desregulación

Productores yerbateros reclamaron en Posadas la restitución plena de las facultades del INYM

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El 24 de septiembre, productores yerbateros de Misiones realizaron un abrazo simbólico al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) en Posadas, exigiendo al Gobierno nacional que restituya las funciones de regulación y fijación de precios. Denuncian que la desregulación “beneficia a los industriales y no a los productores” y que la medida agrava la crisis económica del sector primario.

La manifestación tuvo el acompañamiento de Intendentes de varias comunas que se acercaron porque “la producción yerbatera nos impacta directamente en nuestros municipios”, describió Carlos Sartori, intendente de Campo Grande. Otro de los intendentes presentes fue Hugo Humeniuk, de Concepción de la Sierra quien primero acompañaba las medidas desregulatorias, pero como terminó afectado por ser productor yerbatero ahora se suma al reclamo a Nación.

Llamó la atención la aparición de los dirigentes y candidatos del radicalismo misionero, que acompañaban todas las medidas de La Libertad Avanza, hasta que fueron excluidos del armado del oficialismo nacional, por lo que ahora se hacen eco de los reclamos sociales y se hicieron presentes en la manifestación.

Reclamo por el rol del INYM y unidad provincial

La movilización reunió a asociaciones agrarias, cooperativas, tareferos y productores independientes de distintas zonas de Misiones, quienes expresaron que el instituto fue “vaciamiento institucional” tras la quita de facultades de regulación y fijación de precios.

Jorge Skripczuk, referente del grupo Impulso Yerbatero, sostuvo que la desregulación beneficia a los industriales y no a los productores y recalcó que el INYM se financia con recursos propios. “Durante más de 20 años se sostuvo de manera autónoma y hoy se evidencia la importancia de su rol”, enfatizó.

En la misma línea, el productor apostoleño Luis Andrusyszyn advirtió que el debilitamiento del instituto responde a intereses de sectores extra provinciales que buscan “hacer grandes negocios y dejar fuera a los pequeños y medianos productores”. Llamó a la unidad del sector: Esta problemática es de todos los misioneros, no de un partido político. El fanatismo divide, la unidad es la única salida.

Avance judicial y denuncia por incumplimiento

En paralelo al acto, los productores acompañados por el abogado Federico Padolsky presentaron una medida cautelar ante la Justicia Federal. El escrito solicita al juez que intime al Poder Ejecutivo Nacional a designar de inmediato un presidente del INYM, dado que el capítulo yerbatero del Decreto 70/2023 se encuentra suspendido por decisión de la jueza Fiore de Posadas, fallo ratificado por la Cámara Federal.

Padolsky explicó: “Estamos frente a un incumplimiento de deberes de funcionario público y desobediencia judicial. Además, entendemos que la desregulación favorece al oligopolio yerbatero sin necesidad ni urgencia que justifique el decreto”. Según el escrito, la transferencia de ingresos desde los productores primarios hacia la industria en 2024 superó los $140.000 millones, fondos que no ingresaron a la economía misionera.

Impacto económico y llamados de atención

Los testimonios de los productores coincidieron en señalar la pérdida de rentabilidad y el desfinanciamiento de las familias rurales. Hugo Sand, dirigente histórico del sector, calculó que el primer año de desregulación implicó una pérdida de $200.000 millones para los productores, sobre una producción de casi mil millones de kilos de hoja verde.

Por su parte, Matías Pellizzer, productor de Dos Arroyos, advirtió que la eliminación de controles afecta también a la calidad de la yerba: Hoy viene yerba de afuera, sin trazabilidad ni sanidad, mientras el precio de góndola sube y el de la hoja verde no.

Desde San Pedro, Waldemar Schwider, de la asociación civil Casa Yerbatera, agregó que el objetivo inmediato es lograr la designación de autoridades, pero que la reconstrucción del INYM exigirá un instituto sano, con credibilidad y que defienda a pequeños y medianos productores.

La protesta en Posadas mostró que el conflicto yerbatero se ha consolidado como un tema central de la agenda económica y social de Misiones. El pedido de restitución de las facultades regulatorias del INYM se articula con reclamos judiciales y políticos que ponen en cuestión el Decreto 70/2023, considerado inconstitucional por sectores productivos.

Mientras el Gobierno nacional mantiene silencio sobre la designación de autoridades, los productores advierten que la continuidad de la desregulación profundizará la pérdida de ingresos, afectará al comercio local y podría derivar en un escenario de conflictividad social similar al de la crisis del 2001.

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“Estado de delito permanente”: productores exigen a Milei restituir funciones al INYM

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Es una situación similar o peor a la de 2001. Es lamentable que que siempre tengamos que pagar el pato los productores, el sector más débil de la cadena”, definió Igor Sobol, uno de los productores yerbateros que hoy encabeza el “abrazo” al Instituto Nacional de la Yerba Mate, en un nuevo intento -que saben poco eficaz- de conseguir torcer la voluntad del Gobierno nacional y recuperar las facultades de regulación y fijación de precios. El abrazo no es la única herramienta. El conflicto por la yerba mate, uno de los principales productos de exportación del Nordeste, escaló en terreno judicial. Un conjunto de asociaciones de productores, cooperativas y sindicatos de Misiones presentó una medida cautelar innovativa en el fuero penal federal para que el presidente Javier Milei “cese en el delito” y que designe de manera inmediata al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate.

El planteo no es menor. Las entidades sostienen que la omisión del Gobierno configura un “estado de delito permanente” y que la desregulación del mercado yerbatero, iniciada con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, derivó en un perjuicio económico estimado en más de $140.000 millones para el sector primario. Para los productores, el DNU de Milei, “ha permitido al oligopolio yerbatero el abuso de su posición dominante, imponiendo un proceso de destrucción política y económica del sector de la producción primaria, ocasionando artificialmente la inviabilidad económica de “la chacra” misionera”.

El abogado José Federico Padolsky, en diálogo telefónico con Open1017, definió la presentación judicial como la expresión colectiva de un sector en emergencia: “Esta presentación resume el sentimiento de las asociaciones de productores”, dijo, y explicó que detrás del expediente hay un trabajo sostenido: “Venimos trabajando hace rato respecto a hacernos escuchar desde el punto de vista judicial”. 

Padolsky sostuvo que el objetivo inmediato es provocar un cambio concreto en la dinámica del mercado yerbatero y provocar una respuesta institucional: “Creemos que esta medida tendría un impacto, por lo menos generaría algunos cambios en la situación del sector yerbatero”. Finalmente señaló que continuarán “quedando atentos a todo lo que venga ocurriendo posteriormente a esta presentación” y que permanecerán en contacto con las comunidades productoras para acompañar los pasos siguientes.

El INYM fue creado en 2002 como un organismo público no estatal con participación de la Nación, las provincias de Misiones y Corrientes, y los distintos eslabones de la cadena. Entre sus atribuciones centrales estaba la fijación de precios de la hoja verde y la yerba canchada, herramienta destinada a equilibrar la relación entre productores y molinos.

El DNU 70/2023 eliminó esas facultades regulatorias, bajo el argumento de promover la competencia y liberalizar la economía. Sin embargo, las asociaciones afirman que en los hechos se consolidó el poder de un oligopolio industrial-comercial integrado por unas pocas compañías con capacidad de fijar precios, “financiarse a costa de los productores” y orientar el negocio hacia un modelo de agronegocio intensivo.

Durante la cosecha gruesa de 2024, el precio de la hoja verde se desplomó de $370 por kilo en diciembre de 2023 a $180 puesta en secadero. La diferencia, aplicada a los 700 millones de kilos aportados por productores familiares (el 71% de la oferta total), implicó que el sector dejara de percibir alrededor de $140.111 millones.

La magnitud de la cifra ubica al caso más allá de un litigio sectorial: se trata de una de las transferencias de ingresos más grandes desde la agricultura familiar hacia la industria concentrada en la historia reciente del país.

La consecuencia inmediata fue la pérdida de ingresos de más de 12.000 pequeños productores y 15.000 cosecheros, muchos de los cuales “quedaron en situación de indigencia”, dice la presentación judicial. 

Pero el impacto va más allá:

  • Estructura agraria: el derrumbe de precios acelera la inviabilidad de las chacras familiares y promueve un proceso de concentración de tierras.
  • Mercado laboral: el sector tarefero enfrenta mayor precarización, con pagos diferidos a 6 o 12 meses mediante cheques.
  • Consumo y calidad: la parálisis del INYM limita los controles de calidad y trazabilidad, con riesgo de deterioro del producto en góndola.
  • Dimensión social: la pérdida de ingresos afecta la seguridad alimentaria, el acceso a la salud y la continuidad educativa en zonas rurales.

La presentación judicial también plantea una discusión institucional de fondo: el Ejecutivo nacional no sólo modificó una ley por decreto, sino que desobedeció un fallo de la Cámara Federal de Posadas que en abril de 2024 restituyó la vigencia plena de la Ley 25.564. Según los denunciantes, esta omisión encuadra en los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público.

El caso, además, tensiona el federalismo: al vaciar al INYM, se desconoció la participación de Misiones y Corrientes en la gobernanza del sector y se concentró poder en el Ejecutivo nacional.

Más allá de la resolución judicial, el caso exhibe las tensiones estructurales del negocio yerbatero: la disputa por el reparto del valor entre producción primaria e industria. Un debate que, con números de esta magnitud, excede al sector y se convierte en un espejo de las políticas económicas aplicadas a las economías regionales.  La yerba mate, en el semáforo de Coninagro, está, desde 2024, en luz roja. 

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Lara López Calvo: “El sector yerbatero tiene que aumentar su productividad”

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Buenos Aires. La economista Lara López Calvo subrayó que el sector yerbatero tiene la necesidad de aumentar su productividad para competir en un mercado global cada vez más exigente. Sus palabras resuenan con especial fuerza al analizar las últimas estadísticas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que revelan un crecimiento récord en las exportaciones durante julio de 2025. Al mismo tiempo exponen las tensiones y fluctuaciones del consumo nacional y la producción de hoja verde. 

En una entrevista con Economis, López Calvo fue enfática: “Hay que ser más productivo y eficiente”. La economista advirtió que la competencia ya no es solo interna, sino global, lo que demanda un “cambio de mentalidad” y la capacidad de “saber abrirse al mundo” con mejor precio y calidad. 

Los datos del INYM confirman que esta apertura está en marcha. En julio de 2025, las exportaciones de yerba mate alcanzaron los 6.562.989 kilos, una cifra muy superior a los 2.270.591 kilos del mismo mes en 2024. Se trata de la más alta registrada para un mes de julio en los últimos cinco años. El acumulado de enero a julio de 2025 suma 30.850.626 kilos, mostrando una trayectoria sólida.

El panorama de la cosecha y producción

La base de este potencial exportador es la producción de materia prima. Según el INYM, el ingreso de hoja verde a los secaderos entre enero y julio de 2025 totalizó 639.898.404 kilos. Si bien esta cifra representa una disminución en comparación con los 739.880.832 kilos del mismo período en 2024, es importante notar que julio de 2025 marcó un pico histórico de cosecha para ese mes, con 190.032.380 kilos procesados. Este volumen supera ampliamente los registros de julio de los cuatro años anteriores, lo que demuestra la capacidad productiva del sector en momentos clave de la zafra.

La producción, sin embargo, no es homogénea. Las zonas Centro (203,9 millones de kilos) y Noreste (171,8 millones de kilos) lideran la cosecha en lo que va del 2025.

Economías regionales: ¿realidad o concepto?

En la octava edición del Congreso Internacional de CONINAGRO 2025, la economista abordó el debate sobre las economías regionales en el panel que compartió con su colega Juan Carlos De Pablo, quien señaló que “las economías regionales no existen”

Sin embargo, López Calvo consideró que son distintas formas de ver la realidad y aclaró que respeta las posturas de otros colegas sobre la teorización macroeconómica.

Según López Calvo, quien también es columnista LA+ y Radio Mitre, sí existen las economías regionales y son un recurso para trabajar en conjunto. Mencionó ejemplos como productores de yerba, vino o maíz. Y aseguró que el trabajo colaborativo es muy positivo para las distintas regiones del país, ya que en algunos casos son complementarias.

Semáforo en rojo para la yerba mate 

Durante el Congreso también se analizó el Semáforo de Economías Regionales. En julio de 2025, esta herramienta registró cierta estabilidad. Se contabilizaron cuatro actividades en verde, nueve en amarillo y seis en rojo. En comparación con el mes anterior, no se observaron traspasos de actividades entre categorías. Esto refleja una continuidad en la situación productiva y comercial de las economías analizadas.

El semáforo analiza tres componentes: negocio, productivo y mercado. El primero evalúa la evolución del precio y el costo, tanto mensual como interanual. El segundo mide el área o stock, según corresponda, y la producción. El último, la evolución de las exportaciones y las importaciones de las producciones, así como el consumo interno.

Las actividades en rojo incluyen yerba mate, arroz, papa, vino y mosto, hortalizas y mandioca. El principal factor de que estas economías están en rojo es que sigue dañado el componente negocio de su actividad. Es que los precios, en muchos casos bajaron o se retrasaron significativamente respecto a la inflación y a la suba de sus costos.

Desagregado de la yerba mate: 

Componente de negocio: la tonelada de hoja verde se pagó al productor alrededor de $300.000 por tonelada puesta en secadero. Se mantiene estable en la comparación mensual y registra un incremento interanual del 7% frente a los $280.000 de un año atrás.

Componente productivo: el área cultivada se expandió un 10%, que pasó de 209 mil a 230 mil hectáreas. En los últimos doce meses, la producción alcanzó 886,6 mil toneladas, lo que representó una caída del 11% respecto al período anterior (991 mil toneladas).

Componente de mercado: el consumo interno se mantiene en torno a los 6 kg por habitante al año. En el comercio exterior, las exportaciones generaron ingresos por 109 millones de dólares, un incremento del 37%, mientras que las importaciones sumaron 22,5 millones de dólares, con una baja del 5% interanual.

Incertidumbre macroeconómica: el dólar y el futuro postelectoral

El análisis de López Calvo trasciende al sector yerbatero y se adentra en el panorama macroeconómico que condicionará su futuro. La economista advirtió sobre las “inconsistencias” del esquema cambiario actual, que considera insostenible después de las elecciones del 26 de octubre. “El esquema deberá cambiar”, afirmó, para evitar que el Banco Central continúe perdiendo reservas. Estas medidas son fundamentales para el pago de la deuda.

Según López Calvo, el resultado electoral será determinante. Un desenlace favorable podría calmar los mercados y relajar la presión sobre el dólar, mientras que un resultado adverso para el Gobierno, obligaría a una salida más abrupta del esquema actual. Este contexto de inestabilidad, que calificó como “el peor período” por las elecciones legislativas, genera incertidumbre para todos los sectores productivos.

A pesar de la coyuntura, la economista proyecta un horizonte más claro a mediano plazo. “Tras las elecciones, se esperan dos años positivos”, en los que se corregirán variables estructurales. Cree que se avanzará hacia una economía sin cepo cambiario y un Banco Central con un balance saneado, lo que iniciará un proceso de desinflación sostenido. Para el sector yerbatero, como para el resto de las economías regionales, este escenario futuro será clave para capitalizar las oportunidades y consolidar su competitividad a nivel global.

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Los kioscos de diarios podrán repartir paquetes, DNI y tarjetas tras la desregulación del sector

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Una reforma que combina desregulación del mercado postal y reconversión de los puntos de venta. El presidente Javier Milei firmó el Decreto 629/2025, publicado este 4 de septiembre en el Boletín Oficial, mediante el cual el Poder Ejecutivo deroga el régimen jurídico vigente desde el año 2000 para la venta y distribución de diarios y revistas en la vía pública y habilita a los puestos tradicionales de canillitas a prestar servicios de correo postal y paquetería.

La medida se inscribe en la política oficial de desregulación económica y simplificación normativa, que busca eliminar trabas al comercio y ampliar la competencia en sectores hasta ahora regulados. Según el decreto, las paradas de diarios podrán registrar su actividad como operadores postales ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) o asociarse a un prestador ya autorizado, con lo cual podrán realizar entregas de correspondencia, paquetería, documentos oficiales y productos de e-commerce.

El decreto 1025/2000, modificado en 2009, había establecido un régimen específico para la distribución de diarios y revistas en la vía pública, creando el Registro Nacional de Vendedores y Distribuidores de Diarios y Revistas y regulando el derecho de parada y reparto. Este esquema, vigente durante más de dos décadas, quedó ahora derogado y disuelto por considerarse “innecesario, obsoleto y limitante”.

La Casa Rosada fundamentó la decisión en la necesidad de “promover la libre circulación de bienes, servicios y trabajo”, alineada con los principios constitucionales y en línea con la política de eliminar toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado o restrinja la iniciativa privada.

El nuevo esquema se apoya en el Decreto 1005/2024, que había desregulado parcialmente la actividad postal permitiendo envíos de hasta 50 kilos y reduciendo requisitos burocráticos para operadores. Esa reforma abrió la puerta a que los puestos de diarios se reconviertan en nodos de distribución de última milla.

Qué podrán hacer los puestos de diarios

Según el artículo 1 del decreto, los canillitas podrán ofrecer los siguientes servicios:

  • Entrega de correspondencia general.
  • Despacho de papelería, paquetería y servicios de guarda y depósito.
  • Distribución de productos adquiridos a través del comercio electrónico.
  • Entrega de tarjetas de crédito y débito.
  • Entrega de DNI y pasaportes.

La normativa especifica que quienes presten estos servicios deberán registrarse como operadores postales ante ENACOM o firmar convenios con empresas habilitadas, que asumirán la responsabilidad ante los usuarios y la autoridad regulatoria.

Con ello, el Gobierno busca integrar a los tradicionales kioscos de diarios —afectados por la caída sostenida de ventas de papel— a la cadena logística del comercio electrónico, un sector que en Argentina creció más de 120% en facturación en los últimos tres años, según datos de la CACE.

El decreto genera múltiples efectos:

  • Sector de prensa escrita: se disuelve un régimen que había protegido la actividad de los canillitas. Aunque se mantiene la venta de diarios y revistas bajo normas civiles y comerciales generales, el cambio supone el fin del marco regulatorio exclusivo.
  • Mercado postal y logístico: se amplía la red de distribución de última milla, sumando a miles de puestos de diarios en todo el país como potenciales puntos de entrega, lo que podría reducir costos y tiempos de entrega.
  • Impacto laboral: los canillitas ganan una vía de reconversión en un contexto de fuerte retracción de la prensa en papel, pero también enfrentan la competencia abierta de nuevos operadores sin limitaciones de cupos ni zonas.
  • Institucional: el Estado se retira de la gestión de cupos y registros, dejando que las reglas del Código Civil y Comercial y las regulaciones locales definan el funcionamiento de la actividad.

Para el Gobierno, la medida significa un paso más en la agenda de desburocratización, en sintonía con la narrativa de “eliminar privilegios y corporaciones” en sectores de la economía.

La implementación dependerá de la capacidad de ENACOM de registrar y fiscalizar nuevos operadores postales y de la disposición de empresas privadas de firmar convenios con los puestos de diarios. En el corto plazo, se espera que el sector del e-commerce sea el principal beneficiado, con una red logística más capilar y flexible.

Sin embargo, sindicatos de canillitas y asociaciones vinculadas a medios gráficos podrían plantear objeciones por la pérdida de regulación específica y la apertura total de competencia. El debate político podría replicar discusiones similares a las de la desregulación del transporte y los servicios públicos: ¿hasta dónde llega la libertad de mercado y qué rol debe jugar el Estado en la protección de actores tradicionales?

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Yerba, acero y logística: Sturzenegger profundiza su plan de desregulación en plena campaña

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En plena campaña política y en medio del escándalo por los audios que involucran a dirigentes cercanos al Gobierno, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, desplegó un verdadero show político-académico durante la cena anual de la Universidad de San Andrés, donde reivindicó la apertura de importaciones, la desregulación de mercados y la eliminación de lo que calificó como “impuestos privados” en convenios colectivos.

Frente a un auditorio de más de un millar de alumnos, exalumnos, profesores y empresarios, Sturzenegger aseguró que su cruzada busca devolver competitividad a la economía argentina y reducir costos artificiales impuestos por el sistema regulatorio. “Estamos devolviendo $250.000 millones a los argentinos con la eliminación de cargas obligatorias en la paritaria de Comercio. Todos los años se imponían US$ 800 millones que pagábamos entre todos. Esta semana redujimos un cuarto y devolvimos US$ 200 millones”, afirmó, en alusión a la reciente disputa con la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

Desregulación a fondo: yerba, acero, bitrenes y sandías

Durante su exposición, el ministro repasó los principales hitos de su gestión. Puso como ejemplo la desregulación del mercado de la yerba mate, que según sus cálculos provocó una caída del 30% en el precio interno y un salto en las exportaciones. “El mercado nacional estaba con esteroides, lo transformaron en monopólico con el Instituto de la Yerba Mate. Al desregularlo, el precio cayó y volaron las exportaciones”, aseguró, en un mensaje directo al sector yerbatero de Misiones y Corrientes.

También destacó la reciente apertura de importaciones de acero, que según dijo redujo los precios entre un 40% y 50%, en una alusión directa al grupo Techint de Paolo Rocca. “Perdón Paolo, abrimos la importación de acero y cayó el precio. Muchas gracias”, ironizó, provocando murmullos entre los presentes.

En la misma línea, enumeró la liberalización del transporte con bitrenes, que a su juicio redujo un 40% el costo logístico, la eliminación de trabas al internet satelital y a los drones agrícolas, y hasta la quita de controles del Senasa para el empaquetado de sandías destinadas a exportación. “La sandía no es plutonio. Era una locura tener esos controles”, cuestionó.

Política, audios y el discurso electoral

Aunque inició su discurso con un tono calmo al ser consultado por la crisis política de los audios, Sturzenegger atribuyó las filtraciones a una “operación electoral” y remarcó que el tema está en manos de la Justicia. Pero rápidamente elevó el tono al hablar de lo que considera “privilegios corporativos” enquistados en el Estado y en los sindicatos.

Con un estilo performático, hizo desplegar a un grupo de alumnos una larga tira de papel para graficar el organigrama de Vialidad Nacional, cuestionando la existencia de 1.500 delegados gremiales entre sus 6.500 empleados. “Ahí está la plata de la gente”, lanzó entre aplausos.

En su repaso, reivindicó el Decreto 70/23 y la Ley Bases, a los que describió como “productos de la Universidad de San Andrés”, felicitando a su equipo técnico y revelando la renuncia de su secretario de Desregulación, Martín Rossi.

Las medidas anunciadas y defendidas por Sturzenegger generan tensiones en distintos sectores productivos. En la yerba mate, los productores advierten que los precios pagados están por debajo de los costos de producción, pese al aumento de las exportaciones. En la industria, la apertura de importaciones de acero encendió alarmas en la UIA y en empresas nacionales que temen una competencia desleal frente a proveedores internacionales con costos más bajos.

En el plano político, el discurso de Sturzenegger refuerza la estrategia del Gobierno de consolidar un relato de “guerra contra las regulaciones” y los intereses corporativos, aunque enfrenta resistencias judiciales y legislativas. De hecho, el ministro reconoció que parte de sus medidas —como la tercerización de 350 campamentos de Vialidad— quedaron bloqueadas por cautelares y por el rechazo del Congreso.

Sturzenegger proyectó que la continuidad de la desregulación será clave para consolidar el rumbo económico del Gobierno. “Este camino no tiene marcha atrás. Es la única manera de liberar la competitividad de la Argentina”, sostuvo.

En un contexto de inflación aún elevada, caída del consumo y tensiones políticas preelectorales, el ministro apuesta a consolidar su figura como uno de los pilares del proyecto de Javier Milei, con un mensaje directo: menos regulaciones, más apertura y una batalla cultural contra lo que define como “privilegios” sindicales y empresariales.

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