La verdad no aparece sólo como un problema histórico o judicial: queda asociada a la existencia de contrapesos, pluralidad y representación. En ese marco, el decreto no sólo condena un hecho del pasado, sino que delimita cuáles son las condiciones que el Estado considera necesarias para impedir su repetición.
También hay una dimensión pedagógica explícita. El texto sostiene que recordar esta etapa cruel de la historia argentina constituye un ejercicio colectivo de la memoria para que las generaciones actuales y futuras conozcan las gravísimas consecuencias que genera la sustitución del Estado de Derecho cuando quienes ejercen el poder aplican la violencia. Esa frase, en clave política, funciona como advertencia institucional: el problema no es únicamente la violencia, sino su ejercicio desde el poder estatal por fuera de la ley.
Una señal hacia adentro del Estado y hacia la sociedad
La invitación a reflexionar “con sentido crítico” tiene un alcance más amplio que el de un acto oficial. El Gobierno busca proyectar una pedagogía pública desde el Estado provincial. No impone una consigna partidaria ni convoca a una movilización específica; convoca a una reflexión social sobre lo sucedido y sobre la metodología del gobierno de facto. Ese matiz importa. La provincia no presenta la fecha sólo como un momento de homenaje, sino como una instancia de elaboración política y cívica.
En ese sentido, el decreto intenta ordenar un marco de lectura común. No dice únicamente qué se conmemora, sino desde qué valores debe ser procesada esa memoria: paz, tolerancia, respeto mutuo, justicia objetiva, rechazo de la venganza, defensa del Estado de Derecho. El documento incluso plantea que fortalecer la memoria colectiva ayudará a construir un destino social en paz, lo que ubica a la memoria no como un asunto del pasado cerrado, sino como un recurso político para el presente.
Qué habrá que mirar en los próximos días
La firma del Decreto 457 abre ahora una etapa de implementación y de traducción política. Habrá que observar cómo el Gobierno provincial materializa esa jornada del 24 de marzo, qué centralidad adquiere en la agenda institucional y de qué manera se articula el mensaje oficial con las políticas de derechos humanos que el propio texto ratifica. El decreto fija posición, pero también eleva expectativas sobre el contenido concreto de esa conmemoración en el año del 50° aniversario.
También quedará por ver cómo impacta esta definición en el clima político provincial y qué lecturas genera dentro del sistema institucional. La norma no inaugura un conflicto por sí misma, pero sí interviene en un terreno donde el lenguaje del Estado nunca es neutro. Cada palabra elegida —Nunca Más, terrorismo de Estado, verdad, justicia independiente, prensa libre, Congreso— compone una arquitectura política deliberada.
Misiones decidió no pasar por el 24 de marzo con una referencia lateral. Dictó un decreto, lo firmó al más alto nivel y le dio forma institucional a una postura. La dinámica política dirá ahora si ese movimiento queda sólo en el plano simbólico o si se convierte en una pieza más amplia dentro de la conversación pública que la provincia buscará sostener sobre memoria, democracia y límites del poder.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este viernes que 626 personas privadas de libertad fueron excarceladas en el país y anunció que solicitará a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que verifique el listado oficial. El anuncio se produce en un contexto de fuertes cuestionamientos de organizaciones no gubernamentales y familiares, que denuncian opacidad y demoras en el proceso y manejan cifras significativamente menores.
La divergencia entre los números oficiales y los registros independientes vuelve a colocar el foco sobre la credibilidad institucional del proceso de liberaciones, anunciado el 8 de enero por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y seguido de una creciente presión social y política.
El anuncio oficial y el pedido de verificación internacional
Durante una reunión con integrantes de su gabinete y representantes de la sociedad civil en el palacio presidencial de Miraflores, Delcy Rodríguez afirmó: “Al día de hoy ya han sido excarceladas 626 personas privadas de libertad”.
En ese marco, rechazó las denuncias formuladas por organizaciones no gubernamentales y familiares de detenidos, y cuestionó el uso de cifras alternativas. “Hay sectores antipolíticos que no han entendido el momento, hay sectores que persisten en manipular y maniobrar con cifras a través de la mentira”, sostuvo.
Para respaldar la versión oficial, la mandataria anunció que el lunes mantendrá una comunicación telefónica con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, con el objetivo de solicitar que su oficina verifique las listas de excarcelados. “Ya basta de mentiras, ya basta de mentirle al pueblo venezolano”, agregó, al tiempo que pidió “responsabilidad” en el ejercicio de la política.
Rodríguez vinculó el contexto actual con el impacto social y humano de la crisis reciente y mencionó el ataque de Estados Unidos del pasado 3 de enero, que derivó en la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, como un episodio de alto costo para la población.
Un proceso anunciado sin listados públicos
El proceso de excarcelaciones fue anunciado hace dos semanas por Jorge Rodríguez, quien informó la liberación de “un número importante” de personas, sin detallar identidades ni cantidad total. Días después, indicó que las listas de los liberados estaban disponibles, aunque hasta el momento no fueron difundidas públicamente.
Desde entonces, decenas de familiares se concentraron en las afueras de centros de detención para solicitar información sobre sus allegados, mientras distintas ONG denunciaron falta de transparencia, retrasos administrativos y ausencia de confirmaciones oficiales.
Este escenario de incertidumbre alimentó la brecha entre el discurso gubernamental y los relevamientos independientes, profundizando el debate institucional sobre el alcance real del proceso.
La brecha con las ONG
Las cifras difundidas por organizaciones de derechos humanos difieren de manera sustancial de las anunciadas por el Ejecutivo. La ONG Foro Penal y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) estiman que, desde el 8 de enero, fueron liberadas entre 154 y 170 personas.
En paralelo, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó este viernes que las autoridades excarcelaron a personas cuyos casos “no eran públicos”, lo que complejiza la trazabilidad del proceso.
Según los datos de Foro Penal, aún faltan 780 presos por liberar, mientras que la PUD sostiene que existen más de 942 personas encarceladas. La diferencia de registros refuerza los cuestionamientos sobre la falta de información oficial sistematizada y el impacto político de un proceso que, lejos de cerrar el conflicto, mantiene abiertas las tensiones con la sociedad civil y los organismos internacionales.
En este contexto, el pedido de verificación a la ONU aparece como un intento del Gobierno de legitimar institucionalmente las excarcelaciones, aunque el resultado de esa revisión será clave para determinar su credibilidad interna y externa.
