Desinflación

Furiase niega crisis de consumo y apuesta a la desinflación

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El secretario de Finanzas, Federico Furiase, salió a fijar posición en un momento sensible para el Gobierno: negó que exista una crisis de consumo y aseguró que “no cree que haya mucha gente que esté peor”, en una intervención pública que busca ordenar la narrativa económica oficial mientras crecen las advertencias empresarias. Las declaraciones, realizadas el 26 de marzo, llegan en paralelo a la reconfiguración del equipo económico y a la expectativa por una baja de la inflación desde abril. La pregunta queda planteada: ¿se trata de una señal de consolidación del rumbo o de una tensión creciente entre diagnóstico oficial y percepción social?

El dato político no es menor. En un contexto donde el consumo aparece como termómetro de la actividad, el funcionario eligió minimizar las señales de enfriamiento y encuadrarlas como “historias particulares”, al tiempo que reivindicó indicadores agregados como el crecimiento del PBI —10,3% desde 2023— y niveles “récord” de consumo privado. La estrategia es clara: sostener la consistencia del programa económico frente a críticas sectoriales.

Macro estabilizada y cambio en los patrones de consumo

El planteo de Furiase se apoya en un argumento central: la economía habría cambiado su composición de demanda. Según explicó, el consumo no se retrae sino que se reorienta hacia bienes durables como autos, viviendas, electrodomésticos o viajes, impulsado por la recuperación del crédito.

Esa lectura se inscribe en el marco de la política económica del Gobierno, que prioriza la estabilización macroeconómica como condición previa para la reactivación. En ese esquema, la duplicación del crédito a familias y empresas aparece como uno de los pilares, junto con la desaceleración inflacionaria proyectada para los próximos meses.

Sin embargo, el propio funcionario reconoció que marzo volverá a mostrar presión inflacionaria, atribuida a factores estacionales: subas en combustibles por la guerra, ajustes en educación, tarifas y alimentos como la carne. Aun así, anticipó una caída “muy fuerte” de la inflación desde abril o mayo, bajo el argumento de que “están dadas las condiciones macro”.

La narrativa oficial combina así dos tiempos: un presente todavía tensionado por precios y un futuro inmediato de alivio que permitiría recomponer el poder adquisitivo.

Consumo, percepción y disputa de legitimidad

Las declaraciones del secretario de Finanzas no solo buscan explicar variables económicas, sino también disputar el sentido político de la coyuntura. Al afirmar que “no se cuenta la otra cara de la moneda”, introduce una tensión con sectores empresarios y comerciales que vienen señalando caída en las ventas.

En ese cruce, el Gobierno intenta sostener la idea de que la estabilización ya está generando efectos positivos, aunque de manera desigual. La referencia a que “hay mucha gente a la que le está yendo mejor en poco tiempo” apunta a reforzar esa narrativa.

El dato electoral también aparece como argumento: Furiase vinculó el resultado de una elección de medio término —con un 40%— con la percepción social de la economía, sugiriendo que el respaldo político valida el rumbo económico. Es una señal de cómo la correlación de fuerzas políticas se integra al diagnóstico económico.

Un escenario abierto entre expectativas y resultados

La clave hacia adelante estará en la verificación empírica de esa promesa de desinflación y en su impacto concreto sobre ingresos y consumo. Si la baja de precios se consolida, el Gobierno podría reforzar su narrativa de estabilización exitosa. Si no ocurre en los tiempos previstos, la brecha entre discurso y realidad podría ampliarse.

También habrá que observar si la recuperación del crédito logra sostener el consumo de bienes durables o si la falta de dinamismo en sectores más cotidianos sigue marcando el pulso económico. En paralelo, las tensiones por precios relativos —combustibles, tarifas, alimentos— seguirán condicionando la percepción social.

Por ahora, el oficialismo apuesta a que los indicadores macro terminen alineando expectativas. Pero en una economía atravesada por cambios rápidos, la disputa no es solo técnica: es también política y, sobre todo, perceptiva.

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Caputo justificó el rebote de la inflación y defendió la estrategia económica del Gobierno

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El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el Gobierno esperaba el dato de inflación de 2,9% registrado en febrero, una cifra que interrumpió parcialmente la dinámica descendente que venía mostrando el índice de precios. El funcionario sostuvo que el aumento respondió principalmente a la suba de la carne y los ajustes tarifarios, y buscó transmitir que la estrategia económica oficial no se altera pese al rebote.

“Nos preocupa pero sobre todo nos ocupa”, afirmó Caputo en declaraciones televisivas, al remarcar que la política monetaria del Banco Central continuará orientada a sostener la desinflación. El dato llega en un momento políticamente sensible: el Gobierno intenta consolidar la narrativa de estabilización macroeconómica que respalda su programa económico, mientras enfrenta señales de tensión social vinculadas al poder adquisitivo y al acceso al crédito.

El reconocimiento de que el número era esperado funciona también como un intento de anticipar el impacto político del dato y evitar que el rebote inflacionario sea leído como un cambio de tendencia en la estrategia oficial.

Inflación, política monetaria y el argumento del equilibrio fiscal

Caputo explicó que el Gobierno atribuye el repunte del índice principalmente a factores puntuales de precios relativos, en especial alimentos y tarifas. Según el ministro, esos movimientos no alteran el objetivo central del programa económico: mantener la inflación en descenso a partir del equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva.

En esa línea, insistió en uno de los pilares discursivos de la administración nacional: la eliminación del déficit.

“No hay déficit fiscal y la inflación más tarde o temprano llegará a niveles internacionales”, sostuvo.

El ministro evitó fijar un plazo exacto, aunque señaló que la inflación podría acercarse a niveles cercanos a cero entre agosto y octubre, una proyección que el Gobierno viene utilizando como referencia para medir el éxito del plan de estabilización.

Al mismo tiempo, reconoció que predecir el comportamiento mensual del índice sigue siendo complejo, una admisión que revela la volatilidad que todavía atraviesa la economía argentina.

El factor político en la dinámica inflacionaria

Caputo también introdujo un elemento político en su explicación del proceso inflacionario reciente. Según su interpretación, el proceso de desinflación se desaceleró luego de un período de volatilidad financiera previo a las elecciones legislativas del año pasado, cuando se generó una fuerte dolarización de portafolios.

Esa dinámica impactó —según el ministro— en tres variables clave: riesgo país, nivel de crecimiento e inflación, lo que provocó un retroceso en el proceso de desaceleración de precios.

Desde la óptica del Gobierno, la estabilidad política posterior a las elecciones permitió retomar el sendero de normalización macroeconómica. En ese marco, Caputo destacó que el Banco Central mantiene una política monetaria “apretada” y continúa comprando dólares, lo que considera una señal de consistencia del programa económico.

Economía real: reconocimiento de tensiones sociales

Más allá del discurso de estabilización macroeconómica, el ministro admitió que la recuperación no se percibe de manera homogénea en la sociedad.

“La situación está mejor, pero no quiere decir que hay gente que la esté pasando bien”, afirmó.

La frase introduce una dimensión política clave: el Gobierno intenta sostener la narrativa de mejora macroeconómica sin negar las dificultades que atraviesan amplios sectores de la población, especialmente frente a el aumento de la morosidad en tarjetas de crédito y billeteras virtuales.

Ante ese escenario, Caputo planteó que la salida pasa por profundizar la caída de la inflación, reducir las tasas de interés y extender plazos de financiamiento para facilitar la adaptación de los hogares.

La apuesta por las inversiones tras la “Argentina Week”

El ministro habló después de la denominada “Argentina Week”, una serie de presentaciones ante inversores internacionales realizada en Nueva York. Según el balance oficial, la semana dejó anuncios de inversiones por 16.150 millones de dólares.

Entre los proyectos destacados se encuentran:

  • Mercado Libre, con 3.400 millones de dólares para expandir su operación logística y crear 1.900 empleos directos.
  • Transportadora de Gas del Sur, con 3.000 millones de dólares destinados a la industrialización de líquidos de gas natural en Vaca Muerta, proyecto que prevé 4.000 empleos directos y 15.000 indirectos, además de exportaciones por 1.200 millones de dólares anuales.
  • Pampa Energía, que solicitó adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un desembolso superior a 4.500 millones de dólares para la exploración y producción de petróleo no convencional.
  • First Quantum Minerals, con 5.250 millones de dólares para el proyecto de cobre Taca Taca en Salta, que proyecta 4.000 empleos durante la construcción y 2.000 en la etapa operativa.

El Gobierno vincula estos anuncios con la ampliación del RIGI mediante el Decreto 168/2026, que incorporó actividades de exploración y producción de hidrocarburos al régimen.

Para la administración nacional, este esquema busca convertir la estabilidad macroeconómica en un ancla de inversiones de largo plazo, particularmente en sectores energéticos y mineros.

Jubilaciones, reforma impositiva y límites fiscales

Caputo también descartó la posibilidad de otorgar aumentos adicionales a las jubilaciones en el corto plazo. Argumentó que el margen fiscal es limitado y que cualquier mejora adicional debería financiarse con mayor crecimiento económico.

“No podemos darnos el lujo de hacer cosas que nos encantaría hacer, como subir jubilaciones o bajar más impuestos, porque de algún lado tiene que entrar esa plata”, explicó.

La misma lógica se aplica a los cambios tributarios que el Gobierno analiza: las eventuales reducciones impositivas o la baja de retenciones dependerán del sostenimiento del superávit fiscal.

La apuesta estructural: ahorro privado y crédito

Otro eje central del discurso del ministro fue la necesidad de movilizar el ahorro privado fuera del sistema financiero. Caputo afirmó que los argentinos tienen 170.000 millones de dólares fuera del circuito bancario, una cifra que triplicaría los depósitos en pesos.

Para el Gobierno, recuperar la confianza suficiente para que esos recursos ingresen al sistema permitiría expandir el crédito y financiar inversión productiva, dos factores que considera clave para sostener el crecimiento.

Un equilibrio político todavía en construcción

El Gobierno busca sostener una narrativa clara: inflación en descenso, equilibrio fiscal y apertura a inversiones internacionales. Sin embargo, el dato de inflación de febrero recuerda que la estabilización económica sigue siendo un proceso frágil, expuesto a factores políticos, movimientos de precios relativos y tensiones sociales.

En ese contexto, el desafío oficial será demostrar en los próximos meses que el rebote inflacionario fue efectivamente transitorio. La evolución del índice de precios, la reacción del consumo y la llegada efectiva de inversiones serán variables centrales para medir si el programa económico logra consolidar el escenario que el Gobierno proyecta.

Por ahora, el mensaje de Caputo busca sostener la confianza. Pero la política económica argentina suele medirse menos por las promesas que por la persistencia de los resultados.

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Caputo aseguró que Milei no compartía la fórmula de inflación de Lavagna y no descartó nuevo índice

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El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la salida de Marco Lavagna del INDEC se dio “de manera amigable” y respondió a diferencias técnicas en torno a la metodología de medición del índice de inflación. En ese marco, reconoció que el presidente Javier Milei no estaba de acuerdo con la fórmula impulsada por el ahora ex titular del organismo estadístico. Adelantó que puede haber una nueva Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que refleje “los consumos actuales”, ya que la base en disputa, está basada por indicadores pre pandemia.

En declaraciones al canal La Nación+, Caputo aseguró que “no hay nada que ocultar” detrás de la renuncia y descartó de plano cualquier tipo de presión del FMI para modificar la medición de la inflación.

“Había una idea de aplicar el método de Marco cuando llegara la etapa de desinflación. Él había anunciado una fecha específica, pero el proceso se retrasó”, explicó el ministro. En ese sentido, sostuvo que la polémica generada en torno al tema incluyó “un ataque político” de sectores que, según dijo, “quieren que al país le vaya mal”.

Caputo también relativizó el impacto institucional de la salida de Lavagna y afirmó que “lo del INDEC no tuvo impacto” en la gestión del Gobierno. Al mismo tiempo, admitió que tanto él como el Presidente no estaban “de acuerdo técnicamente con cambiar el índice” en el momento planteado, y detalló que las diferencias se centraban en criterios metodológicos.

Según relató, Lavagna se comunicó con él tras su salida para expresar que “lamentaba la ola de versiones” que circularon públicamente e incluso se ofreció a realizar “alguna declaración pública” para aclarar la situación.

En el plano económico, el ministro proyectó un escenario de recuperación para este año. “La economía va a crecer cerca de un 4 por ciento, los salarios van a crecer, y la inflación y la pobreza van a seguir bajando”, afirmó. En ese contexto, sostuvo que “se recuperó la esperanza” y aseguró que “este gobierno sacó de la pobreza a 23 millones de argentinos”.

“Hay inversión, los chicos que se iban hoy vuelven. Es un cambio profundo. Este gobierno vino a bajar impuestos y también a atraer inversiones”, remarcó Caputo, aunque aclaró que la gestión debe mantener “empatía con los 47 millones de argentinos”.

El ministro también se refirió a la controversia por el precio de la ropa, luego de haber declarado que adquiría indumentaria en el exterior. “Fui sincero, quizás a algunos no les guste”, señaló, y sostuvo que con la apertura económica el sector textil “ahora puede competir”, pese a la brecha de precios entre productos nacionales e importados. “Con una economía cerrada, como sucedía antes, esto no pasaba porque no había crecimiento”, añadió.

Por último, Caputo respondió a los cuestionamientos del empresario Paolo Rocca, quien manifestó su decepción tras la pérdida de una licitación vinculada a la provisión de caños para Vaca Muerta. “No hubo competencia desleal. Techint es una empresa con una espalda enorme y puede volver a competir tranquilamente en próximas licitaciones”, concluyó.

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Caputo frena el nuevo IPC y tensa la relación con el FMI

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El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno no aplicará por ahora la actualización de la canasta con la que se mide la inflación y que el Índice de Precios al Consumidor continuará calculándose con la metodología vigente, basada en una estructura de consumos de 2004.

La nueva medición ya había sido comprometida ante el Fondo Monetario Internacional y era utilizada por el Banco Central de la República Argentina, que incluso incorporó su propio indicador complementario. La primera difusión oficial estaba prevista para el 10 de febrero, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos publicara el dato de inflación de enero. El desacuerdo interno en torno a este cambio derivó en la salida de Marco Lavagna, tras seis años al frente del organismo estadístico.

El compromiso con el FMI

El acuerdo firmado con el FMI en abril del año pasado establecía que el Gobierno debía avanzar en la implementación de la nueva metodología. El documento señala que “la asistencia técnica del Fondo seguirá apoyando a las autoridades en la implementación de las ponderaciones actualizadas del Índice de Precios al Consumidor” y agrega que “se espera que estas estén finalizadas e implementadas para la segunda revisión del programa”.

Originalmente, esa segunda revisión estaba pautada para noviembre de 2025, con supervisión de las metas a septiembre de ese año. Sin embargo, en la primera revisión del acuerdo se modificó el cronograma y la segunda quedó fijada para enero de 2026, evaluando el cumplimiento de los objetivos a diciembre. En ese marco, se espera que la misión técnica del FMI llegue al país en los próximos días.

En la primera revisión, realizada en agosto del año pasado, el Fondo había planteado que el INDEC debía publicar hacia fines de 2025 el nuevo IPC, actualizado en base a la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017/2018 (ENGHO), con el objetivo de “reflejar mejor los cambios estructurales en los patrones de consumo y mejorar la calidad de los datos”.

No obstante, también quedó establecido que “el momento preciso de esta publicación se discutirá en el contexto de la próxima revisión”, es decir, la que se desarrolla este mes. Esa aclaración se alinea con la postura expresada por Caputo, quien sostiene que el cambio metodológico debe implementarse una vez consolidado el proceso de desinflación. En el oficialismo apuntan a que la inflación mensual comience con cero a mediados de este año.

La posición del Banco Central

En su Informe de Política Monetaria, el Banco Central explicó que la actualización del índice “busca reflejar las modificaciones en los patrones de consumo de los hogares”, tanto por cambios de precios relativos como por nuevos hábitos.

La nueva medición contemplaba no sólo un ajuste en las ponderaciones, sino también el relevamiento de una mayor cantidad de bienes y servicios. Según el análisis del BCRA, perderían peso relativo los alimentos, las prendas de vestir y las comidas fuera del hogar, mientras que ganarían participación distintos rubros de servicios.

Entre ellos, se destaca el caso de Alquileres y gastos conexos, cuyo peso en el índice podría duplicarse, pasando de alrededor del 3% al 6%. En ese sentido, el Banco Central sostuvo que lanzar el nuevo IPC en 2026, luego de una fuerte recomposición tarifaria, permitiría reducir el riesgo de sobreponderar gastos como electricidad y gas, un problema que se habría generado de aplicarse la actualización en años anteriores.

De acuerdo con la entidad monetaria, los cambios metodológicos “no deberían afectar significativamente la tendencia inflacionaria esperada”.

El indicador propio del BCRA

Más allá de la medición oficial, el Banco Central desarrolló su propio indicador de inflación subyacente (IPC-S), que excluye componentes volátiles como carnes y alquileres, a diferencia de la inflación núcleo que publica el INDEC.

Como referencia, en diciembre la inflación general fue del 2,8%, la núcleo del 3% y la subyacente del BCRA del 2,1%. En términos interanuales, las cifras fueron 31,5% para la general, 33,1% para la núcleo y 28,1% para el IPC-S.

La entidad remarcó que esta práctica es habitual entre bancos centrales, especialmente la exclusión de la carne por la elevada volatilidad de sus precios. “En el margen, el IPC-S del BCRA sugiere una tendencia inflacionaria más benigna que las medidas convencionales informadas por el INDEC”, señalaron, aunque advirtieron que a comienzos de 2026, cuando se revierta el efecto estacional de los precios de la carne, podría observarse el efecto contrario.

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Marco Lavagna, tras su renuncia: “Fue un privilegio haber estado al frente del INDEC”

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Tras presentar su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna agradeció este lunes “los mensajes y saludos recibidos” y aseguró que “fue un privilegio haber estado al frente” del organismo estadístico.

“Gracias por todos los mensajes y saludos recibidos. Fue un verdadero privilegio haber estado al frente del INDEC y trabajar junto a un equipo tan comprometido con la producción de estadísticas públicas. Nueva etapa se abre”, destacó el economista en su cuenta de la red social

La dimisión de Lavagna generó incertidumbre en el organismo a pocos días de que se den a conocer los primeros datos de inflación, y justo cuando su gestión había trabajado para la puesta a punto de una nueva metodología de medición. 

El ahora ex funcionario, que había asumido el 30 de diciembre de 2019 cuando gobernaba Alberto Fernández, lideró una etapa caracterizada por la continuidad en la normalización de las estadísticas públicas con un sentido de transparencia en la gestión.

Su partida coincide con un momento técnico crucial: la puesta en marcha del renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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