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El recorte de impuestos en la era Trump: posibles malas noticias para Macri

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La reciente reforma fiscal anunciada por el Gobierno norteamericano plantea riesgos para el esquema de política económica de la administración Macri que se caracteriza por la gradual consolidación fiscal y una agresiva contracción monetaria. Esta combinación genera una elevada dependencia del sector público al endeudamiento externo y apreciación real. Un estudio de la consultora Analytica, sostiene que la política fiscal norteamericana pone en riesgo esta estrategia ya que presiona al alza el costo de fondeo sin generar fuertes correcciones en el valor del dólar (contra el resto de las monedas).

La administración Trump anunció que enviará al Congreso un ambicioso plan de recorte de impuestos corporativos, con importantes efectos sobre el déficit fiscal y la deuda pública (estimaciones preliminares señalan que en 10 años el stock de deuda podría crecer más de 20 puntos porcentuales del PBI 2016[1]). Aunque los analistas políticos ven escasas probabilidades de que el proyecto sea aprobado sin modificaciones drásticas, las consecuencias sobre la tasa de interés de los bonos soberanos, y por ende sobre la estrategia gradualista de Cambiemos, pueden ser significativos y merecen ser tenidos en cuenta. Aunque este proyecto no sea aprobado, el Gobierno norteamericano ha manifestado su decisión de acelerar el gasto en infraestructura sin poder aprobar recortes en el gasto corriente, lo que implica un aumento latente en las emisiones de deuda.

Para determinar los efectos de la medida sobre el dólar, recordemos que las exportaciones netas, principal componente de la cuenta corriente, son iguales al producto neto del consumo (público y privado) y la inversión. El recorte de impuestos afectaría las cuentas externas por el lado del producto (la quita es sobre las firmas estimulando la oferta de bienes), del consumo (mayor empleo genera mayores ingresos corrientes en las familias) y la inversión (aquí hay dos efectos contrapuestos: la mayor deuda pública aumenta el costo del crédito, expulsando inversión, aunque la quita de impuestos mejora los beneficios de las firmas, aumentando la demanda de bienes de capital o la acumulación de inventarios). A su vez, la medida es de naturaleza transitoria (el Sec. del Tesoro S. Mnichin pretende que sea permanente, aunque ve pocas chances de que sea aprobado en este formato por lo que estaría dispuesto a negociar una baja por 10 años) y su impacto directo es sobre las firmas. Todos estos factores provocarían un moderado incremento en el consumo de las familias y de la inversión de la mano de una leve mejora en la oferta de bienes transables.

Esto es así debido a que la reducción de los impuestos, incluso si aumentara el empleo privado, incrementa moderadamente la riqueza de las familias (al menos en aquellas que tienen capacidad de ahorro y típicamente pertenecen a los deciles medios y altos en la distribución del ingreso). Estas familias perciben una mayor presión tributaria en el futuro en un contexto de rigidez a la baja del gasto público y con niveles de deuda en torno a los máximos tolerables por el Congreso. De este modo, parte del aumento de la deuda sería demandada por residentes, quienes ahorrarían una fracción del incremento de su ingreso corriente de manera de enfrentar en mejores condiciones los futuros aumentos de impuestos. El moderado incremento en en el consumo, atemperaría los efectos de la quita de impuestos sobre la cuenta corriente. Lo mismo ocurre con la inversión, la cual aumentaría en menor medida que los ingresos corrientes de las firmas quienes utilizarían sus mayores beneficios después de impuestos para cancelar pasivos en un contexto de tasas de interés al alza. A su vez, el efecto sobre la oferta de transables (exportaciones) consecuencia de la quita de impuestos sería de segundo orden ya que EEUU está cerrando su economía lo que provocaría el cierre de algunos mercados para sus productos. De esta forma, los efectos sobre la cuenta corriente serían menores, afectando levemente la cotización del dólar.

Ante el potencial incremento de la tasa de interés y la moderada apreciación del dólar contra otras monedas, creemos que es prudente acompañar el programa de consolidación fiscal que está encarando el Ministro Dujovne con un cambio en la composición del financiamiento (desde deuda externa hacia interna) e incrementos de competitividad. Es posible mantener la denominación del endeudamiento en moneda “dura” y buscar fondos en el mercado local. Las emisiones quincenales de letras del Tesoro en dólares son un buen comienzo aunque el orden de magnitud parece insuficiente (el stock de estas letras, en su mayoría demandada por residentes, alcanzó casi el 4% del PBI en 4t16 sobre un total de 58%). En este sentido, la reforma a la Ley de Mercado de Capitales impulsada por el oficialismo en el Congreso, apunta a aumentar la profundidad del mercado doméstico; incrementando la capacidad de absorción de las emisiones de deuda soberana. Por otra parte, los acuerdos sectoriales (petroleros, automotores, construcción) apuntan a incrementar la productividad por vía no cambiaria. Estás políticas, vía la reducción de la dependencia en el endeudamiento externo y en el tipo de cambio nominal, podrían reducir la exposición del Gobierno al “riesgo Trump”.

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Giussi: “Misiones mantiene un buen nivel de inversión pública”

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El director nacional de Relaciones Fiscales con Provincias, Guillermo Giussi, que trabaja en el Ministerio del Interior monitoreando las cuentas fiscales de cada distrito, visitó Posadas y dialogó con Economis sobre el proyecto de reforma de la Ley de Coparticipación y otras iniciativas de la cartera que dirige Rogelio Frigerio, como la Ley de Responsabilidad Fiscal y el Programa de Sustentabilidad Fiscal.
Este economista de La Plata, que trabaja desde hace más de diez años estudiando el reparto de los recursos fiscales de cada provincia, se refirió también a los números del Estado misionero en una época de “vacas flacas”.
“Misiones se encuentra en una situación intermedia a nivel provincial, ya que si bien presentó un cierre deficitario en 2016, logró mantener un buen nivel de inversión pública, destinando más del 15 por ciento del presupuesto a gastos de capital”, señaló Giussi, en un mano a mano en la redacción de Economis.
-¿Cómo está dentro del mapa nacional?
-Está al medio, mitad de tabla. No ha tomado deuda, eso lo consultaba hoy al equipo del Ministerio de Hacienda. Le estaba consultando a los funcionarios de la Provincia si tenían pensando empezar a incursionar en el mercado de capitales, pero ellos ven como un activo mantener un bajo nivel de endeudamiento. Misiones tiene un perfil de vencimientos cómodo (con su actual deuda), renegoció los bonos Junior y Senior. Y tiene una deuda con el Gobierno nacional relativamente cómoda, porque es hasta el 2030. Me respondieron que lo tienen en cuenta, pero no ven la necesidad por ahora. Lo positivo es que por ley, por cuestiones normativas, están obligados a destinar los fondos (de un eventual endeudamiento) a obras públicas. No van a emitir un bono para pagar gastos corrientes.
-¿Esto qué significado tiene?
-El hecho de que no tengan necesidad de salir a tomar deuda es un indicador que te dice que la situación no es crítica. Pero hay programas de inversión que es bueno financiarlos con deuda pública, porque lo más lógico cuando se hace una obra a 30 años es que la paguen tanto la generación actual como las futuras.
-¿Misiones tiene equilibrio fiscal?
-Misiones cerró el año con déficit, aunque si se descuentan las inversiones destinadas a infraestructura, algo contemplado en la actual Ley de Responsabilidad Fiscal, mejora el resultado. Para la provincia, tener ese margen es una cuestión estratégica, ya que en situaciones de estrés o de crisis, puede administrar la ejecución de obras públicas para evitar un desmadre en las cuentas.
-¿En qué consiste la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal que están promoviendo desde el Ministerio del Interior?
– En la última reunión en Mendoza, junto a las provincias y el Ministerio de Hacienda de la Nación, se acordaron los lineamientos generales de la nueva ley. En base a esto, el Consejo de Responsabilidad Fiscal va a emitir el anteproyecto para hacer una evaluación y que todas las provincias hagan las observaciones o modificaciones o sugerencias que tengan. Se firmaron los lineamientos en rubros como gastos, recursos humanos, política tributaria y fondo anti cíclico. El objetivo es fijar reglas de crecimiento del gasto que esté “topeado”(limitado) por lo que es la inflación. La idea es que esté aprobada antes del Presupuesto, para que las provincias puedan hacer en base a esto su propio Presupuesto.
-¿Y el plan de Sustentabilidad Fiscal?
-Es lo que vinimos a explicar esta vez, el funcionamiento de este Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Públicas. Consiste en la renovación de los intereses de la deuda del Programa Federal de Desendeudamiento. Para que a las provincias se le garantice el mantenimiento de la refinanciación deben cumplir con éste Programa que vinimos a poner en marcha. La idea es evitar desbordes en el crecimiento del gasto. Es importante aclarar una y otra vez que no se trata de un plan de ajuste.
-¿En tu rol de funcionario que sigue los números fiscales de todas las provincias, y trabajás con los funcionarios de cada ministerio de Economía, cómo se explica lo de Santa Cruz?
-Hay que analizarlo desde distintos ángulos, hay cuestiones reales, el congelamiento del precio del petróleo la afectó, tuvo una caída en las regalías petroleras que es una de las principales fuentes de recursos. Pero también tiene una alta incidencia el gasto salarial, aproximadamente un 35% del empleo formal es público, y tiene un problema con la caja previsional que es muy deficitaria.
-Lanzaron la discusión para consensuar una nueva Ley de Coparticipación. Misiones está reclamando un aumento en su alícuota.
-Si, reclaman todas, no sé cómo vamos a hacer (risas). El trabajo (del nuevo proyecto de ley) tiene que ser técnico y lo más objetivo posible, no hay otra forma de hacerlo. No puede entrar a tallar la política, no es la solución óptima. Estamos empezando a “evangelizar” con el esquema que proponemos, que es una combinación de necesidades fiscales y recaudación propia. Es decir, no atar la distribución de la Coparticipación a coeficientes fijos.
-¿Y cómo se calcula?
-Se toma la necesidad de gasto de cada provincia. Por ejemplo, tengo 1.000 alumnos. Establecés cuánto sale al estado un precio estándar (después lo ajustar por condiciones geográficas). Por el lado de la recaudación fijas una alícuota del 3% de Ingresos Brutos, por ejemplo. Ves la base tributaria y te da una recaudación potencial. Entonces el esquema es así. Necesito gastas 100.000, tenés una recaudación de 50.000. Entonces tu Coparticipación son 50.000, que se traduce a una alícuota.
-Ya tienen un borrador, imagino. ¿Cuánto es la alícuota para Misiones?
-Noooo, imposible (risas). Estamos trabajando con el INDEC para tener un PBG actualizado de cada provincia, para medir capacidades fiscales y de recaudación. Lo que es claro es que cualquier indicador te da que Buenos Aires está atrasado. Buenos Aires gana, son pocas las que pierden y la mayoría tendría que ganar.
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De bicicletas y golondrinas

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Escriben Guillermo Knass y Martín Leiva Varela, ECONEA. Llegó la primavera se podría pensar, ya que los dos elementos no hacen más que pensar en un agradable paseo al aire libre en una tarde templada viendo los pájaros volver de su largo viaje.

Pero no, si la historia se repite (“si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”, decía el sabio Einstein) y nada indica que la historia sea distinta, lo que hace presuponer que más que la estación de las flores se va a venir un crudo invierno, o al menos la primavera será para los pocos de siempre.

El Carry Trade (nombre en inglés de la operación) es una operación financiera bastante sencilla mediante la cual se toma préstamos de dinero en países con tasas bajas, y se los coloca en países con tasas altas de interés para ganar con la diferencia y por un tiempo corto de tiempo. O sea, por ejemplo tomo un préstamo en yenes japoneses cuyo interés máximo a pagar no supera el 1 %, y lo deposito a interés en Australia (en dólares australianos) que paga un interés del 6 %. La diferencia entre lo que pago y lo que cobro me da una ganancia del 5 %, según el ejemplo de referencia, sin contemplar los gastos de la operación que reducen un poco la ganancia, pero no cambian la manera de entender la operatoria.

Es un negoción! Por la rentabilidad generada por solo mirar los intereses, originados por pedir prestado a la tasa más baja y depositarlo a la más alta. Pero, como toda operación financiera tiene sus riesgos, sino todos lo haríamos y todos ganaríamos dinero; fuera de los riesgos propios de incobrabilidad (si la tasa es alta es porque el riesgo de no recuperar la inversión es alto) existe el riesgo de devaluaciones que erosionan la ganancia. En nuestro ejemplo, por más que ganemos un 5% si el dólar australiano se devalúa con respecto al yen más del 5 %, cuando tengamos que devolver el préstamo en yenes no nos van a alcanzar los dólares australianos porque valen menos.

Entonces necesitamos dos condiciones para tener una bicicleta financiera:

  • Una tasa de interés alta que permita pagar la tasa del préstamo y obtener una ganancia.
  • Un tipo de cambio estable o un seguro de cambio que para que la ganancia obtenida por las tasas no se pierda con una devaluación.

En Argentina se están dando estas dos condiciones actualmente. De hecho, según un ranking publicado por diario El Cronista Comercial el 23 de marzo (ver   http://www.cronista.com/finanzasmercados/Argentina-segunda-entre-los-paises-mas-atractivos-para-el-carry-trade-20170323-0011.html),  Argentina es el segundo país más atractivo para esta operación y el año pasado fue el primero. Las ganancias de los que compraron LEBACS (los famosos títulos de deuda del Banco Central de la República Argentina) descontadas una casi nula devaluación, tuvieron un rendimiento del 20 % anual en dólares. En el mundo de hoy esta ganancia es exorbitante.

Ganadores y perdedores

Obviamente los que pidieron préstamos en dólares, cambiaron a pesos y compraron LEBACS u otros depósitos obtuvieron su respectiva ganancia y volvieron a comprar dólares. Son quienes están más que contentos con la primavera Argentina.

Pero la otra cara de la moneda es preocupante por varios motivos:

  • Lo atractivo de las tasas altas hace que entren muchos dólares al país. Si bien esto puede parecer bueno ya que siempre que nos quedamos se frena el crecimiento del país, cuando entran por la bicicleta financiera es malísimo. Son dólares que por un lado generan atraso cambiario, ya que la entrada de dólares aumenta la oferta y cae el precio. Esto genera el dólar barato que hace que todos los argentinos compren en Paraguay, Chile o Miami, los más afortunados, atentando contra la producción local.
  • Por otro lado, son capitales golondrina, esto quiere decir que ingresan solamente para la especulación, toman las ganancias y se van en el corto plazo. Para ganar 20 % en dólares sin producir nada, alguien tiene que financiarlo, de ahí gran parte de la explicación del endeudamiento en dólares que se está produciendo.

En que termina esto: si la historia se repite como con el plan económico instaurado por Martínez de Hoz en el ´78 cuando dio comienzo a la denominada “patria financiera” nos vamos a encontrar con una fuerte caída del producto por falta de competitividad, caída de exportaciones y aumento de importaciones (o lo que es lo mismo viajes de compras al exterior).

Como esto es insostenible en el tiempo, dado que para mantenerlo se necesita un fuerte ingreso de dólares, que al no ser generado por las exportaciones genuinas, terminan entrando por préstamos hasta llegar a una crisis de deuda como en el año 80.

Entonces después de tener una fiesta de consumo importado y bicicletas en bajada nos encontramos con que los dólares ya no están y nos quedó la deuda a todos.

La esperanza

Como ya conocemos como termina la historia y sabemos que Sturzenegger como presidente del Banco Central y Dujovne como Ministro de Hacienda, saben que queremos pensar “algo distinto van a hacer” pero los datos de endeudamiento no son alentadores en un año de gestión de Macri, donde la deuda se incrementó más del 50 % de todo el período de la dictadura y gran parte debido a la bicicleta financiera. Es hora de cambiar los patines de freno.

 

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Gobierno colocó Letes por u$s 800 millones

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El Ministerio de Finanzas informa que como resultado de la licitación se adjudicaron VN USD 400 millones en Letras del Tesoro a 182 días (27 de octubre de 2017) a una tasa nominal anual de 2,86% y VN USD 400 millones a 364 días (27 de abril de 2018) a una tasa nominal anual de 3,28%.

El monto total de las órdenes recibidas para ambos instrumentos alcanzó un valor nominal de USD 4.497 millones, distribuido en USD 2.550 millones para la Letra a 182 días y USD 1.947 millones para la Letra a 364 días. Se recibieron 7.471 órdenes de compra.
Debido a que el monto ofertado en todas las Letras superó el monto total a adjudicar, se aplicó un factor de prorrateo de 15,69% para la Letra a 182 días y 20,55% para la Letra a 364 días.
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El Gobierno le suelta la mano a OCA, que queda más cerca de la quiebra

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El mayor correo privado del país tiene deudas con la AFIP por más de $ 1400 millones; la decisión abre un frente de conflicto con el gremio del camionero Hugo Moyano, al cual pertenecen los 7000 empleados de la compañía.

Los días de OCA, el correo privado más grande del país, estarían contados. Después de meses de gestiones fallidas y de una evaluación técnica exhaustiva, el Gobierno finalmente habría decidido la semana pasada soltarle la mano. Se trata de una decisión sensible: la empresa emplea directamente a 7000 personas afiliadas al gremio del camionero Hugo Moyano, uno de los sindicalistas de mejor relación con la administración de Mauricio Macri, pero también de mayor capacidad de presión en la calle.

La empresa acarrea una deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por más de $ 1400 millones y tiene desde hace meses problemas para juntar los fondos para el pago de sueldos.

La AFIP, que le inició el año pasado a OCA y a su dueño, Patricio Farcuh, una demanda por haber usado impuestos retenidos de terceros para financiarse, la embargó por $ 300 millones y podría bloquearle en el corto plazo otros $ 600 millones, para cobrarse parte de la deuda, según adelantaron las fuentes. Cada mes que pasa, no obstante, la deuda de OCA con el organismo recaudador se estaría incrementando en unos $ 120 millones.

Con 7000 empleados directos y otros 5000 trabajadores que dependen indirectamente del negocio, hace tiempo que el Gobierno viene siguiendo de cerca la crisis de la empresa. En noviembre pasado, en un intento de salvaguardar los puestos de trabajo, las fuentes aseguraron que Macri incluso cedió a un pedido de Moyano -para entonces, ya a cargo virtualmente de la compañía- y accedió a darle tres meses para que arme un plan de negocios y presente una propuesta de pagos para saldar la deuda con la AFIP. Pero llegó marzo y el plan de negocios nunca se materializó y tampoco hubo avances sobre la deuda con el organismo recaudador.

En paralelo, el Gobierno creó una comisión encabezada por Clarisa Estol, secretaria de Promoción de Inversiones en el Ministerio de Comunicaciones, para evaluar la situación de la compañía y ensayar escenarios posibles de rescate. En la tarea trabajó también un especialista en fusiones y adquisiciones, Alejandro Dillon, y el Estudio Alegría, con un amplio expertise en temas comerciales.

Pero la conclusión fue igualmente desalentadora: no es mucho lo que puede hacer el Estado ante una empresa privada, que además tiene grandes deudas tributarias, ya en instancia de judicialización.

Así las cosas, en una reunión en la Quinta de Olivos, la semana pasada, el propio Macri habría tomado la decisión de dejar que los hechos sigan su curso natural. Lo que, para OCA, podría significar la quiebra.

Durante el encuentro, del que también participaron el vicejefe de Gabinete Mario Quintana; Estol, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el responsable de Correo Argentino, Jorge Irigoin, y el titular de la AFIP, Alberto Abad, se habría evaluado en un primer momento intentar postergar el desenlace de OCA hasta noviembre, para así pasar las elecciones sin ruidos.

Pero, cuenta hoy La Nación, ya la AFIP no tendría margen para seguir demorándose en su reclamo sin correr el riesgo de que sus empleados sean interpelados eventualmente por no cumplir con sus deberes de funcionarios públicos.

En el Gobierno saben, no obstante, que la crisis de OCA podría tensar la relación con Moyano, con quien Macri venía en muy buenos términos, sobre todo, tras avalar su participación en la nueva AFA.

Una alternativa que no descarta el macrismo es que Correo Argentino -que tiene 17.000 empleados y en 2016 recibió asistencia del Estado nacional por cerca de $ 1500 millones- pueda tomar parte de la empresa, aunque siempre manteniéndola bajo una gestión independiente a la de la empresa oficial, para al menos darle continuidad a una parte de los trabajadores.

Pero OCA no sólo tiene problemas financieros. Su situación legal y societaria es por demás compleja. Farcuh -quien de hecho compró OCA en su momento gracias a gestiones de Pablo Moyano- denunció en la Justicia que parte de sus empleados le quieren sacar la empresa, a la que, dice, no puede entrar desde junio del año pasado.

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