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Preocupación por el DNU que modifica la Ley de Inteligencia y alerta por un retroceso institucional

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El Llamamiento Argentino Judío expresó una “honda preocupación” por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia, al advertir que la ampliación de facultades de los organismos de inteligencia, la opacidad en su funcionamiento y el debilitamiento de los controles democráticos configuran un grave retroceso institucional. El pronunciamiento, fechado el viernes 2 de enero de 2026, plantea objeciones de fondo sobre el impacto político, constitucional y democrático de la medida, y reclama la intervención de la Justicia y del Congreso Nacional.

Según el documento, la modificación del régimen de inteligencia no responde a una emergencia concreta ni constituye una acción aislada, sino que se inscribe en una modalidad de gobierno que concentra poder en el Poder Ejecutivo y avanza sobre garantías democráticas en un contexto de deterioro social y económico.

Ampliación de facultades y debilitamiento de controles democráticos

En su declaración, la organización advierte que la ampliación de las facultades de los organismos de inteligencia, sumada a la falta de transparencia en sus mecanismos de funcionamiento, “no solo constituyen un retroceso institucional grave, sino que ponen en tensión principios elementales del orden constitucional y del Estado de derecho”.

El Llamamiento Argentino Judío remarca que la experiencia histórica demuestra que, cada vez que los servicios de inteligencia operaron sin límites claros ni control efectivo, fueron utilizados para la persecución política, el espionaje interno y la vulneración de derechos fundamentales. En ese sentido, el comunicado señala que el DNU se vincula con procesos antidemocráticos de la historia moderna y compromete de manera directa la orientación ideológica del actual gobierno.

La entidad subraya que el uso sistemático de decretos para impulsar reformas de alto impacto institucional consolida una dinámica de concentración de poder que debilita los equilibrios propios del sistema democrático.

Reclamo de intervención del Congreso y la Justicia

Frente a este escenario, la organización considera “urgente la intervención de la Justicia y del Congreso Nacional” para frenar lo que define como un “descalabro de la democracia” y resguardar el orden democrático que, a su entender, se encuentra en riesgo.

El documento sostiene que “no hay seguridad posible al margen de la Constitución, ni gobernabilidad legítima sin control, legalidad y respeto por los derechos”, y enfatiza que la defensa de la democracia no puede basarse en la vigilancia de la sociedad ni en la concentración de poder en el Ejecutivo.

En esa línea, el pronunciamiento también interpela a los distintos sectores de la oposición, a los que exhorta a “ocupar el lugar que les corresponde en los momentos álgidos del devenir ciudadano”, reforzando su rol institucional en la defensa de las libertades públicas y la división de poderes.

El planteo

El posicionamiento del Llamamiento Argentino Judío introduce un nuevo foco de tensión en el debate sobre el alcance del DNU que modifica la Ley de Inteligencia, con implicancias directas sobre el funcionamiento del sistema democrático, el control del poder estatal y la vigencia de los derechos fundamentales.

Desde una perspectiva institucional, el planteo anticipa posibles escenarios de judicialización y discusión parlamentaria, al tiempo que pone en agenda el rol de los organismos de inteligencia y los límites de su accionar en un Estado de derecho. El documento reafirma que la democracia se fortalece mediante instituciones sólidas, controles efectivos y respeto por la legalidad, y no a través de mecanismos excepcionales que concentran poder y reducen la transparencia.

El comunicado lleva la firma de Elina Malamud, presidenta, y Marcelo Horestein, secretario, quienes ratifican el compromiso de la organización con la democracia, los derechos humanos y las libertades públicas.

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Una jueza peruana de la CPI denunció sanciones de EE.UU. y alertó sobre un ataque al Estado de derecho

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EE.UU. sancionó a una jueza peruana de la Corte Penal Internacional y expuso una tensión inédita sobre la independencia judicial global

Las sanciones económicas y migratorias impuestas por Estados Unidos contra jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) abrieron un conflicto institucional de alto impacto político y jurídico. Entre los afectados se encuentra la magistrada peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza, jueza de la Cámara de Apelaciones del tribunal con sede en La Haya, quien denunció que las medidas le bloquearon cuentas, tarjetas de crédito y transferencias internacionales. El caso reaviva el debate sobre la independencia judicial, la vigencia del Estatuto de Roma y los límites del poder político frente a la justicia penal internacional.

Las sanciones de EE.UU. y el alcance sobre la Corte Penal Internacional

La jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza integra la Corte Penal Internacional desde hace casi ocho años. El tribunal fue creado en 1998 mediante el Estatuto de Roma para juzgar a individuos por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. En 2025, el gobierno de Estados Unidos sancionó a seis jueces y a tres fiscales de la CPI, incluido el fiscal principal Karim Khan.

Según informó el Departamento de Estado, las sanciones responden a la “oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio por la soberanía nacional y la extralimitación judicial ilegítima de la CPI”. Washington sostuvo que la Corte “constituye una amenaza para la seguridad nacional” y la acusó de actuar como un instrumento de “guerra jurídica” contra Estados Unidos y su aliado Israel. Parte de las medidas se anunciaron luego de que la CPI emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes vinculados a Gaza.

En el caso de Ibáñez Carranza, el Departamento de Estado señaló que fue sancionada por “autorizar la investigación de la CPI contra personal estadounidense en Afganistán”. La magistrada explicó que la decisión cuestionada corresponde a 2019, cuando un panel de cinco jueces de la Cámara de Apelaciones habilitó investigaciones por crímenes cometidos en el territorio afgano, sin distinción de autores: talibanes, fuerzas estatales o fuerzas extranjeras.

Las Naciones Unidas condenaron las sanciones como “un ataque contra el Estado de derecho”. La relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió que las medidas buscan influir directamente en el trabajo judicial y equiparan a jueces internacionales con “presuntos terroristas o líderes de cárteles”.

Impacto personal, económico y familiar de las sanciones

Más allá de la dimensión institucional, la jueza peruana describió el impacto concreto de las sanciones en su vida cotidiana. Entre las restricciones figuran la cancelación de visas, el bloqueo de cuentas en dólares en cualquier país, la anulación de tarjetas de crédito y la imposibilidad de utilizar servicios financieros o plataformas vinculadas a empresas con sede en Estados Unidos.

“No puedo ordenar una comida, no puedo tomar un taxi Uber, no puedo enviar dinero a mi país”, relató. Ibáñez Carranza explicó que transfería mensualmente fondos a Perú para el mantenimiento de su vivienda y el pago de servicios básicos, pero que una operación vía Western Union quedó retenida sin explicación. Las sanciones, además, se extienden indirectamente a familiares y personas que intentan asistir a los magistrados afectados. En su caso, su hija vio cancelada una visa sin fundamentos explícitos.

El alcance extraterritorial de las medidas generó tensiones incluso en Europa. Bancos con sede en Países Bajos restringieron inicialmente operaciones de los jueces sancionados, lo que derivó en gestiones ante autoridades holandesas para garantizar el funcionamiento básico de cuentas en euros. “La pregunta era si Europa es realmente un espacio seguro o si sus bancos están subordinados a la política estadounidense”, sostuvo la magistrada.

Ibáñez Carranza acumuló más de 35 años de trayectoria como fiscal en Perú antes de llegar a la CPI, incluyendo causas emblemáticas como la investigación contra Abimael Guzmán, exlíder de Sendero Luminoso, condenado a cadena perpetua en 2005. Desde esa experiencia, afirmó que las sanciones buscan intimidar, pero no condicionarán sus decisiones: “Frente a unos hechos y una evidencia, lo único que puedo aplicar es el derecho y mi conciencia”.

Repercusiones políticas y debate sobre el futuro de la CPI

El conflicto se inscribe en un escenario de presión creciente sobre la Corte Penal Internacional. Además de las sanciones estadounidenses, algunos jueces enfrentan órdenes de arresto emitidas por Rusia, en represalia por decisiones judiciales vinculadas al conflicto en Ucrania. En paralelo, varios Estados se negaron a ejecutar órdenes de arresto de la CPI, y parlamentos nacionales, como el de Venezuela, debatieron proyectos para retirarse del Estatuto de Roma.

Para la magistrada peruana, el objetivo de fondo es debilitar el sistema de justicia internacional y desalentar investigaciones sobre crímenes atroces. “El ataque no es solo contra los jueces, es contra las víctimas”, sostuvo. Recordó que el principio de complementariedad del Estatuto de Roma establece que la CPI actúa solo cuando los Estados no investigan o juzgan adecuadamente, y que la Corte no persigue países sino hechos y responsabilidades individuales.

Lejos de paralizar su actividad, Ibáñez Carranza aseguró que la CPI continuó dictando sentencias relevantes y celebrando audiencias, incluso después de las sanciones. Mencionó decisiones en casos de la República Centroafricana, Sudán y Filipinas. Según su evaluación, las presiones externas produjeron un efecto inverso al buscado: mayor cohesión interna entre los jueces y fiscales del tribunal.

En términos políticos, el episodio plantea interrogantes sobre la gobernanza global, el respeto a la independencia judicial y el equilibrio entre soberanía estatal y justicia internacional. La jueza advirtió que la respuesta de la Unión Europea será clave: no solo en declaraciones de respaldo, sino en medidas prácticas que garanticen condiciones operativas mínimas para el funcionamiento de la Corte.

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Sistema penitenciario en Misiones: datos clave del nuevo Informe Anual de Buenas Prácticas

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La Comisión de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro presentó en la Legislatura de Misiones su Informe Público Anual 2025, con datos actualizados sobre población detenida, situación procesal, traslados, salud mental y políticas de reinserción. El documento, expuesto en la 16ª sesión de su Consejo Consultivo, ofrece un diagnóstico integral del sistema provincial y consolida líneas de trabajo interinstitucional para fortalecer derechos en contextos de privación de la libertad.

Diagnóstico del sistema de detención y trabajo interinstitucional

El Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes de Misiones fue sede de la 16ª edición del Consejo Consultivo de la Comisión de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro, instancia en la que se presentó formalmente el Informe Público Anual 2025. Participaron autoridades de los poderes del Estado, representantes municipales, integrantes de fuerzas de seguridad, organizaciones y cadetes.

La presidenta de la comisión, Yanina Constanza Yudar, dio apertura a la jornada y contextualizó el encuentro: “Es la décimo sexta edición de nuestro consejo consultivo. Estamos cumpliendo ocho años de la comisión, así que hoy vamos a hablar de números: del servicio penitenciario, de las comisarías y del recorrido que hicimos durante todo este año de gestión”, afirmó.

Yudar destacó además el valor del trabajo articulado entre organismos: “La riqueza del consejo consultivo es este ida y vuelta permanente”, sostuvo, al referirse a la participación de autoridades que trabajan en conjunto con la comisión.

En cuanto a la situación actual del sistema, la funcionaria precisó que más de 1.800 personas se encuentran alojadas en el Servicio Penitenciario, mientras que unas 800 permanecen en comisarías. “No es un número preocupante para nosotros; es un número que trabajamos, pero sí debemos mantener la atención”, explicó. En ese sentido, aclaró que no existe superpoblación, aunque remarcó la necesidad de sostener el trabajo coordinado con la Justicia y el Servicio Penitenciario para evitar que esa situación se produzca.

También señaló que, si bien hay personas que deberían estar bajo órbita federal, esa condición no genera un conflicto operativo para la provincia.

Reinserción social como eje de la política de encierro

Durante la exposición, la presidenta de la comisión subrayó que la reinserción social constituye uno de los pilares del organismo. “Trabajamos constantemente en la reinserción. La comisión se basa en que las personas que recuperan su libertad puedan reinsertarse en la sociedad”, afirmó, y agregó que esa tarea se desarrolla en articulación con el área de Educación y con otros organismos del Estado.

Lo más importante para nosotros es que una persona que estuvo privada de su libertad pueda reinsertarse de la mejor manera y acceder a oportunidades que no tuvo antes. La Justicia determina la libertad; nosotros acompañamos el proceso de reinserción”, remarcó Yudar, delimitando el rol institucional de la comisión dentro del sistema.

Este enfoque atraviesa las distintas líneas de trabajo presentadas en el informe y se traduce en políticas vinculadas a educación, capacitación, deporte y acompañamiento posterior a la detención.

Los datos clave del Informe Público Anual 2025

El Informe Público Anual 2025 reúne un análisis exhaustivo de la situación de encierro en Misiones y sistematiza la información relevada durante el año. Entre los datos más relevantes, se incluye un estudio detallado de la situación procesal de las personas privadas de libertad, que identifica 612 internos sin condena firme y 217 personas con más de dos años de detención, desagregadas por unidades penitenciarias, circunscripciones judiciales y tipos de delito.

El documento también presenta un relevamiento integral de las quince unidades regionales de la Policía de Misiones, con comparaciones anuales y semestrales que permiten detectar tendencias, incrementos o descensos en la cantidad de personas alojadas.

Otro indicador central es el registro de 377 traslados desde comisarías al Servicio Penitenciario realizados entre enero y noviembre, un dato que aporta información clave sobre la dinámica interna del sistema de derivaciones.

En cuanto a los tipos penales, el informe ofrece una lectura provincial que muestra mayor rotación en delitos contra la propiedad y mayor permanencia en delitos contra la integridad sexual, lo que incide directamente en la ocupación y gestión de las unidades.

El capítulo de salud mental y consumos problemáticos analiza los casos relevados durante el año y propone acciones para mejorar la articulación entre el sistema de salud y los establecimientos de detención. A su vez, se sistematizan las capacitaciones en derechos humanos y diversidad destinadas al personal policial de distintas unidades regionales.

La educación en contexto de encierro ocupa un apartado específico, con un relevamiento de la oferta formativa disponible en cada establecimiento, los avances alcanzados y los desafíos pendientes. En la misma línea, el informe da continuidad al programa “Creciendo a través de la disciplina”, que promueve la práctica deportiva como herramienta de intervención social, preventiva y educativa.

Finalmente, el documento incorpora los resultados del monitoreo de dispositivos provinciales vinculados a derechos humanos, junto con recomendaciones orientadas a fortalecer procedimientos, consolidar buenas prácticas y mejorar las condiciones de alojamiento en todo el sistema.

Impacto institucional y proyección

La presentación del Informe Anual 2025 consolida el rol de la Comisión de Buenas Prácticas como organismo de control, monitoreo y articulación institucional, y aporta insumos clave para la toma de decisiones en materia penitenciaria, judicial y de políticas públicas. Los datos expuestos permiten dimensionar el estado actual del sistema de encierro y anticipar líneas de acción orientadas a la prevención de la superpoblación, el fortalecimiento de derechos y la mejora de los procesos de reinserción social.

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ONU Mujeres alerta, casi 50.000 femicidios familiares en 2024 y 137 víctimas por día

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Femicidios en aumento, ONU Mujeres alerta que casi 50.000 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o familias en 2024

Un informe de ONU Mujeres, elaborado junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), reveló que en 2024 casi 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o algún miembro de su familia. La cifra —que equivale a un promedio de 137 víctimas por día— expone el agravamiento de una problemática estructural que las Naciones Unidas volvieron a colocar en el centro del debate global en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El organismo advirtió que estos crímenes representan casi el 60% de los 83.000 homicidios de mujeres registrados ese año. Las conclusiones describen un escenario alarmante para los sistemas judiciales, los gobiernos y las organizaciones de derechos humanos que buscan contener un fenómeno que combina desigualdad estructural, violencia doméstica y fallas de protección estatal.

Un mapa global del femicidio: África y Asia concentran la mayoría de los casos

El informe muestra disparidades regionales que permiten dimensionar la magnitud del problema:

África: 22.600 asesinadas por parejas o familiares en 2024.
Asia: 17.400 víctimas.
Américas: 7.700.
Europa: 2.100.
Oceanía: 300.

La distribución geográfica confirma que el femicidio íntimo o familiar continúa siendo un fenómeno transversal, aunque con dinámicas específicas según región. En Europa, el 64% de los casos fueron cometidos por parejas de las víctimas, mientras que en las Américas ese porcentaje asciende a 69%.

ONU Mujeres identificó factores estructurales que sostienen la violencia letal: estereotipos de género que consideran a las mujeres “subordinadas” a los hombres, discriminación en distintos niveles sociales y económicos, desigualdad persistente en el acceso al empleo, la educación y la justicia.

Además, el informe alerta sobre dos factores de riesgo clave en el feminicidio de pareja: antecedentes de violencia y separación inminente. Sin embargo, en los crímenes cometidos por otros familiares, los patrones son menos claros, lo que exige estrategias más amplias y específicas de prevención

La tecnología como nuevo vector de violencia: del control digital a los deepfakes

Uno de los puntos más novedosos del informe es la referencia al rol de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) en la expansión de nuevas modalidades de violencia contra mujeres y niñas.

Según ONU Mujeres, el acceso masivo a herramientas digitales permite: intensificar patrones de violencia doméstica, ejercer control coercitivo, vigilancia y acoso, producir contenidos dañinos como videos deepfake, una práctica en crecimiento.

La organización advierte que la violencia digital impacta especialmente en mujeres con mayor visibilidad pública —periodistas, políticas y activistas—. Una de cada cuatro periodistas afirmó haber recibido amenazas de violencia física o de muerte a través de Internet.

Para ONU Mujeres, esta tendencia no solo profundiza la violencia tradicional, sino que crea nuevos factores de riesgo que pueden actuar como antesala del feminicidio.

Prevención, justicia y datos: las claves que propone ONU Mujeres para frenar los feminicidios

El estudio insiste en que reducir los feminicidios requiere intervenciones integrales y sostenidas, basadas en tres pilares: educación, legislación y fortalecimiento institucional.

Entre las medidas propuestas se destacan:

Educación y habilidades para relaciones sanas

Programas de formación para desmontar estereotipos y prevenir dinámicas abusivas desde edades tempranas.

Reforma legal y penal

Criminalizar el femicidio como figura autónoma.

Incorporar agravantes específicas para homicidios motivados por violencia de género.

Crear unidades especializadas en policías, fiscalías y tribunales.

Campañas públicas

Promoción de campañas como “Ni Una Menos” y “Me Too”, destinadas a sensibilizar y ampliar la visibilidad del problema.

Sistemas de información confiables

Los organismos internacionales subrayan que cualquier política pública requiere datos robustos y comparables. Entre los modelos citados se encuentra VioGén, un sistema del Ministerio del Interior de España creado en 2007, que integra herramientas de evaluación de riesgo, monitoreo y protección de víctimas.

El fortalecimiento de observatorios de feminicidio y agencias estatales aparece como condición central para mejorar la respuesta de justicia y prevención.

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Misiones integra acceso directo a “Menores Extraviados” para agilizar la búsqueda de niñas, niños y adolescentes

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El Poder Judicial de Misiones incorporó en su página institucional un acceso directo a la plataforma “Menores Extraviados” del Ministerio de Derechos Humanos, una herramienta clave para acelerar la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. La medida refuerza el trabajo conjunto que ambos organismos sostienen desde hace años en materia de formación, cooperación tecnológica y fortalecimiento institucional, y apunta a facilitar el acceso inmediato a un recurso crítico en las primeras horas de búsqueda.

Una herramienta para mejorar la respuesta institucional ante desapariciones

Con la nueva modificación, cualquier persona que ingrese al sitio oficial del Poder Judicial puede ser redirigida de manera inmediata al sistema provincial de búsqueda administrado por el Ministerio de Derechos Humanos.
Allí se publican las fotografías e información relevante de menores cuyo paradero se desconoce, siempre con autorización expresa de las familias.

La incorporación del enlace directo no solo facilita la difusión, sino que también optimiza los tiempos de acceso a la información disponible, un factor decisivo en los procedimientos de búsqueda. La iniciativa se inscribe en la política de fortalecimiento institucional que ambos organismos desarrollan de manera sostenida.

Cooperación interinstitucional y fortalecimiento tecnológico

El Poder Judicial y el Ministerio de Derechos Humanos vienen desarrollando desde hace años instancias conjuntas de trabajo vinculadas a: formación, cooperación tecnológica y articulación institucional.

La implementación del acceso directo representa un paso más en ese proceso, al integrar en la página judicial una herramienta que permite a la ciudadanía intervenir de manera inmediata en la difusión de casos activos de desaparición.

Desde la perspectiva institucional, la medida robustece una red de colaboración que busca mejorar los mecanismos de localización y asegurar que los sistemas públicos estén alineados para dar respuesta en tiempo real.

Por qué las primeras horas son determinantes

La iniciativa se fundamenta en un principio operativo ampliamente reconocido en la búsqueda de personas: las primeras horas resultan decisivas.
En ese lapso, cualquier demora en el acceso a la información disponible puede afectar la eficacia del procedimiento, tanto para las familias como para los equipos de intervención.

Al visibilizar de inmediato los casos publicados en la plataforma “Menores Extraviados”, el Poder Judicial contribuye a ampliar el alcance de la difusión, potenciando la participación ciudadana y sincronizando esfuerzos con los organismos especializados.

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