Destitución

Oposición de derecha e izquierda presenta “superpedido” de juicio político contra Bolsonaro

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La oposición, desde la izquierda hasta la derecha; movimientos sociales, sindicatos y entidades profesionales presentaron hoy un “superpedido” de juicio político contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en un expediente por 23 delitos contra la Constitución y en medio de un escándalo de corrupción y coimas en la compra de vacunas contra el coronavirus.

La presentación fue realizada en un acto en el Congreso y pide abrir un juicio político contra Bolsonaro al jefe de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, cercano al presidente.

Exaliados del mandatario como la nueva derecha liberal paulista de los legisladores Kim Kataguiri y Joyce Hasselman se sumaron a la solicitud.

“Queremos un país con decencia y que enfrente la pandemia”, dijo Hasselman, del Partido Social Liberal, el mismo por el cual Bolsonaro llegó al poder en 2018.

El “superpedido” resume los 123 reclamos de impeachment desde que asumió el presidente e incluye delitos como genocidio sanitario, homofobia, racismo y los dos últimos escándalos de corrupción.

Los partidos que firmaron fueron el Partido de los Trabajadores del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y todos los del arco de izquierda, centroizquierda y algunos dirigentes de derecha, como el Alexandre Frota, del Partido de la Social Democracia Brasileña.

Esta semana, Lira había dicho que no existe “clima” para recibir un pedido de juicio político.

El reclamo tendrá como apoyo una movilización de la oposición, la tercera en poco más de 35 días, convocada para el próximo sábado en todo el país.

En caso de que se acepte el pedido de impeachment, el Congreso necesita dos tercios de los votos para sacar del poder a un presidente.

Brasil vivió dos juicios políticos de destitución desde el regreso de la democracia: la renuncia de Fernando Collor de Mello en 1991 y la condena contra Dilma Rousseff en 2016.

El último de los casos de corrupción que golpea a Bolsonaro llevó hoy al despido de un director del Ministerio de Salud, acusado por un intermediario de vacunas AstraZeneca de pedir un soborno de un dólar por cada dosis adquirida.

Se trata del director de Logística del Ministerio de Salud, Roberto Dias, quien fue acusado de pedir la coima por parte del representante de la empresa estadounidense Davati Medical Supply en Brasil, Luiz Dominguetti.

La denuncia, que fue consignada por Dominguetti al diario Folha de Sao Paulo y publicada en la tapa de ese medio, se suma así a otra sobre sobrefacturación de un contrato para comprar vacunas indias Covaxin.

Los escándalos están vinculados a figuras relacionadas con el exministro de Salud de Michel Temer, el diputado Ricardo Barros, que tiene el cargo de líder del Gobierno en la Cámara de Diputados y es del Partido Progresista (PP), la fuerza que le otorga la mayoría a Bolsonaro y que está frenando, por ahora, los pedidos de juicio político.

Según Dominguetti, Dias, quien entró a inicios de 2019 al Ministerio de Salud con la llegada de Bolsonaro, le dijo que el “peaje” que había que pagar para poder cerrar un contrato era de un dólar por cada dosis.

El episodio es del 25 de febrero, justamente en medio de un cambio de postura del bolsonarismo, que dejó de repudiar los inmunizantes contra el coronavirus cuando el país entraba en una letal segunda ola agravada por la cepa de Manaos, la variante que ahora se conoce como Gamma.

Barros fue intendente de Maringá, estado Paraná, cercano a la frontera con Misiones, y fue tesorero del PP, un partido conservador que es oficialista de todos los gobiernos desde 1994.

El PP es el partido más involucrado en la Lava Jato y es el corazón del “Centrao”, el bloque que protege desde junio de 2020 a Bolsonaro, quien le entregó parte del gabinete y de la iniciativa política.

En 2016, Barros pidió a Dilma Rousseff el Ministerio de Salud para que el PP la defienda del juicio político, pero ante esta negativa, se lo ofreció a Temer, quien cuando cayó la presidenta le cedió el mando en la cartera sanitaria, un poder que continúa en la gestión de Bolsonaro.

El representante de Davati que hizo la denuncia será convocado ante la comisión del Senado que investiga las omisiones del Gobierno en la pandemia para el viernes.

El Supremo Tribunal Federal, la máxima corte, recibió una denuncia para investigar a Bolsonaro por prevaricato por haber sido anoticiado el 20 de marzo por el diputado Luiz Miranda del fraude de sobreprecios de Covaxin y no realizar la denuncia ante la Policía Federal.

El pedido de coima denunciado en este segundo episodio por parte de la intermediadora Davati sobre AstraZeneca fue realizado durante una cena en un restaurante de un shopping de Brasilia.

“Dias me dijo que sólo podía venderle vacunas al Ministerio apenas de esa forma, pagando un dólar por vacuna”, afirmó.

El ofrecimiento de coima está sustentado también en correos electrónicos que indican que el funcionario despedido pedía a la estructura del Ministerio de Salud acelerar el proceso de compra.

Brasil administra la vacuna anglo-sueca AstraZeneca pero por un acuerdo directo para producirla en su laboratorio Fiocruz, no por intermediarios que se acercaron al Ministerio de Salud.

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Otra denuncia por acoso laboral: esta vez en la Justicia Federal de Eldorado

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La destitución del juez de Puerto Iguazú, Pedro Fragueiro, por acoso laboral y sexual, despertó reacciones al seno de la Justicia. Esta vez, en el Poder Judicial Federal de Eldorado, se desató un escándalo similar.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación presentó una denuncia contra el juez del Juzgado Federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, por acoso laboral.

Juan Pedro García, del gremio que nuclea a los empleados judiciales, brindó detalles sobre la denuncia presentada “Es una cuestión de acoso laboral, destrato y hostigamiento que se dio dentro del ámbito laboral, en el Juzgado Federal de Eldorado. Se hizo uso de la vía correspondiente y se presentó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura el pasado viernes”

“Los hechos específicos que nos llegan a nosotros, a través de testimonios. Estamos hablando de la mitad o más del plantel del Juzgado. Atentos a eso y a un seguimiento que se venía realizando hace un tiempo, se tomó la decisión de llevar adelante la denuncia que se presentó con la firma del secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación” indicó García.

“Pedimos que se lo suspenda de las funciones por lo menos hasta que esto se resuelva” afirmó García.

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El STJ deja firme la resolución de destitución del Intendente de Urquiza, Jorge Enriquez

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En una sentencia que deja en claro que el accionar de los concejales estuvo de acuerdo a las normas establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, el Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de amparo del ex intendente de General Urquiza, dejando firme la resolución de destitución.
En un análisis pormenorizado de la aplicación de lo establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades, el Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de amparo presentado por el ex intendente de General Urquiza, Jorge Ricardo Enriquez, haciendo lugar a la resolución de destitución presentada por el Concejo Deliberante comunal luego del trabajo de la Comisión Investigadora conformada a tal fin.
Enriquez presentó un recurso de apelación solicitando la nulidad de las actuaciones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Urquiza argumentando una serie de errores cometidos en el proceso de conformación de la Comisión Investigadora y los pasos subsiguientes que dieron como resultado la presentación de la resolución que indicaba su destitución.
Luego de un análisis de las actuaciones administrativas y del proceso de investigación, el STJ determinó rechazar el recurso de amparo y confirmar la resolución de destitución del ex intendente de General Urquiza, Jorge Ricardo Enriquez, ya que en el procedimiento se respetó lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades.

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El concejo político del PRO Misiones repudió la destitución del concejal en Iguazú

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En un comunicado y con la firma de Alfredo Schiavoni, aseguran que la expulsión se llevó adelante “mediante un trámite exprés, sin garantías del debido proceso”. La mesa de Cambiemos Misiones también salió a cuestionar el hecho.
 
Comunicado:
“El concejo político del PRO Misiones repudia la arbitraria e injusta destitución del concejal Gabriel Llamas de Puerto Iguazú. En efecto, dicha destitución se llevó a cabo en trámite exprés, sin mediar ninguna de las causas  previstas en la carta orgánica municipal y en el reglamento del Concejo Deliberante; sin las garantías del debido proceso y violando el más elemental sentido común. Una vez más, queda de manifiesto la enorme falta de institucionalidad en la que el Gobierno de la Renovación mantiene a nuestra provincia. Recurriremos a todos los ámbitos necesarios para reparar la tremenda injusticia perpetrada por los concejales oficialistas de Puerto Iguazú”.
Alfredo Schiavoni, presidente del Pro Distrito Misiones.
 
Comunicado de prensa de la Mesa de Cambiemos Misiones: 
“Repudiamos categóricamente la destitución ilegal e ilegítima, y sin causales reales, dando un nefasto golpe institucional a la democracia, del Concejal de Cambiemos en la ciudad de Puerto Iguazú Gabriel Llamas. No sólo no se dio el debido y legítimo derecho a defensa, con un proceso que no siguió lo establecido por la Carta Orgánica del municipio, sino que además, basándose en un deber que tienen los funcionarios públicos, en este caso el concejal Llamas, de denunciar y hacerse eco de los reclamos de los vecinos de la ciudad. Su denuncia, en redes sociales, no apuntó a ningún nombre, sino a que la justicia actúe, para saber si es verdad o no, la intrusión de un predio privado de aquella localidad, instigado por otro concejal. Por lo tanto, hizo lo que cualquier funcionario debe hacer, pedir que se investiguen hechos que pudieran ser ilegales. Por lo expuesto, repudiamos desde la Mesa de Cambiemos Misiones, este golpe certero a la democracia, tratando de callar las voces disidentes con el miedo y el castigo de aquellos que se sienten por encima de la ley,  cosa que no sólo no vamos a soportar nosotros, como frente electoral, sino toda la ciudadanía. Vamos a accionar judicialmente e iremos hasta la última instancia para que, de una vez por todas, en esta provincia, sea justicia”.

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