DESREGULACION

Productor yerbatero desesperado: denunció estafa y quiso quitarse la vida frente a un secadero

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En una entrevista radial, Alejandro Cus, un productor yerbatero, relató su dramática situación personal. Denunció que entregó 130.000 kilos de hoja verde a la empresa Agro Moreno SRL y que, más de un año después, no recibió ningún pago. La crítica situación económica que atraviesa lo llevó incluso a intentar prenderse fuego frente al secadero de la firma, según relató. Este caso se enmarca en una profunda crisis que afecta al sector yerbatero, caracterizada por retrasos en los pagos, caída de precios y falta de regulación que perjudica a los pequeños productores.

Cus explicó que la empresa, realizó el servicio de cosecha y traslado con el compromiso de pagarle una vez que se vendiera la yerba canchada. Sin embargo, con el paso de los meses, el pago nunca se concretó. “Me llevaron la yerba con la condición de que, cuando la vendan, me iban a pagar. Pero no me dieron ni un centavo”, afirmó en la entrevista.

En los primeros meses del año recibió cheques por parte del empresario, pero la mayoría fueron rechazados por falta de fondos. Según su testimonio, los documentos habían sido endosados por su esposa y utilizados en comercios locales para adquirir mercadería e insumos, lo que derivó en nuevas deudas cuando los cheques comenzaron a rebotar. La tensión llegó a un punto crítico cuando decidió encadenarse en el portón del secadero. Tras esa acción, recibió un único cheque por tres millones de pesos que pudo cobrar, aunque asegura que la deuda total supera los cuatro millones.

Durante la entrevista, el productor también cuestionó la desregulación del mercado yerbatero, tras la pérdida del esquema de precios fijado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). “Hoy nos pagan cuando quieren, como quieren y si quieren. Y encima nos dan cheques sin fondo”, advirtió. También señaló que algunos secaderos pagan en efectivo 80 pesos por kilo, mientras otros ofrecen pagos con plazos de hasta 120 días.

El productor explicó que, además de la deuda económica, enfrenta una situación familiar difícil: su hijo padece un retraso madurativo y convulsiona, por lo que necesita atención médica constante. Si bien cuenta con obra social a través de la tabacalera, indicó que sin dinero para trasladarse o cubrir ciertos gastos, la cobertura es insuficiente. “Todo cuesta plata: el monotributo, la contadora, los impuestos. Yo siempre vendí en blanco, hice todo como corresponde, pero así no se puede más”, sostuvo.

Por último, expresó su descontento con la situación política nacional actual y criticó declaraciones del primer mandatario contra el papa Francisco, señalando que, como católico, le resultaron ofensivas. Su caso se suma a los de muchos productores yerbateros de Misiones que denuncian demoras en los pagos, condiciones abusivas de comercialización y falta de protección frente a prácticas empresariales irregulares.

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Milei elimina la Dirección Nacional del INTA y concentra el mando en la Presidencia

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El Decreto 571/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, suprime la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y transfiere sus atribuciones al Presidente del organismo. La medida forma parte del proceso de transformación institucional iniciado en julio, con el objetivo de agilizar la toma de decisiones y reducir superposiciones administrativas.

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 571/2025, que dispone la eliminación de la Dirección Nacional del INTA —hasta ahora parte de su primer nivel operativo— y reasigna sus funciones directamente al Presidente del organismo. La norma se enmarca en la transformación institucional iniciada por el Decreto 462/2025, que modificó la naturaleza jurídica del INTA, pasando de ser un ente descentralizado a uno desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.

El texto establece que, mientras dure la reestructuración, se mantendrán vigentes las áreas y cargos que dependían de la Dirección Nacional, pero bajo conducción directa del titular del INTA.

El INTA fue creado en 1956 por el Decreto-Ley 21.680, con el objetivo de impulsar la investigación y extensión agropecuaria, fortalecer la tecnificación de las explotaciones rurales y mejorar la vida en el campo. Durante décadas, su estructura incluyó un Consejo Directivo y una Dirección Nacional encargada de la ejecución de políticas y programas.

Sin embargo, el Decreto 462/2025 modificó este esquema: reemplazó al Consejo Directivo por un Consejo Técnico y otorgó al Presidente del INTA un rol central en la conducción científico-técnica, buscando mayor rapidez en la toma de decisiones. Esta reforma dejó superpuestas las funciones de la Dirección Nacional y la Presidencia, lo que motivó su eliminación.

Los argumentos oficiales para la supresión

Según el informe técnico IF-2025-82610586-APN-INTA#MEC, elaborado por el Presidente del organismo, la Dirección Nacional había perdido su razón operativa de existencia al quedar sus competencias solapadas con las de la Presidencia.

El Gobierno argumenta que esta medida permitirá “dotar de mayor agilidad operativa” al INTA y simplificar la cadena de mando, concentrando la ejecución de políticas, programas y proyectos en una sola autoridad. La decisión recibió el visto bueno de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y de la Oficina Nacional de Presupuesto.

En términos administrativos, todas las menciones a la Dirección Nacional en la Resolución 513/2019 —que aprobó la estructura organizativa vigente— pasarán a entenderse referidas al Presidente del INTA.

La norma aclara que, hasta que finalice el rediseño estructural, se mantendrán intactas las acciones, cargos, dotaciones y suplementos vigentes, por lo que no habrá despidos inmediatos ni cambios en las funciones de las áreas que dependían de la Dirección Nacional.

El INTA es un actor clave en el desarrollo tecnológico agropecuario y en la transferencia de innovación a productores, cooperativas y empresas del sector. La eliminación de un nivel directivo intermedio podría traducirse en una mayor velocidad para implementar programas de investigación y extensión, aunque también plantea el desafío de mantener la coordinación entre sus 350 unidades y centros de investigación distribuidos en todo el país.

En el plano político, esta decisión refuerza el control directo del Poder Ejecutivo sobre el organismo, en línea con la política de “achicamiento y eficiencia” que la gestión Milei impulsa en el Estado nacional.

El decreto establece un esquema transitorio mientras se completa la reorganización integral del INTA. El rediseño final podría redefinir áreas técnicas, priorizar líneas de investigación y optimizar la asignación de recursos presupuestarios.

Fuentes del Ministerio de Economía señalan que la intención es concluir la reforma antes de fin de año para que el organismo ingrese a 2026 con un modelo de gestión “más ágil y orientado a resultados”.

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Desregulación en Argentina: informe muestra que se modificaron 396 normas en 19 meses

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En menos de dos años, la administración de Javier Milei profundizó su política de desregulación con impacto transversal en sectores estratégicos como transporte, finanzas, agroindustria y comercio exterior. El proceso, iniciado con el DNU 70/2023 y potenciado por la Ley Bases, ya eliminó o modificó 1.157 normas y 8.090 artículos.

La política de desregulación del actual gobierno se lanzó formalmente en diciembre de 2023 con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que marcó el inicio de un recorte masivo de normativas. La sanción de la Ley N.º 27.742, conocida como Ley Bases, en julio de 2024, y la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado aceleraron el proceso, consolidando una tendencia creciente de cambios regulatorios.

El objetivo declarado: fortalecer la competitividad, fomentar la competencia y promover el desarrollo productivo a través de la remoción de regulaciones consideradas redundantes, costosas o ineficientes para empresas, ciudadanos y organismos públicos.

Al 31 de julio de 2025, el Ejecutivo contabiliza 396 normas de desregulación que impactaron sobre 1.157 normativas previas y 8.090 artículos. El informe oficial aclara que esta cifra es una cota inferior, ya que muchas disposiciones incluyen cláusulas generales que derogan toda norma incompatible, lo que eleva el número real de cambios.

Entre las áreas más afectadas por la política de desregulación se destacan:

  • Comercio Exterior: 66 normas modificadas o derogadas.
  • Finanzas y Mercado: 55 normas.
  • Transporte: 55 normas.
  • Agroindustria: 54 normas.
  • Producción Nacional: 40 normas.
  • Bienestar Ciudadano: 37 normas.
  • Salud: 26 normas.
  • Cultura, Turismo y Deporte: 25 normas.

Metodología: conteo artículo por artículo

La Unidad de Evaluación de Impacto del Ministerio detalla un procedimiento en tres etapas:

  1. Identificación de normas publicadas en el Boletín Oficial entre el 10 de diciembre de 2023 y el 31 de julio de 2025 que reduzcan obligaciones, controles o trámites.
  2. Filtrado automático de artículos con verbos clave como “derogar”, “modificar” o “suprimir”.
  3. Cuantificación del impacto:
    • Normas eliminadas en su totalidad.
    • Normas con al menos un artículo modificado o suprimido.
    • Número exacto de artículos alcanzados.

Este conteo incluye los anexos normativos con contenido sustantivo y excluye artículos meramente administrativos, como los de comunicación.

La estrategia oficial combina insumos provenientes de ciudadanos (a través de la plataforma “Reportá tu burocracia”), cámaras empresarias, trabajadores, informes técnicos y áreas del Estado. El enfoque, según el Ministerio, es “técnico y sistemático”, priorizando regulaciones cuyo retiro genere simplificación de trámites, reducción de costos y mayor eficiencia, sin comprometer estándares esenciales.

Repercusiones económicas e institucionales

El impacto se distribuye de forma desigual según el sector.

En comercio exterior, las modificaciones facilitan operaciones de exportación e importación, mientras que en finanzas, apuntan a liberalizar mercados y reducir controles sobre flujos de capital.

En transporte y agroindustria, la remoción de regulaciones busca dinamizar inversiones y modernizar marcos operativos.

En el plano político, la política de desregulación es uno de los ejes discursivos centrales del gobierno de Milei, que lo presenta como una “batalla contra la burocracia” y un paso hacia una “economía más libre”. Sin embargo, sectores opositores y gremiales advierten sobre el riesgo de desprotección de derechos y vacíos regulatorios.

El informe oficial proyecta que el ritmo de cambios se mantendrá en lo que resta de 2025, con nuevas medidas previstas en energía, infraestructura y mercado laboral. El monitoreo estadístico de la Unidad de Evaluación de Impacto permitirá seguir el avance mes a mes, ofreciendo una trazabilidad inédita en la historia reciente de las reformas normativas.

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Del campo a la góndola: el productor yerbatero recibe cada vez menos

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La cadena productiva de la yerba mate atraviesa una etapa de fuerte desbalance que golpea con dureza al sector primario. Los datos del primer semestre de 2025 confirman que la desregulación del mercado, impulsada por el DNU 70/2023 y la apertura indiscriminada de importaciones, profundizó la pérdida de poder de los productores frente a una industria altamente concentrada.

Entre enero y junio de 2025 se procesaron 449,55 millones de kilogramos de hoja verde, lo que implica una caída del 20,3% respecto al mismo período de 2024 -año de cosecha récord- y un retroceso del 1,9% frente al promedio de procesado entre 2021 y 2024.

El consumo interno de yerba mate en junio se ubicó en 21,41 millones de kilogramos, un 7% por encima del nivel de junio de 2024, pero 17,8% por debajo del pico alcanzado en noviembre de 2023. En el acumulado del primer semestre, el consumo totalizó 138,27 millones de kilogramos, con un aumento del 15,7% interanual, aunque todavía 0,3% por debajo del registrado en el mismo período de 2023.

Las exportaciones crecieron 18% frente a 2024 y 30,8% respecto al promedio 2019-2024, mientras que las importaciones bajaron 9,7% en términos interanuales, pero siguen 276,6% por encima del nivel de 2023, consigna un estudio del Centro de Economía Política Argentina. 

La relación de precios más desigual en años

El deterioro más evidente se observa en la relación precio al productor/precio de góndola. En junio de 2025, el productor captó apenas 18,9% del valor final, 5,5 puntos porcentuales menos que el promedio de los últimos cinco años.

En términos reales, el precio que recibe por la hoja verde se desplomó 45,9% entre diciembre de 2023 y junio de 2025, mientras que el precio en góndola retrocedió 31,8%. Esto indica que el ajuste más severo recayó sobre el productor, que tiene escaso margen para fijar precios en un contexto sin el respaldo regulatorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

En 2024, los secaderos procesaron 986,7 millones de kilogramos de hoja verde, la mayor cifra en cinco años, 19,6% por encima del promedio 2020-2023 y 27,4% más que en 2023. Sin embargo, el consumo interno se hundió 9,3%, hasta 258,8 millones de kilogramos, el nivel más bajo en ocho años.

Las exportaciones marcaron un récord, con Siria como principal destino (70% del total), mientras que las importaciones se dispararon un 80,1% frente a 2023, alcanzando 11,9 millones de kilogramos. La medida que habilitó este aumento fue la reducción temporal de impuestos a la importación de yerba mate —dispuesta por la Resolución General 5490/2024 y prorrogada hasta diciembre de 2025— que favoreció el ingreso desde Paraguay y Brasil.

Grandes empresas como Las Marías y La Cachuera concentraron el 70% de esas compras, junto con la Importadora Sudamericana SRL, que trae al país marcas como Canarias. La materia prima importada llegó a un costo promedio de 1,2 dólares por kilo, que con impuestos representaba alrededor de $1.300. Esto fue inferior al precio que se pagaba a los secaderos en el mercado local (unos $1.406 en abril de 2024), lo que permitió a las industrias presionar a la baja los precios internos y extender los plazos de pago, con fuerte impacto negativo en la rentabilidad del productor.

Una cadena productiva atomizada en la base y concentrada en la cima

La estructura del sector explica en parte estas asimetrías: alrededor de 12.000 pequeños productores, 228 secaderos y 105 industrias molineras y fraccionadoras componen la cadena, pero las diez principales concentran 75% del mercado. Las tres más grandes -Las Marías, Liebig y Santa Ana- controlan el 47%.

El impacto del DNU 70 y la pérdida del rol del INYM

La eliminación de la potestad del INYM para fijar precios, la ausencia de un presidente designado y el desfinanciamiento del instituto -sin actualización del valor de la estampilla desde diciembre de 2023- dejaron al sector primario sin herramientas para defender su posición en una cadena dominada por la industria.

El DNU puso fin a los acuerdos semestrales de precios y promovió una “reconversión” de pequeños productores, debilitando la capacidad negociadora de quienes venden la materia prima. La apelación del Gobierno Nacional al amparo que buscaba frenar el capítulo yerbatero del DNU mantiene vigentes sus disposiciones.

El escenario actual guarda similitudes con la desregulación de los años 90, cuando se eliminó la Comisión Reguladora de la Yerba Mate y el Mercado Consignatario. En esa década, el precio real de la yerba canchada cayó a un tercio de su valor inicial y el de la hoja verde a un quinto, mientras el precio en góndola se mantuvo estable.

La creación del INYM en 2001 revirtió esa tendencia: entre 2002 y 2023, el precio real al productor de hoja verde y yerba canchada subió 246% y 255%, respectivamente.

Hoy, la pérdida de ese marco regulatorio vuelve a poner en riesgo la sostenibilidad del sistema yerbatero, con un patrón que repite el pasado: caída de la producción de hoja verde, deterioro de los precios al productor y concentración creciente de la renta en el eslabón industrial.

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“Esto es un exterminio”: Rubén Fischer, el productor que volvió de Suiza para apostar por la yerba y hoy enfrenta una crisis terminal

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Rubén Fischer dejó una vida en Suiza para volver a su tierra natal y dedicarse de lleno a la producción de yerba mate. Invirtió todos sus ahorros en maquinaria, galpones y en cuidar su plantación en el municipio de 25 de Mayo. Con emoción y preocupación, hoy expresa su angustia ante la crisis que atraviesa el sector yerbatero.

“Transformé mi amor por la planta de yerba en mi profesión. Eso me ganó el pan”, relata. Pero en la actualidad, la situación es crítica. “Está la preocupación de los bajos precios, que es muy triste lo que está pasando. Espero que se revierta, que las empresas y todos vean que no está nada fácil para el productor”, sostiene.

Fischer hace cuentas y el resultado es desolador: “Quizás me sobran 50 pesos por kilo, pagando el flete y todo, pero ahí tengo que aguantar un año, limpiar todo, pelear con las malezas que cada vez vienen más bravas… y vivir, ¿no es cierto?”

Con la voz quebrada, resume el sentir de miles de pequeños productores: “Esto es terrible, es un exterminio de la producción madre, del orgullo de la bebida nacional. Pienso en los más de 15.000 colonos yerbateros, que están peor que yo. Todos están mal”.

Rubén no sólo volvió para producir: volvió a vivir en su tierra. “Invertí todo acá. Todo está ahí en los galpones, en maquinaria. La vida está en el yerbal”, dice. Y lanza un reclamo firme ante la falta de respuestas: “Lo tenemos que parar. Ir en contra de esto que está pasando en la Nación. No nos cierran los números. Solo compramos gasolina, otra cosa ya no”.

La crisis no es de todo el sector yerbatero: la suma del consumo interno y las exportaciones, da como resultado el volumen más alto de la década. Se trata de una crisis de precios de la producción primaria como consecuencia de la desregulación del mercado, que impuso el presidente Javier Milei.

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