Durante el año y medio de gobierno de Mauricio Macri, Argentina se transformó en el país emergente que emitió más deuda en dólares en el mundo. Colocó títulos públicos y letras del Tesoro por 45.951 millones de dólares, un 263 por ciento más que Arabia Saudita que quedó en segundo lugar con 17.500 millones, según reveló el último informe del Observatorio de la Deuda Externa de la UMET. Si se suman las emisiones en pesos y la deuda colocada por provincias y empresas la cifra llega a la friolera de 81.972 millones de dólares. A su vez, el decreto 334 del 12 de mayo habilita al Ejecutivo a tomar otros 20.000 millones en lo que queda del año. La situación genera preocupación entre especialistas porque la deuda fue en su mayoría a financiar la fuga de capitales en sus distintas variantes.
El Estado Nacional emitió deuda en 2016 por 22.351 millones de dólares y en lo que va de este año ya lleva sumados otros 23.600 millones, lo que arroja un total de 45.951 millones sólo entre títulos públicos y letras en dólares. Los títulos públicos suman 22.051 millones el año pasado y otros 10.962 millones en los primeros cinco meses de este año, lo que totaliza 33.013 millones a un plazo promedio de 10,7 años. Por su parte, las letes en dólares fueron 300 millones el año pasado y 12.638 en lo que va de este año.
A los 45.951 millones de dólares en títulos y letras se le suman otros 17.274 millones de dólares también emitidos por el Estado Nacional, pero en moneda local, 10.381 millones de dólares de las provincias, que tiene como garante al Estado Nacional, y 8366 millones de dólares de empresas privadas, lo que arroja un total de 81.972 millones.
Las provincias este año contabilizan emisiones de deuda en dólares bajo legislación extranjera por 3376 millones y desde comienzos de la gestión suman 10.381 millones a un plazo promedio de 8,25 años. El listado de nuevos deudores incluye a Neuquén, Mendoza, Chubut, Córdoba, Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Rioja y la Ciudad de Buenos Aires.
Por último, en lo que refiere al sector corporativo, 13 empresas se endeudaron por 2675 millones de dólares en lo que va del año. Las últimas fueron Los Grobo Agropecuaria, Capex y Electronic System que en mayo colocaron en total 483 millones en dólares bajo legislación local. Desde la asunción de Macri, el total de firmas privadas que se endeudaron en dólares llega a 29 por un total de 8366 millones a un plazo promedio de 5,8 años.
El Informe de UMET advierte que si el sobreendeudamiento público no es sostenible en el tiempo, sobre todo si la economía sigue estancada y se continúa otorgando reducciones impositivas a sectores con capacidad de pago a través de la eliminación de retenciones agropecuarias y mineras y la reducción del impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales. El informe señala que en octubre de 2015 la deuda pública era de 235.000 millones y en mayo de 2017 se habría elevado, según la proyección del Observatorio a 290.000 millones. De este modo, la deuda bruta total habría aumentado unos 55.000 millones de dólares. Es decir, más del 11 por ciento del PIB. A su vez, la deuda pública en moneda extranjera sobre PIB trepó de 27,5 por ciento en octubre de 2015 a 37,3 por ciento en el tercer trimestre de 2016 (último dato oficial).
“El rumbo del modelo de Cambiemos en materia de Deuda Externa es, de persistir el esquema actual, escasamente sustentable en el tiempo. Como hemos venido expresando mes a mes, la deuda se ha vuelto la columna vertebral del modelo económico y no queda muy claro que los decisores de política tomen verdadera dimensión de esta problemática y sus efectos”, afirmó Nicolás Trotta, Rector de la UMET, quien además agregó que “el financiamiento con deuda externa es el sostén del indomable déficit fiscal y la única fuente de dólares significativa que han podido elaborar para nuestra economía. Los anuncios de inversiones en la economía real quedan como otro elemento más de la posverdad que el gobierno sostiene con títulos espectaculares en los medios o en los documentos de powerpoint de sus funcionarios”.
A raíz del creciente endeudamiento, los vencimientos comienzan a pesar cada vez más en el conjunto de las cuentas públicas. Del total a vencer en moneda extranjera en 2017, vencimientos de interés por 2.124 millones de dólares y vencimiento de Letes del Tesoro en dólares por 10.388 millones de dólares corresponden exclusivamente a “nueva deuda” emitida por la gestión Cambiemos. La nueva deuda ya explica el 41 por ciento del total de los vencimientos anuales de 2017. Además, en perspectiva agregada, esa “nueva deuda” explica un 27 por ciento (71.229 millones de dólares) del total de vencimientos de deuda pública para los años 2017-2046 en su conjunto (268.147 millones de dólares en total). El crecimiento de la deuda es vertiginoso y el gobierno no da señales de que tenga previsto sacar el pie del acelerador. Por ahora, quien asuma en 2019 deberá enfrentar un horizonte financiero mucho más complejo que el que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en diciembre 2015. El verdadero “plan bomba” parece estar gestándose por estos días.
La deuda acumulada no afecta sin embargo la atención de los pacientes, aseguró el ministro de Salud, Walter Villalba, quien pidió a las autoridades nacionales entender el perjuicio que el retraso representa para el funcionamiento del sistema de salud.
La deuda que mantiene el PAMI desde hace más de un año con los hospitales públicos de la provincia, comienza a generar malestar en las autoridades ante el daño económico que representa la falta de pago en la atención diaria que en caso del hospital Madariaga, significan 1.300 prestaciones por mes y más de 250 internaciones.
El ministro de Salud Pública, Walter Villalba, precisó que esa deuda asciende a 58 millones de pesos.
“La voluntad política de un gobierno únicamente se demuestra con la asignación de recursos, y a nosotros no nos están asignando recursos por lo tanto la voluntad política del PAMI afecta las provincias”, se quejó. Añadió sin embargo ante la consulta de Economis, que la atención al paciente no se resiente.
“El sistema público no se rige por una deuda, nosotros seguimos con las gestiones de cobro correspondiente y pedimos que exista esa voluntad política que priorice el pago a las provincias, porque esta es una forma de estar achicando en derechos a personas que aportaron toda su vida”.
Al hospital Madariaga de acuerdo a lo que se precisó, le adeudan prestaciones completas desde junio del 2016, con un promedio de facturación mensual de 3.500.000 pesos.
El retraso en el pago detallado da cuenta de una deuda total en el caso del Madariaga de 27.600.602 de pesos. Al SAMIC Eldorado, el PAMI le debe 9.000.000 de pesos, mientras que al SAMIC Oberá el atraso llega a los 12.711.019,90 de pesos.
A estos números hay que sumarle los montos impagos al hospital Pediátrico, al de Maternidad y a los hospitales de los pueblos que brindan atención a los abuelos a través de esa obra social.
Economis consultó a las autoridades del PAMI en Misiones sobre la deuda, quienes la reconocieron pero explicaron que no tienen capacidad de resolución inmediata desde la sede en la provincia, porque ellos no manejan dinero. “Lo que elevamos son los gastos operativos, lo demás es depositado directamente en la cuenta de los hospitales, nosotros somos los primeros interesados en que se regularice y estamos haciendo las gestiones diarias”.
Escriben Guillermo Knass y Martín Leiva Varela, ECONEA. La evolución de los principales indicadores económicos refleja que las proyecciones económicas estipuladas en el presupuesto 2017 por el Estado nacional en cuanto al crecimiento real previsto (magnitud) y a la composición (calidad), no llegan a cumplirse, implicando un efecto adverso para las arcas fiscales.
La magnitud del crecimiento previsto en las pautas macrofiscales nacionales para el corriente año era equivalente al 3,5 por ciento en términos reales, en base a una visión optimista en cuanto al comportamiento de la evolución de determinados sectores económicos. La realidad a la fecha es otra: la economía al primer trimestre del 2017, si bien salió de la recesión, se encuentra inmersa en un estancamiento dado que conforme al estimador mensual de la actividad económica (indicador provisorio de la evolución del PBI) publicado por el INDEC presentó un aumento de tan solo del 0,1 por ciento en el primer trimestre de 2017 con respecto al 2016.
En esta instancia, la Argentina aún no logra salir de la enfermedad más dañina de la economía, que es inflación combinada con estancamiento del nivel de actividad económica, conocida como Estanflación. Gran parte de las consultoras privadas estima para este año un crecimiento económico cercano al dos por ciento en términos del PBI (1,5 % menos que lo previsto por la Nación), es decir que bajo este supuesto, la producción de bienes y servicios en la Argentina apenas recuperaría la caída generada en el año 2016.
El Consumo Privado que es el principal componente del PBI, ya que representa el 66 por ciento del total, en el año 2016 presentó una caída del 1,38 % y su comportamiento para el presente año dependerá además de la evolución del poder adquisitivo de las familias, de sus Expectativas y para ello se puede hacer referencia al Índice de Confianza del Consumidor elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, el cual es una captura de las percepciones del público en general respecto de las condiciones económicas del país, situación económica personal de cada individuo y su situación económica actual es un buen momento para la adquisición de bienes durables.
En virtud de lo antedicho, podemos hacer mención que aún la confianza de los consumidores con respecto a fines del 2015 se encuentra un 24 por ciento debajo a mayo de 2017, en cuanto a que su situación económica y perspectivas no logran repuntar y por ello, el consumo no crece tal como lo esperado para este año.
En cuanto a la calidad del crecimiento, se esperaba para este año un rol mucho más activo de la inversión privada, con un incremento del 14,4 % en términos reales con respecto al efectuado en el 2016, es decir, un 10,9 % por encima del crecimiento promedio. Se anhela la famosa “lluvia de inversiones” que el blanqueo de capitales tampoco pudo atraer.
A partir de marzo del corriente año empezó un leve crecimiento pero aún no logra a ser el motor para traccionar a la economía en su conjunto.
A falta de que el crecimiento económico llegue a mérito del sector privado, y siendo un año electoral, el rebote económico será a consecuencia del aumento del gasto público, principalmente del gasto de capital que creció un 45 por ciento en el primer cuatrimestre de 2017 con respecto al mismo periodo de 2016, por lo que los objetivos fiscales planteados por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, de reducción gradual al parecer quedarán de lado.
¿Y los ingresos fiscales Nacionales y Provinciales?
No alcanzar los supuestos de crecimiento previstos en el presupuesto Nacional, implica que cuando hay menos actividad económica (producción de bienes y servicios), menores van a ser los recursos tributarios recaudados por la Administración Federal de Impuestos (IVA, IMP. Débitos y Créditos, etc) y por ende, menores van a ser los recursos vía coparticipación federal que recibirán las 24 Jurisdicciones.
Eso se comprueba en los datos oficiales. Misiones en los primeros cinco meses del corriente año recibió 219 millones de pesos menos que lo previsto en el presupuesto nacional, a consecuencia de la menor recaudación del impuesto al Valor Agregado (-2,8 %), del Impuesto a las Ganancias (-4,6 %) y de Bienes Personales (-21 %). Que también termina repercutiendo en los 75 municipios que integran en la Provincia dado que estos recibieron 26,25 millones menos de lo previsto para el mismo horizonte temporal.
El tiempo se alarga:
La luz al final del túnel prevista para el segundo semestre del 2016 se extendió y no logra despegar tal como lo deseado, con lo cual las políticas fiscales a impulsar deben ser a consecuencia de estimar un crecimiento económico mucho más moderado del previsto originariamente por la merma de los recursos fiscales que causa el mismo, cuyo efecto implicará que las erogaciones previstas presupuestariamente estén en duda de alcanzarse íntegramente, siendo de vital importancia evaluar el costo de oportunidad de que se debería resignar o si persistirá por la Nación financiarlo con Deuda Pública contemplando las metas de reducción del déficit fiscal.
Como es natural, el debate público está enfocado en la evolución de las variables económicas de los próximos meses. Se mira con atención la tasa de inflación mensual, el ritmo de recuperación de la economía y la consistencia de las políticas monetaria y fiscal. Las preguntas centrales son las siguientes:
De todas maneras, es demasiado optimista concluir que una emisión de letras que compensa el efecto monetario de la compra de divisas no genera costos a la autoridad monetaria en el mediano plazo. Hay dos problemas centrales: por un lado, la compensación futura de las pérdidas por el “carry trade” que sufre la autoridad monetaria es políticamente menos viable (y probable) cuanto mayor sea la depreciación futura del tipo de cambio que se necesita para balancear la cuenta.
Además, si ese salto es importante, aún cuando el BCRA balancee su cuenta cuasifiscal, se afectará su capacidad de hacer política antiinflacionaria en el futuro, en la medida en que las negociaciones salariales y los precios tengan en cuenta la depreciación del peso; por otro lado, en la transición, el BCRA paga primero el costo cuasifiscal que supuestamente recuperará en el futuro y ello puede dar lugar a críticas y presiones que pueden limitar sus decisiones.
En el análisis de los números fiscales deben excluirse también los gastos de una sola vez asociados al pago de sentencias judiciales en el marco del programa de reparación histórica a los jubilados.
Esa información no es pública pero, depurando tanto el blanqueo como una aproximación de esos pagos, el déficit primario habría aumentando ligeramente en 2017 comparado con 2016, medido en porcentaje del PIB. En los próximos meses la comparación será con los meses del año pasado de mayor expansión del gasto, lo que ayudaría a que el cierre fiscal del año se aproxime a la meta oficial.
Hacia el futuro, la complicación aparece por las dificultades para mantener el gasto constante en términos reales porque hay partidas importantes que tienden a aumentar por encima de los precios (por ejemplo, pagos a jubilados que se indexan cada seis meses con una fórmula que refleja la variación del salario real y del empleo registrado).
El gobierno ha anunciado que pretende reducir la inflación 5 puntos en 2018 (que serían 9 puntos, si el objetivo se mantiene respecto del techo de la banda de este año) y mejorar el resultado primario en un punto del PIB. Lograr ambos objetivos requiere de esfuerzos importantes.
En la lucha contra la inflación, los ajustes de precios relativos importantes (por ejemplo, tarifas) tendrán un impacto similar al de este año. Al cronograma anunciado para energía, se sumaría el postergado aumento en el transporte. Pero además, se agrega un problema adicional que es la indexación de los contratos salariales que el propio gobierno impulsó este año para ayudar a lograr sus objetivos de corto plazo, pero complicando la política antiinflacionaria futura.
La rigidez que introduce la indexación de contratos para reducir la inflación es un problema reconocido en la literatura porque genera inercia. En materia fiscal, sin reformas estructurales será muy difícil lograr que el gasto no crezca en términos reales.
Avanzar en reformas importantes después de las elecciones de medio término no está para nada garantizado, aún dentro de la propia coalición de gobierno. Sin embargo, el exceso de gasto público debe ser corregido. Gradualmente va ganando consenso la idea de que la Argentina tiene hoy un nivel de participación del Estado en la economía que no es sostenible (entendiendo por tal, el que la sociedad está dispuesta a financiar con impuestos).
Sin embargo, muchos analistas dudan de la conveniencia de iniciar ahora esa reducción, básicamente por dos razones: desde una óptica keynesiana tradicional, el ajuste del gasto complicaría la recuperación de la economía; y una reducción en el gasto estatal tendría consecuencias sociales no deseadas.
Ambos argumentos tienen problemas. La reducción del gasto va de la mano de una reducción en sus fuentes de financiamiento (impuestos, inflación o deuda). No parece haber diferencias importantes entre el “multiplicador” del gasto y el de los impuestos o la inflación. Y en el caso argentino, un menor endeudamiento externo permitiría sostener un tipo de cambio real más alto que le quitaría, al menos parcialmente, el peso que soporta el sector transable de la economía.
Además, si el gasto es ineficiente y se financia con impuestos que traban al sector más eficiente, reducirlo permite una mejora en la economía de una sola vez.
El problema se limita a la transición (similar al que se plantea cuando se abre la economía: se ve el costo de los sectores que sufren por la mayor competencia pero no las oportunidades que se abren para los exportadores castigados por los efectos de una protección desmedida). En ese marco, puede haber ineficiencias cuya corrección tenga “consenso” (por ejemplo reducir el sobre costo que genera la corrupción, aunque nótese que el efecto keynesiano sobre la actividad también se da en este caso, en la medida en que los corruptos gasten dentro del país) y otras que lucen más complejas, como mejorar la eficiencia y la focalización de todas las partidas presupuestarias, incluidas las de gasto social.
Finalmente, si la situación fiscal actual es insostenible en el mediano plazo (como han afirmado las máximas autoridades del gobierno nacional), postergar su encuadramiento generaría un problema de expectativas que puede impactar negativamente en el proceso de financiamiento externo y de inversión.
