designación de jueces

La Legislatura convocó audiencias públicas para cubrir siete cargos clave en la Justicia de Misiones

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La Cámara de Representantes de Misiones convocó a audiencias públicas para tratar los pliegos de siete postulantes propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos estratégicos dentro del Poder Judicial provincial, entre ellos jueces de instrucción, jueces de paz y fiscales en distintas circunscripciones judiciales.

Las audiencias se realizarán el lunes 1 de junio de 2026, desde las 8:00, en el Salón Auditorio del segundo piso del edificio anexo de la Legislatura provincial, en Posadas, y estarán a cargo de la Comisión de Poderes, Peticiones, Reglamento, Acuerdos y Biblioteca.

Entre los cargos a cubrir se encuentran juzgados de instrucción en Posadas, Eldorado y Oberá, además de juzgados de paz en Puerto Iguazú y Posadas, y fiscalías en Puerto Rico y en la Primera Circunscripción Judicial.

El primer pliego corresponde a César Humberto Lirussi, propuesto para ocupar el cargo de juez de Instrucción del Juzgado de Instrucción número 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Eldorado. La audiencia fue fijada para las 8:00.

A las 8:30 será el turno de Rosa Raquel Dionisia Mazal, postulada como jueza de Paz Letrada de Primera Categoría de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Puerto Iguazú.

Luego, a las 9:00, se analizará la propuesta de Carla Alejandra Freitag para el cargo de jueza de Instrucción del Juzgado de Instrucción número 1 de la Primera Circunscripción Judicial, con sede en Posadas.

A las 9:30 se tratará el pliego de Camila Arruti, propuesta para fiscal de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar número 1 de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en Puerto Rico.

Posteriormente, a las 10:00, será la audiencia de Luis Sebastián Martínez, candidato a juez de Paz Letrado de Primera Categoría del Juzgado de Paz Civil y Comercial número 2 de Posadas.

A las 10:30 se evaluará la postulación de Martín Ignacio Balor para desempeñarse como agente fiscal de la Fiscalía en lo Correccional y de Menores número 2 de la Primera Circunscripción Judicial.

Finalmente, a las 11:00 se desarrollará la audiencia correspondiente a Diego Agustín Lafata, propuesto para juez de Instrucción del Juzgado de Instrucción número 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Oberá.

La resolución también establece que cualquier ciudadano podrá presentar impugnaciones fundadas por escrito dentro de los cinco días hábiles posteriores a la última publicación oficial, acompañando pruebas o señalando su existencia. Estas presentaciones podrán realizarse en formato papel ante la Comisión o, excepcionalmente, mediante correo electrónico institucional.

Además, el público podrá participar mediante preguntas por escrito vinculadas exclusivamente a la función para la cual fue propuesto cada candidato. Las consultas deberán ser autorizadas por la presidencia de la Comisión y serán leídas durante la audiencia pública.

Los antecedentes y copias de los pliegos estarán disponibles para su consulta de 7:00 a 13:00 en la oficina de la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio legislativo sobre calle Constituyentes Provinciales 1980 de Posadas.

El proceso forma parte del mecanismo institucional previsto para garantizar transparencia y participación ciudadana en la designación de magistrados y funcionarios judiciales en la provincia.

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La Corte mueve fichas en la selección de jueces y busca acotar la discrecionalidad en los concursos

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La Corte Suprema dio un paso institucional con impacto directo en el sistema de poder judicial: presentó el Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados, aprobado por acordada 4/2026 el 25 de marzo. La iniciativa, impulsada por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, propone cambios estructurales en el mecanismo que define las ternas de jueces que luego se elevan al Poder Ejecutivo. El movimiento no es menor. En un escenario donde la designación de magistrados suele condensar disputas políticas de fondo, la Corte busca incidir en las reglas del juego. ¿Se trata de una corrección técnica o de una señal de reposicionamiento en la arquitectura del poder judicial?

Un rediseño con foco en mérito y control del proceso

El nuevo reglamento apunta a reorganizar el proceso de concursos que administra el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de seleccionar a los candidatos. La Corte no desconoce ese rol, pero se posiciona como actor que “colabora” en la mejora del sistema. En esa línea, plantea la necesidad de corregir “disfuncionalidades sistémicas”, una definición que sugiere críticas al funcionamiento actual sin explicitarlas.

El eje del proyecto se ordena alrededor de cuatro conceptos: idoneidad, mérito, transparencia y trazabilidad. En términos concretos, propone reducir márgenes de discrecionalidad en la evaluación, fortalecer el peso del rendimiento académico y garantizar el anonimato en las pruebas de oposición. También introduce reglas más previsibles para la instancia de entrevistas, uno de los tramos históricamente más sensibles del proceso.

La lógica es clara: desplazar criterios difusos y acotar espacios donde las decisiones puedan quedar sujetas a interpretaciones políticas o corporativas. En esa redefinición, el tránsito burocrático pierde centralidad frente a la evaluación del mérito real.

Una señal institucional en un terreno compartido

El movimiento de la Corte se inscribe en una zona delicada: la selección de magistrados es un proceso compartido entre el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado. La acordada no modifica formalmente ese esquema, pero introduce un intento de influir en su funcionamiento interno.

La propia Corte se define como “cabeza de este poder del Estado”, lo que le otorga, en su interpretación, un rol activo en la mejora del sistema judicial. Esa autodefinición no es neutra. Marca una voluntad de intervenir en la dinámica institucional más allá de su función jurisdiccional.

La amplia convocatoria al acto —con presencia de consejeros, jueces, representantes del Ministerio Público, legisladores y actores del ámbito académico— refuerza esa lectura. No se trató solo de una presentación técnica, sino de un gesto político hacia el conjunto del sistema judicial y sus alrededores.

Impacto y correlación de fuerzas

El proyecto puede reconfigurar equilibrios dentro del Consejo de la Magistratura, especialmente si avanza en la reducción de márgenes de discrecionalidad. Sectores que encuentran en las instancias menos regladas un espacio de influencia podrían ver acotado su margen de acción.

Al mismo tiempo, la iniciativa refuerza el peso de criterios objetivos en la selección, lo que podría modificar la lógica de construcción de consensos para definir ternas. En términos políticos, esto introduce una variable adicional en la relación entre el Consejo, el Ejecutivo y el Senado, donde la validación final de los jueces se convierte en un punto de negociación.

El impacto no es inmediato, pero sí potencialmente profundo. La forma en que se seleccionan magistrados condiciona la composición futura del Poder Judicial y, por extensión, su orientación en fallos clave.

Un proceso en construcción

El reglamento presentado no tiene aplicación directa: deberá ser considerado por el Consejo de la Magistratura, que conserva la competencia para llevar adelante los concursos. Ese dato abre un escenario de negociación institucional.

En las próximas semanas, la atención estará puesta en cómo el Consejo procesa la propuesta y qué aspectos adopta o resiste. También será relevante observar si el proyecto logra consenso amplio o si activa tensiones internas entre los distintos estamentos que integran el organismo.

La Corte dio una señal. El sistema judicial deberá ahora decidir cómo responde.

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