Argentina redujo su deuda bruta por uso de fondos del FMI: menos dólares y más deuda en pesos

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La deuda pública bruta de Argentina cayó a US$ 461.019 millones en mayo tras una operación con el FMI y el BCRA

El descenso de US$ 11.901 millones se explica por la cancelación de Letras Intransferibles del Tesoro con el Banco Central, utilizando fondos del FMI. La deuda en moneda extranjera se redujo, mientras creció la nominada en pesos.

La deuda pública bruta de Argentina alcanzó los US$ 461.019 millones en mayo de 2025, lo que representó una reducción de US$ 11.901 millones respecto al mes anterior, según informó el Ministerio de Economía. La baja fue consecuencia directa de la cancelación de Letras Intransferibles que el Tesoro mantenía con el Banco Central, financiada con los fondos del préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), desembolsado el 14 de abril y contabilizado en mayo.

Composición de la deuda: menos dólares, más pesos

La reducción total de deuda se vio reflejada principalmente en la disminución de pasivos en moneda extranjera, que bajaron en US$ 13.058 millones, mientras que la deuda en moneda local aumentó en el equivalente a US$ 1.155 millones.

El informe oficial detalla que el 44% del stock de deuda en situación de pago normal está denominado en moneda local, mientras que el 56% restante está en divisas extranjeras, incluyendo dólares, euros, DEG, yenes y otras monedas. No obstante, se aclara que los bonos en dólares cuya amortización se paga en pesos (como el BONTE 2030) se computan como deuda en moneda local.

Radiografía del stock: fuerte peso de títulos públicos

A mayo de 2025, el 77,8% del total de la deuda bruta correspondía a Títulos y Letras del Tesoro Nacional. Dentro de ese universo:

  • US$ 198.200 millones estaban emitidos en moneda local (43,2% del total).
  • US$ 158.494 millones estaban emitidos en moneda extranjera (34,6%).

Las obligaciones con acreedores externos oficiales (principalmente multilaterales y bilaterales) representaban el 20,6% del stock, con US$ 94.636 millones en divisas.

El resto se distribuyó entre:

  • Adelantos Transitorios del BCRA por US$ 3.423 millones (0,8%) en pesos.
  • Otros instrumentos financieros, con US$ 2.056 millones en moneda local y US$ 1.712 millones en moneda extranjera.

Evolución anual y acumulada: impacto del ajuste financiero

En los últimos 12 meses, la deuda bruta en situación de pago normal creció en US$ 25.273 millones. El aumento estuvo explicado casi exclusivamente por emisiones en moneda local, que crecieron US$ 25.105 millones, frente a un leve incremento de US$ 168 millones en deuda externa.

Sin embargo, al observar la variación acumulada en lo que va de 2025 hasta mayo, se registra una caída total de US$ 5.902 millones en la deuda bruta, gracias al efecto de la operación de cancelación con el BCRA.

La operación con el FMI permitió un alivio nominal en el stock de deuda, con impacto en los indicadores de sostenibilidad, aunque no modifica el volumen global de compromisos asumidos por el Estado. El aumento del peso relativo de la deuda en moneda local sugiere una estrategia de desdolarización parcial del endeudamiento, aunque sujeta a las condiciones del mercado doméstico.

La evolución de la deuda pública seguirá bajo análisis atento por parte de inversores y organismos internacionales, especialmente en un contexto de alta volatilidad macroeconómica y con nuevas metas fiscales y monetarias en discusión con el FMI.

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El Gobierno consiguió USD 500 millones para las reservas con el bono en pesos que se suscribe en dólares

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La colocación del Bonte 2030 concentró buena parte de la demanda en la última licitación del Tesoro

En una nueva licitación de deuda en pesos, la Secretaría de Finanzas adjudicó $6,37 billones, tras recibir ofertas por casi 8 billones de pesos. El resultado le permitió al Gobierno renovar vencimientos y captar financiamiento neto, en medio de un escenario de desinflación y tasas reales positivas.

De acuerdo con el detalle oficial, se presentaron 4.159 ofertas por un total de valor efectivo de $7,996 billones, de las cuales se adjudicaron $6,367 billones. La operación incluyó tanto letras como bonos del Tesoro en pesos, con vencimientos que van desde julio de este año hasta mayo de 2030.

“Esto significa un rollover de 167,59% sobre los vencimientos del día de la fecha y 151,98% si se excluye lo adjudicado en la reapertura del Bonte. El excedente de $1,975 billones será depositado en la cuenta del Tesoro en el BCRA”, explicó el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en su cuenta de X.

La reapertura del Bonte 2030 (TY30P), un bono a tasa fija en pesos con vencimiento en mayo de ese año, tuvo una demanda significativa. Se adjudicaron USD 500 millones (equivalentes a $543.807 millones), aplicando un factor de prorrateo del 24,8%. La tasa de corte fue del 28,46%, la más baja de toda la licitación.

El valor efectivo de esta colocación se computó en pesos al tipo de cambio de referencia de $1.185,50 por dólar, según la Comunicación “A” 3500 del BCRA del 12 de junio.

En esta oportunidad, consiguió colocar títulos por un total de $6,36 billones luego de haber recibido propuestas por $7,8 billones.

Si bien el resultado es importante desde la cantidad, el Palacio de Hacienda está tomando deuda algo cara si se tiene en cuenta los datos de la inflación. En el caso de los pesos se colocaron:

LECAP:

  • 10 de julio (S10L5) $2,826 billones a 2,58% TEM / 35,75% TIREA
  • 15 de agosto (S15G5) $1,139 billones a 2,60% TEM / 36,11% TIREA
  • 12 de septiembre (S12S5) $0,725 billones a 2,54% TEM / 35,18% TIREA
  • 28 de noviembre (S28N5) $0,544 billones a 2,36% TEM / 32,32% TIREA

BONCAP:

  • 30 de enero de 2026 (T30E6) $0,289 billones a 2,37% TEM / 32,44% TIREA
  • 30 de junio de 2026 (T30J6) $0,251 billones a 2,24% TEM / 30,45% TIREA

Los datos indican que el Gobierno se está financiando en pesos a tasas que van del 30% para los tramos largos al 36% en las partes cortas. Esto daría tasas del orden del 2% mensual, frente a un escenario de desinflación. Como resultado de la operación sobraron $1,9 billones que se depositarán en el BCRA.

Por el lado del Bonte 2030 que aportó unos u$s500 millones, que irán para las reservas del Banco Central. La Secretaría de Finanzas informó que se recibieron 303 ofertas por un total de $1,2 billones (u$s1.098 millones)

Fue adjudicado el máximo ofertado por $0,593 billones equivalente a u$s500 millones a una tasa del 28,46% lo que implica una leve baja respecto de la primera colocación que llegó al 29%.

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Privatizada por Milei, IMPSA busca reperfilar su deuda millonaria sin quita de capital

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IMPSA inicia una reestructuración clave de su deuda millonaria tras la privatización. El fondo norteamericano IAF busca reperfilar pasivos por más de USD 180 millones sin quita de capital, como parte del proceso de transformación de la metalúrgica mendocina.

Reperfilar sin quita: el nuevo plan financiero de IMPSA bajo control privado

A seis meses de concretarse su privatización, la emblemática empresa metalúrgica IMPSA avanza con un ambicioso plan de reestructuración de su deuda financiera por más de USD 180 millones, ahora bajo control del fondo estadounidense Industrial Acquisitions Fund LLC (IAF). Se trata del primer proceso de privatización impulsado por la gestión de Javier Milei, que marcó un hito en el giro económico del gobierno hacia una mayor desregulación del Estado.

El nuevo esquema financiero, formalizado mediante la presentación de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) ante la Justicia de Mendoza, contempla un reperfilamiento ordenado de la deuda sin quitas de capital y con una extensión de plazos hasta 2044.

La nueva arquitectura financiera: sin quitas, con intereses capitalizables

Según lo informado por IMPSA a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el entendimiento alcanzado con los principales acreedores contempla:

  • Canje 1:1 de deuda elegible, mediante nuevos instrumentos denominados en dólares (bonos internacionales, ON privadas y públicas, préstamos bilaterales).
  • Amortización en 9 cuotas anuales desde diciembre de 2036 hasta 2044.
  • Intereses del 1,5% anual: capitalizables hasta 2027; mixtos entre efectivo y capital entre 2028 y 2032; y totalmente en efectivo desde 2033.

Este modelo busca ordenar el flujo financiero de la empresa sin deteriorar el valor nominal de los títulos existentes, garantizando así un trato igualitario (pari passu) entre todos los acreedores.

Un pasado con peso: la deuda y la estatización fallida

IMPSA, fundada hace más de un siglo por la familia Pescarmona, fue rescatada por el Estado en 2021 tras acumular una deuda cercana a los USD 550 millones, con riesgo de quiebra. La estatización distribuyó su capital entre el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), la provincia de Mendoza y acreedores financieros.

Sin embargo, la gestión pública no logró revertir la situación crítica de la empresa. En febrero de este año, el fondo IAF adquirió por USD 20 millones el paquete accionario estatal, comprometiéndose a capitalizarla con otros USD 27 millones y reestructurar sus pasivos.

Deuda con actores públicos y privados

Entre los principales acreedores se destacan:

  • Organismos multilaterales: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF y Export Development Canada.
  • Entidades financieras locales: Banco Nación, Bapro, BICE, Banco Hipotecario.
  • Fondos de inversión y bonistas: Bradesco y Moneda Asset Management, entre otros.

El nuevo APE consolida compromisos asumidos en 2020, cuando IMPSA ya había ensayado una reestructuración con vencimientos desde 2025 a 2036, que luego fue reprogramada tras el cambio de control accionario.

“La intención es mantener el pari passu entre los acreedores y asegurar que la reestructuración devenga vinculante para todos”, señala la comunicación oficial presentada por IMPSA ante la CNV. El proceso permitirá a la empresa “mejorar su perfil financiero, optimizar el flujo de caja y consolidarse como proveedor industrial estratégico para América Latina”, remarcaron desde el directorio.

Un activo estratégico con potencial energético global

La apuesta del fondo IAF no se limita a sanear balances. El plan de transformación contempla potenciar la capacidad industrial y exportadora de IMPSA, cuya ingeniería en turbinas hidroeléctricas, componentes para reactores nucleares y equipamiento para petróleo y energía la posiciona como uno de los jugadores tecnológicos más relevantes de la región.

En palabras del nuevo management, la “normalización de los pasivos es esencial para explotar el potencial competitivo de IMPSA, generar empleo calificado y contribuir al desarrollo energético soberano”.

La evolución del proceso de reperfilamiento será clave para medir la efectividad del nuevo paradigma privatizador impulsado por la administración Milei. IMPSA es, hasta ahora, la única empresa pública transferida al sector privado, en un contexto en el que el gobierno busca ampliar ese esquema a otras compañías estatales.

El caso podría sentar precedente sobre el futuro de firmas como Aerolíneas Argentinas, Télam o el Correo Argentino, al demostrar —o no— que la participación privada puede revertir crisis estructurales sin afectar el interés estratégico nacional.

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La CNV flexibiliza restricciones para bonos en dólares: nuevas condiciones para transferencias al exterior

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) flexibiliza el cepo sobre bonos soberanos: podrán transferirse al exterior títulos con vencimiento mínimo de 180 días

La nueva resolución habilita la libre transferencia de bonos del Tesoro colocados en licitaciones primarias siempre que tengan vencimientos superiores a seis meses. Es parte del esquema de normalización del mercado de cambios en línea con la fase 3 del plan económico.

Cambios en la normativa: flexibilización parcial al cepo de bonos

La Comisión Nacional de Valores (CNV) oficializó este miércoles una modificación clave en la regulación de operaciones de títulos públicos con liquidación en moneda extranjera, mediante la Resolución General 1068/2025. La nueva normativa permite que se transfieran al exterior —sin restricciones— los bonos del Tesoro Nacional con vencimientos no inferiores a 180 días, siempre que hayan sido adquiridos en colocaciones primarias.

Esta flexibilización fue solicitada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) como parte del avance de la fase 3 del programa económico, que contempla un régimen cambiario más flexible y bandas de flotación, tras los lineamientos publicados por la entidad monetaria en la Comunicación “A” 8226.

Límites operativos y excepciones

La modificación del artículo 6° TER de las Normas de la CNV (Texto Ordenado 2013 y sus modificatorias) mantiene un control estricto sobre el volumen de operaciones diarias en pesos:

  • Se establece un tope de 200 millones de pesos por día para clientes individuales o intermediarios que operen por cuenta de terceros.
  • Se deberá verificar la identidad del cliente, la titularidad de los fondos y la finalidad de la operación.

Pero ahora quedan exceptuadas de ese límite:

  • Las transferencias de bonos soberanos con vencimientos superiores a 180 días desde su emisión.
  • Las emisiones primarias de Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) del BCRA.
  • Las conversiones entre acciones y certificados de depósito argentinos (CEDEARs) o estadounidenses (ADRs), cuando implique operaciones respaldadas por procesos de colocación primaria.

También se libera el tope en operaciones de fondos comunes de inversión en moneda extranjera, cuando estas se realicen para responder a rescates de cuotapartistas.

Contexto: salida gradual del régimen de controles financieros

Desde 2019, bajo un régimen de control de capitales reforzado, la CNV emitió más de 25 resoluciones generales para limitar la operatoria con activos financieros dolarizados. Estas restricciones respondían a las condiciones de alta volatilidad cambiaria, necesidad de resguardar reservas internacionales y evitar maniobras especulativas mediante arbitrajes de bonos.

Con la estabilización de variables macroeconómicas y el compromiso oficial con el “déficit cero”, el Gobierno busca recomponer la confianza del mercado y facilitar las operaciones financieras bajo criterios de mayor previsibilidad. El levantamiento parcial de este “cepo financiero” busca reactivar el ingreso de capitales de portafolio y mejorar la profundidad del mercado secundario.

Según consta en los considerandos de la norma, la CNV justificó la flexibilización en la necesidad de “continuar con el proceso de normalización del mercado de capitales”, en línea con las medidas de política monetaria y cambiaria adoptadas por el BCRA. El nuevo esquema “contribuye a reducir la volatilidad financiera y al fortalecimiento de la economía real”.

La actualización normativa representa un paso técnico relevante hacia una operatoria más transparente, líquida y competitiva para los instrumentos de deuda soberana, favoreciendo a inversores institucionales —tanto locales como extranjeros— que buscan previsibilidad jurídica para transferencias internacionales de activos.

Este avance podría traducirse en una mejora del financiamiento soberano en el mercado primario, al reducir el riesgo de “encierro” de los bonos en la plaza local. También se espera que contribuya al objetivo del Gobierno de reforzar la estabilidad del tipo de cambio financiero y fortalecer la transición hacia un mercado más desregulado, aunque bajo monitoreo.

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Con aval del FMI, Honduras fortalece su economía y suma USD 485 millones en desembolsos

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El FMI desembolsa USD 160 millones a Honduras tras aprobar la tercera revisión del acuerdo financiero

El Fondo Monetario Internacional destacó el desempeño macroeconómico de Honduras y el cumplimiento de metas fiscales y estructurales. El total desembolsado hasta ahora asciende a USD 485 millones.

Fuerte respaldo del FMI a Honduras: tercera revisión superada con éxito

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó este 11 de junio la tercera revisión de los acuerdos firmados con Honduras en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA). El aval del organismo habilita un nuevo desembolso inmediato de aproximadamente USD 160 millones (DEG 117,6 millones), elevando a USD 485 millones el total transferido desde la firma del acuerdo en septiembre de 2023.

Los acuerdos, que alcanzan los USD 850 millones (DEG 624,5 millones) a lo largo de 36 meses, buscan afianzar la estabilidad macroeconómica del país centroamericano, impulsar el gasto social y sostener reformas clave en sectores estratégicos como el energético.

Clima fiscal positivo y reformas en ejecución

Según el comunicado oficial del FMI, Honduras cumplió todos los objetivos cuantitativos para diciembre de 2024 y tres metas estructurales clave hasta mayo de 2025: la aprobación de un manual de programación presupuestaria, el lanzamiento de un portal digital de inversiones y un diagnóstico del sistema de asignación de divisas. Además, avanzó en otras tres reformas previstas en el programa.

A nivel fiscal, el país cerró 2024 con un déficit del 1% del PBI —mejor al proyectado—, mientras que para 2025 se prevé un leve aumento al 1,5%. En paralelo, la inflación se ubicó cerca del objetivo del 4% y las reservas internacionales se fortalecieron, apuntaladas por el ingreso de divisas, la suba del precio del café y el flujo constante de remesas.

Recalibración monetaria y energética

El informe técnico del FMI elogió la “recalibración decisiva” de las políticas monetaria y cambiaria, las cuales fortalecieron la competitividad externa, permitieron acumular reservas y estabilizaron el mercado cambiario. Este rediseño, junto con el compromiso de contener el gasto no productivo —clave en un año electoral—, permitió mejorar la eficiencia del sistema de asignación de divisas.

En cuanto al sector energético, la entidad internacional subrayó que las inversiones en transmisión y distribución, junto con una mejor coordinación estatal, están reduciendo las pérdidas operativas y los atrasos de pago. Estas mejoras refuerzan la sostenibilidad financiera de la empresa estatal, disminuyen riesgos fiscales y favorecen el crecimiento de mediano plazo.

Declaraciones del FMI: estabilidad en año electoral

La primera subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, destacó el compromiso de las autoridades hondureñas con el programa y afirmó:

“La prudencia fiscal sigue siendo un pilar de la agenda oficial, clave para liberar espacio al gasto social y preservar la sostenibilidad de la deuda. Es esencial contener el gasto no productivo para anclar la estabilidad en este año electoral.”

Asimismo, enfatizó que las reformas estructurales, especialmente en gobernanza y transparencia, son fundamentales para atraer inversión privada, generar empleo y combatir la corrupción. El fortalecimiento institucional, la mejora del clima de negocios y la lucha contra el lavado de activos son otros de los pilares observados favorablemente por el organismo.

Proyecciones económicas y agenda futura

La economía hondureña, que creció un 3,6% en 2024, proyecta una expansión del 3,5% en 2025, impulsada por una mejora en los términos de intercambio y la normalización de las condiciones climáticas. Las autoridades deberán ahora sostener la disciplina fiscal y profundizar las reformas, en un contexto internacional de incertidumbre marcada por tensiones migratorias y cambios en políticas comerciales globales.

El FMI reiteró que la agilidad en la implementación de políticas y la continuidad en la ejecución del programa serán determinantes para mantener la confianza y estabilidad alcanzadas.

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