El Ministerio de Capital Humano advirtió que los resultados de las evaluaciones educativas PISA 2025 muestran una caída de los aprendizajes de los estudiantes argentinos “en Ciencias, Lectura y Matemática”, pero responsabilizó por el retroceso a las políticas educativas implementadas durante las “gestiones anteriores”.
“Si bien los resultados se inscriben en una tendencia global de estancamiento y descenso, en la Argentina el retroceso se produce sobre un punto de partida que ya era bajo y evidencia una situación crítica en los aprendizajes“, expresó el ministerio encabezado por Sandra Pettovello en un comunicado.
A través de la Secretaría de Educación, la cartera sostuvo que los datos reflejan los aprendizajes acumulados luego de 12 años de escolaridad y, por lo tanto, contemplan el recorrido de estudiantes cuyas “trayectorias escolares comenzaron en 2013”.
Según informó el Gobierno, los resultados argentinos se encuentran dentro de una “tendencia internacional de estancamiento y descenso”, aunque señaló que en el país el retroceso se produjo desde niveles que ya eran bajos.
“Los datos evidencian una situación crítica en los aprendizajes”, afirmó Capital Humano, que consideró que la tendencia mundial “no explica por sí sola la magnitud de la caída en Argentina”.
En ese sentido, el Ministerio apuntó directamente contra una “cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas”, y afirmó que el estado actual de la educación es consecuencia de una “cultura educativa instaurada durante años”, cuyas medidas “deterioraron cada sector del sistema”.
Capital Humano indicó además que los resultados globales de PISA 2025 fueron los más bajos desde la primera edición del programa, realizada en 2000 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y que la caída y el estancamiento alcanzaron a gran parte de América Latina.
De acuerdo con la información oficial, Lectura fue el área que presentó el descenso más pronunciado a nivel mundial, particularmente en las habilidades de mayor complejidad.
La OCDE detectó además un fenómeno que denominó “lectores apresurados”, referido a estudiantes que contestan las evaluaciones de manera rápida e incorrecta. Según el organismo, ese comportamiento casi se duplicó entre 2018 y 2025.
Los aprendizajes que no se consolidan durante la primaria condicionan el desempeño en el nivel secundario. Fortalecer las bases es el primer paso para mejorar la educación.
Luego de conocerse los resultados de la evaluación PISA 2025, el Ministerio de Capital Humano reafirma el… pic.twitter.com/RPJfqvd1go
Ante ese escenario, el Gobierno destacó la implementación del Plan Nacional de Alfabetización y del Plan Nacional de Matemática como parte de las políticas destinadas a revertir los problemas de aprendizaje.
El primero tiene como objetivo fortalecer desde los primeros años la capacidad de los alumnos para leer, comprender y producir textos acordes con su edad, mientras que el segundo apunta a mejorar las capacidades matemáticas y numéricas de los estudiantes.
Las pruebas PISA se realizan cada tres años y evalúan los conocimientos y capacidades de estudiantes de 15 años en Matemática, Lectura y Ciencias. En la Argentina fueron evaluados 11.200 estudiantes pertenecientes a 413 escuelas de todo el país.
El Centro de Estudios UIA (CEU) dio a conocer los resultados de su tercera encuesta del año, realizada sobre una muestra de más de 600 empresas, que reflejó una profundización en el deterioro de la actividad industrial durante el mes de julio.
La contracción del consumo local se mantiene como el obstáculo central para el desarrollo del sector productivo, se indicó luego del cruce que la UIA protagonizó con el Gobierno la semana pasada en el marco del Día de la Industria.
De acuerdo con el relevamiento, “la debilidad de la demanda interna” impactó de manera directa en los indicadores operativos de la industria:
El 50% de las empresas encuestadas registró caídas en sus ventas en el mercado local, mientras que el 42,9% redujo su producción respecto a mediciones previas.
El escenario resultó sensiblemente más complejo para las micro y pequeñas empresas, donde las caídas en las ventas alcanzaron al 54,8% de los establecimientos y la baja en los niveles de producción afectó al 47,8%.
A la desaceleración del volumen de actividad se sumó un incremento continuado en los costos operativos, con un protagonismo creciente de los servicios energéticos.
Compromiso financiero, perspectivas de empleo y competencia desleal
El estudio de la UIA señaló que el estancamiento de la actividad comercial comenzó a erosionar la salud financiera del entramado industrial y sus proyecciones de inversión.
El 47,6% de las industrias enfrentó complicaciones para afrontar al menos uno de sus compromisos financieros habituales, mientras que un 9,2% de las firmas registró dificultades simultáneas para cubrir la totalidad de sus pagos.
De cara al próximo año, solo el 16,9% de las empresas proyecta incrementar su plantilla de personal, en contraste con un 27,5% que prevé reducir su nómina de trabajadores, se indicó en el informe.
En un bloque especial incluido en el estudio, el 60% de los industriales (6 de cada 10) afirmó que la competencia desleal genera un impacto “alto o muy alto” en su negocio, afectando severamente los márgenes de rentabilidad y la cuota de mercado.
Por Isidro Guardarucci / FIEL – La discusión fiscal empieza a moverse desde la administración cotidiana de la caja hacia las reglas que deberían ordenar los próximos años. En pocas semanas confluyeron tres iniciativas de distinto alcance: una reforma que busca facilitar la formalización de ahorros y contribuyentes, otra que intenta cerrar el financiamiento monetario del Tesoro y un Presupuesto 2027 que deberá regir durante el año electoral. En conjunto, plantean una pregunta más ambiciosa que la de sostener un superávit mensual: qué instituciones necesita la Argentina para dejar atrás un régimen de impuestos altos, informalidad y emisión recurrente para financiar al fisco.
La apuesta tiene una lógica. Una base tributaria más amplia podría permitir que el Estado recaude sin descansar tanto en alícuotas elevadas y tributos distorsivos. Un Banco Central impedido de financiar directamente al Tesoro reduciría el riesgo de que el desequilibrio fiscal vuelva a convertirse en emisión e imposición del poco deseable impuesto inflacionario. Y un presupuesto aprobado debería transformar esos principios en decisiones concretas de ingresos, gastos y financiamiento. El desafío es que las tres piezas se sostengan entre sí: formalizar sin controlar el gasto no garantiza menos impuestos; prohibir la emisión sin equilibrio fiscal no elimina la necesidad de financiamiento; y un presupuesto que no sea creíble puede vaciar de contenido a las otras reformas.
La ejecución acumulada a julio ayuda a entender por qué este debate aparece ahora. El Gobierno mantiene el superávit, pero con menos holgura que en 2025. Los ingresos caen más que el gasto y el resultado financiero se redujo más de 50% en términos reales.
La agenda legislativa
Inocencia Fiscal II: formalizar para ampliar la base
El proyecto obtuvo media sanción de Diputados el 26 de agosto y ahora espera tratamiento en el Senado. Para entender qué está en juego conviene separar el nombre del mecanismo. No es un blanqueo tradicional que cobre un impuesto especial para regularizar cualquier patrimonio. La Ley 27.799 vigente permite que una persona acepte la declaración simplificada de Ganancias preparada por ARCA, pague y obtenga una presunción de que sus declaraciones de Ganancias e IVA de años no prescriptos eran correctas. En términos cotidianos, funciona como un “tapón fiscal”: el organismo no puede reabrir el pasado sólo porque el contribuyente incorpore ahorros al circuito formal; debe demostrar una discrepancia relevante. Es una protección tributaria que no vuelve lícito un fondo de origen ilegal ni elimina los controles antilavado.
Inocencia Fiscal II busca que ese mecanismo alcance a más personas y genere menos temor a una fiscalización retrospectiva. Elimina los topes de ingresos y patrimonio, a la vez que combina topes de calificación para evitar inconsistencias. También reduce ciertas multas formales para personas humanas, MiPyMEs y entidades sin fines de lucro. Los grandes contribuyentes y determinados funcionarios pueden usar la presentación simplificada, pero quedan afuera del “tapón” y de los beneficios sustantivos. La apuesta económica es indirecta: que una mayor seguridad jurídica lleve ahorros hacia bancos, inversiones, inmuebles o consumo formal y, con el tiempo, amplíe la base sobre la cual recauda el Estado. Una base más ancha podría abrir espacio para una economía con menos impuestos o con alícuotas más bajas. No es un resultado automático, pero busca cerrar décadas de incentivos que atentaban contra la formalidad. Dependerá de la confianza en la estabilidad de la regla los resultados en el largo plazo.
Carta Orgánica del BCRA: cerrar la puerta a la dominancia fiscal
El proyecto también obtuvo media sanción en Diputados el 26 de agosto y pasó al Senado. Su núcleo fiscal puede resumirse de manera directa: si al Tesoro no le cierran las cuentas, el Banco Central no debería poder cubrir la diferencia. La reforma elimina los adelantos transitorios del artículo 20 de la Carta Orgánica, prohíbe los préstamos a los gobiernos y la compra de títulos públicos en el mercado primario, y suprime la posibilidad de adelantar recursos para atender servicios de deuda. Busca transformar la decisión actual de no emitir para financiar al fisco en una restricción legal también para futuras administraciones.
Lo que se intenta romper es la dominancia fiscal sobre la política monetaria: la situación en la cual las necesidades de financiamiento del Tesoro terminan condicionando cuánto dinero debe emitir el Banco Central, aun cuando eso contradiga el objetivo de estabilidad de precios. Cuando esa emisión se traduce en inflación, aparece el impuesto inflacionario, una pérdida de poder adquisitivo sobre los pesos que mantiene la población y que no necesita ser votada por el Congreso. La reforma conserva operaciones con títulos públicos en el mercado secundario cuando respondan a objetivos monetarios, cambiarios o financieros y se realicen a precios de mercado. También limita las utilidades transferibles al Tesoro a ganancias realizadas y líquidas, excluyendo revaluaciones puramente contables.
Presupuesto 2027: el examen del año electoral
El Presupuesto 2027 todavía no está en trámite parlamentario. La legislación exige que el proyecto ingrese por la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre y el Gobierno anunció su presentación para esa fecha. Hasta entonces no hay números finales ni artículos para votar. Hay una orientación fiscal, pero no un presupuesto que el Congreso pueda modificar o aprobar.
Su importancia excede la habitual discusión de planillas. Será el presupuesto que regirá durante el año electoral y, por lo tanto, una prueba de la capacidad de sostener el orden fiscal cuando aumentan las presiones para reducir impuestos, recomponer ingresos, ampliar transferencias o acelerar obra pública. Allí deberán convivir la meta de resultado primario con los supuestos sobre el desempeño de la macro el año venidero. En ese sentido, las reformas de Inocencia Fiscal y del BCRA fijan reglas de comportamiento.
La ejecución que llega al debate
Entre enero y julio, el Sector Público Nacional No Financiero acumuló un superávit primario de $10,3 billones y un superávit financiero de $1,7 billones, medidos a precios de 2026. El signo positivo sigue siendo relevante, después de años de déficit ignorando el concepto de restricción presupuestaria. Sin embargo, la comparación real con 2025 muestra que el margen es menor.
Los ingresos totales cayeron 4,6% real y el gasto primario se redujo 2,7%. La diferencia hizo que el resultado primario bajara 18,1%. Como los intereses se mantuvieron prácticamente estables, casi todo ese deterioro se trasladó al resultado financiero, que cayó 56,3%. En valores constantes, el saldo después de intereses pasó de $3,9 billones a $1,7 billones.
La caída de los recursos se concentra en los ingresos tributarios, que retrocedieron 5,9% real. El mayor faltante provino de los Derechos de Exportación: disminuyeron 36,6% y dejaron alrededor de $2,6 billones menos que en los primeros siete meses de 2025. Aportes y contribuciones a la seguridad social cayeron 3,8%, con una pérdida de $1,4 billones, mientras que el IVA se redujo 6,6% y restó una magnitud similar. Los Derechos de Importación bajaron 20,9% y explicaron cerca de $0,8 billones adicionales.
Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía.
Ganancias aumentó 4,7% real, Bienes Personales 8,6% y el resto de los tributos 9,1%. Los ingresos no tributarios crecieron 12,8%. Estas mejoras amortiguaron la caída, pero no la revirtieron: los recursos totales fueron aproximadamente $4,7 billones inferiores a los de 2025, a precios comparables. La composición refuerza el vínculo con la agenda legislativa. Derechos de Exportación depende de alícuotas, precios, cantidades y tipo de cambio; IVA refleja más de cerca el consumo y la actividad; contribuciones sigue la masa salarial formal.
Por su parte, el gasto primario acumulado se redujo 2,7% real. Las transferencias corrientes a provincias bajaron 33,3% y las de capital 13,0%. También cayeron el resto de las prestaciones sociales, 12,5%, con un fuerte impacto en términos absolutos por su magnitud; el funcionamiento no salarial, 11,0%; el gasto de capital nacional, 8,8%; y las remuneraciones, 6,5%. Son partidas sobre las que el Ejecutivo conserva algún margen de administración y que todavía aportan buena parte del ahorro.
En sentido contrario, varias líneas relevantes crecieron. Las jubilaciones y pensiones contributivas aumentaron 1,9% real, la AUH 3,8% (en línea con lo observado desde el primer momento de la actual gestión) y las transferencias a universidades 10,1%. Los subsidios económicos subieron 16,4%. Dentro de estos últimos, la serie mensual complementaria muestra que los energéticos acumularon un aumento real de 48,3% entre enero y julio, mientras que los destinados al transporte cayeron 5,6%. Julio moderó la tendencia en el rubro energético, pero no alcanzó para compensar el arrastre del primer semestre.
Esta heterogeneidad anticipa el problema del Presupuesto 2027. El ajuste inicial podía apoyarse en licuación, freno de transferencias e inversión y recortes sobre partidas administrables. A medida que la inflación baja y algunos gastos recuperan poder de compra, sostener el superávit exige definir prioridades más permanentes. El año electoral hará más visible esa tensión.
Algunas conclusiones
El superávit a julio ofrece un punto de partida mejor que el de muchos años anteriores. Su reducción frente a 2025 también deja una advertencia: las nuevas reglas se discutirán con una caja positiva, pero menos holgada. El verdadero cambio de régimen no se medirá sólo por la sanción de las leyes, sino por la capacidad de sostenerlas cuando formalizar lleve tiempo, financiarse tenga límites y gastar resulte políticamente atractivo.
La Secretaría de Energía elevó de 150 a 200 kilovatios hora mensuales el bloque de consumo eléctrico alcanzado por los subsidios focalizados durante septiembre.
La modificación fue establecida mediante la Resolución 221/2026 y se aplicará a los usuarios beneficiarios con independencia de la zona bioambiental en la que residan.
La decisión amplía en 50 kWh el consumo mensual sobre el cual podrá aplicarse la bonificación correspondiente al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.
El nuevo bloque de 200 kWh también será utilizado para calcular la bonificación extraordinaria del 25% dispuesta por el Gobierno para septiembre.
Los consumos que superen el volumen subsidiado serán facturados sin ese beneficio, de acuerdo con los precios y cuadros tarifarios vigentes.
La medida tendrá carácter excepcional para septiembre y deberá ser implementada por las distribuidoras en la facturación correspondiente.
El impacto final dependerá del consumo de cada hogar, la tarifa de su jurisdicción y los restantes componentes incluidos en la factura.
La economía mundial está entrando en una nueva etapa en la que la seguridad nacional y los objetivos geopolíticos ocupan un papel mucho más importante en las agendas políticas gubernamentales. Incluso dejando de lado el declive del multilateralismo y el aumento de la protección comercial en las economías avanzadas, la industrialización orientada a la exportación ha perdido su brillo como vehículo de confianza para el crecimiento económico y la creación de empleo. El cambio climático sigue siendo una amenaza constante, mientras que la revolución de las energías renovables ofrece tanto esperanza como nuevas posibilidades de cambio estructural.
Adaptarse a estas disrupciones requiere una reconsideración sustancial de las estrategias de crecimiento tanto en países de ingresos bajos como medios. El enfoque debe cambiar de las industrias orientadas a la exportación hacia la gran mayoría de las personas en países de ingresos bajos y medios que trabajan en sectores de servicios tradicionales no comercializados. Mejorar la situación de los vendedores ambulantes, trabajadores de la industria colaborativa, microemprendedores y otros que no han sido tocados por los mercados globales hará más por las economías nacionales en desarrollo que, por ejemplo, montar smartphones. Los responsables políticos harían bien en adaptarse cuanto antes.
El objetivo del desarrollo económico no ha cambiado: una mayor productividad laboral y la oportunidad de obtener un ingreso digno. En el pasado, las estrategias de crecimiento exitosas enfatizaban capacidades fundamentales junto con el cambio estructural (Rodrik 2014). Los fundamentos se centraban en la gobernanza, las instituciones, los mercados integrados y el capital humano. El cambio estructural se logró mediante la industrialización: convertir a los agricultores rurales de subsistencia en obreros urbanos de fábricas. Cuanto más rápida es la industrialización, más rápido será el crecimiento económico resultante. Y cuanto mayor sea la inversión en fundamentos, mayor será la probabilidad de un crecimiento sostenible.
Patrones de empleo
Ese modelo solo ha llegado hasta cierto punto y puede que se desarrolle esencialmente para muchas economías en desarrollo. Consideremos los futuros patrones de empleo en el mundo en desarrollo. Basándonos en la demografía actual, la educación, el comercio y las tendencias de industrialización, podemos hacer algunas proyecciones aproximadas de la composición ocupacional. La Tabla 1 clasifica las ocupaciones en función de los requisitos educativos (colegio/no colegio) y la exposición al comercio internacional (expuesto/protegido) una década después para todas las economías en desarrollo, excluyendo China (que requiere un tratamiento separado dado su avance inicial en la manufactura). Listamos ejemplos de trabajos en cada celda.
Las cifras tienen implicaciones sorprendentes. Primero ten en cuenta que la mayoría de los trabajadores no tendrán estudios universitarios. En segundo lugar, más de tres cuartas partes estarán en ocupaciones que no están directamente expuestas a la economía internacional, ya sea a través del comercio o de la “deshorcabilidad”. Lo más importante es que aproximadamente dos tercios de la fuerza laboral del mundo en desarrollo estará en ocupaciones que no requieren educación universitaria y que no son negociables. Actualmente, estos son trabajos de muy baja productividad, predominantemente informales como la venta ambulante, el trabajo doméstico y de restauración, y la agricultura de subsistencia.
La conclusión ineludible es que los modos estándar de transformación productiva —es decir, la inversión en educación convencional y la industrialización orientada a la exportación— ya no pueden generar grandes cantidades de buenos empleos. Por tanto, estas estrategias no contribuirán mucho a las oportunidades de ingresos para la mayoría de los trabajadores en economías en desarrollo. En cambio, el desafío central del desarrollo económico actual es cómo aumentar la productividad en los empleos no comercializados, principalmente en servicios, que no requieren una educación universitaria estándar. Esa pregunta debería enmarcar todas las discusiones sobre el futuro de la estrategia de desarrollo.
Servicios no comerciales
A principios de este año, lanzamos la Iniciativa de Transformación Económica Global de la Escuela Kennedy de Harvard para ayudar a los responsables políticos a encontrar respuestas a este desafío del desarrollo económico. Nuestra conferencia inicial destacó nuevas investigaciones sobre la importancia de los servicios para el crecimiento económico y, especialmente, evidencias recientes de los académicos Tianyu Fan, Michael Peters, Youdan Zhang y Fabrizio Zilibotti que sugieren que existe un crecimiento significativo de la productividad en muchos servicios no comerciales tradicionalmente considerados estancados. Al mismo tiempo, nuestras discusiones revelaron que muchos líderes de economías en desarrollo siguen firmes en la importancia de la industrialización como vehículo para la diversificación económica, la transición verde, las exportaciones y el crecimiento. Al fin y al cabo, los servicios denotan en gran medida actividades de baja cualificación, baja productividad y supervivencialistas en la mayoría de los países.
La manufactura es importante por varias razones (recaídas de productividad y aprendizaje, atracción de inversión, seguridad nacional), pero ya no es la generadora de empleo que fue antes. Se ha vuelto considerablemente más intensivo en capital en la mayoría de los países y sectores. El crecimiento de la productividad en los enclaves industriales no es significativo para el desarrollo económico si no crea también empleos para el resto de la población. Y centrarse en sectores como los semiconductores, el montaje de smartphones o vehículos eléctricos no impulsará por sí solo mucho crecimiento. El enfoque debe estar en generar crecimiento de la productividad en actividades donde la mayoría de los empleos están y permanecerán. Necesitamos una versión actualizada de las políticas industriales que funcionaron bien para fomentar la industrialización, pero esta vez principalmente para los servicios no comercializados.
Esa estrategia tiene dos patas. Uno se centra en el lado de la oferta laboral, en la formación profesional y el desarrollo de la fuerza laboral. La otra se centra en la demanda de mano de obra, en mejorar la productividad de las empresas locales. Estas dos caras deben coordinarse para lograr el máximo impacto en el empleo productivo.
Nuestras proyecciones indican que para la mayoría de los trabajadores en economías en desarrollo, y en el futuro previsible, la transición al mercado laboral será un paso directo de la educación secundaria al mundo laboral. Una transición exitosa implica replantear nuestro enfoque en el desarrollo de la fuerza laboral. La educación secundaria en muchos países hoy en día hace poco para aumentar el poder de ingresos individual. Las clases no están orientadas a las habilidades ocupacionales que buscan los empleadores ni enseñan a la gente las habilidades blandas necesarias para encontrar buenos empleos y avanzar profesionalmente.
Oportunidades de cambio
Sin embargo, abundan las oportunidades de cambio. Muchas economías en desarrollo han hecho recientemente o están considerando hacer obligatoria la educación secundaria superior (para edades de 15 a 18 años). Esto abre una ventana para que la formación profesional y técnica en sistemas educativos reemplace los modelos fallidos del pasado. Existe evidencia creíble de que este tipo de formación puede ser eficaz en una amplia variedad de entornos. La digitalización continua de los datos de educación y empleo, incluso en países de bajos ingresos, permite diseñar, probar e implementar programas que respondan a necesidades específicas del mercado laboral regional de una manera que antes era inimaginable. En países de ingresos altos y algunos de ingresos medios, los programas profesionales y técnicos sub-bachillerato forman a trabajadores para buenos empleos en sanidad, construcción, servicios personales y soporte e infraestructura informática. Si se modifican adecuadamente, estos enfoques son fácilmente aplicables en todo el mundo en desarrollo (Hanson 2026).
En cuanto a la demanda, necesitamos políticas industriales más adecuadas para las empresas más pequeñas que dominan los servicios. Una estrategia busca animar a las grandes empresas a invertir en las capacidades de sus proveedores u otras pequeñas empresas. Por ejemplo, las empresas de plataformas pueden ayudar a empresas minoristas y de servicios de restauración, así como a trabajadores de plataformas que usan sus sistemas con asistencia técnica y de marketing. El gobierno puede impulsar a estas empresas a hacer aún más y puede trabajar con exportadores consolidados, operadores mineros y grandes minoristas para expandir y mejorar productivamente su red de proveedores locales. Muchos grandes empleadores cuentan con programas de formación exclusivos que pueden adaptarse para servir a una gama más amplia de empresas.
Otra estrategia proporcionaría a las micro y pequeñas empresas recursos públicos directos que aumenten la productividad. Muchos gobiernos ya ofrecen estos servicios, que van desde préstamos hasta formación en gestión. Pero estos programas normalmente no están orientados a la productividad y rara vez tienen en cuenta las limitaciones a las que se enfrentan las pequeñas empresas. La evidencia de intervenciones en economías en desarrollo sugiere que una formación gerencial cuidadosamente dirigida, la asistencia en marketing y la provisión de tecnología pueden aumentar la productividad y el empleo en empresas informales más pequeñas (Rodrik y Sandhu 2025).
Aprendizaje y experimentación
De estas nuevas políticas surgen varios mensajes clave, ya sea centrados en trabajadores o empresas. Primero, los empleos productivos son la clave para el desarrollo económico, y cuantos más haya, mejor. La tecnología, la innovación, las exportaciones e incluso el propio crecimiento son insuficientes si benefician solo a un segmento reducido de la fuerza laboral. En segundo lugar, el éxito en el ámbito del desarrollo dependerá en gran medida del destino de los servicios no comercializados. Estas actividades están dominadas por empresas más pequeñas, pero generan la mayor parte del empleo. Sin un aumento sustancial en su productividad, el desarrollo se estancará.
El éxito depende de una cultura de aprendizaje y experimentación. Los gobiernos no pueden elegir ganadores; No saben de antemano qué funcionará. Esta incertidumbre debe tenerse en cuenta en los programas gubernamentales. Los enfoques colaborativos e iterativos, abiertos a revisión y centrados en eliminar restricciones mediante el apoyo público, deben sustituir los programas de arriba abajo por subvenciones fiscales y parámetros fijos del programa.
Se dice que los generales siempre se preparan para luchar en la última guerra. Los profesionales del desarrollo deben evitar ese error y aceptar los nuevos enfoques que requieren las circunstancias cambiadas.
GORDON HANSON es el profesor Peter Wertheim de Política Urbana en la Universidad de Harvard y asociado de investigación en la Oficina Nacional de Investigación Económica.
DANI RODRIK es la Profesora Ford Foundation de Economía Política Internacional en la Harvard Kennedy School.
ROHAN SANDHU es el director fundador de la iniciativa Reimagining the Economy en la Harvard Kennedy School.
