desregulación yerba mate

Sturzenegger afirmó que el INYM “duplicaba” el precio de la yerba, pero los datos muestran una realidad más compleja

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La desregulación del mercado yerbatero volvió a instalarse en el centro del debate económico luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendiera públicamente la eliminación de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para fijar precios de referencia de la materia prima. Según el funcionario, el organismo “duplicaba el precio de la yerba” que pagan los consumidores argentinos y su intervención impedía el desarrollo pleno de una industria que hoy exhibe récords de producción y exportación.

Durante una entrevista reproducida por la cuenta oficial Oficina de Respuesta Oficial, Sturzenegger sostuvo que el DNU 70 eliminó una distorsión de mercado que beneficiaba a productores e industriales a costa de los consumidores. “Le sacamos al INYM la potestad de fijar el precio y el precio cayó a la mitad”, afirmó. A su vez, señaló que la eliminación de restricciones permitió alcanzar niveles récord de producción y ventas externas.

Sin embargo, al contrastar esas afirmaciones con los datos oficiales disponibles, surge una realidad bastante más compleja que la planteada por el funcionario nacional.

¿La yerba cayó a la mitad?

El principal punto de controversia es la evolución del precio al consumidor. Sturzenegger aseguró que la eliminación de la fijación de precios provocó una caída del 50% en el valor de la yerba. No obstante, los registros del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) no muestran una reducción de esa magnitud.

Según el relevamiento utilizado para elaborar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el Gran Buenos Aires, el paquete de medio kilo de yerba mate registró en marzo de 2026 un precio promedio de $2.225,8, apenas 1,1% por debajo de los $2.250,6 observados en febrero.

Más aún, diez meses antes, en junio de 2025, el mismo producto tenía un precio promedio de $2.230, prácticamente idéntico al valor registrado actualmente. Es decir, lejos de verificarse una caída del 50%, los precios al consumidor permanecieron relativamente estables durante el último año.

La comparación de largo plazo también muestra otra dinámica. En 2023, antes de la desregulación, los paquetes de medio kilo de marcas líderes como Taragüi, Unión, Rosamonte o Amanda se comercializaban entre $500 y $700. Aunque la inflación acumulada en Argentina obliga a relativizar las comparaciones nominales, los datos tampoco permiten concluir que la intervención del INYM implicara un sobreprecio equivalente al doble del valor de mercado.

Récord de producción, pero no récord histórico

El segundo argumento del ministro se apoya en el crecimiento de la producción. Los datos estadísticos del INYM muestran que entre enero y abril de 2026 ingresaron a secaderos 151,9 millones de kilos de hoja verde.

La cifra representa un incremento respecto del mismo período de 2025, cuando se habían procesado 109,6 millones de kilos hasta abril. Sin embargo, no constituye un récord histórico. Durante el mismo período de 2024 el ingreso de hoja verde alcanzó 268,3 millones de kilos, muy por encima del volumen actual.

Por lo tanto, si bien la cosecha muestra una recuperación respecto del año pasado, los números disponibles no permiten afirmar que la actividad atraviese el mayor nivel productivo de su historia.

Exportaciones en niveles elevados

Donde sí aparecen indicadores positivos es en el comercio exterior.

Entre enero y abril de 2026 las exportaciones totalizaron 14,82 millones de kilos.

Ese volumen supera los registros de igual período de 2022, 2023 y 2024, aunque todavía se encuentra por debajo del excepcional desempeño observado durante 2025, cuando las ventas externas alcanzaron 58,8 millones de kilos al cierre del año.

La expansión exportadora aparece como uno de los puntos más sólidos de la estrategia oficial. Sin embargo, el crecimiento de las ventas al exterior no logró disipar el malestar que atraviesa gran parte de los productores primarios, especialmente en Misiones, donde la caída del precio de la hoja verde generó protestas, reclamos y una profunda crisis de rentabilidad.

Un mercado interno que se mantiene estable

Otro dato relevante es el comportamiento del consumo doméstico.

Entre enero y abril de este año las salidas de molino destinadas al mercado interno alcanzaron 89,6 millones de kilos.

La cifra se ubica por encima de los niveles registrados durante 2024 y en línea con los valores históricos observados en los últimos años, confirmando que el mate continúa siendo uno de los productos de consumo masivo más arraigados del país.

De hecho, los envases de medio kilo siguen concentrando más de la mitad de las ventas, con una participación del 55,64%, mientras que los paquetes de un kilo representan el 38,28%. Ambos formatos explican casi el 94% del mercado interno.

La discusión de fondo

Detrás del debate estadístico subyace una discusión mucho más profunda sobre el modelo de desarrollo de la actividad yerbatera.

Para el Gobierno nacional, la intervención del INYM generaba distorsiones de precios y limitaba la expansión productiva. Desde esta mirada, la desregulación permitirá aumentar la competitividad, conquistar mercados internacionales y transformar a la yerba mate en un producto global.

Sin embargo, productores, cooperativas y sectores vinculados a la economía regional sostienen que la eliminación de las facultades regulatorias del Instituto debilitó el poder de negociación de los pequeños productores frente a molinos e industrias concentradas, acelerando una caída del precio de la materia prima que no se reflejó en igual medida en las góndolas.

La paradoja es que mientras el Gobierno exhibe mayores volúmenes de producción y exportación como prueba del éxito de la desregulación, miles de productores misioneros continúan denunciando una pérdida de rentabilidad que amenaza la sustentabilidad económica de la actividad.

En ese escenario, la discusión sobre el futuro del INYM ya no gira solamente en torno a la formación de precios. Lo que está en juego es el equilibrio entre eficiencia económica, desarrollo exportador y sostenibilidad social de una economía regional que involucra a más de 12.000 productores en Misiones y Corrientes, y que forma parte de una de las cadenas agroindustriales más emblemáticas de Argentina.

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Adrián Núñez, presidente de la Libertad Avanza en Misiones sobre la yerba: “Es innegable que hay un eslabón que la está pasando mal”

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Casi al pasar, por primera vez, el presidente de La Libertad Avanza en Misiones, Adrián Núñez, reconoció públicamente que uno de los eslabones de la cadena yerbatera atraviesa una situación crítica tras la desregulación impulsada por el Gobierno nacional con el DNU 70/23. En una entrevista concedida al programa Dólar Blue, el dirigente libertario admitió que “es innegable que hay un eslabón del sector que la está pasando mal”, aunque ratificó la política aplicada por el presidente Javier Milei y descartó que se vaya a fijar precios mínimos. 

La declaración marca un giro discursivo dentro del espacio oficialista, que hasta ahora había defendido sin matices la eliminación de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), especialmente en lo referido a la fijación de precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada.

A pesar de admitir que la producción primaria atraviesa una situación crítica, Núñez sostuvo que la política nacional sigue siendo la correcta.

La frase cobra especial relevancia en una provincia donde la yerba mate no solo representa identidad productiva, sino también una de las principales economías regionales. Misiones concentra el 85% de la producción nacional de hoja verde, con más de 11 mil productores, de los cuales el 75% son pequeños y medianos con explotaciones de hasta 50 hectáreas.

Durante la entrevista, los periodistas remarcaron el fuerte desequilibrio estructural del mercado yerbatero: pocos compradores frente a miles de productores atomizados.

“Son tres molinos y 13 mil productores”, inquirió el cronista. Núñez respondió con una defensa conceptual de la desregulación, aunque terminó admitiendo la dificultad concreta del esquema.

“No, bueno, esas son particularidades de la actividad, pero de ninguna manera…”, intentó justificar, cuando le marcaron que el yerbatero es “un mercado imperfecto”. “Es innegable que hay un eslabón del sector que está pasando mal, lo sabemos y se está trabajando en ese sentido”, respondió. Consultado sobre cuáles eran esas medidas, mencionó acciones paliativas y un convenio con ANMAT para controles de calidad, aunque evitó profundizar.

Uno de los puntos más sensibles expuestos en la entrevista fue la forma de pago.

“Están pagando con cheque a 90 días a los tareferos y productores. No tienen para mantener ni siquiera la chacra”, remarcaron los conductores. Núñez no lo negó.

La respuesta dejó en evidencia una de las principales críticas del sector: la falta de herramientas concretas para sostener financieramente a los pequeños productores mientras el mercado se acomoda a la nueva lógica.

El problema no es menor. Desde la desregulación, los precios pagados al productor quedaron librados a la negociación privada en un contexto de enorme asimetría. Mientras algunos secaderos arrancaron pagando entre 260 y 300 pesos por kilo de hoja verde, productores reclamaban valores mínimos de entre 390 y 450 pesos para cubrir costos y sostener la actividad.

En Andresito, por ejemplo, la oferta inicial fue de 350 pesos por kilo; algunas cooperativas superaron los 400 pesos, mientras que la Cooperativa Piporé llegó a pagar 450 pesos a sus asociados. Sin embargo, la referencia dominante del mercado siguió muy por debajo de esos valores.

La Provincia, en cambio, reclama un mínimo de 700 pesos para la hoja verde, lo que equivale a 50 centavos dólar. El Gobierno provincial prepara para las próximas horas una batería de medidas con el objetivo de elevar el precio de la materia prima.

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La Soberana, otra yerba que nace al calor de la crisis

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En medio de la crisis que atraviesa la cadena yerbatera por la desregulación del mercado y la caída del precio de la hoja verde, más de 200 pequeños productores de Misiones nucleados en la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) y comunidades de pueblos originarios lanzaron “La Soberana”, una nueva marca de yerba mate con la que buscan garantizar un precio justo para los colonos, evitar el quebranto productivo y sostener el trabajo rural.

La iniciativa surge como respuesta directa al deterioro del sector primario tras la pérdida de poder regulador del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en un contexto donde los productores denuncian que los valores actuales no alcanzan siquiera para cubrir los costos de producción y donde la cosecha, lejos de generar rentabilidad, implica trabajar a pérdida.

El proyecto fue impulsado por la UTT junto a Productores Independientes de Piray (PIP) y otras organizaciones territoriales, con el objetivo de avanzar hacia una integración más directa en la cadena comercial, reduciendo intermediarios y fortaleciendo el modelo asociativo.

Una de las referentes del proceso es Miriam Pena, productora misionera e integrante de PIP, quien explicó que el principal objetivo es “que haya un precio justo para los productores, los tareferos y todos los servicios que rodean a esta economía”, en referencia a una actividad que moviliza miles de familias en la provincia.

De la protesta a la marca propia

La crisis del sector no solo derivó en tractorazos, protestas y reclamos por mejores precios en distintos puntos de Misiones. También empujó a los productores a buscar alternativas propias para sostener la actividad.

“Se está pagando muy poco la hoja verde y se está esclavizando la mano de obra. Eso es lo que buscamos cambiar con La Soberana”, resumió Pena, al explicar el espíritu del proyecto.

Hace dos años, los socios comenzaron a trabajar en conjunto. En la primera cosecha lograron reunir 17.000 kilos de yerba mate; actualmente ya alcanzan los 23.000 kilos, que fueron industrializados gracias a un acuerdo con el secadero Pérez Hermanos, de San Pedro.

Ese volumen permitió avanzar en el envasado y la distribución inicial de la nueva marca, que ya comenzó a presentarse en distintos espacios de alto valor simbólico y comercial.

Uno de los primeros desembarcos fue en La Plata, durante la inauguración del Centro Cultural Amaranto, donde se distribuyeron los primeros paquetes y se organizó una gran mateada. Luego, la marca llegó a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en el marco de un trabajo conjunto que sostienen desde hace tiempo con esa casa de estudios.

Una respuesta al derrumbe de precios

El trasfondo económico es contundente. Tras casi dos años sin precios de referencia oficiales, los productores denuncian una fuerte pérdida de rentabilidad y una creciente concentración en favor de grandes actores industriales.

Según los testimonios recogidos en el lanzamiento, el precio que hoy ofrece buena parte del sector molinero ronda los 160 pesos por kilo de hoja verde, un valor muy por debajo de los costos reales de producción. Frente a eso, La Soberana busca construir una alternativa comercial que mejore la retribución al productor y fortalezca el arraigo rural.

La experiencia también pone en discusión el modelo de comercialización tradicional y revaloriza el esquema cooperativo como herramienta de defensa económica.

“Nos costó mucho, pero nos da la certeza de que vamos por el camino correcto y eso nos fortalece mucho. Estamos muy felices”, sostuvo Pena.

Más que yerba: un modelo de soberanía alimentaria

El objetivo no termina en la yerba mate. Los productores ya proyectan extender la marca “La Soberana” a otros alimentos que forman parte de su red productiva, como harinas, panificados y conservas.

Además, el acuerdo con el secadero prevé al menos dos años de producción asegurada, mientras avanzan en la incorporación de nuevos asociados y en la consolidación de una red comercial más estable.

Para los impulsores, la experiencia representa mucho más que una marca: es una estrategia de supervivencia económica y una apuesta política por la soberanía alimentaria.

“Es muy triste lo que está pasando y genera mucha bronca, pero el camino es trabajar en conjunto, de manera organizada y comprometida. Así el sector le va a ir encontrando la vuelta. No todo está perdido”, concluyó la referente.

En un escenario donde la crisis yerbatera sigue profundizando tensiones entre productores, secaderos, molinos y exportadores, La Soberana aparece como una señal de resistencia desde la base productiva: una marca nacida en la chacra para disputar precio, mercado y futuro.

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Productores vuelven a la Justicia para declarar inconstitucional la desregulación del INYM

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La disputa estructural del mercado yerbatero sumará un nuevo capítulo judicial. Un conjunto de asociaciones de productores y cooperativas de Misiones formalizó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado nacional con el objetivo de frenar los efectos del DNU 70/2023 sobre el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Asimismo, se plantea una medida cautelar que plantea la “inmediata suspensión de los efectos y de la aplicación” de varios artículos del DNU a “fin de evitar la profundización de los daños ya verificados sobre el sector productivo primario, la consolidación de un proceso de descapitalización económica y el deterioro de las capacidades del organismo yerbatero”.

La presentación apunta específicamente contra los artículos 164 al 168 del decreto, que modificaron el funcionamiento del organismo creado por la Ley 25.564. El planteo busca que la Justicia declare su nulidad absoluta e inaplicabilidad y restituya el esquema institucional previo.

Se pretende “reconstruir” un instrumento institucional capaz de ordenar el funcionamiento del mercado yerbatero, luego de la desarticulación de los mecanismos regulatorios previos, y de corregir las “distorsiones” derivadas de la “concentración económica” en la cadena de valor.

Los expedientes judiciales fueron asignados como “FPO 2764/2026 Skripczuk Jorge y otros c/ PEN – ENA s/ Acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, “2764/2026/1 Skripczuk Jorge y otros c/ PEN – ENA s/  Incidente de medida cautelar”, “2765/2026 Torres Salvador María y otro c/ PEN – ENA s/ Acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, y “2765/2026/1 Torres Salvador María y otro c/ PEN – ENA s/ Incidente de medida cautelar”.

El eje de la demanda recuerda que la génesis del INYM en el Congreso partió de un diagnóstico claro: la existencia de un mercado estructuralmente desequilibrado, en el cual miles de productores primarios se encontraban en una posición de debilidad, frente a un número reducido de “operadores” con capacidad de incidir en la formación de precios de la materia prima. Frente a esa realidad, se diseñó un esquema institucional orientado a equilibrar las relaciones económicas entre los distintos sectores y garantizar la sustentabilidad de la actividad en su conjunto.

Dentro de las “atribuciones” conferidas por

la ley, se encontraban (entre otras) facultades regulatorias esenciales para el cumplimiento de esa finalidad, tales como

la fijación de precios de referencia para la materia prima, la regulación de nuevas plantaciones y la adopción de medidas tendientes a preservar el equilibrio entre la oferta y la demanda.

De este modo, el INYM fue concebido por el

Congreso no como un mero “organismo administrativo”, sino como una herramienta institucional de regulación económica, destinada a corregir las asimetrías propias del mercado yerbatero y a garantizar condiciones mínimas de equidad y previsibilidad para todos los actores involucrados, algo que se rompió tras la nueva desregulación. 

El núcleo del conflicto es técnico, pero con consecuencias económicas directas. El DNU eliminó facultades clave del INYM, en particular la fijación de precios de la materia prima y la regulación de nuevas plantaciones. Según la demanda, esas herramientas eran esenciales para garantizar la sustentabilidad económica del sector y corregir las asimetrías entre productores e industria. La consecuencia, sostienen, es la desarticulación del sistema de concertación sectorial que durante más de dos décadas ordenó el mercado.

“Las normas cuestionadas, eliminaron “lisa y llanamente” las atribuciones vinculadas con la fijación del precio de la materia prima y con la regulación de nuevas plantaciones de yerba mate, alterando de manera sustancial el esquema institucional diseñado por el “Legislador”. Este punto es clave. El DNU avanza sobre atribuciones del legislador. 

La supresión de dichas facultades regulatorias importa una profunda transformación del régimen legal que rige la actividad yerbatera, cambiando de facto la

naturaleza jurídica del INYM. En los hechos, tales modificaciones dejan sin herramientas institucionales al organismo creado por el Congreso para intervenir en la actividad, debilitando significativamente su capacidad para cumplir las funciones para las cuales fue concebido”.

Detrás de este planteo hay un diagnóstico histórico que atraviesa toda la cadena yerbatera: un mercado estructuralmente desequilibrado, con miles de pequeños productores primarios dispersos frente a un número reducido de actores industriales con capacidad de incidir en la formación de precios. Ese fue, precisamente, el fundamento de la creación del INYM en 2002: constituirse en una herramienta de regulación económica capaz de equilibrar la cadena y evitar abusos de posición dominante. Durante más de 20 años, ese esquema combinó precios de referencia, regulación de la oferta, control de comercialización y políticas activas de promoción y desarrollo.

La demanda, sin embargo, no se limita a cuestionar los efectos económicos de la desregulación. El eje central es institucional. Los productores, representados por el abogado Federico Padolsky, sostienen que el Poder Ejecutivo utilizó un Decreto de Necesidad y Urgencia para modificar una ley del Congreso sin que existieran circunstancias excepcionales que lo justificaran. En ese sentido, plantean que el DNU fue utilizado como un atajo legislativo, en contradicción con el principio de división de poderes.

Uno de los puntos más sensibles del planteo de 128 páginas es la ausencia de sustento técnico específico en el decreto. Según la presentación, el DNU no incorpora ningún diagnóstico sectorial detallado, limitándose a argumentos generales sobre la desregulación. Más aún, los actores remarcan que, al momento de su dictado, la actividad yerbatera no atravesaba una crisis. Por el contrario, mostraba crecimiento del consumo, expansión de exportaciones, estabilidad en el mercado interno y mejoras en el valor agregado.

Esos datos surgen del Plan Estratégico Yerbatero 2022, elaborado con participación de organismos públicos, universidades e instituciones técnicas. La lectura que subyace en la demanda es contundente: el Gobierno modificó el régimen sin discutir ni refutar el único diagnóstico técnico disponible dentro del propio Estado.

Hoy, en cambio, el único eslabón que exhibe datos positivos es el exportador, que cerró el 2025 con récord. Pero el mercado interno se mantiene casi sin cambios, después de un 2024 de fuerte caída y el sector productivo atraviesa una profunda crisis, mucho más acelerada que la de la década del 90. Según un minucioso trabajo técnico del diputado Cristian Castro, el costo de producción estimado para un yerbal de alto volumen de producción -unas diez toneladas por hectárea- asciende a 391,2 pesos, lo que, al cargar una rentabilidad mínima del 30 por ciento, daría un precio de 508,56 pesos. La industria hoy ofrece 265 pesos y en plazos de pago de hasta 120 días. 

Más allá del plano jurídico, la presentación se inscribe en un momento especialmente delicado para el sector. Con la desregulación, desapareció la referencia institucional de precios y el mercado comenzó a mostrar una fuerte dispersión en los valores pagados por la hoja verde. La negociación directa entre productores e industria volvió a ser el mecanismo dominante, con resultados dispares según la zona y el poder de cada actor.

Ese cambio ya se traduce en tensiones concretas: conflictos por precios, demoras en el inicio de la cosecha, dificultades para planificar inversiones y una creciente incertidumbre en toda la cadena. El mercado pasó, en pocos meses, de un esquema regulado a uno de libre negociación, donde las asimetrías estructurales vuelven a ocupar el centro de la escena.

En términos estructurales, lo que está en discusión es el modelo. El régimen anterior, basado en la Ley 25.564, se apoyaba en la regulación institucional, la concertación sectorial y la intervención del INYM. El esquema actual, en cambio, se orienta hacia la desregulación, la formación de precios por mercado y una menor capacidad de intervención estatal. Para los productores, esto implica mayor exposición a la volatilidad, pérdida de previsibilidad y un debilitamiento de su posición negociadora.

La decisión de avanzar con esta acción judicial también tiene un trasfondo procesal. Existía una cautelar previa que había suspendido el capítulo yerbatero del DNU, pero esa vía fue declarada inadmisible, la causa terminó archivada y la medida perdió vigencia. Esta nueva presentación busca reencauzar el reclamo por la vía adecuada y obtener un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del esquema.

A partir de ahora, el escenario queda abierto. Un fallo favorable a los productores podría restablecer el rol regulador del INYM y reintroducir mecanismos de referencia para los precios. Un fallo adverso consolidaría el modelo desregulado y profundizaría el esquema actual. Entre ambos extremos, no se descarta un escenario intermedio con medidas cautelares que vuelvan a intervenir parcialmente en el mercado.

Lo que está en juego, en definitiva, excede a la yerba mate. El caso se proyecta como un test sobre los límites de la desregulación en economías regionales con fuertes asimetrías, el alcance de los decretos de necesidad y urgencia y el rol del Estado en la organización de mercados complejos. La resolución judicial no sólo impactará en el precio de la hoja verde, sino también en la arquitectura institucional de una de las principales economías del nordeste argentino.

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El INYM rechazó sugerir un precio de referencia y profundiza la tensión en la cadena yerbatera

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El Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) resolvió rechazar la posibilidad de sugerir un precio de referencia para la hoja verde, en una decisión que vuelve a exponer la fractura interna del sector y profundiza la incertidumbre de cara a la zafra 2026.

Según fuentes oficiales, el rechazo al precio sugerido se sustentó en un dictamen técnico que consideró que la implementación de valores orientativos “va en contra del Decreto 812 del Gobierno nacional”, al entender que “distorsiona el mercado y afecta la competencia del sector privado”. La postura fue respaldada por la presidencia del organismo, en manos del libertario Rodrigo Correa, la representación de Corrientes y la mayoría de los sectores industriales, secaderos y cooperativas.

En la votación, dos representantes del sector productivo y el director por Misiones, Ricardo Maciel, se pronunciaron a favor de avanzar con una referencia de precios, mientras que un representante productivo y la UATRE optaron por la abstención. La correlación de fuerzas dejó sin efecto la iniciativa, en un escenario donde la pérdida de facultades regulatorias del INYM ya había debilitado su capacidad de intervención.

El documento sostiene que no resulta jurídicamente factible que el Instituto publique un precio de referencia, ya que cualquier señal institucional en ese sentido sería considerada una intervención en el mercado.

El argumento central se apoya en la modificación del marco normativo tras la desregulación. En particular, el dictamen cita el artículo 8° del Decreto 1240/2002 —modificado por el Decreto 812/2025—, que prohíbe expresamente al INYM “dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado o interfieran en la libre interacción entre oferta y demanda”.

Pero el punto más sensible es otro: el dictamen advierte que incluso un precio “indicativo” podría funcionar como señal de mercado. En un sector caracterizado como oligopsónico -como sostiene Misiones-, esa referencia institucional podría derivar en una coordinación indirecta de precios entre actores privados, lo que chocaría con la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.

En ese marco, la asesoría legal fue contundente: publicar un precio, bajo cualquier denominación, podría interpretarse como una práctica restrictiva equivalente a “concertar directa o indirectamente el precio de venta o compra”.

El dictamen se apoya en el cambio de rol del INYM. Tras el DNU 70/2023, el organismo dejó de tener como objetivo la “sustentabilidad de la cadena” y pasó a enfocarse en “proteger el carácter competitivo de la industria”, eliminando además la facultad de acordar precios entre los distintos sectores.

Esto implica que cualquier intento de reconstruir mecanismos de referencia -aunque sean informativos- podría exceder las funciones actuales del Instituto.

Otro de los argumentos del dictamen apunta a desarmar la comparación con otros mercados. Según el texto, las referencias de precios en granos o hacienda (como las de la Bolsa de Comercio o mercados ganaderos) no son fijaciones institucionales, sino simples publicaciones de operaciones ya realizadas entre privados.

En cambio, si el INYM difundiera un precio, aun como promedio o referencia, estaría emitiendo una señal institucional con capacidad de influir en la formación de precios, lo cual está prohibido por la normativa vigente.

El dictamen también advierte sobre las consecuencias de avanzar en ese camino:

  • Posibles sanciones por violación de la Ley de Defensa de la Competencia
  • Riesgo de impugnación y nulidad del acto administrativo
  • Eventuales observaciones de la Secretaría de Agricultura de la Nación, bajo cuya órbita funciona el INYM

Incluso la publicación de costos de producción es puesta en discusión. El dictamen señala que determinar un único costo promedio podría distorsionar el mercado, ya que no refleja la heterogeneidad productiva del sector (tecnología, escala, logística, mano de obra).

La posición de Misiones

Hace apenas un mes, Maciel había formalizado el planteo mediante una nota dirigida al presidente del Instituto, Rodrigo Correa, en la que solicitaba avanzar en la construcción de una “pizarra” de precios para la hoja verde y la yerba canchada antes del inicio de la cosecha.

El documento, fechado el 12 de febrero en Posadas, partía de un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento del mercado tras la desregulación. Allí, el funcionario reconocía que el INYM ya no cuenta con herramientas para fijar precios obligatorios, pero advertía sobre las consecuencias que esa pérdida tuvo en las últimas campañas.

“No hace falta redundar en la pérdida de facultades para fijar precios, pero tampoco podemos desconocer el impacto negativo que esa decisión generó en el sector productivo primario”, señalaba.

El eje central del planteo de Misiones giró en torno a la estructura del negocio yerbatero, caracterizada como un mercado “oligopsónico”, donde pocos compradores concentran la demanda y tienen capacidad para incidir en los valores que perciben los productores.

La advertencia apuntaba a una asimetría estructural: unos 12.500 productores frente a un número reducido de molinos. En ese contexto, sin precios de referencia ni herramientas regulatorias, el eslabón primario queda sujeto a negociaciones individuales, con fuerte dispersión de valores.

“El libre mercado no existe o es injusto en este escenario”, sostenía el documento, al tiempo que reclamaba información oficial que contemple costos de mano de obra, energía, combustibles y fertilizantes, además de un margen mínimo de rentabilidad.

La discusión no es teórica. Hoy el mercado está pagando alrededor de 220 pesos por kilo de hoja verde, muy por debajo de los costos estimados por el sector productivo y lo que empiezan a pagar a sus asociados las cooperativas, como Las Tunas -380 pesos- o Piporé -450-.

Distintos trabajos técnicos indican que el costo de producción para un yerbal de alto rendimiento ronda los 391,2 pesos por kilo. Si se incorpora una rentabilidad mínima del 30%, el precio debería ubicarse en torno a los 508,56 pesos.

La brecha es significativa y, según advierten los productores, se amplifica en explotaciones de menor escala, donde los costos son aún más elevados por menor productividad.

Un conflicto que excede lo productivo

El planteo de Maciel introducía una definición que atraviesa el actual conflicto: “La yerba mate no está en crisis; lo que está en crisis es la distribución de lo que genera el negocio yerbatero”.

La negativa del INYM a establecer siquiera una referencia de precios deja al descubierto el cambio de paradigma tras la desregulación nacional: de un esquema con intervención estatal a uno donde predomina la lógica de mercado, en un sector históricamente regulado.

Mientras la industria sostiene que el mercado debe autorregularse, el sector productivo y el Gobierno de Misiones insisten en la necesidad de mecanismos que compensen las asimetrías y eviten una mayor concentración.

Con la zafra 2026 a punto de comenzar, la decisión del Directorio implica que la actividad se desarrollará sin precios orientativos oficiales, en un contexto de alta volatilidad y tensión en la cadena.

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