La Argentina continuará con la categoría de mercado financiero “fronterizo”, señaló la sintetizadora estadounidense de fondos Morgan Stanley Capital International (MSCI), la cual argumentó que los inversores están preocupados respecto de la “irreversibilidad” de los cambios económicos dispuestos por el Gobierno de Mauricio Macri. Así lo señaló en el informe en el cual da a conocer las modificaciones en el índice denominado “2017 Market Classification Review”.
“El MSCI anunció que mantendrá en Índice MSCI en la lista de revisión para una potencial reclasificación al estatus de ‘mercado emergente’ como parte de la Revisión Anual de Clasificación de Mercados en 2018”, explicó el comunicado.
En tanto, se destacaron los puntos favorables de la economía en los últimos años: “Desde diciembre de 2015 el Banco Central de Argentina abolió las restricciones al cambio de divisas y los controles de capitales que habían tenido lugar por varios años. Estos cambios han resultado, entre otras cosas, (1) en un tipo de cambio flotante, (2) la eliminación de reservas de efectivo y límites mensuales de repatriación de efectivo y (3) la abolición del período de inmovilización para inversiones”.
“A pesar de que el mercado de renta variable de Argentina alcanza la mayoría de los criterios para ser Mercado Emergente, aún debe evaluarse la irreversibilidad de los relativamente recientes cambios”, puso reparos la entidad. Así, postergó la resolución en el marco de la Revisión Anual de la Clasificación del Mercado de 2017.
La decisión, que fue una sorpresa para los inversores, deja al país en el mucho más pequeño índice de mercados frontera, en el que se encuentra desde 2009.
“Creemos que Argentina puede ser golpeada en un primer momento, porque las expectativas de que se le incluyeran eran muy altas”, dijo Lucy Qiu, analista de mercados emergentes de UBS Wealth Management en Nueva York. “Aún pensamos que puede ser un caso positivo en el largo plazo pero hay que prepararse para una debilidad temporal”, agregó.
La decisión de no subir de categoría a Argentina pudo ser una decepción para muchos inversores, dijo la gestora de fondos de BlackRock, Emily Fletcher, que destacó los sustanciales cambios macroeconómicos del país en el último año. Argentina sigue siendo un “destino atractivo para la inversión” en el largo plazo, agregó.
La mejora en la calificación hubiera implicado la habilitación a fondos internacionales para adquirir activos argentinos, lo cual daría impulso al sistema financiero local.
La Argentina había perdido la categoría en 2009, principalmente, a causa de que se pusieran en marcha restricciones a los movimientos de capitales externos.
Para otorgar la categoría a las economías, la banca estadounidense Morgan Stanley analiza factores como la volatilidad, proyecciones de crecimiento, liquidez y apalancamiento financiero, entre otros.
MSCI Inc. es un ponderador estadounidense de fondos de capital de inversión, de carteras de emisión de deuda, de indicadores de mercados de valores y de fondos de cobertura, entre otros instrumentos financieros.
La relativa quietud del tipo de cambio, el hecho que los salarios en dólares en los últimos doce meses estén aumentando casi un 10 por ciento, son rasgos de una economía en clave electoral. ¿Será que el 2017 no se habrá de diferenciar de los años impares precedentes y que, por ende, en 2018 la economía volverá a entrar en recesión?. Hay bastante distancia con 2015 ó 2013 como para poder asegurarlo. El dólar planchado no es el subproducto de controles (los cepos), la inflación está desacelerando de forma menos artificial, ya que han ocurrido ajustes de tarifas, la reactivación luce más firme, al ser traccionada por la agroindustria y la inversión pública, en lugar del consumo.
Otra diferencia relevante es que el gasto público consolidado (nación, provincias y municipios) este año estaría recortando 1 punto del PIB, cuando en 2013 aumentó 1,5 puntos porcentuales y en 2015 lo hizo nada menos que 3,7 puntos del PIB. En la medida en que se aleje la idea de una futura crisis fiscal, la inversión privada podría dar señales más contundentes, aunque no deberían menospreciarse los datos de coyuntura, ya que la importación de bienes de capital crece 17,2 % interanual en lo que va del año, y ya supera en 7,0 % los guarismos de 2015. Estas tendencias podrán acentuarse cuando se confirme que la reactivación no habrá de agotarse con el año electoral.
Comparado con un primer trimestre en el que la inflación apuntaba hacia arriba y el nivel de actividad no despegaba, el segundo trimestre aporta mejores augurios a la política económica, aunque ya se sabe que las buenas noticias vienen en dosis homeopáticas.
La tendencia ascendente de la inflación entre febrero y abril, con la consiguiente suba de tasas dispuesta por el Banco Central un par de meses atrás, complicaron la marcha de la economía entre el primer y el segundo trimestre. Pero esas tribulaciones parecen quedar atrás. Fue significativo el descenso de la tasa mensual de inflación, de 2,6 % a 1,3 % entre abril y mayo (INDEC), pero además resultó consistente, porque de los 35 items relevados, en 19 las subas de precios fueron inferiores a 1,3 %. Esto hace verosímil un nuevo peldaño descendente para junio, que permitiría que el Banco Central haga otro tanto con las tasas de interés, quizá a principios de julio.
Con estas novedades, la recuperación del nivel de actividad podría afianzarse, ampliando el número de sectores involucrados, para alcanzar al mercado de trabajo, que siempre actúa con rezago: en términos desestacionalizados, la tasa de desempleo subió de 8,1 % a 8,9 % entre el cuarto trimestre de 2016 y el primero de 2017. De todos modos, hay sectores que ya reflejan el cambio de tendencia y la forma secuencial en que esto ocurre, caso de la construcción, dónde el empleo subió 2,1 % interanual en el primer trimestre, acelerando a 5,6 % en marzo.
La menor inflación, que ahora puede abrir paso a fenómenos positivos como la recuperación parcial del poder adquisitivo de los salarios, es un logro no exento de costos. Como ya se ha comentado, estabilizar luego de una hiperinflación fue reactivante por sí mismo, pero el punto de partida de esta coyuntura es la estanflación de cuatro años (2012 a 2015), no comparable con los episodios de principios de los ’90 y de los 2000.
Asimismo, como se viene de un colapso de la inversión en infraestructura, pese a subsidios que superaron los 4 puntos del PIB, el proceso de recomposición de tarifas introduce una cuña que se interpone entre sueldos y consumos. Si antes de diciembre de 2015 una familia tipo de la Ciudad de Buenos Aires destinaba el 44 % de sus ingresos a pagar alquiler, expensas y servicios de luz, gas, agua y transporte, al presente esa participación ya alcanza al 50 %, o algo más. Esos 6 puntos porcentuales de diferencia implican menor capacidad adquisitiva para indumentaria, peluquería, salidas del hogar, electrodomésticos, y el resto de consumos llamados “suntuarios”. Y el tema es que la actualización de tarifas no se ha completado, ya que los subsidios (que ahora equivalen a 3 % del PIB), todavía cubren más del 40 % de los costos. Los cambios estructurales vinculados con el negocio del consumo (mayoristas capturando mercado de los súper, por ejemplo) recién han comenzado.
Sería un problema si estuviéramos en presencia de un fenómeno de “austeridad inútil”, por el cual lo que se sustrae del consumo se pierde en fuga de capitales. Pero no puede decirse que éste sea el caso, porque hay diversas variables relacionadas con la inversión que se están comportando positivamente. Como se mencionó más arriba, la importación de bienes de capital trepó 17,2 % interanual (enero-abril), y ya se sitúa 7,0 % por encima de 2015. El consumo de cemento, por su parte, que en el primer trimestre había subido 6,1 % interanual, acelera a 9,6 % en lo que va del segundo trimestre.
No hay posibilidad de un boom de inversiones, porque la rentabilidad en la mayoría de los sectores es muy acotada, las decisiones en el segmento industrial están condicionadas por la definición de la crisis brasileña y porque la reversión de los desequilibrios macroeconómicos, que orbitan alrededor del muy elevado déficit fiscal, demanda un consenso político que sólo las legislativas de octubre permitirá afianzar. Pero, al menos, hay un movimiento perceptible que parece responder al “milagro” de constatar que existe vida económica después de 2017…
El Ministerio de Finanzas anuncia la emisión de un bono con plazo a 100 años por un monto de 2.750 millones de dólares estadounidenses con un cupón de interés de 7,125% y un rendimiento de 7,9%.
Esta operación se enmarca en el objetivo del Gobierno Nacional de “asegurar el financiamiento en las mejores condiciones posibles para el crecimiento de la economía y la generación de empleo”.
A pesar de la incertidumbre actual en los mercados internacionales, el Gobierno busca obtener financiamiento a muy largo plazo y a las tasas nominales más baja de la historia argentina.
“Una emisión de este tipo es posible gracias a que logramos recuperar la credibilidad y la confianza del mundo en Argentina y en el futuro de nuestra economía”, afirmó el ministro de Finanzas, Luis Caputo.
Con esta emisión, Argentina pasa a ubicarse en el selecto grupo de naciones con emisiones de bonos soberanos a 100 años como México, Bélgica, Irlanda, China, Dinamarca o Suecia. “Estamos más cerca de países normales como Bélgica o México que de Venezuela, con quien el gobierno anterior solía endeudarse a 5 años de plazo y a tasas de un 15%. Es un sello de confianza no sólo en esta Administración sino también en el futuro del país”, agregó el titular de Finanzas.
El Ministro resaltó que la operación muestra “prudencia y responsabilidad: estamos aprovechando un momento de tasas muy bajas a nivel mundial y es importante, entonces, balancear los plazos de endeudamiento”.
Caputo agregó, además, que “no hay que perder perspectiva; lo que pagamos en esta emisión es lo mismo que pagaba Estados Unidos por su deuda a largo plazo en la década de los 90″. “Financiarse a largo plazo y con tasas bajas es hacer una gestión responsable y cautelosa de nuestra deuda”, añadió.
Para justificar el brutal ajuste aplicado en las pensiones de discapacitados, el Gobierno puso en el mapa a Guanaco Muerto, un lejano paraje cordobés, donde había más pensiones que habitantes. El ejemplo perfecto para justificar el ajuste. De nada sirvieron las explicaciones ni el análisis de los datos. El relato ya estaba escrito en un par de medios y era multiplicado por miles de “trolls” que ese día se enteraron que el lugar quedaba en la Argentina.
Guanaco Muerto es un pueblo en la miseria, sin trabajo, donde nadie quiere vivir y el mal de Chagas es endémico. “Hay muchos de los beneficiarios de esas pensiones que se han jubilado, no están en los padrones. Dejaron de recibir una pensión para recibir una jubilación”, explicó el jefe comunal, Domingo Zenón Soria.
Su pueblo fue utilizado como argumento para el ajuste. Hubo otros peores. “Una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la Asignación Universal por Hijo”, dijo el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino. ¿Cuántas personas con síndrome de down en realidad pueden conseguir trabajo? ¿Y cuantas uno más o menos bien remunerado? ¿Conoce alguno?
El funcionario se excusó por el tijeretazo sin aviso. “No tenemos los teléfonos de todos y no es efectiva la comunicación por carta”, confesó al diario Clarín.
Ante la creciente ola de repudio en pleno arranque de la campaña de cara a las elecciones de octubre, el gobierno de Mauricio Macri dijo que, otra vez, se trató de un error y que iban a dar marcha atrás. Con la lógica utilizada, todos los pensionados “clientelistas” seguirán cobrando. El daño, de todos modos, ya está hecho. Hay demora de un año para adquirir un nuevo certificado de discapacidad.
Como se ve, la gestión del Excel nuevamente calculó mal. Con la idea fija de reducir los gastos del Estado, el Gobierno apela a un ajuste que recae siempre sobre los menos poderosos. Ya pasó con los tarifazos de la luz y el gas, las jubilaciones y las paritarias a la baja.
Es un modelo. Para presionar a los docentes de Buenos Aires a que acepten la oferta salarial, María Eugenia Vidal anunció que no enviará comida a los comedores escolares los días de paro, hagan o no huelga los docentes.
Para recortar pensiones, el Gobierno nacional manoteó un decreto de Carlos Menem que ni el mismo riojano -ajustador serial- utilizó. No importó que el texto menemista haya quedado en el olvido con la adhesión de la Argentina a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –recomendada en 2006 por la asamblea general de las Naciones Unidas-. La ministra Carolina Stanley lo desempolvó para recordar que siempre se puede estar peor. “Error de aplicación de criterio”, dijo después, con el escándalo consumado.
Un pensionado por discapacidad cobra 4.776 pesos, que en la mayoría de los casos, apenas alcanza para cubrir una parte de sus gastos. Se cuestiona el “clientelismo” porque durante el kirchnerismo, las pensiones por invalidez pasaron de 180 mil a casi dos millones.
Nadie dice que, más allá de casos puntuales que son repudiables siempre -en Misiones hubo varias denuncias a intendentes y parientes- el número saltó porque es un derecho que comenzó a reconocerse en los últimos años. Eran anónimos que pasaron a ser visibles.
La vicepresidenta Gabriela Michetti volvió a apelar a lo fortuito por encima de las decisiones políticas. “”Ese dinero no podía ir a cualquier lado y se empezó a investigar.Tuvimos la pésima suerte de que a personas que debían tener la pensión se les dio de baja”, se atajó. Suerte. La mala siempre les toca a los mismos. Algunos ya deslizan que la próxima yeta será la de los jubilados.
La cantidad de discapacitados en la Argentina coincide con el promedio mundial y hay muchos menos pensionados que discapacitados.
La mayor parte de la población que declaró tener una sola dificultad, tiene un problema visual: son 2.069.151 personas que representan casi el 60% del total de esa población. Las dificultades motoras (inferiores y superiores) afectan a poco menos del 24% de los habitantes. Las personas con dificultades auditivas y cognitivas representan algo más del 8%, en cada caso.
De las 4.701.685 personas de 14 años y más con dificultad o limitación permanente, el 47,7% corresponde a la Población Económicamente Activa. En términos absolutos son 2.241.897 personas. El 44,6% de 14 años y más, se encuentra ocupado.
Argentina no tiene ni más ni menos que el promedio mundial: la Organización Mundial de la Salud estima que mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad; alrededor del 15% de la población mundial. Esta cifra es superior a las estimaciones previas de la OMS, correspondientes a 1970, que eran de aproximadamente un 10%, porque el número de personas con discapacidad en el mundo está creciendo. Esto es debido al envejecimiento de la población -las personas ancianas tienen un mayor riesgo de discapacidad- y al incremento global de los problemas crónicos de salud asociados a discapacidad, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales.
Eso redunda en peores resultados sanitarios y académicos, menor participación económica y mayores tasas de pobreza, además de dependencia. El crecimiento es similar en la Argentina.
Misiones no escapa al promedio. En el último censo se registraron 153.455 personas con discapacidad, lo que equivale al 14,1 por ciento de la población. Según los últimos datos oficiales, el Gobierno provincial paga a través de Salud 51.755 pensiones por invalidez y 5.480 a la vejez e invalidez a través de Desarrollo Social, a quienes no tienen otro beneficio previsional. Otras tantas se suman por el gobierno nacional, aunque no hay precisiones sobre la cantidad.
Los datos sanitarios avalan la inclusión de los discapacitados como sujetos de derecho. Pasó lo mismo con el Hambre Cero. No es que de un día para el otro se multiplicaron los números de desnutrición, sino que, al reconocerse el beneficio como un derecho, se amplió el número de beneficiarios. Durante los 90, Misiones ostentaba los peores indicadores sanitarios, que se agravaron con la crisis de 2001. Recién después comenzaron a mejorar los datos, pero el núcleo duro de la pobreza seguía estando y sin la presencia del Estado, no hay esperanzas de que retroceda.
Los derechos ampliados durante los últimos años vinieron a remendar esas grietas. La Asignación Universal por Hijo es otro ejemplo. Sus beneficiarios fueron estigmatizados como planeros y el programa fue despreciado por varios de los actuales funcionarios o integrantes de la alianza gobernante. Pero generó un impacto directo sobre la pobreza y la desigualdad.
Desde su creación hubo una mejora de casi un 30% en el ingreso promedio de los estratos más bajos, mientras que este cambio se redujo a cero para el más rico. A casi 8 años de su implementación, ese efecto se mantuvo, aunque algo más suavizado.
El repudio al ajuste aplicado fue tan intenso que dominó la última sesión de la Legislatura provincial. Todos los bloques, con excepción de la alianza Cambiemos, cuestionaron al Gobierno nacional. Alfredo Schiavoni, referente del PRO, intentó llevar las críticas al plano electoral. Pero casi al unísono, los demás diputados le marcaron la escasa sensibilidad del Gobierno y advirtieron sí, que se trata de un debate ideológico: se ajusta sobre el que menos tiene y se beneficia al poderoso. Hasta Claudio Wipplinger, de origen emparentado al PRO, pareció de ultraizquierda en comparación: “El supuesto mejor equipo reacciona cuando el impacto mediático y electoral les duele”, apuntó y resaltó que para dar de baja las pensiones, “se agarraron de un decreto de Menem”. Cambiemos siguió defendiendo el ajuste aún después de la marcha atrás anunciada por Stanley.
El embate contra la “mafia de las pensiones” no fue el único de Gobierno. Coincidió con el furibundo ataque presidencial a los jueces y abogados laboralistas que conforman la camorra de los juicios laborales”. Se refería, claro, al crecimiento de los juicios por accidentes de trabajo. La Unión Industrial lo aplaudió y algunos sectores de la economía celebraron la iniciativa presidencial.
Lo curioso es que pese a la reforma de la ley de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, sancionada a instancias del Gobierno, los litigios crecieron, especialmente en Buenos Aires. Y no mejoró ningún indicador de productividad ni de empleo.
El discurso dominante choca contra sus propios datos. Tanto que comienza a haber fuego amigo advirtiendo sobre los riesgos de sostener un modelo económico que no tiene más que tímidos brotes verdes después de 18 meses de gestión. “El presidente debe darse cuenta que su discurso no se condice con la realidad”, sorprendió el editorialista de Todo Noticias, Nelson Castro, un enemigo declarado del Gobierno anterior que ahora comienza a despegarse, aunque, como todo el grupo, sostenga a la ex presidenta Cristina Fernández como blanco de sus diatribas.
Castro se refería al permanente mensaje de optimismo que baja del gobierno sobre la marcha de la economía y la generación de empleo. Pero los datos reflejan pocos avances.
El ajuste no mejora la economía y comienzan a notarse los efectos. En un sólo día, el Gobierno se endeudó por más de 6.200 millones de dólares, lo que representa un aumento del stock del 23 por ciento en dólares y del 77 por ciento en pesos, a una tasa variable nada barata del 25,75 por ciento anual.
La deuda es el único ingreso de dólares en la Argentina. Pero en mayo, el 90 por ciento de lo que ingresó se fue por la “bicisenda” financiera porque los inversores aprovechan las altas tasas de interés locales. Ya son US$4.000 millones en el año lo que se volcó a la especulación, mientras que el flujo de ingreso de divisas por inversión extranjera directa se redujo en mayo por segundo mes consecutivo.
El propio Presidente llamó a un votante decepcionado e intentó convencerlo de que tenga paciencia. “Esto tarda en moverse y arrancar”, confesó, como si se tratara de un viejo camión al que solo hay que empujar. Esa conversación dejó una rara explicación vinculada a los padecimientos locales. Macri aseguró que las asimetrías en Misiones o Mendoza, obedecen a la necesidad de “cuidar el empleo”, por lo que se frenan las importaciones y los productos argentinos valen más que del otro lado de la frontera.
“Abrí la importación de las computadoras, bajaron los precios y casi me matan. La Argentina tiene que abrirse a compertir, incluso con Brasil, que allá las zapatillas salen un tercio de lo que valen acá. La gente agarra su autito y cruza la frontera, y los que más pueden van a Miami y vienen con 14 valijas”, sostuvo, y se preguntó: “¿Qué más puedo que hacer para que esto vaya más rápido? Esto lleva su tiempo, no hay otro camino”, enfatizó.
El déficit fiscal es más alto que el “heredado” de Cristina. La inflación apenas se aminora, pero el poder adquisitivo perdido, no se recupera.
El desempleo creció a 9,2 por ciento en todo el país, según los datos del Indec, que nuevamente contradijo las expresiones del ministro de Economía, Nicolás Dujovne, quien apenas unas horas antes del dato oficial, aseguraba que el empleo crecía desde hace nueve meses.
El 9,2 por ciento de desempleo es el porcentaje más alto de los últimos años y fue peor en Buenos Aires, el principal distrito de la alianza gobernante: la provincia manejada por María Eugenia Vidal, la gran esperanza de Cambiemos, tiene un desempleo de 10,9 por ciento, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gobernada por Rodriguez Larreta, subió al 7,9. En los partidos del interior de Buenos Aires, el promedio es de 11,8 por ciento, con un crecimiento de tres puntos por encima de la media nacional.
Los datos del Indec revelan que Posadas se mantiene todavía entre los centros urbanos con menor tasa de desempleo, pero de cualquier modo, se advierte un crecimiento que no escapa a la media. En la capital misionera, donde los tarifazos nacionales hacen un efecto mucho más dañino por las asimetrías, hay dos mil nuevos desocupados en relación al fin del año pasado y una tasa del 4,1 por ciento.
Podría ser peor sin la activa presencia del Estado provincial en el incentivo a las pequeñas empresas y la búsqueda permanente de inversiones que ahora se potenciará con una Agencia de Inversiones creada por el gobernador Hugo Passalacqua. Los datos son elocuentes sobre la necesidad de que la Nación le preste la debida atención a Misiones: de los 60 mil millones de dólares anunciados en inversión para la Argentina, apenas 10 millones -diez- se enfocaron en la tierra colorada. Uno solo viene de afuera: LUG, la fábrica de Leds que atrajo el Gobierno provincial para que se instale en el Parque Industrial con una inversión de cinco millones de dólares. El otro es capital provincial, de Pindó SA, para la generación de energía con biomasa, también por cinco millones de dólares. A esos dos se suma un proyecto estatal, de Yacyretá, por 80 millones de dólares, a ejecutarse en varios años. Para alcanzar el promedio de crecimiento de en Latinoamérica, Misiones debe capturar al menos 300 millones de dólares en inversión.
Eso también se pone en juego en las elecciones de octubre. Misiones debe aumentar la presión sobre la Nación para ser atendida. Hasta ahora la gobernabilidad dada desde la provincia, no fue retribuida con igual intensidad ni se atendieron los principales reclamos.
La Renovación apostará a fortalecer esa línea de trabajo. Gobernabilidad, pero diferenciación a la hora de plantear los temas que interesan a Misiones. ““La Renovación es la única que defiende los intereses misioneros”, aseguró el diputado nacional Maurice Closs, quien se volverá a poner el traje de candidato para regresar al Senado.
La Renovación es el frente más amplio que se anotó para competir en octubre. Liderados por el partido de la Concordia, otros nueve partidos, entre ellos el peronismo, conforman la coalición gobernante, que presentará a sus candidatos el próximo viernes, horas antes del plazo formal.
La alianza Cambiemos todavía no tiene los nombres confirmados, pero logró un inédito consenso: el PRO y la UCR acordaron la integración del frente y marcaron el terreno frenando cualquier aventura personal, como las pretendidas por Alex Ziegler, quien finalmente volvió al rebaño, y Juan Manuel Holz, autoproclamado candidato a senador. Nada de eso sucederá. En las negociaciones se incorporó una cláusula por encima de las Cartas Orgánicas, que determina que las candidaturas deberán ser aprobadas por el PRO y la UCR antes de ser inscriptas. Los que no sean avalados, no podrán postularse. El PRO no quiere internas en ninguna parte, aunque la aceptarán a regañadientes en la Capital, donde se presenta Martín Lousteau.
La fumata blanca no fue sencilla. El macrismo y los socios menores radicales coincidían en el fondo, pero no en las formas. La ambición de Ziegler complicó el reparto. Ya no como senador, quería encabezar la lista provincial. Fue tenso el último tramo de conversaciones, que ya habían avanzado mucho entre los otros socios. Lo mandaron a la cola. Se quedó con el tercer puesto –para una mujer- de la lista provincial y el noveno. El radicalismo hizo buen negocio, quedándose con el primer puesto –el concejal Ariel Pianessi pica en punta- y cuatro entre los siete primeros. El PRO tiene dos más, pero el objetivo de fondo es que Humberto Schiavoni acceda a una banca en el Senado.
En tercer lugar aparece Avancemos, la sociedad conformada por los massistas Adolfo y Alejandro Velázquez, los radicales de Vanguardia Hugo Escalada y María Losada y los diputados de Trabajo y Progreso, Claudio Wipplinger y Victor Kreimer, a los que se sumó el Socialismo. La convivencia es la marca registrada de este frente, por encima de las candidaturas, que todavía no están definidas, pero que no deberían generar resquemores.
Hasta último momento se especuló con el acercamiento de Héctor “Cacho” Bárbaro, pero el chacarero se siente en la mayoría de edad y anotó al Partido Agrario en soledad para competir en todos los cargos.
El kirchnerismo fracasó en su intento de armar una alianza electoral pese al envión que significa la candidatura de Cristina Fernández al frente de Unidad Ciudadana. La Cámpora copó el escenario en Misiones y desplazó a los locales del partido de la Victoria. Por eso no hubo coincidencias con los peronistas locales. El frente no se dio, aunque al filo de la medianoche del miércoles, lograron anotar un partido que representará a Cristina, aunque los papeles se terminaron de oficializar recién este fin de semana.
En las antípodas, Ramón Puerta también se anotó en soledad para intentar volver al Congreso nacional. El apostoleño está dispuesto a dejar la zona de confort como embajador de Macri en Madrid para volver a la campaña por Unión Popular. No será el único detrás del voto peronista desencantado. Jorge Galeano también desempolvó su traje de candidato y recuperó a los herederos del humadismo y alterachismo para frenar la “diáspora” en un Frente Militante.
Está claro que la pulseada electoral estará concentrada en Buenos Aires por la figura de Cristina Fernández. Pero más allá de estar prendidos a las pantallas, en la tierra roja las elecciones tienen su propia intensidad. En octubre se define mucho más que una banca. Se pone en juego de qué lado de la balanza se ubica Misiones.
Escriben Guillermo Knass, y Martín Leiva Varela, ECONEA. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne constantemente en todos los anuncios que realiza afirma que se viene una reforma tributaria integral en la Argentina. Cuando se plantea una modificación al sistema tributario vigente es porque la cosa anda muy mal, pero ¿qué es lo que anda mal?
Algunas cuestiones que tenemos que entender para saber si los impuestos que pagamos están bien o mal:
Suficiencia: Los impuestos que pagamos deben alcanzar a cubrir todas las necesidades públicas, reza una cualidad del buen sistema tributario, según estimaciones el país tiene un déficit de entre 7 y 8 puntos del PBI. El tercero más alto de la historia según Economía&Regiones (consultora fundada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio) aquí hay que analizar el resultado fiscal desde dos puntos de vista:
O se está recaudando muy poco, esto quiere decir que la gente puede pagar más y no lo está haciendo; o se está gastando mucho y por más que suban las alícuotas o se creen nuevos impuestos, el Estado no va a poder recaudar más porque la actividad económica (base de toda recaudación impositiva) no permite recaudar más.
Como se aprecia, la recaudación no alcanza a cubrir los gastos actuales del Estado. Además como el déficit actual se va financiando con endeudamiento, a futuro se puede ir corrigiendo el déficit primario pero se irá agravando el déficit financiero que es el que resulta de pagar los intereses de la deuda.
Progresividad: La progresividad es fácil definirla en teoría, implica que aporten más los que más tienen. En este caso el impuesto a las Ganancias es más progresivo que el IVA. Entonces hagamos un solo impuesto que recaude y reemplace a todos los demás y sea de carácter progresivo. Pero el sueño del impuesto único es imposible porque muchas veces los impuestos más justos son más difíciles de recaudar o más costosos de administrar. Por eso tenemos tantos impuestos.
Como se ve, en 2016 los impuestos PROGRESIVOS nacionales (Ganancias, Bienes Personales etc.) recaudaron apenas un 5,79% del PBI, mientras que los impuestos más neutros o regresivos (IVA es el principal) recaudaron el 10,82 % del PBI. Porque son más sencillos de administrar.
Aquí es donde lo ideal toca con lo real, los impuestos progresivos dependen más de las declaraciones personales de los contribuyentes y en países con baja cultura tributaria tienden a pagar lo menos posible.
Aparte, hablar de progresividad solo mirando impuestos es muy limitado. La progresividad es un concepto que hay que analizar globalmente en la acción del Estado; o sea mirar de quien recauda (los recursos) y en quien gasta (gasto público, subsidios, etc.).
En síntesis, un Estado es progresivo si distribuye más entre los que menos tiene combinando los impuestos con los gastos.
Lo que sí es innegable es el incremento de la presión tributaria en los últimos años. Como se aprecia en el cuadro anterior en Argentina en el año 2004 los impuestos se llevaban el 24,65 % del PBI, mientras que el año pasado se llevaron el 32,14 %.
Si a esto se le suma que el déficit fiscal es del 7% del PBI, necesitaríamos que los impuestos recauden el 40% del PBI aproximadamente para cubrir el nivel actual de gastos del Estado. Esto es considerando que la actividad estatal es suficiente o a lo sumo hay margen para cambiar gastos superfluos por otros necesarios.
Para saber si es mucho o poco comparemos con otros países del mundo:
Como vemos la presión fiscal analizada por si solo dista de ser concluyente, si miramos a Europa y la calidad de sus servicios públicos diríamos que el modelo es pagar altos impuestos y tener un Estado de bienestar fuerte, como por ejemplo, en Francia y Alemania, pero también en esta franja encontramos a Grecia con una situación fiscal inmanejable que cada tanto lo pone al borde de caerse de la zona del Euro y con cada vez más protestas sociales.
En la franja de presión media tenemos a Argentina, Japón, Brasil con realidades muy distintas entre sí.
Entre los de menor presión, de menor presencia estatal, tenemos por un lado a Paraguay, como así también a Estados Unidos.
Conclusión:
Recaudar más o menos no se correlaciona con el éxito ni con el fracaso del crecimiento y la inclusión social. Debemos incorporar al análisis cuanto debemos gastar de acuerdo a las realidades y las posibilidades de la economía actual.
Al progresismo hay que mirarlo desde la acción integral del Estado, tanto desde lo que recauda como desde lo que gasta.
Existen más de treinta impuestos nacionales, a lo que hay que sumarle otra tanda de provinciales y tributos municipales.
Esto hace que el cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos sea algo realmente complejo, vendría bien una reforma pero enmarcada en un modelo integral de estado que determine también un modelo de país más justo y solidario con sus ciudadanos y más responsable con sus finanzas.
