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La desregulación impacta en las exportaciones: China se suma a Chile y frena carne argentina

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La política de desregulación impulsada por el Gobierno sumó un nuevo frente de tensión externa: China frenó un cargamento de 22 toneladas de carne argentina por la presunta presencia de cloranfenicol, un antibiótico prohibido en el comercio internacional. La decisión, tomada por la Administración General de Aduanas del país asiático la semana pasada, se suma al antecedente reciente de Chile, que ya había suspendido importaciones por cambios en los controles sanitarios. El dato trasciende lo comercial. Expone un punto sensible del esquema oficial: la relación entre flexibilización regulatoria y confianza internacional. ¿Se trata de episodios aislados o de un costo estructural de la desregulación?

Un cambio normativo bajo presión externa

El episodio con China ocurre en un contexto de modificaciones en los controles sanitarios del SENASA, enmarcadas en la política de desregulación. Entre los cambios más relevantes aparece la eliminación del registro obligatorio de empresas certificadoras, un mecanismo que funcionaba como garantía de trazabilidad en la cadena exportadora.

Ese punto resulta central. La trazabilidad no es solo un requisito técnico: es el lenguaje con el que los mercados validan la calidad sanitaria de los productos. Su debilitamiento, aun parcial, impacta directamente en la credibilidad del sistema.

El caso puntual se originó en la planta que un frigorífico posee en Pérez Millán, en el partido bonaerense de Ramallo. A partir de la detección del antibiótico, se activaron mecanismos de control y una revisión técnica que incluye un proceso de trazabilidad para identificar el origen del lote cuestionado. Las primeras hipótesis apuntan a un posible falso positivo o a la presencia de sustancias similares, lo que abre un margen de discusión técnica, pero no neutraliza el impacto comercial inmediato.

De Chile a China: señales de alerta en cadena

El antecedente con Chile refuerza la dimensión del problema. En agosto, el Servicio Agrícola y Ganadero suspendió importaciones desde la Patagonia tras la flexibilización sanitaria que permitió el ingreso de carne con hueso a zonas libres de aftosa. La medida puso en cuestión el estatus sanitario regional y encendió alarmas por el riesgo de enfermedades.

Aunque Chile reanudó compras luego de verificar condiciones sanitarias, el episodio dejó una señal: los cambios regulatorios internos pueden tener efectos inmediatos en mercados externos.

En el caso de China, el contexto agrega complejidad. El país asiático endurece sus controles a productos importados y avanza en una estrategia de protección de su producción local. Ese escenario amplifica cualquier observación sanitaria. No solo afecta a la carne: también se registraron advertencias sobre envíos de soja por presencia de malezas.

Dólares en juego y un mercado clave bajo revisión

El impacto potencial es significativo. China concentra 458.360 toneladas de las 654.800 exportadas por Argentina en los primeros 11 meses de 2025. Es, por amplio margen, el principal destino de la carne argentina.

Además, el esquema comercial incluye un sistema de cupos con penalidades claras. Si se superan las 511.000 toneladas, el arancel salta del 12,5% al 55%. En ese marco, cualquier restricción o demora no solo afecta volúmenes, sino también costos y competitividad.

El episodio también expone una dinámica interna. El SENASA, con una estructura reducida por recortes, debe responder a exigencias crecientes en mercados que endurecen estándares. La ecuación es delicada: menos regulación interna frente a mayores demandas externas.

Correlación de fuerzas y tensión regulatoria

La situación coloca al Gobierno ante un equilibrio complejo. Por un lado, la desregulación busca reducir costos y simplificar procesos. Por otro, los mercados internacionales operan con lógicas inversas: más controles, más certificaciones y mayor seguimiento de la cadena productiva.

En términos de poder, los países importadores refuerzan su capacidad de condicionar el comercio a través de exigencias sanitarias. La Argentina, en cambio, necesita sostener confianza para mantener acceso a mercados estratégicos.

El resultado es una tensión que trasciende lo técnico. Se trata de quién fija las reglas en el comercio internacional y bajo qué estándares se valida la producción.

Un escenario en revisión

La reacción oficial se concentra ahora en limitar el impacto del caso y evitar que se extienda a otros embarques. El foco está puesto en el informe técnico que deberá producir el SENASA y en las eventuales correcciones del sistema.

En paralelo, el comportamiento de China será clave. Su política de controles más estrictos puede transformar episodios puntuales en tendencias si no se logra restablecer confianza.

Lo que está en juego no es solo un cargamento. Es la consistencia entre el modelo regulatorio interno y las exigencias del mercado global. Esa tensión, por ahora, sigue abierta.

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El Gobierno avanza con la “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que desregula el uso de la tierra

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El Gobierno nacional dio un paso político clave al enviar al Senado el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, una de las reformas anunciadas por el presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo. La iniciativa, que propone eliminar restricciones a la compra de tierras por extranjeros, modificar el régimen de expropiaciones y desarmar aspectos centrales de la ley de Manejo del Fuego, se instala como la primera pieza legislativa del paquete reformista. El dato no es menor: el oficialismo elige nuevamente la Cámara alta, donde ya demostró capacidad de construir mayorías, para iniciar un debate que toca intereses sensibles.

La pregunta que sobrevuela es si este movimiento consolida el rumbo desregulador o si abre un nuevo foco de tensión política y territorial.

El corazón del proyecto: propiedad, tierras y desregulación

La iniciativa se estructura sobre varios ejes que buscan redefinir el alcance del derecho de propiedad en Argentina. En primer lugar, introduce un mecanismo “sumarísimo” para la restitución de inmuebles, basado en la acreditación del título, con control judicial en todas las etapas pero con plazos más acotados. La señal es clara: acelerar desalojos y reducir tiempos procesales.

En paralelo, el proyecto elimina las limitaciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, establecidas en 2011. El nuevo enfoque propone concentrar controles únicamente en casos donde intervengan Estados extranjeros o entidades vinculadas, desplazando el esquema general de restricciones vigente hasta ahora. En términos prácticos, se busca habilitar mayor flujo de inversión internacional en el sector agropecuario.

Otro punto central es la modificación de la ley de Manejo del Fuego. La propuesta elimina los artículos que impedían vender tierras afectadas por incendios durante 60 años en áreas protegidas y que prohibían cambiar el uso de suelos agrícolas por 30 años. El Gobierno argumenta que esos plazos resultan “irrazonables” y que, en la práctica, no lograron los objetivos de restauración ambiental.

El proyecto también incluye una revisión del régimen de regularización dominial y ajustes en el sistema expropiatorio, reforzando garantías constitucionales pero con una lógica orientada a agilizar procesos.

Senado como base de poder y señal al mercado

La elección del Senado como cámara de origen no es casual. El oficialismo ya logró allí mayorías cercanas a los 40 votos en iniciativas clave, lo que le permitió avanzar con leyes como Presupuesto, Inocencia Fiscal, Régimen Penal Juvenil, reforma laboral y la ley de Glaciares, además de la ratificación del acuerdo Mercosur–Unión Europea.

En ese contexto, el envío de este proyecto refuerza una estrategia política: consolidar en la Cámara alta un núcleo de gobernabilidad legislativa para reformas estructurales. Al mismo tiempo, la iniciativa funciona como señal hacia sectores productivos, especialmente el agro, al plantear una apertura en materia de inversión y un esquema más flexible sobre el uso de la tierra.

Sin embargo, el impacto no es lineal. La eliminación de restricciones en tierras y la modificación del régimen de fuego pueden activar resistencias políticas y territoriales, en particular por el alcance que tienen sobre recursos naturales y regulaciones ambientales.

Una agenda que avanza, pero abre interrogantes

La “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” aparece como un movimiento coherente con la hoja de ruta del Gobierno: menos regulación, mayor apertura y simplificación normativa. Pero también instala un nuevo eje de discusión en el Congreso, donde el oficialismo deberá sostener su capacidad de negociación.

Queda por ver si el proyecto logra avanzar sin modificaciones o si el proceso legislativo introduce límites que reconfiguren su alcance. También será clave observar cómo impacta en la dinámica política con provincias y sectores productivos, especialmente en temas sensibles como el uso del suelo y la inversión extranjera.

En las próximas semanas, el debate en el Senado marcará si esta iniciativa se convierte en un punto de inflexión dentro del paquete de reformas o si funciona como un primer test para medir hasta dónde puede llegar la agenda de desregulación.

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Sturzenegger reactiva en el Congreso la “Ley Hojarasca” para derogar decenas de normas

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El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado volvió a mover una pieza central de su agenda: el reenvío al Congreso de la denominada “Ley Hojarasca”, un proyecto que propone derogar decenas de leyes consideradas obsoletas o restrictivas. La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger y alineada con la visión del presidente Javier Milei, reabre el debate sobre el alcance de la desregulación en la Argentina actual. El dato político no es menor: el oficialismo busca instalar la idea de que “cuantas menos leyes, más justicia”, en un contexto donde la discusión por el tamaño del Estado sigue en el centro de la escena.

La pregunta subyacente es inevitable: ¿se trata de un avance concreto hacia un nuevo orden normativo o de un gesto político para consolidar el rumbo libertario en el Congreso?

Un proyecto que apunta a desmontar capas del Estado

La “Ley Hojarasca” se inscribe dentro del proceso de desregulación iniciado con el decreto 70 y normas posteriores. En este caso, el foco está puesto en una depuración normativa que abarca leyes de distintas épocas —desde fines del siglo XIX hasta principios del siglo XXI— agrupadas en seis bloques temáticos.

El proyecto incluye la eliminación de normas que, según el Ejecutivo, limitan libertades individuales, afectan el derecho de propiedad o imponen cargas burocráticas sin impacto real. Entre ellas aparecen regulaciones sobre control estatal de medios, restricciones a reuniones públicas, intervenciones en actividades productivas o privilegios para determinados sectores políticos.

También se propone derogar leyes que quedaron superadas por marcos normativos posteriores, otras que perdieron sentido por avances tecnológicos y un conjunto amplio de disposiciones que sostienen estructuras burocráticas o trámites considerados innecesarios.

En términos institucionales, el movimiento no implica una reforma integral del sistema legal, pero sí una intervención selectiva sobre capas acumuladas del ordenamiento jurídico. La lógica es clara: reducir el volumen normativo como forma de simplificar la gestión estatal y la actividad privada.

Impacto político: entre la narrativa de la libertad y la resistencia implícita

La iniciativa refuerza la narrativa del oficialismo basada en la desregulación y la reducción del Estado. En ese esquema, el Gobierno busca consolidar una identidad política que traslade al Congreso su agenda reformista, incluso en áreas donde no hay urgencia económica inmediata.

Al mismo tiempo, el proyecto introduce tensiones. La eliminación de normas vinculadas a regulación de actividades, promoción sectorial o estructuras públicas puede generar resistencias en distintos niveles del sistema político, incluso sin que esas leyes estén actualmente en uso efectivo.

Hay otro elemento en juego: la señal hacia el sector privado. La depuración normativa se presenta como una herramienta para reducir costos indirectos, eliminar trabas y mejorar condiciones de funcionamiento. Sin embargo, el impacto concreto dependerá de qué leyes efectivamente mantienen efectos reales y cuáles ya operaban como “letra muerta”.

En términos de correlación de fuerzas, el oficialismo intenta capitalizar la iniciativa como un paso más en su agenda de reformas, mientras que la oposición deberá definir si confronta sobre el fondo o si deja avanzar una medida de bajo costo político inmediato.

Un proceso abierto: entre lo simbólico y lo operativo

El reenvío de la “Ley Hojarasca” no cierra una etapa, sino que abre un nuevo capítulo en la estrategia de desregulación. El desafío no está solo en la aprobación legislativa, sino en el impacto efectivo de la norma una vez sancionada.

Queda por ver si el Congreso acompaña la lógica de depuración o si introduce modificaciones que diluyan el alcance del proyecto. También será clave observar si esta iniciativa se convierte en un antecedente para reformas más profundas del entramado legal o si queda circunscripta a una limpieza normativa de carácter más simbólico.

En un escenario donde la política económica y la institucionalidad siguen entrelazadas, la discusión sobre cuántas leyes necesita el Estado argentino vuelve a instalarse. Esta vez, con una hoja de ruta que apuesta a reducir antes que a expandir, pero cuya efectividad todavía está en construcción.

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El Agro advierte que la desregulación pone en riesgo el modelo productivo yerbatero de Misiones

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Un informe de la Subsecretaría de Asuntos Yerbateros señala que Misiones produce el 85% de la hoja verde del país con más de 11 mil productores. En el actual escenario de libre mercado, el Gobierno provincial advierte que ese esquema -basado en chacras, cooperativas e industrias- contrasta con modelos más concentrados que predominan en otras regiones productoras.

En el actual escenario de libre mercado, el sector yerbatero enfrenta un momento clave. Desde el Ministerio del Agro y la Producción advierten que la desregulación abre una discusión de fondo sobre el modelo productivo de la actividad. Un informe elaborado por la Subsecretaría de Asuntos Yerbateros muestra que en el país conviven dos esquemas productivos claramente distintos: uno basado en la concentración vertical con pocos actores, y otro sustentado en una estructura horizontal con miles de productores y cooperativas.

Misiones representa este segundo modelo. Durante 2025, la provincia produjo 754.413.373 kilos de hoja verde, lo que equivale al 85% del total nacional, mientras que Corrientes aportó el 15% restante con 135.842.716 kilos. Ese volumen en Misiones es generado por más de 11 mil productores, conformando un entramado social que caracteriza históricamente a la actividad yerbatera de la provincia. El 75% de ellos posee unidades productivas de hasta 50 hectáreas y depende directamente del precio de la hoja verde para sostener su producción.

El subsecretario de Asuntos Yerbateros, Ricardo Maciel, explicó que la diferencia entre ambos modelos se vuelve más visible en un escenario de mercado desregulado. “En un esquema de libre mercado se enfrentan claramente dos modelos productivos: uno concentrado con integración vertical en pocos actores y otro más horizontal con miles de productores, cooperativas e industrias. Ese modelo misionero es el que hoy está en juego”, afirmó.

Producción, elaboración y exportaciones

Misiones no solo lidera la producción de hoja verde, sino que también tiene una fuerte participación en los eslabones de elaboración y comercialización. En el mercado interno, la provincia concentra el 41% del volumen de yerba mate elaborada, con más de 116 millones de kilos, distribuidos en 90 establecimientos.

En comparación, Corrientes registra solo 7 operadores que explican un volumen similar de producción elaborada. La diferencia radica en la estructura de la cadena productiva: mientras Misiones presenta una amplia diversidad de actores, en Corrientes la actividad se encuentra concentrada en pocas empresas, que explican gran parte del volumen provincial.

En materia de exportaciones, Misiones también lidera ampliamente. Durante 2025 concentró 52.380.000 kilos exportados, lo que representa el 87% del total nacional, con presencia en 50 mercados internacionales. Los principales destinos de la yerba mate misionera fueron Siria (75%), seguido por Chile, Brasil, España y Estados Unidos.

Si se considera el mercado interno y externo en conjunto, Misiones concentra el 48% del volumen total comercializado, frente al 34% de Corrientes.

Un modelo productivo construido con políticas públicas

En la última década, el Gobierno de Misiones impulsó distintas políticas para fortalecer la integración de los productores en la cadena yerbatera. Entre ellas se promovió la creación de cooperativas con secaderos propios, con el objetivo de agregar valor a la materia prima y mejorar el poder de negociación de los productores en distintas zonas productoras. Varias de esas cooperativas lograron consolidarse y desarrollar marcas propias de yerba mate elaborada, ampliando la participación de productores en los eslabones industriales de la actividad.

En el actual contexto de desregulación, desde la cartera agraria del gobierno provincial señalan que el desafío es sostener ese modelo productivo y evitar procesos de concentración que puedan afectar a los pequeños y medianos productores. Maciel remarcó que el crecimiento del mercado debe traducirse en mejores condiciones para quienes producen la materia prima:

Una mejora en la comercialización de la yerba mate elaborada tiene que reflejarse en un mejor pago por la hoja verde. Mientras no exista un marco legal para fijar precios mínimos, necesitamos generar herramientas que eviten que las distorsiones del mercado terminen perjudicando a los productores”.

En ese marco, el Ministerio del Agro impulsa tres líneas de trabajo orientadas a fortalecer la cadena yerbatera, cuya implementación se realizará junto a otros organismos del Estado provincial. La primera es avanzar en precios referenciales que permitan dar señales al mercado y proteger el ingreso del productor. La segunda es fortalecer la participación de las marcas locales, promoviendo que el consumidor conozca quién produce la yerba mate, su historia, su cultura y el territorio donde se origina. La tercera línea apunta al desarrollo de productos derivados de la yerba mate, especialmente extractos destinados a bebidas energizantes, cosméticos y gastronomía. El objetivo es avanzar en protocolos estandarizados de producción que garanticen la calidad y los principios activos según el destino de cada producto.

Desde el Gobierno provincial señalan que estas acciones buscan garantizar que la rentabilidad del producto final se traduzca en un pago justo por la materia prima. “No queremos y no debemos permitir la producción de yerba sin agricultores, para lograrlo tenemos que evitar el avance de la concentración. Una chacra que no comercializa su producto es una PyME en riesgo”, concluyó Maciel.

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La CNV simplifica trámites y acelera decisiones para emisores, fondos y agentes del mercado

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) avanzó con una reforma silenciosa pero estructural de su funcionamiento interno y de sus reglas operativas. A través de la Resolución General 1112/2026, publicada este 26 de febrero en el Boletín Oficial y con vigencia desde el día siguiente, el organismo actualizó el Título XVI de sus Normas para simplificar trámites, digitalizar procesos, redefinir mecanismos de notificación y ampliar la delegación de facultades hacia las gerencias técnicas.

El cambio no introduce nuevos productos ni modifica regímenes de inversión, pero impacta de lleno en el “cómo” del mercado: tiempos administrativos, costos de cumplimiento y previsibilidad regulatoria para emisores, agentes, fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros. En un contexto de revisión normativa y agenda de desregulación selectiva, la CNV ajusta su engranaje interno para ganar velocidad sin resignar control.

Qué cambia en la práctica: menos fricción y más gestión digital

La resolución sustituye íntegramente el Título XVI de las Normas (N.T. 2013 y mod.) y ordena aspectos que, aunque operativos, tienen efectos económicos concretos.

Uno de los ejes centrales es la consolidación de las notificaciones electrónicas. A partir de ahora, las comunicaciones por correo electrónico declarado mediante declaración jurada tendrán efectos jurídicos plenos, siempre que se cursen bajo los recaudos formales establecidos. En términos prácticos, se reducen márgenes de ambigüedad y se refuerza la responsabilidad de los sujetos regulados sobre la actualización de sus datos de contacto.

También se eliminan canales obsoletos —como el uso del fax— y se explicita el horario de atención de la mesa de entradas, un detalle menor en apariencia, pero relevante para la trazabilidad de plazos y presentaciones.

En paralelo, la norma actualiza y amplía el listado de trámites que deben iniciarse obligatoriamente a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). La enumeración abarca prácticamente todo el ciclo regulatorio: desde la inscripción y cancelación de agentes, la autorización de emisiones, CEDEAR, fideicomisos y fondos comunes de inversión, hasta el registro de proveedores de servicios de activos virtuales.

En la práctica, esto consolida un esquema 100% digital para la interacción con el regulador, reduciendo costos administrativos y tiempos de procesamiento, especialmente para emisores frecuentes y estructuras PyME.

Más decisiones técnicas sin pasar por el Directorio

Otro cambio relevante es la ampliación y sistematización del esquema de delegación de facultades dentro del organismo. La resolución transfiere a las gerencias y subgerencias de áreas clave —Emisoras, Fondos Comunes de Inversión, Fideicomisos Financieros, Agentes y Mercados, Registro y Control, Gobierno Corporativo y Prevención de Lavado— la potestad de resolver trámites técnicos, operativos o de bajo impacto estructural.

Esto incluye autorizaciones de emisiones dentro de programas ya aprobados, modificaciones no esenciales, cancelaciones parciales, registros y bajas, advertencias por incumplimientos formales y decisiones de archivo o caducidad de expedientes sin interés público comprometido.

El Directorio de la Comisión Nacional de Valores conserva las definiciones sustantivas, pero deja de ser un cuello de botella para decisiones repetitivas. A cambio, las gerencias deberán informar mensualmente los actos dictados en ejercicio de la delegación, manteniendo un esquema de control ex post.

Desde la lógica del mercado, el mensaje es claro: menos tiempo de espera para autorizaciones rutinarias y mayor previsibilidad en los plazos regulatorios.

Revisión normativa y simplificación estatal

La reforma se inscribe en un proceso más amplio de revisión y modernización regulatoria impulsado a nivel nacional. El texto cita expresamente el Decreto 90/2025, que ordenó a los organismos del Estado relevar y depurar normas obsoletas o innecesarias, bajo la órbita del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

En el caso del mercado de capitales, la CNV ya había avanzado en los últimos años con regímenes simplificados, autorizaciones automáticas y esquemas diferenciados para PyMEs. Esta resolución no crea un régimen nuevo, pero armoniza criterios, unifica terminología y ajusta procedimientos que habían quedado fragmentados o desactualizados.

También introduce precisiones técnicas, como la ampliación de los medios válidos para identificar al deudor cedido en operaciones de cesión de créditos, un punto relevante para fideicomisos financieros vinculados a vivienda y construcción.

Costos, tiempos y competitividad

El impacto económico de la norma es indirecto, pero no menor. La digitalización obligatoria y la delegación de facultades tienden a reducir costos administrativos para los regulados y a acortar los plazos de autorización, un factor clave para emisiones en contextos de volatilidad financiera.

Para emisores frecuentes, fondos y fiduciarios, la agilización de trámites puede traducirse en una mejor sincronización con ventanas de mercado. Para agentes y mercados, la claridad en los procedimientos y en las notificaciones reduce riesgos operativos y contingencias legales.

No hay efectos fiscales ni cambios en la carga regulatoria sustantiva. Tampoco se introducen nuevas obligaciones materiales. El beneficio está en la eficiencia del sistema y en la reducción de fricciones que, acumuladas, impactan en la competitividad del mercado de capitales local frente a alternativas externas.

Continuidad regulatoria con ajuste operativo

La resolución no implica una desregulación en sentido estricto, pero sí un reordenamiento pro-eficiencia. Refuerza la centralidad de la CNV como autoridad de control, al tiempo que descentraliza decisiones dentro de su estructura para ganar agilidad.

La señal al mercado es de continuidad normativa con ajustes operativos. No hay un cambio de reglas de juego, sino una actualización del tablero administrativo. En un contexto donde la velocidad importa tanto como la norma en sí, el regulador busca mostrarse más previsible, más digital y menos burocrático.

Hacia adelante, el termómetro del impacto real estará en los tiempos efectivos de respuesta y en la consistencia de los criterios aplicados por las distintas gerencias. Si la delegación se traduce en agilidad sin dispersión regulatoria, el mercado lo sentirá rápido.

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