Inter Press Service – Miles de familias palestinas desplazadas por la guerra en la Franja de Gaza iniciaron el regreso a sus hogares, la mayoría derruidos, apenas al mediodía local de este viernes 10 se produjo el cese del fuego convenido entre Israel y la milicia islamista Hamas.
Reportes recibidos en las sedes de las Naciones Unidas daban cuenta de la movilización de más de 200 000 gazatíes -un río de caminantes y vehículos-, desde los improvisados campamentos y refugios en el sur de la Franja hacia el norte, a diferentes urbes, principalmente la ciudad de Gaza, escenario de los últimos bombardeos del ejército israelí, .
Cada gazatí provee un testimonio: “Todos en Gaza están felices por el fin de las masacres y el genocidio contra la población civil. Por fin podemos sentirnos seguros y protegidos tras dos años de destrucción y derramamiento de sangre de niños y adultos.”, expresa un desplazado, Taysir Jneid.
O el de Mariam al-Ghoula, anciana que vive en un campamento en el centro de Gaza: “Estoy feliz y triste a la vez; feliz porque hay un alto el fuego y es posible que podamos regresar a nuestros hogares, pero triste por los que perdimos, nuestros hijos que permanecen enterrados bajo los escombros”.
El fin de la guerra
La guerra que se ha detenido se inició el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamas al sur israelí que en el que murieron más de 1100 personas y 251 fueron tomadas como rehenes. La respuesta militar de Israel ha matado a unos 68 000 palestinos y herido a otros 170 000.
También la mayoría de los 2,2 millones de habitantes de la Franja debieron desplazarse, muchos de ellos varias veces, y la mayor parte de las viviendas y la infraestructura de servicios se redujo a escombros por los bombardeos.
Dos años después, los contendores acordaron los primeros pasos para cesar la guerra, con base en un proyecto que presentó el presidente estadounidense Donald Trump, respaldado por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y aceptado por Hamas con la mediación de Egipto, Estados Unidos, Qatar y Turquía.
Con el cese del fuego y el repliegue que inician las fuerzas israelíes, se espera la liberación de los últimos rehenes en poder de Hamas -unos 20 con vida y los restos de otros 28 que perecieron en cautiverio- entre el domingo 12 y el lunes 13, y el rápido ingreso masivo de ayuda humanitaria por parte de las agencias de la ONU.
Stepháne Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que la organización obtuvo autorización de Israel para ingresar a la bloqueada Franja 170 000 toneladas métricas de alimentos, suministros sanitarios y nutricionales, así como artículos para refugios y otros productos esenciales.
Los suministros se encuentran actualmente en la región, principalmente en Israel, pero también en Chipre, Cisjordania, Egipto y Jordania, y centenares de camiones están listos para llevarlos a Gaza.
Al bloquear durante meses el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja, Israel colocó a la población en una situación crítica por la falta de alimentos, agua potable, medicinas y otros bienes, lo que implicó la aparición de la hambruna en sectores de Gaza y la muerte de cientos de personas como consecuencia de la desnutrición.
Ricardo Pires, portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pidió que se abran urgentemente los pasos fronterizos para que ingrese la ayuda, ya que hay unos 50 000 niños en riesgo de desnutrición aguda que necesitan asistencia con alimentos y abrigos a medida que se acerca el invierno.
Acuerdo de Paz
El acuerdo aún no establece cuál será el papel de las distintas agencias de la ONU -incluida Unrwa, la dedicada a la población palestina refugiada- en la fase que sigue inmediatamente a la adopción del acuerdo.
El plan de la ONU para los primeros 60 días supone reforzar la producción local de alimentos, detección y tratamiento de la malnutrición, restablecimiento de los servicios sanitarios esenciales, reparación de la red de abastecimiento de agua, y un aumento masivo de la provisión de refugios de emergencia.
Según el acuerdo, las tropas israelíes se replegarán reduciendo su control, de 80 a 53 %, del territorio, que alcanza a 365 kilómetros cuadrados. Hamás dispone de 72 horas para comenzar la liberación y entrega los rehenes a la Cruz Roja.
Israel y Hamás aún tienen que acordar la lista de quiénes conformarán los 1950 prisioneros palestinos que serán liberados a cambio de los rehenes.
En las 24 horas previas al cese del fuego al mediodía del viernes murieron en ataques 17 palestinos y un soldado israelí, abatido por un francotirador.
Trump prevé viajar al Medio Oriente este fin de semana para participar de la firma de los acuerdos que ponen fin a la guerra. Aspiraba obtener, por esta y otras gestiones en sus poco más de ocho meses de gobierno, el Nobel de la Paz 2025, pero el Comité que otorga el premio en Oslo lo concedió a la opositora venezolana María Corina Machado, por liderar los esfuerzos por la democracia en su país.
El Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto 646/2025 publicado en el Boletín Oficial, aprobó la Reglamentación de la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado Nº 26.165, una norma clave que actualiza y operacionaliza el marco jurídico argentino en materia de asilo y refugio. La medida apunta a garantizar procedimientos más ágiles, reforzar la seguridad jurídica y adecuar la actuación de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) a estándares internacionales.
Con esta decisión, la Argentina busca consolidar su histórica tradición de asilo humanitario, agilizando los trámites y fortaleciendo los derechos de solicitantes y refugiados, en un contexto global de crecientes desplazamientos forzados.
Antecedentes y motivación de la medida
La Ley 26.165, sancionada en 2006, ya había alineado el sistema argentino con la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967, ambos ratificados por el país. Sin embargo, la ausencia de una reglamentación integral provocaba demoras administrativas, falta de criterios uniformes y vacíos procedimentales que afectaban tanto a los solicitantes como a la administración pública.
El propio decreto destaca que la reglamentación era indispensable para garantizar el plazo razonable de resolución de solicitudes, asegurar la transparencia y cumplir con el principio de no devolución (non-refoulement), reconocido como pilar del derecho internacional.
La iniciativa también recoge doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que advirtió en el fallo Fallos: 344:3011 que la falta de reglamentación torna “ilusoria” la supremacía constitucional.
Principales disposiciones
El Anexo reglamentario aprobado establece una batería de procedimientos y derechos específicos:
Plazos estrictos para decisiones: la CONARE deberá pronunciarse sobre la viabilidad de una solicitud de refugio en un máximo de 10 días (72 horas si el pedido se presenta en frontera).
Unidad familiar: se reconoce por extensión el estatuto de refugiado a cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes, hermanos dependientes y menores o incapaces bajo cuidado del solicitante.
Principio de no devolución: se refuerza la prohibición de expulsar a personas hacia países donde puedan sufrir persecución, incluyendo el reconocimiento de estatutos de refugiado otorgados por terceros Estados.
Educación y títulos: refugiados estudiantes tendrán trato preferencial para el acceso al sistema educativo y la validación de títulos universitarios extranjeros, incluso sin acuerdos bilaterales previos.
Certificado provisorio de permanencia: quienes soliciten refugio recibirán un documento habilitante por 90 días, renovable automáticamente mientras dure el trámite, que permite trabajar, estudiar y acceder a salud y seguridad social.
Procedimiento sumario y ordinario: se crea un esquema doble para diferenciar solicitudes manifiestamente fundadas (resolución rápida) de aquellas que requieren mayor análisis.
Extradición y cancelación: la reglamentación fija protocolos específicos para pedidos internacionales de extradición y para la cancelación del estatus en caso de fraude o falsedad.
Actores institucionales y fundamentos
La implementación queda bajo la órbita de la CONARE, dependiente de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, que actuará en coordinación con la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Capital Humano (educación y asistencia social).
El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei, el ministro del Interior Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quienes remarcaron que la medida no implica gastos adicionales y busca dar “eficacia plena a los derechos reconocidos en la ley”.
La reglamentación tiene implicancias directas en tres niveles:
Humanitario: acelera la protección a personas perseguidas por motivos políticos, religiosos, étnicos o de violencia generalizada.
Jurídico-institucional: brinda mayor certeza a solicitantes, abogados defensores y organismos estatales al establecer plazos y procedimientos uniformes.
Político-internacional: posiciona a la Argentina como un país con estándares elevados en materia de refugio, en línea con las recomendaciones de ACNUR.
A futuro, se prevé que la CONARE publique estadísticas anuales, diseñe planes de contingencia para flujos masivos de desplazados y articule programas de repatriación voluntaria y reasentamiento en cooperación con agencias internacionales.
Escribe Randa el Ozeir / Inter Press Service – Si el colonialismo europeo no hubiera alcanzado a Canadá, el matriarcado seguiría siendo fuerte en la cultura indígena. El matriarcado era la columna vertebral de la estructura social y de la línea de dominio en la «Isla de la Tortuga», como los indígenas del país denominan a la Norteamérica prevía a la llegada de los occidentales, en un concepto referido a su identidad y resistencia.
En la práctica, las mujeres indígenas en Canadá han sido víctimas de violencia y discriminación. En teoría, debían gozar, junto con los niños, de plena protección, tal como establece el artículo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).
“El conocimiento tradicional estaría completo. Nuestras lenguas, ceremonias, sistemas de gobernanza, la salud del planeta, las comunidades, cosmologías, prácticas de la tierra, preservación del agua y métodos de cosecha estarían vivos y bien”, dice Kim Wheatley, guardiana del Conocimiento Ancestral Anishinaabe, cuyo nombre espiritual es “cabeza / lideresa de la Flor de Fuego”.
El anishinaabe es un grupo de pueblos indígenas vinculados entre sí y asentados en la región de los grandes lagos de Canadá y el colindante Estados Unidos.
El rol e influencia femenina en la cultura indígena tradicional eran poderosos y fundamentales. Wheatley señala cómo el deber principal de las mujeres, “como el de todos los miembros de la comunidad, era vivir en armonía con la creación, una vida de propósito y pasión comprometida basada en los dones con los que llegaban del mundo espiritual”.
“Las mujeres eran cazadoras, recolectoras, curanderas, sanadoras, educadoras, líderes, artistas, pescadoras, ceremoniales, cantantes, bailarinas, artistas y guardianas de la gobernanza: realmente el pegamento social sobre cómo proveer para el bien común. Ellas eran quienes tomaban las grandes decisiones a largo plazo para las comunidades de las que eran responsables”, añadió.
La historia de las mujeres indígenas en Canadá es considerablemente incompatible con lo que Disney intentó distorsionar en su popular pelicula de animación “Pocahontas”.
Chrystal Tabobandung, fundadora de Raise (formación en conciencia y competencia cultural indígena), con raíces ojibwe, observa el “odio de las mujeres blancas hacia nosotras, como si fuéramos menos. Nos echaron de nuestros hogares. Hoy sufrimos y somos sexualizadas por hombres y por las redes sociales. Históricamente, las mujeres blancas nos envidiaban por los roles que teníamos en nuestras comunidades y nuestras formas tradicionales”.
Ahí es donde el impacto del colonialismo entró desde los primeros contactos y fue cambiando con el tiempo. “Las mujeres en Europa no debían ser vistas ni escuchadas. Estaban en segundo plano, y resentían mucho que aquí las mujeres indígenas tuvieran voz, un asiento en la mesa para tomar decisiones sobre seguridad, crianza, política e incluso dónde acampar”, aseguró.
Kim Wheatley, guardiana del Conocimiento Ancestral Anishinaabe
Desigualdad socioeconómica
El efecto del modelo social y económico occidental impuesto ha destrozado demasiadas comunidades indígenas, y el cambio hacia un estilo de vida masculino-dominante occidental alteró toda la estructura.
Wheatley considera que, en los últimos 150 años, “la base de las especies quedó en riesgo. La destrucción de tierras y aguas mediante la extracción interminable de recursos, el racismo, la misoginia, la vulgaridad de la toma de decisiones políticas sobre los cuerpos de las mujeres, la violencia creciente contra mujeres y niñas, y la lista sigue. Vemos una disparidad dramática en las realidades socioeconómicas».
«Nuestro pueblo tiene vastos y complejos sistemas políticos, estructuras de gobernanza, modelos de liderazgo equilibrados, extraordinarias prácticas comerciales, creatividad infinita y relaciones íntimas con tierras y aguas. Profundas enseñanzas morales que contribuyen al bien común basadas en visiones de largo plazo”, añadió.
Si bien las mujeres pueden y de hecho se postulan a cargos de liderazgo, el sistema colonial no apoya la gobernanza ni las prácticas tradicionales. La Ley India sigue vigente en Canadá y es uno de los documentos legales reconocidos como más racistas en el mundo. Esta ley supervisa cómo y qué puede hacer una comunidad de Primera Nación dentro de los límites de la reserva y qué pasa al salir de ella.
Las diferencias entre mujeres indígenas varían según sus distintas naciones. En Canadá, hay más de 630 comunidades reconocidas como Primeras Naciones.
“Nuestras mujeres hacen las cosas de manera diferente según las enseñanzas de nación a nación que están ligadas a la tradición y la cultura, más que a roles”, explicó Tabobandung. “Existen tantos sistemas opresivos divergentes que las desconectan», agregó.
Detalló que «no necesariamente trabajan juntas, pero frente a grandes problemas sociales, como las mujeres indígenas asesinadas y desaparecidas o la trata sexual, sí se unen».
«Participan en marchas y manifestaciones. Se enfrentan a las injusticias y se reconectan con su tradición y su cultura. Cuantas más voces surgen, más personas se sienten valientes, fuertes y capaces de compartir sus experiencias personales”, detalló.
¿Cómo afecta la falta de acceso al agua potable a las mujeres indígenas? Según Wheatley, “la crisis del agua en las comunidades de Primeras Naciones es un ataque continuo y poco reconocido contra un derecho humano básico».
«Las mujeres que viven fuera de las reservas tienen mayores oportunidades de empleo, vivienda y otras posibilidades socioeconómicas que simplemente no existen en muchas reservas por una amplia variedad de razones. Las instalaciones educativas son mucho más accesibles, al igual que los servicios sociales que son esenciales para el sostenimiento de las familias”, explicó.
Wheatley continuó: “La cercanía en los traslados hacia/desde el trabajo, reuniones sociales, espacios de apoyo, actividades culturales, opciones educativas e interacciones sociales más amplias es mucho más accesible en áreas urbanas”.
“Esto contribuye a un mayor bienestar. En pueblos pequeños, el racismo puede limitar oportunidades, pero en ciudades con poblaciones más grandes, las probabilidades aumentan a favor de la mujer”, planteó.
Chrystal Tabobandung, fundadora de la organización Raise, de conciencia cultural indígena
Reconciliación y preservación de la cultura
A juicio de Wheatley, el Informe de Verdad y Reconciliación fue un regalo para los canadienses, ya que desafió su comodidad en la amnesia histórica y en la ignorancia sobre el genocidio cultural cometido por los más altos niveles de liderazgo en este país.
“Cada vez que una voz de nuestro pueblo dice cómo debemos mirar la restitución y la restauración de nuestra soberanía, es el camino correcto», adujo.
Consideró que «no necesitamos que nos digan cómo sanar… Necesitamos decirle al país cómo apoyar nuestra sanación. Eso es lo que el informe hace maravillosamente».
Y añadió: «Es tan completo como el país puede digerir en este momento y, sin embargo… pocas de las ‘llamadas a la acción’ se han abordado de manera significativa hasta ahora”.
Pero la realidad es que han pasado 10 años desde ese informe y, sin embargo, poco ha cambiado, agrega Wheatley.
“Este país ha operado continuamente bajo la falacia de la Doctrina del Descubrimiento y el robo de tierras que nunca les pertenecieron”, detalló.
La perspectiva eurocéntrica occidental se ha impuesto incluso en la terminología y en cómo se define a una persona indígena.
Tabobandung afirmó: “Solo en las últimas generaciones hemos empoderado a nuestros hijos para que tengan voz y hagan preguntas. Yo crecí en un pueblo pequeño donde el colonialismo nos impactaba, pero aún así logramos transmitir nuestras enseñanzas e historias. Las personas que fueron alejadas de su cultura o desconectadas de algún modo no conocerían estas enseñanzas”.
En la Columbia Británica, los pueblos indígenas son muy conscientes de su cultura.
“Ellos realmente proyectan la importancia de sus mujeres indígenas”, dijo Wheatley. “Si hubiera algún movimiento de derechos indígenas o aborígenes que deba cambiar en el sistema judicial, sucederá primero en la Columbia Británica y marcará un precedente para todas las demás naciones de Canadá, añadió”.
¿Hay una salida?
Wheatley cree que la solución entre el gobierno y los pueblos indígenas no ha sido priorizada.
“Por eso, en muchas comunidades indígenas las condiciones del Tercer Mundo (Sur global) existen como norma. Para reconciliar los crímenes del pasado en Canadá, sus perpetradores deben asumir la responsabilidad, pero eso sigue siendo una amenaza para la intrusión colonial y la imposición sobre tierras que nos pertenecen legítimamente”, dijo.
Cada quien interpreta la Reconciliación de manera diferente.
Tabobandung escuchó voces distintas; algunas personas son más extremas que otras. En la práctica, el hecho consumado es que los pueblos indígenas, los occidentales y otros inmigrantes comparten hoy sus vidas en la Isla de la Tortuga, el aniguo continente ancestral norteamericano de los pueblos originarios.
Tabobandung se siente en el medio.
“Tienes este modelo occidental de negocios, social y político, y tu propio modelo. ¿Cómo equilibrar eso? Muchos pueblos de las Primeras Naciones tuvieron esa dificultad, especialmente quienes provienen de comunidades rurales y remotas del norte», explicó
Y agregó: «Tienes que saber quién eres y tener raíces profundas. Es muy difícil hacer esa transición, especialmente en el sistema eurocéntrico occidental, donde quieren deshacerse de nosotros; quieren integrarnos a la sociedad occidentalizada para que no existamos más. Algunos logran encontrar paz y equilibrio”.
“Soy anishinaabe. Soy ojibwe. Me niego a reconocerme como indígena, primera nación o aborigen”, dijo Tabobandung.
E insistió: “Nuestro pueblo es más antiguo que las terminologías que el gobierno federal nos impuso. Camino suave y gentilmente sobre la tierra. La cultura me salvó, saber que soy Primeros Pueblos de esta tierra, en este territorio, y saber que un sistema intenta aniquilar a mi pueblo, pero que sigo aquí, resistiendo y sobreviviendo”.
Eso es lo que la motiva.
“Por eso camino con la cabeza en alto. Por eso me educo todo lo que puedo sobre cualquier tema. Pinto arte indígena y hago pinturas indígenas para transmitir ese conocimiento”, concluyó.
El 4 y 5 de septiembre, magistrados, académicos y referentes religiosos se reunirán en la capital santiagueña para debatir sobre justicia, democracia y derechos sociales bajo el lema “La senda franciscana frente a la crisis civilizatoria”. El evento fue declarado de interés provincial e institucional.
El Óvalo del Parque Sur de la ciudad de Santiago del Estero será sede los próximos 4 y 5 de septiembre del Encuentro Nacional Homenaje al Papa Francisco, una convocatoria inédita que reunirá a juristas, autoridades judiciales y referentes religiosos de todo el país.
Organizado por el Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia y el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), el encuentro fue declarado de interés provincial, académico y cultural por la Cámara de Diputados de Santiago del Estero y cuenta con reconocimiento institucional del Poder Judicial local, que lo estableció como capacitación obligatoria para magistrados y funcionarios.
La relevancia del evento también fue subrayada por la Legislatura de Misiones, que lo declaró de interés provincial a través de su Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos Humanos y Juicio Político, marcando así un respaldo interprovincial.
Ejes temáticos y disertantes destacados
El encuentro se desarrollará bajo el lema “La senda franciscana frente a la crisis civilizatoria”, con un programa de cinco paneles temáticos que abordarán problemáticas centrales:
Estado, derechos sociales y democracia
Poder Judicial y el límite constitucional al autoritarismo
Entorno digital y derechos humanos
Guerra, migraciones y cambio climático
Derechos sociales y doctrina franciscana
Entre los expositores confirmados se destacan:
Eugenio Raúl Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema y profesor emérito, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC).
Cardenal Vicente Bokalic Iglic, arzobispo de Santiago del Estero y Primado de la Argentina.
Roberto Andrés Gallardo, juez de CABA y presidente de COPAJU.
Padre José “Pepe” Di Paola, referente en trabajo comunitario.
Eduardo J. R. Llugdar, vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero.
A ellos se suman magistrados y jueces de Misiones, Tucumán, Chubut, Buenos Aires y otras provincias, consolidando un espacio federal de debate.
Impacto institucional y proyección
La elección de Santiago del Estero como sede no es casual: se trata de la provincia designada por el propio Papa Francisco como Sede Primada de la Iglesia Católica en Argentina, lo que otorga un peso simbólico y espiritual a la convocatoria.
En diálogo con Radio Panorama, Darío Alarcón, juez de Control y Garantías y presidente de la Asociación de Magistrados, subrayó: “El encuentro es importante por los desafíos a los que la Justicia se enfrenta en la actualidad. Es fundamental generar espacios de debate y análisis en torno a la ética, la justicia y la ciudadanía”.
La agenda franciscana, enfocada en los derechos sociales, la inclusión y la protección de los más vulnerables, se cruza aquí con los debates judiciales contemporáneos: el rol de los magistrados frente al avance de discursos autoritarios, los desafíos del entorno digital y la necesidad de repensar la justicia en un contexto global atravesado por el cambio climático y las migraciones.
La actividad será gratuita y abierta al público, con transmisión en vivo a través del canal de YouTube de COPAJU, lo que garantiza su alcance nacional e internacional.
El homenaje a Francisco abre una agenda más amplia: la consolidación de COPAJU como actor regional en materia de justicia social y doctrina franciscana, y la posibilidad de que Argentina se posicione como referente en debates éticos y jurídicos de alcance continental.
En un contexto de crisis global, el encuentro santiagueño funcionará como un espacio estratégico para articular propuestas jurídicas y políticas en clave franciscana, buscando alternativas frente a la desigualdad, el cambio climático y las tensiones democráticas.
"La ONU": Por las declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Argentina pic.twitter.com/vDfImNkaCV
— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 19, 2024
Las recientes detenciones de personas que se manifestaron frente al Palacio legislativo durante el tratamiento de la Ley Bases despertaron fuertes críticas ya no solo locales, sino también internacionales contra el Gobierno nacional. Mientras que Amnistía Internacional se prepara para denunciar en los organismos multilaterales a la administración de Javier Milei, un alto funcionario de la ONU comparó a la Argentina con países que registran graves violaciones de los derechos humanos.
El Gobierno nacional llevó a cabo 33 detenciones de personas que se manifestaron el 12 de junio frente al Congreso Nacional durante el tratamiento de la Ley Bases. De esos 33, hasta el momento sólo quedan cinco personas detenidas. Ayer la jueza federal María Romilda Servini ordenó a excarcelación por “falta de mérito” de otros 11 detenidos que se sumaron a las liberaciones durante el fin de semana.
El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volker Türk , criticó las políticas que está desarrollando el gobierno de Milei en ese campo. No es la primera vez ya que en enero pasado, en el marco de las primeras protestas contra el DNU 70/2023 y la Ley Bases, ya había alertado sobre la situación en Argentina.
Durante su discurso en la 56° sesión del organismo, el funcionario de origen austríaco aseguró que “las recientes medidas propuestas y adoptadas” en Argentina corren el riesgo de “socavar la protección de los derechos humanos”.
“Estos incluyen recortes al gasto público que afectan particularmente a los más marginados, el cierre anunciado de instituciones estatales dedicadas a los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia, y una instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de suspender la participación en todos los eventos en el extranjero relacionados con la Agenda 2030″, enumeró Türk en la segunda de las tres asambleas que la ONU hará en 2024.
Türk incluyó la situación de la Argentina cuando se refirió a países que atraviesan conflictos violentos como Líbano, Israel, Ucrania, Sudán, la República Democrática del Congo, Siria, Burkina Faso, Mali, Níger o Haití. El funcionario le pidió a las autoridades argentinas que “coloquen los derechos humanos en el centro de su formulación política” para “construir una sociedad más cohesiva e inclusiva”.
“Esto también significa pleno respeto del derecho de reunión pacífica y de libertad de expresión”, agregó en referencia a los detenidos por las protestas llevadas a cabo en el Congreso Nacional.
Desde el organismo internacional ya habían advertido sobre las políticas de Seguridad del gobierno argentino. Tras la puesta en marcha del protocolo elaborado por Patricia Bullrich, Naciones Unidas advirtió que “las autoridades deben garantizar y proteger el derecho de reunión pacífica”
El mensaje fue emitido en ese momento por el diplomático y jurista Clément Nyaletsossi Voule, que se desempeña como Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación desde 2018.
En enero, la oficina para América del Sur del ACNUDH estuvo de visita en el país. Sus representantes mantuvieron una tensa reunión con la canciller Diana Mondino, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños y la propia Bullrich. Pocos días más tarde los relatores del organismo relevaron el protocolo de la ministra de Seguridad y lo cuestionaron a viva voz.
El Alto Comisionado de la ONU, desde su oficina regional, también pidió participar del debate en Diputados sobre la primera versión de la Ley Bases. Entre sus preocupaciones estaba el capítulo que había redactado Bullrich referido al endurecimiento de las leyes penales. En ese momento, el organismo advirtió que la iniciativa podría ser “una forma de convalidar ejecuciones extrajudiciales”. Finalmente, dicho capítulo fue removido de la Ley Bases.
