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Arca garantizó la seguridad de los datos personales

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 La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) afirmó que los datos de las personas están debidamente resguardados y descartó que una supuesta filtración haya afectado las bases del organismo.

“Ante las versiones que circulan sobre una supuesta filtración de datos de ciudadanos argentinos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desmiente cualquier incidente que comprometa la seguridad de la información administrada por el organismo”, señaló el organismo.

ARCA confirmó “que no se ha detectado ningún acceso no autorizado, vulneración de sistemas ni compromiso de las bases de datos de los contribuyentes. Asimismo, se aclara que los datos presentados en la supuesta filtración no corresponden a información confidencial ni amparada por el secreto fiscal”

“Es importante destacar que el organismo monitorea de manera continua su infraestructura tecnológica y aplica las mejores prácticas en materia de protección de datos, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información”, finalizó el comunicado.

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Tras el revés en Diputados, el Presupuesto 2026 avanza en el Senado en medio de tensiones

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Con los tiempos legislativos al límite y tras el revés sufrido en la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza consiguió dictamen del Presupuesto 2026 en el Senado. El proyecto quedó listo para ser tratado en el recinto en los próximos días, en medio de negociaciones contrarreloj, advertencias de veto presidencial y un clima político enrarecido que condiciona la recta final del año parlamentario.

Luego del debut fallido de las sesiones extraordinarias en Diputados, el oficialismo aceleró en la Cámara alta. Este viernes, los libertarios y sus aliados sellaron el dictamen del Presupuesto 2026 en la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por Ezequiel Atauche, dejando el texto en condiciones de ser llevado al recinto en un plazo estimado de siete días.

Dictamen exprés tras el revés en Diputados

El Presupuesto 2026 ingresó al Senado el jueves, luego de que en la Cámara baja la oposición lograra un triunfo inesperado: el rechazo del Capítulo XI del proyecto, votado entrada la madrugada. Ese tramo incluía, en su artículo 75, la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, dos normas que el Gobierno considera incompatibles con su objetivo de equilibrio fiscal.

Desde las 10 de la mañana, la comisión recibió a funcionarios del Poder Ejecutivo que defendieron la iniciativa y su consistencia fiscal. Al igual que en Diputados, participaron Carlos Guberman, secretario de Hacienda; Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos; Valeria Sánchez, subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial; y Rodrigo Cabado, subsecretario de Presupuesto.

Tras las exposiciones, el oficialismo avanzó con la firma del dictamen sin modificaciones, replicando el texto aprobado en general por Diputados, pese a las versiones que circularon desde la Casa Rosada sobre la posibilidad de vetar el Presupuesto si se sanciona sin el capítulo rechazado.

Estrategia parlamentaria y negociaciones contrarreloj

Con el calendario en contra, el oficialismo evalúa distintas alternativas legislativas. El 31 de diciembre es la fecha límite: si el Congreso no sanciona el Presupuesto, el presidente Javier Milei deberá reconducirlo por tercer año consecutivo, una situación que el Gobierno busca evitar.

Según trascendió, una de las estrategias es llevar el proyecto al recinto tal como llegó desde Diputados, mientras se negocian cambios con senadores aliados. En ese esquema, el oficialismo apunta a reunir 44 votos, aunque no descarta apoyos puntuales de senadores del interbloque Popular, que conduce José Mayans, donde conviven legisladores cuyos gobernadores mantienen vínculos con la Casa Rosada.

Las negociaciones giran en torno a una posible reincorporación del Capítulo XI, con la duda abierta sobre si incluiría nuevamente el artículo 75. Si el Senado introduce cambios, el proyecto deberá volver a Diputados para su sanción definitiva. Allí, la Cámara baja deberá optar entre insistir con su versión original o aceptar la redacción del Senado. Por ahora, se menciona una sesión tentativa para el 29, mientras que en la Cámara alta se evalúa sesionar el viernes 26.

Qué contenía el Capítulo XI rechazado

El rechazo del Capítulo XI no solo implicó la caída de las derogaciones a las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, sino también de otras disposiciones relevantes desde el punto de vista fiscal e institucional.

Ese tramo del proyecto incluía la derogación del régimen de subsidios para las denominadas zonas frías, la eliminación de la actualización automática por IPC de las asignaciones familiares y, en paralelo, la prórroga de la Emergencia del Hospital Garrahan.

Durante el debate en Diputados, el oficialismo incorporó además dos artículos sensibles: la transferencia del 1,55% de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en línea con lo establecido por la Corte Suprema tras la disputa por los fondos vinculados al traspaso de las fuerzas de seguridad, y un incremento de partidas para el Poder Judicial.

Estos agregados, introducidos en la madrugada, funcionaron como un intento de sumar voluntades y evitar el naufragio del capítulo. La maniobra, sin embargo, no alcanzó: el Capítulo XI fue rechazado y se convirtió en el principal foco de tensión del Presupuesto 2026.

Un clima político enrarecido en la Cámara alta

El avance del Presupuesto se da en un contexto de creciente desconfianza política. A la advertencia presidencial de vetar la ley si no garantiza el equilibrio fiscal, se suma la decisión de Patricia Bullrich de postergar para febrero el debate de la Reforma Laboral, con el objetivo de evitar una eventual derrota parlamentaria.

También pesa en el Senado el malestar de los aliados por la decisión de los Menem de negociar con Unión por la Patria los nombramientos para la Auditoría General de la Nación (AGN) en Diputados, un movimiento que tensó las relaciones internas y condiciona el clima en la Cámara alta.

Con este telón de fondo, el Presupuesto 2026 avanza, pero lo hace en un terreno inestable. La próxima semana será decisiva para definir si el oficialismo logra sancionar la ley, introducir cambios de fondo o enfrentar un nuevo escenario de prórroga presupuestaria.

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La soberbia es mala consejera

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Las últimas actuaciones del oficialismo en el Congreso no pueden leerse como episodios aislados ni como simples errores de cálculo parlamentario. Lo que se observa, con creciente nitidez, es el costo político de una estrategia basada en la imposición, el desprecio por los consensos y una confianza desmedida en la capacidad de disciplinamiento. Cuando la soberbia reemplaza a la política, el resultado suele ser el mismo: retrocesos, fracturas y pérdida de control de la agenda.

La primera señal fue clara en la Cámara de Diputados. El Gobierno logró aprobar en general el Presupuesto, pero sufrió una derrota significativa al rechazarse el capítulo 11, donde se concentraban algunos de los puntos más sensibles del ajuste: la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, entre otros. A pesar de negociaciones de último momento, promesas a gobernadores y presiones internas, el oficialismo no consiguió los votos necesarios. El mensaje fue inequívoco: hay límites que ni siquiera los aliados están dispuestos a cruzar. “Este presupuesto no nos sirve”, se lamentó en privado el presidente.

Lejos de leer esa votación como una advertencia, el Ejecutivo insistió con la misma lógica en el Senado. El resultado fue inmediato. Senadores que hasta ahora habían acompañado al Gobierno se rebelaron contra el estilo de conducción de Patricia Bullrich, cuestionando el método de “latigazos” y dejando en claro que sin presupuesto aprobado en condiciones aceptables no habrá reforma laboral. La decisión de postergar el tratamiento hasta febrero no es solo una dilación técnica: es un gesto político de autonomía y, sobre todo, de hartazgo. A todo esto se sumó la masiva movilización de la CGT, que no pasó sin pena ni gloria y dejó preparado el terreno para oponerse a una reforma que va contra los derechos de los trabajadores y no generará nuevos puestos de trabajo, según lo reconocen en el propio gobierno.

Desde distintos sectores del Congreso, incluso entre quienes no se identifican con la oposición dura, la lectura es coincidente. Legisladores y asesores parlamentarios señalan que el Gobierno subestima el funcionamiento real del sistema institucional, creyendo que la épica del ajuste y la confrontación permanente alcanza para ordenar voluntades. “No alcanza con tener razón en Twitter para ganar una votación”, deslizó un senador dialoguista. Otro fue más directo: “La firmeza sin negociación es solo soberbia”. “Se terminó la espuma del triunfo electoral”, dijo el diputado Agustín Rossi.

Analistas políticos advierten que el problema no es únicamente aritmético, sino estratégico. Un gobierno que no tiene mayoría propia en el  parlamento, necesita ampliar consensos, no reducirlos. Sin embargo, la Casa Rosada, como es su costumbre, parece apostar a una dinámica de desgaste: forzar votaciones, exponer a los aliados, tensionar hasta el límite. Esa lógica puede servir en el corto plazo para marcar posiciones, pero erosiona rápidamente el capital político necesario para sostener reformas estructurales.

El caso de la reforma laboral es paradigmático. Presentada como uno de los pilares del programa económico, hoy aparece empantanada no solo por la resistencia opositora, sino por la desconfianza de quienes deberían garantizar su aprobación. Sin acuerdos previos, sin un presupuesto que ordene expectativas y con un estilo de conducción verticalista, el proyecto de reforma laboral quedó en suspenso. No por conspiraciones externas, sino por errores propios.

En política, la soberbia suele confundirse con determinación. Pero cuando el gobierno cree que gobernar es imponer y no persuadir, termina aislándose incluso de sus propios socios. Esta semana en el Congreso dejó una lección que la historia argentina ya enseñó más de una vez: sin diálogo, sin escucha y sin respeto por la dinámica institucional, la gobernabilidad se vuelve frágil.

Lo ocurrido en el Congreso no es una anécdota ni una conspiración opositora: es el resultado directo de un estilo de gobierno que confunde autoridad con prepotencia y convicción con arrogancia. La derrota parcial en Diputados y la rebelión en el Senado son dos caras de un mismo problema: un Ejecutivo que cree que puede avanzar sin construir acuerdos reales.

Gobernar no es arrasar, ni disciplinar a fuerza de amenazas simbólicas o castigos presupuestarios. Mucho menos en un sistema institucional que exige negociación permanente. Cuando incluso los aliados comienzan a decir basta, el problema deja de ser numérico y pasa a ser político. Y cuando los propios empiezan a rebelarse, la soberbia deja de ser un rasgo de estilo para convertirse en un factor de ingobernabilidad.

El oficialismo enfrenta hoy una encrucijada clara: o revisa su lógica de confrontación permanente o seguirá acumulando derrotas, aun teniendo la iniciativa y la agenda. Porque en política, como vuelve a demostrar esta semana, la soberbia no solo es una mala consejera: suele ser el prólogo del fracaso.

El oficialismo todavía está a tiempo de corregir el rumbo. Pero para eso debería asumir algo elemental: la soberbia no es una estrategia, es un obstáculo. Y en el Congreso, como en la política en general, suele ser una muy mala consejera.

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Con Reforma Laboral a un lado, Javier Milei enfrenta jornada clave por Presupuesto 2026

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La Cámara de Senadores se prepara para un viernes caliente cargado de discusión parlamentaria con el inicio del tratamiento en comisión del Presupuesto 2026 y de la reforma del Régimen Penal Tributario. El gobierno de Javier Milei llega a la Cámara alta con la decisión tomada de introducir modificaciones al texto aprobado en general por Diputados.

Desde el oficialismo anticiparon que la estrategia será insistir con cambios para reordenar las cuentas.

Puertas adentro del Poder Ejecutivo, la lectura es más cruda. Fuentes oficiales ya habían anticipado la intención de enviar reformas a la Cámara alta para asegurar el equilibrio fiscal del Presupuesto. Tal como quedó redactada la ley, en la Casa Rosada consideran que no es viable cumplir con la meta de déficit cero en 2026, motivo por el cual el Senado aparece como la última instancia para corregir el rumbo antes de evaluar un eventual veto.

Reacción tras el golpe político

El rechazo en Diputados a la derogación de las normas de discapacidad y universidades fue un golpe político para el oficialismo. Se trató de la tercera derrota consecutiva en ambos temas, luego de la sanción original de las leyes, el veto presidencial y la posterior insistencia opositora para restituir su vigencia. En ese contexto, el capítulo 11 se convirtió en el principal punto de conflicto del debate presupuestario.

Antes del debate presupuestario, la comisión de Justicia y Asuntos Penales buscará emitir dictamen sobre la reforma del Régimen Penal Tributario. El proyecto, que obtuvo media sanción en Diputados, propone un cambio profundo en los criterios para configurar delitos de evasión y en los mecanismos de fiscalización.

El debate formal en el Senado comienza este viernes y el objetivo del bloque de La Libertad Avanza es lograr dictamen de comisión para dejar el texto listo y llevarlo al recinto la próxima semana. Para obtener una victoria, en el Ejecutivo decidieron atrasar el tratamiento de la reforma laboral que debate la Cámara Alta, para que llegue al recinto recién en febrero.

Reforma laboral: el Gobierno decidió cambiar el proyecto original y postergar su debate para febrero

Tampoco en el Senado el Gobierno pudo concretar su estrategia legislativa al pie de la letra: luego de una extensa jornada de expositores informativos en la que se iba garantizar el dictamen mayoritario de reforma laboral, anunció que prorrogará su tratamiento en sesión para una segunda etapa de las sesiones extraordinarias, en el mes de febrero. Su objetivo inicial era obtener una media sanción la próxima semana. Ahora el oficialismo priorizará la aprobación del Presupuesto 2026 e insistiría con el capítulo 11 rechazado en Diputados.

“Vamos a firmar un dictamen abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero“, explicó Patricia Bullrich, titular de la Comisión de Trabajo del Senado, en medio del Plenario legislativo en conjunto con la Comisión de Presupuesto que trabajaba para apurar el dictamen. “Este ha sido el pedido de muchos sectores de poder trabajar esta ley, en vez de discutirla el día 26 de diciembre”, agregó la exministra, que explicó que esa fecha se destinaría a la votación del proyecto de Presupuesto 2026 y de Presunción de Inocencia Fiscal sancionadas por la madrugada en Diputados.

Ahora el plan del Gobierno es alcanzar dictamen del proyecto de Presupuesto 2026 este viernes 19 de diciembre a las 10 horas, en una reunión de comisiones. A partir de allí, precisarían aprobar la iniciativa en el Senado en los cinco días hábiles que le restan, considerando que su propuesta original no logró avanzar en Diputados tras la caída de un capítulo completo.

Es por eso que intentarán volverlo a introducir ese capítulo en el debate de la Cámara alta, lo que implica un tratamiento a contrarreloj: de tratarse el 26 de diciembre, Diputados tendría dos días hábiles para dictaminar nuevamente el mismo proyecto y sancionarlo en el recinto, intentando que la sesión no se extienda más allá de la medianoche porque las extraordinarias fueron convocadas hasta el 30 de diciembre. En caso de que no pueda aprobar el proyecto en lo que queda del año, Casa Rosada debería tomar la decisión de prorrogar el Presupuesto 2023 por un período de tiempo más.

“Es bueno que se prorrogue el debate y que no se cierre tan express como se venía intentando y que se escuche”, destacó el senador Mariano Recalde (Fuerza Patria), aunque se lamentó porque “el dictamen no recoge ninguna observación ni ningún planteo, siquiera lo que ustedes consideraron aceptables”.

Reforma laboral: marcha de la CGT en simultáneo

La prórroga del tratamiento de la reforma laboral se definió horas después de una marcha de la Confederación General del Trabajo en Plaza de Mayo, que formó parte de un “plan de resistencia programada”, según plantearon en la central obrera. Desde ese organismo, también advirtieron por la posibilidad de un paro nacional en caso de que se avance el proyecto sin modificaciones.

Un miembro de la conducción sindical atribuyó la decisión oficialista a “la presión de CGT sobre los senadores, el efecto de la movilización y los errores nos forzados del oficialismo. Además de los cuestionamientos generalizados en la comisión”. “Ahora empieza otro partido“, agregaron. Un legislador peronista que también forma parte de la dirigencia gremial explicó en qué momento se rompieron los puentes con Casa Rosada: “Con Guillermo Francos se hablaba bien. Después venía Santiago Caputo y… más o menos. Pero llegaba Sturzenegger y se pudría todo”. Su testimonio subraya las tensiones que subsisten dentro de la gestión nacional acerca del tipo de vínculo que deben tener contra el gremialismo nacional.

Desde la conducción sindical, en conjunto con los bloques legislativos justicialistas, insisten con su plan inicial de ocho puntos para la reforma laboral: reducción paulatina de la jornada laboral, recomposición salarial, garantías para trabajadores de plataformas, articulación de convenios colectivos, participación en las ganancias de grandes empresas, derecho a la desconexión digital, creación de comités de salud y seguridad en las compañías y aumento de la licencia parental. Estos últimos dos apartados tuvieron dictamen en 2023, con otro oficialismo nacional.

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Científicos advierten sobre los combustibles fósiles

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La evidencia es clara: los combustibles fósiles, así como su industria y sus facilitadores, están impulsando una multitud de crisis interrelacionadas que ponen en peligro la amplitud y la estabilidad de la vida de la Tierra

Un equipo de científicos de la Alianza de Científicos Mundiales (AWS por sus siglas en inglés), investigadores de prestigiosas universidades, cuyo autor principal es el Prof. Shaye Woolf, nos advierten sobre; “Cada etapa del ciclo de vida de los combustibles fósiles (extracción, procesamiento, transporte y combustión o conversión a productos petroquímicos) emiten gases de efecto invernadero que calientan el planeta y contaminantes perjudiciales para la salud, además de causar una degradación ambiental generalizada”.

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió en 2023 que los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) son “incompatibles con la supervivencia humana” y que los gobiernos deben tomar medidas urgentes para eliminarlos gradualmente e impulsar la transición a las energías renovables para evitar una catástrofe.

Esta dura advertencia se basó en la vasta base de evidencia científica, construida durante décadas, que establece los daños generalizados y devastadores de los combustibles fósiles y la necesidad urgente de una eliminación gradual de estos combustibles, incluida una transición justa a alternativas limpias para proteger a las personas y al planeta.

Desde la década de 1980, miles de estudios publicados han sido sintetizados en informes masivos por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y otros organismos de investigación, que confirman el consenso científico sobre el cambio climático y documentan los crecientes daños de la crisis climática impulsada por los combustibles fósiles.

A medida que ha aumentado la evidencia sobre los peligros de los combustibles fósiles, ha surgido una serie de soluciones para reemplazarlos. Se han desarrollado fuentes de energía renovable limpias y rentables y materiales alternativos en toda la economía, lo que hace posible la electrificación en la mayoría de los sectores y facilita colectivamente una transición justa para abandonar los combustibles fósiles.

La energía renovable de la energía solar fotovoltaica (PV) y la energía eólica terrestre es mucho menos costosa que la electricidad generada con combustibles fósiles.

Una transición a la energía limpia generaría billones de dólares en beneficios para la salud y el medio ambiente, al tiempo que impulsaría la creación de empleos y las economías en todo el mundo.

A pesar de la evidencia contundente y la disponibilidad de energía limpia y renovable, las medidas gubernamentales para limitar el uso de combustibles fósiles han sido lentas e insuficientes. Las empresas de combustibles fósiles aún reciben subsidios gubernamentales masivos, y los gobiernos continúan expandiendo la producción e infraestructura de combustibles fósiles, por lo tanto las emisiones globales de combustibles fósiles siguen aumentando.

Los llamados a una eliminación gradual equitativa requieren que los países reduzcan la producción y el uso de combustibles fósiles con el tiempo a cero, basándose en varios principios básicos.

La eliminación gradual de los combustibles fósiles debe basarse en la equidad. Los países ricos, con mayor responsabilidad por las emisiones de combustibles fósiles y con mayor capacidad de acción, son los más responsables de una acción climática ambiciosa, que incluye una financiación climática significativa y apoyo a los países más pobres.

La transición debe venir acompañada de salvaguardas para minimizar los daños a las comunidades, los trabajadores y el medio ambiente.

En los últimos años han descubierto campañas de desinformación durante varias décadas con un costo de miles de millones de dólares librada por la industria fósil y sus aliados para minimizar o negar los daños de sus productos y retrasar la acción para eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Exponer esta desinformación ha sido fundamental para ayudar a los científicos, a los responsables de las políticas y al público a comprender por qué se han estancado las acciones para abandonar los combustibles fósiles.

Los científicos se centraron en cinco categorías principales de daños socioeconómicos y ambientales de los combustibles fósiles:

1.-la crisis climática, impulsada principalmente por las emisiones de combustibles fósiles;
2.-daños a la salud pública,
3.-injusticia ambiental,
4.-pérdida de biodiversidad impulsada por el cambio climático, la contaminación y la degradación ambiental impulsados ​​por combustibles fósiles; y
5.-contaminación petroquímica, con un enfoque en plásticos y agroquímicos.

Crisis climática

Los combustibles fósiles son, sin duda, el motor de la crisis climática global. Diversas evaluaciones científicas han demostrado reiteradamente que los gobiernos deben eliminar progresivamente y con rapidez la producción y el uso de combustibles fósiles para prevenir daños catastróficos.

La producción y la combustión de petróleo, gas y carbón son responsables de casi el 90 % de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) de origen humano y de aproximadamente el 79 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero.
Las emisiones de combustibles fósiles están calentando rápidamente el clima, acidificando los océanos y propiciando desastres climáticos sin precedentes, como la intensificación de huracanes, olas de calor, sequías, inundaciones e incendios extremos, entre otros fenómenos climáticos extremos.

Cada aumento en la contaminación por combustibles fósiles empuja al mundo hacia puntos de inflexión peligrosos que amenazan “el bienestar humano y la salud planetaria”.

La falta de voluntad política para implementar las medidas climáticas necesarias ha hecho que el punto de referencia de 1,5 °C sea casi imposible de alcanzar sin sobrepasar el límite. Debido a que cada fracción de grado importa para evitar daños devastadores, limitar el calentamiento lo más cerca posible de 1,5 °C (y minimizar la cantidad y la duración del sobrepaso) es crucial.

El Director Ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés), Dr. en economía energética, Fatih Birol advirtió: «Si los gobiernos se toman en serio la crisis climática, no puede haber nuevas inversiones en petróleo, gas y carbón, a partir de ahora, a partir de este año».

Los EE. UU., han producido más petróleo crudo que cualquier otra nación en la historia cada año durante los últimos seis años y produce más gas metano fósil que cualquier otro país, con planes para extraer más del doble de combustible fósil en 2030 alimentando la crisis climática en el país y en el mundo.

Al asumir el cargo en enero de 2025, la segunda administración Trump ordenó a las agencias federales expandir agresivamente la producción de combustibles fósiles, impulsar la desregulación de la industria y revertir la política climática, mientras continuaba negando la realidad del cambio climático y retiraba a Estados Unidos del Acuerdo de París.

Conclusión

El impulso para la eliminación gradual de los combustibles fósiles está creciendo en todo el mundo.

Se debe acelerar la transición de los combustibles fósiles a energías limpias y renovables urgentemente. Afortunadamente, ya existen alternativas equitativas, asequibles y limpias en diversos sectores que pueden reemplazar los combustibles fósiles, protegiendo a las personas y al planeta.

Se debe construir poder político en la sección transversal más amplia posible de personas que sufren graves daños sociales, económicos, sanitarios, ambientales y climáticos por parte de la industria de los combustibles fósiles; es esencial para presionar a los gobiernos para que adopten políticas que restrinjan la influencia financiera y política expansiva y arraigada de las industrias del petróleo, el gas, el carbón y la petroquímica.

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