El Gobierno dispuso cambios en el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para avanzar hacia la desregulación que permita volver al esquema de los años 90, en el cual los precios se fijaban sin la intervención del Estado. Lo hizo a través de la Resolución 400/2025 de la Secretaría de Energía, publicada este martes en el Boletín Oficial.
El objetivo de la norma es restablecer la competencia, y que el Estado recupere el rol de regulador sin interferir en la operatoria. La resolución aprueba las “Reglas para la Normalización del MEM y su Adaptación Progresiva” y se aplicará a partir del 1 de noviembre.
Establece un esquema normativo para los contratos de energía y potencia que incentiva contratos bilaterales. El nuevo marco crea un Mercado a Término de Energía y Potencia, que permite la libre contratación entre generadores, distribuidores y grandes usuarios.
“De esta manera, se promueve la competencia, se impulsa la instalación de nueva capacidad de generación y se facilita la planificación de inversiones de largo plazo”, dijeron en la Secretaría.
Para ello se modifica el Artículo 2° de la Resolución N° 370/2022 y en consecuencia los Agentes Distribuidores del MEM podrán suscribir Contratos de Abastecimiento de energía eléctrica de fuentes renovables con Generadores o Autogeneradores. Esto deja sin efecto la restricción para las distribuidoras de contratar en el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER).
La medida también avanza en la descentralización del manejo de combustibles y CAMMESA dejará de concentrar su compra, aunque mantendrá sus funciones de despacho y administración del mercado, así como su rol de proveedor de última instancia, en línea con su diseño original.
También se establece mecanismos de respaldo durante la transición de régimen.
“Durante las últimas dos décadas, la fijación administrativa de precios y los subsidios indiscriminados distorsionaron las señales económicas, desincentivaron la inversión y generaron dependencia del gasto público. La normalización del MEM revierte ese proceso, restableciendo el principio de marginalismo como base del funcionamiento del sistema”, indicaron desde la Secretaría de Energía.
El nuevo marco reafirma el respeto a los contratos vigentes del Plan Gas hasta su finalización en 2028.
El Gobierno reglamentó los planes de retiros voluntarios en la Administración Pública Nacional: Economía y Transformación del Estado controlarán cada programa antes de su aprobación
La resolución conjunta fija el procedimiento obligatorio para toda dependencia estatal que impulse planes de retiro voluntario o desvinculación. Busca garantizar la sustentabilidad fiscal y la coherencia con la política de reforma y desregulación del Estado.
Mediante la Resolución Conjunta 50/2025, publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública —dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado— y la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía establecieron un nuevo procedimiento obligatorio para la implementación de planes de retiros voluntarios o otras formas de desvinculación laboral voluntaria en la Administración Pública Nacional y en las empresas con participación estatal.
El objetivo central de la medida es ordenar y fiscalizar los procesos de reducción de personal en el sector público, garantizando que cada iniciativa cuente con viabilidad económica, previsión presupuestaria y justificación funcional, en el marco de la política de reforma del Estado y reducción del gasto público que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional.
Supervisión dual: control presupuestario y modernización administrativa
La normativa dispone que ningún organismo descentralizado, entidad estatal o empresa con mayoría accionaria del Estado podrá implementar planes de retiro voluntario o mecanismos similares sin la intervención previa y favorable de dos áreas clave: La Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda (Ministerio de Economía), encargada de evaluar el impacto presupuestario. La Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, responsable de analizar la viabilidad organizacional y la coherencia con las políticas de recursos humanos del Estado.
En el caso de la Administración Pública Nacional centralizada, la resolución establece que el diseño y aprobación de los regímenes de retiro voluntario quedarán bajo la órbita directa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, con la participación de la Secretaría de Hacienda en materia presupuestaria.
De esta manera, el Gobierno busca evitar la proliferación de programas aislados o discrecionales, alineando cada medida de reducción de personal con los lineamientos de la reforma estructural del Estado y el control del gasto salarial, uno de los componentes centrales del ajuste fiscal previsto para 2025-2026.
Requisitos estrictos y trazabilidad administrativa
El artículo 3° de la resolución detalla la información mínima que deberá incluirse en los expedientes antes de aprobar un plan de retiros voluntarios. Cada propuesta deberá incorporar:
La fundamentación técnica y económica de la medida.
El detalle de la dotación alcanzada, condiciones de acceso y modalidad de pago.
La base de cálculo utilizada para determinar los montos, beneficios adicionales y estimaciones de costo total.
La certificación de suficiencia presupuestaria emitida por el área competente del Ministerio de Economía.
Asimismo, el artículo 4° impone un régimen de información y seguimiento obligatorio. Todos los organismos deberán notificar en un plazo máximo de cinco días hábiles la aprobación de cada plan a la Dirección Nacional de Sistemas y Estadísticas de Empleo Público y a la Dirección Nacional de Seguimiento de la Inversión en Capital Humano del Sector Público Nacional.
Deberán además remitir —en formato electrónico— los datos detallados de cada agente adherente, incluyendo nombre, CUIL, categoría, antigüedad, monto total, cuotas de pago y fecha efectiva del retiro, garantizando la trazabilidad y control estadístico de cada desvinculación.
Reforma del Estado: racionalización del empleo público y control del gasto
La resolución se enmarca en el proceso de reorganización y redimensionamiento del Estado Nacional, orientado a reducir estructuras administrativas, eliminar superposiciones y optimizar recursos humanos.
Según el texto oficial, el Poder Ejecutivo promueve “medidas tendientes a la simplificación y reducción del Estado, asegurando la concreción de los objetivos impuestos y la mejora sustancial en la calidad de vida de los argentinos”.
El documento también señala que los planes de retiro voluntario constituyen “una herramienta transversal y articulada para alcanzar un nivel adecuado y racional de dotación en la Administración Pública Nacional”.
Con este nuevo marco normativo, el Gobierno busca compatibilizar los objetivos de modernización administrativa con la consolidación fiscal, garantizando que toda política de reducción de personal sea evaluada técnica y financieramente antes de su implementación, tanto en el sector público central como en empresas estatales y sociedades mixtas.
La medida implica un reordenamiento del circuito decisorio en materia de recursos humanos del Estado, centralizando la supervisión técnica en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y el control fiscal en el Ministerio de Economía.
En la práctica, los organismos públicos y empresas estatales que pretendan implementar planes de retiros voluntarios deberán someter sus propuestas a doble evaluación, lo que podría ralentizar la aprobación de programas individuales, pero al mismo tiempo asegurar coherencia, previsibilidad presupuestaria y transparencia administrativa.
El nuevo esquema también permitirá al Estado construir una base unificada de datos sobre las desvinculaciones laborales, herramienta clave para el seguimiento del impacto de las políticas de reforma y ajuste en el empleo público nacional.
El 24 de septiembre, productores yerbateros de Misiones realizaron un abrazo simbólico al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) en Posadas, exigiendo al Gobierno nacional que restituya las funciones de regulación y fijación de precios. Denuncian que la desregulación “beneficia a los industriales y no a los productores” y que la medida agrava la crisis económica del sector primario.
La manifestación tuvo el acompañamiento de Intendentes de varias comunas que se acercaron porque “la producción yerbatera nos impacta directamente en nuestros municipios”, describió Carlos Sartori, intendente de Campo Grande. Otro de los intendentes presentes fue Hugo Humeniuk, de Concepción de la Sierra quien primero acompañaba las medidas desregulatorias, pero como terminó afectado por ser productor yerbatero ahora se suma al reclamo a Nación.
Llamó la atención la aparición de los dirigentes y candidatos del radicalismo misionero, que acompañaban todas las medidas de La Libertad Avanza, hasta que fueron excluidos del armado del oficialismo nacional, por lo que ahora se hacen eco de los reclamos sociales y se hicieron presentes en la manifestación.
Reclamo por el rol del INYM y unidad provincial
La movilización reunió a asociaciones agrarias, cooperativas, tareferos y productores independientes de distintas zonas de Misiones, quienes expresaron que el instituto fue “vaciamiento institucional” tras la quita de facultades de regulación y fijación de precios.
Jorge Skripczuk, referente del grupo Impulso Yerbatero, sostuvo que “la desregulación beneficia a los industriales y no a los productores” y recalcó que el INYM se financia con recursos propios. “Durante más de 20 años se sostuvo de manera autónoma y hoy se evidencia la importancia de su rol”, enfatizó.
En la misma línea, el productor apostoleño Luis Andrusyszyn advirtió que el debilitamiento del instituto responde a intereses de sectores extra provinciales que buscan “hacer grandes negocios y dejar fuera a los pequeños y medianos productores”. Llamó a la unidad del sector: “Esta problemática es de todos los misioneros, no de un partido político. El fanatismo divide, la unidad es la única salida”.
Luis AndrusyszynWaldemar SchwiderJorge Skripczuk
Avance judicial y denuncia por incumplimiento
En paralelo al acto, los productores acompañados por el abogado Federico Padolsky presentaron una medida cautelar ante la Justicia Federal. El escrito solicita al juez que intime al Poder Ejecutivo Nacional a designar de inmediato un presidente del INYM, dado que el capítulo yerbatero del Decreto 70/2023 se encuentra suspendido por decisión de la jueza Fiore de Posadas, fallo ratificado por la Cámara Federal.
Padolsky explicó: “Estamos frente a un incumplimiento de deberes de funcionario público y desobediencia judicial. Además, entendemos que la desregulación favorece al oligopolio yerbatero sin necesidad ni urgencia que justifique el decreto”. Según el escrito, la transferencia de ingresos desde los productores primarios hacia la industria en 2024 superó los $140.000 millones, fondos que no ingresaron a la economía misionera.
Impacto económico y llamados de atención
Los testimonios de los productores coincidieron en señalar la pérdida de rentabilidad y el desfinanciamiento de las familias rurales. Hugo Sand, dirigente histórico del sector, calculó que el primer año de desregulación implicó una pérdida de $200.000 millones para los productores, sobre una producción de casi mil millones de kilos de hoja verde.
Por su parte, Matías Pellizzer, productor de Dos Arroyos, advirtió que la eliminación de controles afecta también a la calidad de la yerba: “Hoy viene yerba de afuera, sin trazabilidad ni sanidad, mientras el precio de góndola sube y el de la hoja verde no”.
Desde San Pedro, Waldemar Schwider, de la asociación civil Casa Yerbatera, agregó que el objetivo inmediato es lograr la designación de autoridades, pero que la reconstrucción del INYM exigirá “un instituto sano, con credibilidad y que defienda a pequeños y medianos productores”.
La protesta en Posadas mostró que el conflicto yerbatero se ha consolidado como un tema central de la agenda económica y social de Misiones. El pedido de restitución de las facultades regulatorias del INYM se articula con reclamos judiciales y políticos que ponen en cuestión el Decreto 70/2023, considerado inconstitucional por sectores productivos.
Mientras el Gobierno nacional mantiene silencio sobre la designación de autoridades, los productores advierten que la continuidad de la desregulación profundizará la pérdida de ingresos, afectará al comercio local y podría derivar en un escenario de conflictividad social similar al de la crisis del 2001.
“Es una situación similar o peor a la de 2001. Es lamentable que que siempre tengamos que pagar el pato los productores, el sector más débil de la cadena”, definió Igor Sobol, uno de los productores yerbateros que hoy encabeza el “abrazo” al Instituto Nacional de la Yerba Mate, en un nuevo intento -que saben poco eficaz- de conseguir torcer la voluntad del Gobierno nacional y recuperar las facultades de regulación y fijación de precios. El abrazo no es la única herramienta. El conflicto por la yerba mate, uno de los principales productos de exportación del Nordeste, escaló en terreno judicial. Un conjunto de asociaciones de productores, cooperativas y sindicatos de Misiones presentó una medida cautelar innovativa en el fuero penal federal para que el presidente Javier Milei “cese en el delito” y que designe de manera inmediata al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
El planteo no es menor. Las entidades sostienen que la omisión del Gobierno configura un “estado de delito permanente” y que la desregulación del mercado yerbatero, iniciada con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, derivó en un perjuicio económico estimado en más de$140.000 millones para el sector primario. Para los productores, el DNU de Milei, “ha permitido al oligopolio yerbatero el abuso de su posición dominante, imponiendo un proceso de destrucción política y económica del sector de la producción primaria, ocasionando artificialmente la inviabilidad económica de “la chacra” misionera”.
El abogado José Federico Padolsky, en diálogo telefónico con Open1017, definió la presentación judicial como la expresión colectiva de un sector en emergencia: “Esta presentación resume el sentimiento de las asociaciones de productores”, dijo, y explicó que detrás del expediente hay un trabajo sostenido: “Venimos trabajando hace rato respecto a hacernos escuchar desde el punto de vista judicial”.
Padolsky sostuvo que el objetivo inmediato es provocar un cambio concreto en la dinámica del mercado yerbatero y provocar una respuesta institucional: “Creemos que esta medida tendría un impacto, por lo menos generaría algunos cambios en la situación del sector yerbatero”. Finalmente señaló que continuarán “quedando atentos a todo lo que venga ocurriendo posteriormente a esta presentación” y que permanecerán en contacto con las comunidades productoras para acompañar los pasos siguientes.
El INYM fue creado en 2002 como un organismo público no estatal con participación de la Nación, las provincias de Misiones y Corrientes, y los distintos eslabones de la cadena. Entre sus atribuciones centrales estaba la fijación de precios de la hoja verde y la yerba canchada, herramienta destinada a equilibrar la relación entre productores y molinos.
El DNU 70/2023 eliminó esas facultades regulatorias, bajo el argumento de promover la competencia y liberalizar la economía. Sin embargo, las asociaciones afirman que en los hechos se consolidó el poder de un oligopolio industrial-comercialintegrado por unas pocas compañías con capacidad de fijar precios, “financiarse a costa de los productores” y orientar el negocio hacia un modelo de agronegocio intensivo.
Durante la cosecha gruesa de 2024, el precio de la hoja verde se desplomó de $370 por kilo en diciembre de 2023 a $180 puesta en secadero. La diferencia, aplicada a los 700 millones de kilos aportados por productores familiares (el 71% de la oferta total), implicó que el sector dejara de percibir alrededor de $140.111 millones.
La magnitud de la cifra ubica al caso más allá de un litigio sectorial: se trata de una de las transferencias de ingresos más grandes desde la agricultura familiar hacia la industria concentrada en la historia reciente del país.
La consecuencia inmediata fue la pérdida de ingresos de más de 12.000 pequeños productores y 15.000 cosecheros, muchos de los cuales “quedaron en situación de indigencia”, dice la presentación judicial.
Pero el impacto va más allá:
Estructura agraria: el derrumbe de precios acelera la inviabilidad de las chacras familiares y promueve un proceso de concentración de tierras.
Mercado laboral: el sector tarefero enfrenta mayor precarización, con pagos diferidos a 6 o 12 meses mediante cheques.
Consumo y calidad: la parálisis del INYM limita los controles de calidad y trazabilidad, con riesgo de deterioro del producto en góndola.
Dimensión social: la pérdida de ingresos afecta la seguridad alimentaria, el acceso a la salud y la continuidad educativa en zonas rurales.
La presentación judicial también plantea una discusión institucional de fondo: el Ejecutivo nacional no sólo modificó una ley por decreto, sino que desobedeció un fallo de la Cámara Federal de Posadas que en abril de 2024 restituyó la vigencia plena de la Ley 25.564. Según los denunciantes, esta omisión encuadra en los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El caso, además, tensiona el federalismo: al vaciar al INYM, se desconoció la participación de Misiones y Corrientes en la gobernanza del sector y se concentró poder en el Ejecutivo nacional.
Más allá de la resolución judicial, el caso exhibe las tensiones estructurales del negocio yerbatero: la disputa por el reparto del valor entre producción primaria e industria. Un debate que, con números de esta magnitud, excede al sector y se convierte en un espejo de las políticas económicas aplicadas a las economías regionales. La yerba mate, en el semáforo de Coninagro, está, desde 2024, en luz roja.
Buenos Aires. La economista Lara López Calvo subrayó que el sector yerbatero tiene la necesidad de aumentar su productividad para competir en un mercado global cada vez más exigente. Sus palabras resuenan con especial fuerza al analizar las últimas estadísticas del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que revelan un crecimiento récord en las exportaciones durante julio de 2025. Al mismo tiempo exponen las tensiones y fluctuaciones del consumo nacional y la producción de hoja verde.
En una entrevista con Economis, López Calvo fue enfática: “Hay que ser más productivo y eficiente”. La economista advirtió que la competencia ya no es solo interna, sino global, lo que demanda un “cambio de mentalidad” y la capacidad de “saber abrirse al mundo” con mejor precio y calidad.
Los datos del INYM confirman que esta apertura está en marcha. En julio de 2025, las exportaciones de yerba mate alcanzaron los 6.562.989 kilos, una cifra muy superior a los 2.270.591 kilos del mismo mes en 2024. Se trata de la más alta registrada para un mes de julio en los últimos cinco años. El acumulado de enero a julio de 2025 suma 30.850.626 kilos, mostrando una trayectoria sólida.
El panorama de la cosecha y producción
La base de este potencial exportador es la producción de materia prima. Según el INYM, el ingreso de hoja verde a los secaderos entre enero y julio de 2025 totalizó 639.898.404 kilos. Si bien esta cifra representa una disminución en comparación con los 739.880.832 kilos del mismo período en 2024, es importante notar que julio de 2025 marcó un pico histórico de cosecha para ese mes, con 190.032.380 kilos procesados. Este volumen supera ampliamente los registros de julio de los cuatro años anteriores, lo que demuestra la capacidad productiva del sector en momentos clave de la zafra.
La producción, sin embargo, no es homogénea. Las zonas Centro (203,9 millones de kilos) y Noreste (171,8 millones de kilos) lideran la cosecha en lo que va del 2025.
Economías regionales: ¿realidad o concepto?
En la octava edición del Congreso Internacional de CONINAGRO 2025, la economista abordó el debate sobre las economías regionales en el panel que compartió con su colega Juan Carlos De Pablo, quien señaló que “las economías regionales no existen”.
Sin embargo, López Calvo consideró que son distintas formas de ver la realidad y aclaró que respeta las posturas de otros colegas sobre la teorización macroeconómica.
Según López Calvo, quien también es columnista LA+ y Radio Mitre, sí existen las economías regionales y son un recurso para trabajar en conjunto. Mencionó ejemplos como productores de yerba, vino o maíz. Y aseguró que el trabajo colaborativo es muy positivo para las distintas regiones del país, ya que en algunos casos son complementarias.
Semáforo en rojo para la yerba mate
Durante el Congreso también se analizó el Semáforo de Economías Regionales. En julio de 2025, esta herramienta registró cierta estabilidad. Se contabilizaron cuatro actividades en verde, nueve en amarillo y seis en rojo. En comparación con el mes anterior, no se observaron traspasos de actividades entre categorías. Esto refleja una continuidad en la situación productiva y comercial de las economías analizadas.
El semáforo analiza tres componentes: negocio, productivo y mercado. El primero evalúa la evolución del precio y el costo, tanto mensual como interanual. El segundo mide el área o stock, según corresponda, y la producción. El último, la evolución de las exportaciones y las importaciones de las producciones, así como el consumo interno.
Las actividades en rojo incluyen yerba mate, arroz, papa, vino y mosto, hortalizas y mandioca. El principal factor de que estas economías están en rojo es que sigue dañado el componente negocio de su actividad. Es que los precios, en muchos casos bajaron o se retrasaron significativamente respecto a la inflación y a la suba de sus costos.
Desagregado de la yerba mate:
– Componente de negocio: la tonelada de hoja verde se pagó al productor alrededor de $300.000 por tonelada puesta en secadero. Se mantiene estable en la comparación mensual y registra un incremento interanual del 7% frente a los $280.000 de un año atrás.
– Componente productivo: el área cultivada se expandió un 10%, que pasó de 209 mil a 230 mil hectáreas. En los últimos doce meses, la producción alcanzó 886,6 mil toneladas, lo que representó una caída del 11% respecto al período anterior (991 mil toneladas).
– Componente de mercado: el consumo interno se mantiene en torno a los 6 kg por habitante al año. En el comercio exterior, las exportaciones generaron ingresos por 109 millones de dólares, un incremento del 37%, mientras que las importaciones sumaron 22,5 millones de dólares, con una baja del 5% interanual.
Incertidumbre macroeconómica: el dólar y el futuro postelectoral
El análisis de López Calvo trasciende al sector yerbatero y se adentra en el panorama macroeconómico que condicionará su futuro. La economista advirtió sobre las “inconsistencias” del esquema cambiario actual, que considera insostenible después de las elecciones del 26 de octubre. “El esquema deberá cambiar”, afirmó, para evitar que el Banco Central continúe perdiendo reservas. Estas medidas son fundamentales para el pago de la deuda.
Según López Calvo, el resultado electoral será determinante. Un desenlace favorable podría calmar los mercados y relajar la presión sobre el dólar, mientras que un resultado adverso para el Gobierno, obligaría a una salida más abrupta del esquema actual. Este contexto de inestabilidad, que calificó como “el peor período” por las elecciones legislativas, genera incertidumbre para todos los sectores productivos.
A pesar de la coyuntura, la economista proyecta un horizonte más claro a mediano plazo. “Tras las elecciones, se esperan dos años positivos”, en los que se corregirán variables estructurales. Cree que se avanzará hacia una economía sin cepo cambiario y un Banco Central con un balance saneado, lo que iniciará un proceso de desinflación sostenido. Para el sector yerbatero, como para el resto de las economías regionales, este escenario futuro será clave para capitalizar las oportunidades y consolidar su competitividad a nivel global.
