Deuda Pública

El Tesoro busca extender vencimientos con una conversión de deuda dólar linked

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La Secretaría de Finanzas lanzó una operación de conversión voluntaria de la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar con vencimiento el 30 de enero de 2026 (LELINK D30E6), en el marco del artículo 2° del Decreto 846/24. La medida busca administrar el perfil de vencimientos de deuda en moneda vinculada al tipo de cambio y ofrecer a los inversores alternativas de reinversión a plazos más largos, en un contexto de normalización del mercado de deuda y ordenamiento financiero.

La conversión estará disponible para los tenedores de la LELINK D30E6 y se instrumentará a través de una licitación con tres opciones de nuevos instrumentos dólar linked, todos a precio y sin pago de comisiones. La recepción de ofertas comenzará a las 11:30 y finalizará a las 15:00 del jueves 22 de enero de 2026, mientras que la liquidación se realizará el martes 27 de enero de 2026 (T+3).

Detalles de la conversión y los instrumentos ofrecidos

La operación se enmarca formalmente en el artículo 2° del Decreto 846/2024, que habilita la suscripción en especie, y está dirigida exclusivamente a los tenedores de la LELINK D30E6, una letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense, cero cupón, con vencimiento el 30 de enero de 2026.

Los participantes podrán optar por una o más de las siguientes alternativas:

  • Opción 1:
    Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense, cero cupón, con vencimiento 27 de febrero de 2026 (reapertura).
    Especie: LELINK – Código: D27F6.
  • Opción 2:
    Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense, cero cupón, con vencimiento 30 de abril de 2026 (reapertura).
    Especie: LELINK – Código: D30A6.
  • Opción 3:
    Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense, cero cupón, con vencimiento 30 de junio de 2026 (reapertura).
    Especie: Bono dólar linked – Código: TZV26.

En todos los casos, el parámetro de licitación será el precio, expresado en dólares estadounidenses por cada VNO USD 1.000, con dos decimales. El monto máximo a colocar estará limitado por el autorizado por la normativa vigente.

La oferta mínima será de VNO USD 10.000, y los montos superiores deberán ser múltiplos de VNO USD 1. El precio de mercado ajustado de la LELINK D30E6 para una liquidación T+3 será anunciado el día de la licitación, previo a su apertura.

Mecanismo de liquidación y garantías operativas

Para determinar la cantidad de valor nominal original (VNO) de la LELINK D30E6 que cada participante deberá transferir, se aplicará la siguiente fórmula:

VNO LELINK D30E6 = VNO Nuevo Instrumento × Precio de corte del Nuevo Instrumento / Precio de la LELINK D30E6

Los VNO resultantes se redondearán al entero más cercano según la denominación mínima del instrumento.

Antes de las 17 horas del lunes 26 de enero de 2026 (T+2), los participantes con ofertas aceptadas deberán realizar una única transferencia del título elegible desde su cuenta en la CRYL del BCRA a la cuenta de la Secretaría de Finanzas N° 99990-01 en esa entidad. En caso de que los títulos se encuentren depositados en Caja de Valores S.A., los oferentes deberán gestionar previamente su traslado a la CRYL para cumplir con los plazos establecidos.

La normativa prevé un esquema específico ante eventuales incumplimientos. Al tratarse de una suscripción en especie, si no se entregara la LELINK D30E6 comprometida, la liquidación se realizará mediante el débito en pesos del valor efectivo en la cuenta CRYL de la entidad oferente, según la siguiente fórmula:

Monto efectivo = VNO Nuevo Instrumento × Precio de corte del Nuevo Instrumento / 1000 × 1,20 × TCR

El TCR será el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA conforme a la Comunicación “A” 3500, correspondiente al 26 de enero de 2026 (T+2) o al día hábil previo a la fecha de liquidación, según el caso.

El 27 de enero de 2026 (T+3), la CRYL acreditará los nuevos instrumentos en la cuenta de cada participante y, en situaciones de incumplimiento, primero debitará el monto efectivo correspondiente y luego procederá a la entrega del instrumento adjudicado.

Marco normativo e impacto en el mercado de deuda

La licitación se realizará de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda N° 9/2019, con las salvedades específicas aplicables a la conversión de activos no contenidos en esa norma.

Desde el punto de vista financiero, la operación apunta a descomprimir vencimientos concentrados a fines de enero de 2026, ofreciendo a los inversores la posibilidad de extender plazos hasta febrero, abril o junio del mismo año, sin salir del universo de instrumentos dólar linked. Para el Tesoro, la conversión contribuye a ordenar el cronograma de pagos, mejorar la previsibilidad y sostener la estrategia de financiamiento en instrumentos atados al tipo de cambio oficial.

En términos de mercado, la iniciativa podría ser bien recibida por los inversores institucionales que buscan cobertura cambiaria de corto y mediano plazo, aunque la adhesión dependerá de los precios de corte y de las expectativas sobre el tipo de cambio y la política monetaria hacia 2026.

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El Gobierno aprueba un préstamo de USD 400 millones de la CAF para un programa de sostenibilidad del sector energético

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Mediante el Decreto 23/2026, el Poder Ejecutivo aprobó el modelo de contrato de un préstamo por hasta USD 400 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiar el “Programa de Enfoque Sectorial Amplio (SWAP) de Apoyo a la Sostenibilidad del Sector Energético”. La medida, firmada el 18 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 19 de enero, apunta a reforzar el marco regulatorio del sector, mejorar la focalización de los subsidios energéticos y promover la eficiencia en el uso de los recursos, con impacto directo en la política fiscal, la administración de subsidios y la estructura institucional del sistema energético.

La operación se inscribe en la estrategia del Gobierno nacional de avanzar en reformas estructurales del sector energético, bajo un esquema de financiamiento multilateral que, según los organismos intervinientes, presenta condiciones financieras más favorables que las disponibles en el mercado y un impacto macroeconómico acotado.

Un financiamiento multilateral orientado a subsidios, regulación y eficiencia energética

El decreto aprobado establece que la CAF se compromete a asistir financieramente a la República Argentina por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUATROCIENTOS MILLONES (USD 400.000.000), con el objetivo de cooperar en la ejecución del programa SWAP de apoyo a la sostenibilidad del sector energético.

De acuerdo con los considerandos, el objetivo general del programa es “fortalecer la sostenibilidad del sector energético a través de mejoras en la focalización de los subsidios para la protección de los hogares vulnerables y la promoción de la eficiencia energética”. El diseño del programa se estructura en cuatro componentes claramente definidos:

  1. Fortalecimiento del marco regulatorio e institucional del sector energía.
  2. Mejoras en la focalización de los subsidios energéticos.
  3. Promoción del uso y consumo eficientes de los recursos energéticos.
  4. Otros gastos vinculados a la implementación del programa.

La arquitectura del financiamiento refleja un enfoque sectorial amplio, orientado tanto a aspectos normativos e institucionales como a la gestión de subsidios y al comportamiento de la demanda energética, un eje central en la política económica y fiscal del Estado nacional.

Ejecución, gestión fiduciaria y aval macroeconómico

El Ministerio de Economía fue designado como Organismo Ejecutor del programa, a través de dos áreas específicas. Por un lado, la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía, que tendrá la responsabilidad sustantiva en la materia. Por otro, la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, dependiente de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa, que estará a cargo de la gestión fiduciaria del programa.

En términos macroeconómicos, el decreto destaca la intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que analizó el impacto de esta y otras operaciones de financiamiento con organismos regionales de crédito. Según consta en los considerandos, el BCRA concluyó que la dimensión de la operación “implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales” y que dicho impacto “será acotado y consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas”.

A su vez, la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía informó que no formuló objeciones al financiamiento requerido, al considerar que “el costo financiero del préstamo de referencia, basado en la información disponible y los supuestos realizados, es inferior al que la República podría obtener en el mercado”. Este aval refuerza el perfil del préstamo como una herramienta de financiamiento considerada conveniente desde el punto de vista fiscal y financiero.

Alcance normativo, facultades delegadas y repercusiones esperadas

El Decreto 23/2026 aprueba un Modelo de Contrato de Préstamo que incluye 24 cláusulas en las Condiciones Particulares, 43 cláusulas en las Condiciones Generales, un Anexo Técnico y un Anexo de Formularios para Operaciones de Manejo de Deuda, lo que da cuenta de la complejidad técnica y administrativa de la operatoria.

La norma faculta al Ministro de Economía, o a los funcionarios que este designe, y al Secretario de Finanzas, a suscribir indistintamente el contrato y la documentación adicional en representación de la República Argentina. Asimismo, autoriza al Ministerio de Economía a acordar modificaciones al contrato, siempre que no impliquen cambios sustanciales en el objeto o destino de los fondos, incrementos en el monto total ni alteraciones en el procedimiento arbitral pactado.

Desde el punto de vista institucional, la medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional, el artículo 53 de la Ley N° 11.672 y el artículo 60 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera, lo que encuadra la operación dentro del marco legal vigente para el endeudamiento público.

En términos de repercusiones, el financiamiento aprobado tiene impacto directo sobre el sector energético, la política de subsidios, la administración fiscal y la gestión regulatoria, con potencial incidencia sobre hogares vulnerables, estructuras tarifarias y la eficiencia en el consumo de energía. Al tratarse de un programa de enfoque sectorial amplio, su implementación será observada de cerca tanto por actores institucionales como por los sectores vinculados a la regulación y al financiamiento del sistema energético.

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“Erraron otra vez”: Milei defendió el refinanciamiento de la deuda y descartó riesgos de default

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El presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente la estrategia financiera del Banco Central de la República Argentina (BCRA) tras la cancelación de una parte del swap con el Tesoro de los Estados Unidos mediante un nuevo crédito internacional por USD 2.500 millones. El mandatario rechazó las advertencias sobre un posible default, sostuvo que el movimiento implica un cambio de acreedor sin impacto en reservas y lo presentó como una señal de normalización financiera y confianza del mercado en el programa económico.

A través de su cuenta en X, Milei fue categórico frente a las críticas: “Desde mediados de 2025 agitaron el fantasma del default. Erraron otra vez. Fin”. El mensaje estuvo acompañado por un análisis del economista Juan Ramón Rallo, quien explicó que en economías solventes la deuda pública no se cancela íntegramente, sino que se refinancia de manera permanente, siempre que se cumplan los pagos de intereses y exista disciplina fiscal.

La operatoria técnica: un cambio de acreedor sin impacto en reservas

El respaldo presidencial se conoció luego de que el balance del BCRA de la última semana de diciembre reflejara un movimiento financiero por USD 2.500 millones. Según la información oficial, el Gobierno utilizó ese monto para cancelar el tramo ejecutado del swap que formaba parte de un acuerdo total por USD 20.000 millones con el Tesoro estadounidense, suscripto antes de las elecciones legislativas.

Para concretar el pago sin afectar el nivel de reservas internacionales, la autoridad monetaria tomó un nuevo crédito de igual monto con un organismo internacional. Si bien el BCRA no precisó oficialmente el origen de los fondos, en el mercado financiero se especula con un préstamo del Banco Internacional de Pagos (BIS), con sede en Basilea.

Desde el punto de vista contable, la operación implicó un reordenamiento de pasivos: la reducción del rubro “Otros Pasivos” por la cancelación del swap con Estados Unidos fue compensada por un aumento equivalente en las obligaciones con organismos internacionales, sin variación neta en las reservas.

En términos prácticos, el Gobierno logró estirar plazos de vencimiento y modificar la composición de sus acreedores, una maniobra que el oficialismo considera clave para fortalecer el perfil financiero del Estado.

Déficit cero, refinanciamiento y la discusión sobre la solvencia

El eje central del argumento oficial se apoya en la política de déficit fiscal cero. Según la interpretación que difundió Milei junto al análisis de Rallo, el refinanciamiento de vencimientos no incrementa el stock de deuda, sino que posterga su cancelación en el tiempo.

“Refinanciar no es aumentar el monto total del endeudamiento, es pagar más tarde”, sostuvo el economista en el material compartido por el Presidente. Bajo esta lógica, mientras el Estado mantenga el superávit fiscal, la relación deuda/PIB continúa una trayectoria descendente, reforzando la idea de solvencia.

Desde la Casa Rosada destacan que la posibilidad de acceder a nuevo financiamiento internacional constituye una señal concreta de que el mercado no percibe un riesgo inminente de default. En esa línea, fuentes del BCRA aclararon que el crédito utilizado no proviene del Fondo Monetario Internacional (FMI) y evitaron brindar precisiones sobre la tasa de interés o el plazo del nuevo préstamo.

Este movimiento se suma, además, a la cancelación de deudas con el BIS realizada a comienzos de 2024, un antecedente que el Ejecutivo utiliza para mostrar una mejora progresiva en la solvencia del Estado argentino.

Repercusiones políticas y financieras

La defensa pública de Milei busca desactivar un debate que volvió a instalarse en el mercado desde mediados de 2025, cuando distintos analistas advirtieron sobre la sostenibilidad de los compromisos externos. Para el Gobierno, el refinanciamiento confirma que la estrategia financiera se apoya en credibilidad fiscal, acceso al crédito y una administración activa de los pasivos del Banco Central.

En el plano político, el mensaje presidencial apunta a consolidar el discurso de orden macroeconómico y disciplina fiscal como ancla de estabilidad, mientras que en el plano financiero refuerza la señal de que el Ejecutivo está dispuesto a utilizar herramientas de mercado para administrar vencimientos sin recurrir a emisión monetaria ni pérdida de reservas.

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Deuda: el Gobierno pagó USD 4.300 millones con fondos propios y un REPO internacional

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El Gobierno nacional canceló vencimientos de deuda por unos USD 4.300 millones correspondientes a bonos en manos de privados y del sector público, en una operación descontada por los mercados y ejecutada con fondos del Tesoro, un crédito REPO aportado por bancos internacionales y recursos provenientes de la privatización de represas del sur. El pago reduce la incertidumbre de corto plazo, ordena el perfil de vencimientos y se articula con el programa de acumulación de divisas que ya suma unos USD 200 millones.

Radiografía del pago: composición, origen de fondos y efecto neto

Del total abonado —USD 4.218 millones—, USD 692 millones corresponden a tenencias del sector público, por lo que no implican una salida neta de dólares, al tratarse de pagos intra-sector público y potencialmente refinanciables. El neto a privados ascendió a USD 3.526 millones.

Para cubrir ese tramo, el Tesoro utilizó USD 2.300 millones provenientes de ingresos por la privatización de represas del Comahue, mientras que el remanente —entre USD 1.200 y USD 1.300 millones— se financió con un REPO. La combinación permitió cumplir en tiempo y forma sin tensiones adicionales sobre el mercado cambiario.

La operatoria fue leída como una señal de previsibilidad financiera, en tanto el pago estaba plenamente incorporado en los precios y no generó sobresaltos en la curva de bonos.

El REPO: bancos participantes, tasa y demanda superior a la prevista

El Banco Central había informado el miércoles previo el cierre de un REPO por USD 3.000 millones con plazo de poco más de un año y tasa anual del 7,4%, diseñado para sumar liquidez de manera transitoria. Las entidades participantes fueron BBVA, JP Morgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of China y Santander.

La licitación recibió ofertas por USD 4.400 millones, cerca de 50% por encima del monto buscado, lo que reflejó apetito por el instrumento y capacidad de fondeo en un contexto de normalización operativa. La tasa del 7,4% anual funcionó como ancla de referencia para el costo financiero de corto plazo.

Contexto macro y repercusiones: reservas, expectativas y mercado

En paralelo al pago, el BCRA avanza con el programa de acumulación de divisas y ya sumó alrededor de USD 200 millones, reforzando el frente de reservas. La secuencia —pago de vencimientos, uso acotado de financiamiento puente y acumulación de dólares— ordena el flujo financiero del inicio de año y reduce riesgos de rollover inmediato.

Para los tenedores privados, el cobro efectivo abre interrogantes sobre la reinversión de los fondos, mientras que para el mercado el mensaje central fue la capacidad de ejecución y la coordinación entre Tesoro y BCRA. A nivel institucional, la operación consolida una estrategia de cumplimiento con instrumentos de mercado y financiamiento transitorio, sin agregar presiones cambiarias adicionales.

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Tras el pago de bonos, la clave es si los dólares vuelven al sistema financiero

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Argentina enfrenta este viernes un pago de US$ 4.300 millones en capital e intereses de bonos de la deuda pública, un movimiento clave para la dinámica financiera de corto plazo. La atención del mercado no está puesta en el cumplimiento —ya descontado— sino en qué harán los inversores con esos fondos, especialmente los privados que concentran la mayor parte del cobro, en un contexto de Riesgo País aún elevado y con fuertes vencimientos por delante en 2026.

Cómo se distribuyen los US$ 4.300 millones y por qué importa

Del total que se paga hoy, unos US$ 700 millones están en manos de organismos públicos, por lo que el mercado descuenta que esos dólares permanecerán dentro del sistema financiero, incluso sin impacto directo sobre las reservas.

La verdadera incógnita está en el destino de los US$ 3.700 millones restantes, que corresponden a tenedores privados de bonos. Allí se concentra la expectativa sobre si habrá reinversión en activos argentinos, ya sea en bonos soberanos, instrumentos financieros locales o, en menor medida, otros activos vinculados al mercado doméstico.

Este punto es central porque, más allá del cumplimiento de los compromisos, la sostenibilidad financiera no depende solo de pagar, sino también de lograr que los dólares que salen vuelvan a circular dentro del sistema, reduciendo tensiones cambiarias y financieras.

Efecto técnico sobre los bonos y señales del mercado

Desde el mercado financiero advirtieron que en la jornada de este viernes podría registrarse una caída en el precio de los bonos argentinos, aunque aclararon que se trata de un efecto estrictamente técnico, vinculado a la modalidad del pago de capital e intereses.

Según explican operadores, este movimiento no debe interpretarse como una salida de capitales ni como un cambio en la percepción de los inversores, sino como un ajuste habitual posterior a los pagos de deuda.

Sin embargo, el contexto general sigue siendo delicado. A pesar de haber cumplido con todos los vencimientos recientes, el Riesgo País se mantiene en torno a los 580 puntos, un nivel que impide el regreso de Argentina a los mercados voluntarios de deuda y limita la capacidad de financiamiento externo en condiciones normales.

El desafío de fondo: vencimientos 2026 y riesgo soberano

La preocupación estructural del Gobierno continúa siendo el alto nivel del riesgo soberano, que no cede incluso luego de los pagos realizados. Este indicador refleja que el mercado aún percibe incertidumbre sobre la capacidad de financiamiento futuro, más allá del cumplimiento inmediato.

El dato que sobrevuela todas las decisiones es el calendario próximo: durante 2026, Argentina deberá afrontar vencimientos en moneda extranjera por más de US$ 16.300 millones. En ese marco, la reacción de los inversores privados ante el pago de hoy funciona como un termómetro clave para evaluar el grado de confianza y la posibilidad de estabilizar el frente financiero sin recurrir a nuevas fuentes extraordinarias de financiamiento.

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