La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso nuevas exigencias informativas para las sociedades de bolsa con el objetivo de fortalecer el control sobre su exposición en moneda extranjera, en el marco de una estrategia orientada a monitorear riesgos financieros y prevenir situaciones de vulnerabilidad en el mercado de capitales.
A través de la Resolución General 1144/2026, el organismo precisó el alcance de la información que deberán remitir los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) respecto de sus tenencias de moneda extranjera, incorporando definiciones específicas sobre posición bruta y posición neta en dólares.
Según la normativa, los ALyC alcanzados deberán informar mensualmente a la CNV el detalle diario de sus posiciones en moneda extranjera correspondientes a cartera propia, incluyendo depósitos bancarios en el país y en el exterior, efectivo, bonos, instrumentos financieros dolarizados y activos cuyo subyacente esté denominado en moneda extranjera.
La resolución establece que la información deberá reflejar el saldo al cierre de cada jornada y presentarse bajo el criterio de concertación, lo que permitirá al regulador contar con una fotografía diaria de la exposición cambiaria de los intermediarios financieros.
La denominada “Posición en Moneda Extranjera Bruta” comprenderá la totalidad de los activos propios dolarizados, mientras que la “Posición en Moneda Extranjera Neta” descontará aquellos instrumentos recibidos mediante acuerdos de préstamo, alquiler de valores u operaciones similares que figuren como pasivos del agente.
La CNV explicó que la medida complementa disposiciones regulatorias previas vinculadas al endeudamiento financiero, los préstamos de valores negociables y las posiciones en mercados de futuros y opciones.
De acuerdo con los fundamentos de la resolución, el objetivo es contar con herramientas que permitan identificar, monitorear y mitigar potenciales escenarios de riesgo sistémico derivados de los niveles de apalancamiento y exposición financiera de los ALyC.
La norma también incorpora nuevos requerimientos sobre indicadores de liquidez y apalancamiento, aunque uno de los principales cambios apunta a profundizar la capacidad de supervisión sobre la posición en moneda extranjera de los intermediarios del mercado.
El nuevo esquema comenzará a aplicarse sobre la información correspondiente a junio de 2026, que deberá presentarse mediante la Autopista de la Información Financiera (AIF) de la CNV.
El Palacio de Hacienda acaba de ejecutar una nueva maniobra de microcirugía monetaria sobre la estructura de precios relativos de la energía. Mediante el Decreto 405/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial tras la rúbrica del presidente Milei, el ministro Caputo y el jefe de gabinete Adorni, el Ejecutivo nacional dispuso postergar de forma parcial hasta el 1° de julio de 2026 la aplicación de las actualizaciones remanentes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).
La medida, analizada bajo la lente macroeconómica del Nordeste Argentino (NEA), opera como un respirador artificial temporal para un sector de consumo de alta sensibilidad. Al alterar los plazos fijados previamente en el Decreto 617/2025 y su cadena de prórrogas mensuales subsidiarias, el Gobierno asume el costo de oportunidad fiscal en el corto plazo con un objetivo unívoco: evitar que la inercia del canal de distribución indexe de manera anticipada la tasa de inflación núcleo (core inflation) del mes que inicia.
¿Qué se posterga y por qué?
La arquitectura del esquema impositivo local, regida por la histórica Ley N° 23.966, estipula indexaciones trimestrales basadas en la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. El texto oficial de la norma desnudó el solapamiento de vencimientos que amenazaba el surtidor este mes: el remanente de los períodos fiscales correspondientes a los años calendario 2024 y 2025. Y el impacto pleno del primer trimestre calendario de 2026.
Al unificar los efectos de estos tres bloques impositivos para los hechos imponibles que se perfeccionen recién a partir del 1° de julio, la administración central busca amortiguar la presión sobre la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. El argumento oficial explicita el delicado equilibrio de la hoja de ruta económica: “Continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. Traducido al llano: la recaudación secundaria cede el paso al control del índice de precios.
Para las provincias del NEA —una región caracterizada por la ausencia estructural de redes de gas natural domiciliario de cobertura total y una dependencia absoluta del transporte automotor de cargas—, el precio del gasoil no es una variable marginal, sino el denominador común del costo logístico global.
Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa conviven históricamente con una distorsión de precios en boca de expendio respecto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras el artículo 7° de la Ley 23.966 ratifica exenciones y montos diferenciales fijos para la Patagonia (Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Patagones y Malargüe), el Norte Grande continúa absorbiendo los costos de flete interno desde los nodos de refinado.
El aplazamiento impositivo mitiga de forma transitoria el salto en los costos fijos de las pymes de transporte regionales, pero no neutraliza el sendero de recomposición de márgenes que las petroleras (encabezadas por YPF como market maker) aplican por fuera del componente puramente impositivo, asociadas al precio internacional del barril de crudo (Brent) y la devaluación mensual programada (crawling peg).
Cronología de la contención fiscal
El laberinto administrativo que derivó en la firma de este decreto exhibe una secuencia sistemática de postergaciones durante el último semestre, configurando la principal ancla nominal del programa de estabilización.
Decreto 617/2025 – 28 de Agosto de 2025: Establece la matriz de postergación de los pasivos impositivos hidrocarburíferos devengados.
Decretos de Fin de Año – Septiembre – Diciembre 2025: Tránsito sucesivo mediante los Decretos 699, 782, 840 y 929 para evitar el traslado a góndolas durante el pico de consumo de las fiestas de fin de año.
Batería Normativa 2026 – Enero – Abril 2026: Congelamiento secuencial mes a mes mediante las oficinas de Hacienda (Decretos 74, 116, 217 y 302) bajo monitoreo de ARCA (ex AFIP).
Decreto 405/2026 – 29 de Mayo de 2026: Firma definitiva de la norma actual. Publicación e inicio de vigencia al 1° de junio, fijando el nuevo horizonte de impacto al inicio del segundo semestre.
El interrogante central para los analistas radica en la sostenibilidad de esta estrategia. El diferimiento del cobro de tributos a los combustibles implica una renuncia fiscal líquida e inmediata para las arcas de la Nación y, por derrame de coparticipación, para las provincias del NEA.
Sin embargo, el coeficiente de elasticidad de la demanda de combustibles ha mostrado signos de fatiga ante las actualizaciones previas. En una economía de frontera donde el diferencial de precios con los países vecinos (Paraguay y Brasil) se ha acortado drásticamente, la caída del consumo fronterizo ya eliminó el histórico “colchón” de demanda externa que dinamizaba las estaciones de servicio misioneras.
En conclusión, el Decreto 405/2026 compra tiempo. Otorga 30 días de estabilidad formal a la base imponible del combustible, transfiriendo al mes de julio —pleno período de receso invernal y estacionalidad turística alta— el desafío de calibrar el precio definitivo de la energía sin disparar las expectativas de inflación regional.
Por Jamieson Greer / F&D FMI – Durante aproximadamente 30 años, los aranceles y la regulación de importaciones fueron parias políticos. Parafraseando la frase del escritor inglés G.K. Chesterton sobre el cristianismo: Los aranceles no se probaron ni se consideraron insuficientes, sino rechazados por los modeloseconómicos actuales y sin probar. Los responsables políticos, temerosos de desafiar el consenso de élite derivado de tales modelos, cerraron el universo de opciones y estrategias para resolver los desafíos de Estados Unidos. Pero el presidente Donald Trump ha cambiado eso y, al hacerlo, ha hecho un regalo a los economistas. El regreso de los aranceles y las regulaciones de importación crea una oportunidad para actualizar viejas suposiciones y modelos anticuados con la evidencia sólida de datos y experiencias reales.
Es interesante que estas políticas llegaran a ser inaccesibles. Los arquitectos del sistema económico internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial conocían los riesgos del comercio sin restricciones, como los importantes desequilibrios comerciales o las peligrosas dependencias de importaciones. Estos arquitectos priorizaron la soberanía nacional y la seguridad como objetivos iguales junto con la prosperidad generalizada. El Acuerdo General sobre Aranceles Aranceles y Comercio fue negociado deliberadamente para permitir un uso robusto de aranceles con el fin de garantizar la seguridad esencial, prevenir daños a las industrias nacionales, responder a la competencia desleal, fomentar el desarrollo económico y abordar los desafíos de la balanza de pagos. El Comité Coordinador para el Control Multilateral de Exportaciones alineó las políticas de control de exportaciones en Estados Unidos y sus aliados para presentar un frente económico común frente a la Unión Soviética y sus satélites. Los acuerdos plurilaterales, como el Acuerdo Internacional del Estaño, gestionaban activamente el comercio de materias primas clave para salvaguardar las cadenas de suministro.
Para los años 90, responsables políticos, economistas y líderes empresariales habían olvidado las sutilezas y el pragmatismo de sus antepasados, sin darse cuenta de que existen buenas razones para preservar la capacidad de los países para gestionar sus relaciones comerciales según los intereses nacionales. En los días intensos tras la caída del Muro de Berlín, hubo una prisa por adoptar la simplicidad de la hiperglobalización: ¿No sería mejor para todos los pueblos del mundo eliminar por completo las barreras comerciales? Y así nacieron la Organización Mundial del Comercio, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y nuestra situación actual.
Se pensaba que este enfoque traería paz y prosperidad, pero en realidad solo permitía a las multinacionales perseguir subvenciones y normas laborales y medioambientales débiles en todo el mundo. En Estados Unidos, los votantes se volvieron más escépticos al ver cómo los empleos de clase trabajadora se trasladaban al extranjero, y los economistas respondieron con métodos altamente cuantitativos para calcular, a menudo con falsa precisión, enormes avances teóricos que se lograban dejando entrar avalanchas de importaciones. Y, al mismo tiempo, muchos otros países mantuvieron altos tipos arancelarios y barreras no arancelarias. Adiós al optimismo posterior a la Guerra Fría.
Cuando el presidente Trump asumió el cargo por primera vez, la brecha entre teoría y práctica era demasiado grande para ignorarla. Los estadounidenses perdieron millones de empleos manufactureros de alta calidad, más de 70.000 plantas cerraron, los salarios de la clase trabajadora quedaron atrás, la base industrial se debilitó, la innovación se ralentizó, la productividad real en la manufactura disminuyó y las comunidades de todo el país resultaron perjudicadas. El déficit comercial de bienes se disparó hasta 1,2 billones de dólares anuales, lo que a su vez alimentó el déficit insostenible por cuenta corriente del país.
Escribiendo con humildad en 1933, pues representaba un cambio en sus opiniones, John Maynard Keynes expresó dudas sobre “si la pérdida económica de la autosuficiencia nacional es lo suficientemente grande como para superar las demás ventajas de llevar gradualmente el producto y el consumidor dentro del ámbito de la misma organización nacional, económica y financiera.” Esto supuso un punto de inflexión para Keynes, que se convirtió en uno de los defensores más vocales de mecanismos más fuertes de regulación comercial en las negociaciones de Bretton Woods. Mientras el presidente Trump está creando un nuevo orden económico internacional —basado en el equilibrio, la reciprocidad, la justicia y la resiliencia— es hora de que la profesión económica tome ejemplo de Keynes y se adapte al mundo tal y como es, en lugar de como nosotros quisiéramos que fuera.
Suposiciones erróneas
En ningún lugar es más necesario ponerse al día que en la modelización económica. Los modelos que normalmente se utilizan para predecir los efectos de la política comercial presentan muchos puntos ciegos. A menudo asumen el pleno empleo y transiciones laborales sin contratiempos entre industrias y geografías. Los modelos no reflejan la complejidad de los enlaces de la cadena de suministro y se centran principalmente en las ganancias de eficiencia a largo plazo, definidas como la capacidad de adquirir productos al menor coste posible. Tales avances teóricos se tratan como bienes sociales puros. Estos modelos en su mayoría asumen realidades que la gente normal, o los profesionales como yo, experimentamos a diario.
La economía rara vez funciona con pleno empleo. La disminución de la participación en la fuerza laboral en regiones concretas o en grupos demográficos específicos, incluidos los hombres de clase trabajadora, son prueba de ello. Los costes de transición también son reales y graves. Por ejemplo, David Autor y otros han rastreado lo que ocurrió con los trabajadores estadounidenses y las ciudades más expuestas al “Shock de China”. La movilidad geográfica disminuyó en los lugares expuestos al comercio. La reasignación intersectorial de antiguos trabajadores manufactureros fue mínima. Cuando finalmente volvieron los empleos, eran trabajos de menor cualificación y pasaron a otras personas. Los trabajadores manufactureros en funciones, a menudo hombres negros y blancos en ciudades medianas o pequeñas, nunca recuperaron sus ingresos. Envejecieron en su lugar y no, como animaba la élite política estadounidense, a Phoenix para convertirse en trabajadores de atención domiciliaria ni a Seattle para programar software.
El coste se puede medir en vidas humanas—y esto no es una exageración. Un estudio reciente de Amy Finkelstein y coautores encontró que las zonas con exposición media a la competencia de importaciones mexicanas bajo el TLCAN experimentaron un aumento sostenido del 0,68 por ciento en la mortalidad anual ajustada por edad. Los daños se concentraron entre los hombres en edad laboral y se distribuyeron entre la mayoría de las principales causas de muerte. Los autores descubrieron que este impacto en la mortalidad más que borró las ganancias de bienestar identificadas en un análisis económico líder del TLCAN, convirtiendo el acuerdo en una pérdida neta mortal para las personas a las que se suponía debía ayudar.
Muchos modelos tampoco tienen en cuenta los vínculos a nivel sectorial que influyen en cómo cambian los flujos comerciales bajo las reglas de origen en los acuerdos comerciales modernos. A menudo no recopilamos las estadísticas necesarias para permitir un análisis empírico más preciso, incluyendo la dinámica de la cadena de suministro. Además, las limitaciones en los enfoques estadísticos o de modelización alimentan narrativas políticas falsas. Por ejemplo, investigaciones de Susan Houseman han encontrado que los tan anunciados avances en la producción manufacturera estadounidense se deben a cómo medimos el aumento de la potencia de cálculo, no a la producción real de más materiales. Teniendo en cuenta las cifras distorsionadas de la industria informática, la producción manufacturera real en EE. UU. cayó un 6 por ciento entre 2007 y 2016.
Logrando el equilibrio
El argumento tradicional a favor del libre comercio sin restricciones presentado por los economistas se fundamentaba en el principio de ventaja comparativa. Es absolutamente cierto y no trivial que la especialización aporta eficiencia. Sin embargo, la economía contemporánea debe tener en cuenta un mundo donde las economías de escala y la intervención gubernamental se combinan para crear desequilibrios estructurales comerciales desvinculados de la ventaja comparativa. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos, con la tierra de cultivo más abundante del mundo, tenga un déficit comercial en la agricultura? ¿Cómo puede ser que Corea del Sur—con recursos energéticos limitados, sin carbón y sin mineral de hierro—se convirtiera en una potencia siderúrgica? Las intervenciones económicas de los países han manipulado la economía global de manera que persistentemente han dejado a algunos países en déficit y a otros en superávit. Esto no es saludable para los países de ninguna de las dos categorías.
Investigaciones recientes del FMI han encontrado que los persistentes desequilibrios comerciales perjudican a las economías deficitarias y benefician a las superávidas al reasignar las ganancias de productividad. El Banco de Inglaterra planteó un punto más preciso: cuando un país “combina la política industrial con diferentes formas de supresión del consumo —como redes de seguridad social débiles, controles de capital o un alto ahorro preventivo— las subvenciones generan superávits comerciales persistentes y se convierten en una política de mendigo al vecino con consecuencias internacionales negativas.” La administración Trump no podría haberlo dicho mejor.
El FMI reconoció recientemente que los desequilibrios son “concentrados y persistentes” y están impulsados al menos en parte por políticas de países excedentes. En su informe más reciente del Artículo IV, el FMI lanzó la alarma sobre el déficit por cuenta corriente de EE. UU. (impulsado principalmente por el déficit comercial), señalando que la posición negativa resultante en inversión internacional neta “aumenta el riesgo de un eventual desorden externo desordenado.”
Pero, para abordar este problema, el FMI recomienda soluciones insostenibles y escandalosas: aumentos fiscales a gran escala (incluido un impuesto federal sobre las ventas del 10 por ciento) y medidas de austeridad (incluyendo recortes profundos en programas populares de prestaciones sociales). Reconocen que esto, en el mejor de los casos, tendría solo un efecto moderado, mientras que también requeriría que los países con excedente tomen medidas para aumentar la demanda. ¿La recomendación del FMI para lograr eso? “Trabajar de forma constructiva con los socios comerciales” para abordar “las preocupaciones sobre la equidad del sistema comercial global.” Los crecientes desequilibrios de la última década demuestran la ineficacia de pedir amablemente cambios económicos estructurales.
Modelos equivocados
¿Por qué el FMI recomienda políticas drásticas e impopulares mientras critica el enfoque arancelario de la administración Trump? La respuesta reside, en parte, en supuestos del modelo. El modelo Global Integrado de Monetaria y Fiscalía (GIMF) del FMI muestra que los aranceles tendrían un efecto insignificante en el estrechamiento de los desequilibrios de cuenta corriente. El FMI señala ese resultado en su Informe del Sector Externo de 2025 para descartar la herramienta como una solución a lo que califica como un problema urgente. Pero el FMI reconoce que el modelo no contempla el “salto arancelario a través de la reasignación transfronteriza de la producción.”
Esta nota técnica menor contiene multitudes. El salto arancelario es precisamente el mecanismo a través del cual los aranceles protectores y otras medidas comerciales han inducido la “relocalización” de la producción y han cambiado los patrones comerciales. Las restricciones del presidente Ronald Reagan a los automóviles japoneses a principios de los años 80 incentivaron un auge de la deslocalización que generó más de 100.000 nuevos empleos en automóviles estadounidenses en más de 300 nuevas instalaciones de producción para los años 90. Los aranceles de salvaguardia de 2018 del presidente Trump a las lavadoras desencadenaron una ola de inversión, incluyendo grandes instalaciones nuevas de Samsung y LG en Carolina del Sur y Tennessee. Mercedes-Benz está invirtiendo 4.000 millones de dólares en su planta de Alabama, citando explícitamente los aranceles como la causa. La investigación de McKinsey muestra cómo los aranceles recientes ya han provocado una reorganización a gran escala de las cadenas de suministro en todo el mundo. ¿Cómo podemos desestimar aranceles basándonos en un modelo que asume el mecanismo mediante el cual funcionan?
Hay quienes reconocen los problemas sociales y económicos que plantean los déficits estructurales comerciales, pero recomiendan herramientas distintas a los aranceles para abordarlos. Warren Buffett, entre otros, recomendó de forma célebre exigir a las empresas que quieren importar bienes que compren un certificado a un exportador nacional de cualquier bien o servicio de valor igual. Aunque quizá sea viable sobre el papel, este enfoque probablemente presentaría desafíos significativos en la implementación. Otros han sugerido un cargo de acceso al mercado sobre las entradas financieras extranjeras para reducir el déficit depreciando gradualmente la moneda. Una solución así probablemente provocaría una insurrección organizada en el sector de servicios financieros, podría verse como un impuesto a la inversión entrante y es difícil de explicar al público.
Los aranceles que apuntan directamente a las fuentes primarias del déficit son la solución más sencilla y flexible. Esto fue aceptado durante mucho tiempo en todas las líneas partidistas antes del cambio de enfoque hacia la hiperglobalización, incluyendo en los años 80, cuando la propuesta del futuro líder demócrata de la mayoría en la Cámara, Dick Gephardt, de imponer aranceles obligatorios a gran escala a economías persistentes en excedentes fue aprobada por la Cámara de Representantes (antes de ser finalmente descartada en favor de la autoridad reforzada de la Sección 301 que actualmente utiliza mi oficina). Ya estamos viendo los efectos beneficiosos de los aranceles del presidente Trump. El déficit comercial de Estados Unidos con China disminuyó un 32 por ciento interanual en 2025. El déficit comercial total de bienes ha disminuido, año tras año, cada mes desde que el presidente Trump comenzó a implementar su política de aranceles recíprocos en abril de 2025.
A medida que avanzamos, necesitamos modelos que capturen lo que importa para la economía real. Esto incluye las consecuencias distributivas del comercio, las fricciones en el mercado laboral, los efectos de la red y la escala en la manufactura, los efectos del arbitraje regulatorio en trabajadores y productores, los impactos de las reglas de origen detalladas en las redes globales de producción y—a la luz de las nuevas investigaciones del TLCAN—los resultados de salud pública. Si queremos políticas más inteligentes, necesitamos herramientas empíricas más enriquecidas que estudien cómo funciona realmente el comercio.
Nuevos retos, nuevas herramientas
No tenemos tiempo para esperar. Estados Unidos está utilizando aranceles y acuerdos sobre comercio recíproco para fomentar la inversión productiva entrante, aumentar los incentivos para la producción nacional y abrir mercados para las exportaciones estadounidenses. El FMI reconoce que un reequilibrio duradero requiere acción tanto de economías excedentes como deficitarias. Sin una presión real, una economía excedente no tiene motivo para actuar, pero eso no significa que los países deficitarios deban permanecer inertes. Por ello, Estados Unidos está tomando medidas audaces para sentar las bases de un sistema económico internacional basado en el equilibrio, la reciprocidad, la justicia y la resiliencia.
Alfred Marshall escribió una vez: “Las condiciones económicas cambian constantemente, y cada generación aborda sus propios problemas a su manera.” Es urgente que los economistas tomen ese consejo. A medida que cambia la economía global, también debe hacerlo la profesión económica. Los economistas pueden ser científicos desafortunados, pero no tienen motivos para vivir con la cabeza enterrada.
JAMIESON GREER es el representante comercial de Estados Unidos.
Escriben Adam Jakubik, Florence Jaumotte, Samuel Pienknagura y Michele Ruta / FMI – La política industrial, el uso de intervenciones gubernamentales para apoyar o desarrollar empresas e industrias específicas, se ha vuelto más popular en los últimos años, especialmente en respuesta a crisis.
La guerra en Oriente Medio es el último ejemplo, con altos precios de la energía y convulsiones geopolíticas que impulsan la acción. Además de las medidas de apoyo a nivel económico, como los límites de precios del combustible y la reducción de los impuestos especiales, se anunciaron al menos 305 medidas de política industrial atribuidas al conflicto en sus dos primeros meses. Incluían prohibiciones de exportación de energía y fertilizantes, subvenciones a productos de energía verde y apoyo a exportadores.
Estas medidas siguen a un amplio aumento de las acciones de política industrial en los últimos años. El Observatorio de Nueva Política Industrial, que desarrollamos junto con Global Trade Alert, muestra una aceleración notable desde 2020, cuando la COVID-19 desató una oleada de acciones gubernamentales. A diferencia de crisis anteriores, muchas de esas medidas permanecieron vigentes tras la aprobación del estado de emergencia.
Los datos del NIPO, que abarcan más de 52.000 intervenciones en 75 países desde 2009, muestran que el total introducido el año pasado fue 2,5 veces la media previa a la pandemia.
Este crecimiento subraya la necesidad de comprender mejor cómo y por qué está evolucionando la política industrial —y cuándo tiene éxito.
Cambios de prioridades
Nuestro análisis revela un cambio notable en por qué intervienen los gobiernos. La reciente adopción de la política industrial está cada vez más motivada por preocupaciones de resiliencia y seguridad, que probablemente no disminuirán dadas las crecientes tensiones en Oriente Medio.
Después de 2008, las justificaciones dominantes para el apoyo industrial fueron aumentar la competitividad y abordar el cambio climático. Pero desde 2020, están más orientados a la resiliencia de la cadena de suministro, la seguridad nacional y las preocupaciones geopolíticas, según nuestro estudio, que utilizó grandes modelos de lenguaje para clasificar las políticas según su justificación.
Eso demuestra cómo los gobiernos ya no buscan solo construir industrias más fuertes y competitivas. Cada vez quieren depender menos de sus rivales geopolíticos y proteger lo que consideran sectores estratégicos. Esta es una política industrial cualitativamente diferente.
¿Qué funciona?
Nuestro análisis muestra que los resultados son mixtos, con el éxito determinado por el diseño de políticas, como la elección del instrumento utilizado. Pero la situación se vuelve menos alentadora con evidencias más detalladas—específicamente nuestra investigación sobre el impacto económico de las políticas industriales, analizando los patrones comerciales entre países y productos, y cómo responden las empresas de sectores objetivo.
El análisis a nivel de producto muestra que la política industrial tiende a mejorar la competitividad de sectores objetivo, pero con efectos de corta duración. Más importante aún, el impulso se observa principalmente en sectores que ya eran competitivos. Es una consideración importante para los gobiernos que esperan utilizar la política industrial para construir nuevas industrias desde cero.
Las subvenciones a nivel de empresa están asociadas a aumentos sostenidos en la inversión de capital, pero sus efectos en productividad y producción se desvanecen rápidamente e incluso pueden revertirse tras unos años. Los incentivos a la exportación tienen poca repercusión en el rendimiento de las empresas, aunque hay indicios de que pueden reasignar recursos hacia empresas más productivas tras un periodo de ajuste.
Hay puntos brillantes. Muchos están vinculados a algunos de los objetivos políticos más recientes de la industria, como la resiliencia climática y de la cadena de valor. Al dirigirse a sectores con grandes distorsiones de mercado, como generosos margen y dependencia financiera externa, el efecto puede ser hasta cuatro veces mayor. Además, las políticas que apoyan la transición verde muestran mejoras más fuertes y duraderas en la competitividad. Y las intervenciones que se dirigen a componentes para productos finales, conocidas como la parte upstream de la cadena de suministro, parecen más eficaces que aquellas dirigidas directamente a productos finales.
Éxito esquivo
Nuestra conclusión no es que la política industrial esté equivocada. Existen razones económicas sólidas para ello en presencia de fallos de mercado. Más bien, concluimos que es mucho más difícil alcanzar los objetivos previstos de lo que la popularidad política actual de estas acciones podría sugerir. La evidencia no respalda la idea de ciclos de éxito auto-reforzados, donde el apoyo gubernamental fomenta la competencia. En cambio, vemos principalmente ganancias modestas y temporales en sectores que ya eran fuertes.
Estas pruebas plantean una pregunta clave: ¿debería la política industrial ser siquiera el primer paso correcto?
Reformas más amplias y a nivel económico suelen generar mayores ganancias. Las mejoras institucionales y regulatorias pueden aumentar la producción en industrias ineficientes hasta en un 10 por ciento a medio plazo. Esto es cinco veces mayor que el aumento de la producción a medio plazo visto tras la implementación de las políticas industriales. Las reformas financieras especialmente ayudan a las industrias con limitaciones crediticias. En términos más generales, las reformas estructurales benefician a todos los sectores, evitan los riesgos de nombrar ganadores y mejoran las perspectivas de éxito de la política industrial si se aplica.
Efectos de desbordamiento
Los gobiernos a menudo pasan por alto los efectos más amplios a nivel nacional y global. La política industrial suele reasignar recursos a entidades objetivo, lo que puede perjudicar a la economía en su conjunto si se produce a costa de actores más productivos. Además, cuando un país subvenciona un sector estratégico, otros suelen seguirlo, como muestran los datos del NIPO.
El resultado puede ser una costosa carrera armamentística globalmente ineficiente de subvenciones que deje a todos en peor situación. Por último, las medidas de política industrial pueden ser relevantes para los desequilibrios globales cuando afectan a la productividad agregada o se aplican a nivel económico para forzar el ahorro y redirigir recursos hacia superávits externos. Gestionar estos desbordamientos requerirá más cooperación internacional en un momento en que las tensiones geopolíticas dificultan cada vez más dicha cooperación.
Aunque está claro que la política industrial ha vuelto, es más difícil decir si puede aportar beneficios económicos sostenibles o a qué coste. Nuestro análisis sugiere que depende de lo cuidadosamente que se diseñen las políticas, de lo bien gobernadas que estén las instituciones implementadoras, de la fortaleza de los fundamentos de la política macroeconómica de un país y de si el mundo puede coordinarse, no tomar represalias.
El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para reformar la Ley General de Sociedades, una norma que rige el funcionamiento de las empresas en Argentina desde la década de 1970. La iniciativa busca modernizar el marco legal vigente, reducir trámites burocráticos, ampliar la libertad de organización empresarial y adaptar las reglas a los desafíos de la economía digital.
La propuesta fue anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien aseguró que el objetivo es reemplazar un sistema que considera rígido y basado en la desconfianza hacia el sector privado por otro centrado en la autonomía de las empresas, la digitalización y la libertad contractual.El anuncio del Gobierno: Más libertad para organizar empresas
Uno de los cambios centrales del proyecto es que las reglas establecidas por la ley pasarán a tener carácter supletorio. Esto significa que los socios de una empresa podrán definir libremente gran parte de su funcionamiento a través de los estatutos sociales, con una menor intervención estatal.
Además, se limitará la capacidad de los registros públicos para imponer restricciones adicionales a las previstas por la ley, lo que, según el Gobierno, permitirá reducir obstáculos administrativos para la constitución y operación de sociedades.Menos trámites y objetos sociales más amplios
La iniciativa también elimina algunas exigencias que actualmente deben cumplir las empresas al momento de constituirse.
Por ejemplo, se permitirá que una sociedad tenga múltiples actividades económicas sin necesidad de que estén vinculadas entre sí. Incluso, si el estatuto no especifica un objeto social determinado, se entenderá que la empresa puede desarrollar cualquier actividad lícita.
Desde el oficialismo sostienen que esta modificación facilitará la adaptación de las empresas a mercados y modelos de negocio que cambian cada vez más rápido.Digitalización total
Otro de los ejes de la reforma es la digitalización completa de los procedimientos societarios.
El proyecto habilita el uso de domicilios electrónicos, libros contables digitales, asambleas virtuales, constitución de sociedades mediante firma digital o electrónica y la creación de legajos digitales para cada empresa.
La intención es eliminar progresivamente los expedientes en papel y agilizar los trámites relacionados con la actividad empresarial.
LEY DE SOCIEDADES. Como indica el Jefe de Gabinete @madorni, el presidente @JMilei está enviando al Congreso un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades del presidente Lanusse, que nos debíamos hace tiempo. Se suma al conjunto de reformas muy profundas que estamos… https://t.co/mYGOIAYhDB
Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la incorporación de nuevas figuras jurídicas vinculadas a las tecnologías emergentes.
La propuesta reconoce legalmente a las denominadas “Sociedades Automatizadas”, que pueden operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin requerir empleados para su funcionamiento habitual.
También contempla a las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO, por sus siglas en inglés), estructuras basadas en tecnología blockchain que funcionan mediante reglas programadas y cuya participación puede estar representada por tokens digitales.
En ambos casos, las entidades tendrían personalidad jurídica y responsabilidad limitada, un aspecto que el Gobierno considera clave para atraer inversiones vinculadas al desarrollo tecnológico.Resolución de conflictos y atracción de inversiones
La reforma habilita que los socios acuerden resolver disputas mediante arbitrajes privados y, en determinados casos, puedan someter sus relaciones societarias a normas extranjeras o al derecho mercantil internacional.
Según sus impulsores, esta flexibilidad acerca el sistema argentino a modelos utilizados en centros internacionales de negocios y podría favorecer la llegada de capitales extranjeros.
El proyecto también incorpora instrumentos de inversión convertibles, una herramienta habitual en ecosistemas emprendedores y startups.
Estos mecanismos permiten que un inversor aporte capital a una empresa sin convertirse inmediatamente en socio, reservándose la posibilidad de hacerlo en el futuro bajo determinadas condiciones.
Además, se simplifican procesos de reorganización empresaria y se eliminan algunas exigencias administrativas para grupos económicos que controlan distintas sociedades.
Desde la Casa Rosada sostienen que la reforma busca adecuar la legislación argentina a las nuevas dinámicas económicas globales, impulsar la creación de empresas, reducir costos regulatorios y generar condiciones más atractivas para la inversión.
Ahora el proyecto deberá iniciar su recorrido legislativo en el Congreso, donde comenzará el debate sobre una iniciativa que promete modificar de manera profunda las reglas bajo las cuales operan las sociedades comerciales en Argentina.
El posteo de Sturzenegger
LEY DE SOCIEDADES. Como indica el Jefe de Gabinete @madorni, el presidente @JMilei está enviando al Congreso un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades del presidente Lanusse, que nos debíamos hace tiempo.
Se suma al conjunto de reformas muy profundas que estamos implementando y que van a consolidar la trayectoria de crecimiento que ya venimos transitando.
El proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación. Estos son los cambios clave: Se termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios. Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda.
Las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva. Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite. Se eliminan las trabas burocráticas de los registros.
El objeto social podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades. Y si no se consigna objeto en el estatuto, se entiende que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita. Esto es esencial en un mundo tan cambiante como el que vivimos.
También implica menos trabas burocráticas y más libertad para trabajar. Las sociedades podrán someter sus conflictos internos al derecho extranjero o mercantil internacional. Y también podrán pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la lentitud de la justicia. Este tipo de libertad de contrato ha sido el pilar de otros centros mundiales de negocios como Dubai. En Dubai las relaciones societarias se dirimen según la ley societaria que los socios eligen. Lo mismo ocurrirá ahora en Argentina. Todo lo que se esperaba de digitalización se logra acá. Permitimos la digitalización plena de la sociedad: domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución de la sociedad por firma digital o electrónica, legajo digital público para cada empresa. Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia.
En una de las innovaciones más revolucionarias, distinguimos a las empresas que funcionan bajo esquemas de automatización y descentralización. Se regulan la “Sociedad Automatizada”, que opera mediante algoritmos o IA sin requerir empleados para su operación ordinaria, y las “DAO”, que son total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain. Ambas tienen personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada.
Para entender la relevancia de esta innovación vale el ejemplo de Irlanda. Hace unos años Irlanda construyó un régimen legal y fiscal apropiado para la inversión extranjera directa y se convirtió en una meca de empresas de propiedad intelectual y de aquellas que buscaban radicarse en Europa. (Por ejemplo, la empresa dueña del software de todos los iPhones en el mundo es una subsidiaria irlandesa de Apple, por lo que todo iPhone que se vende en el mundo le paga una regalía a esa compañía irlandesa, que, a su vez, tributa en Irlanda). Pretendemos esa misma atracción global para Argentina en lo que hace a las empresas de IA. Esta ley, pensamos, lo lograría.
Por supuesto que la ley tiene un sin número de otras modernizaciones. Mencionamos aquí un par. Incorporamos los instrumentos de inversión convertibles. El inversor aporta capital sin ser socio ni responder por deudas de la sociedad hasta que decide ejercer su derecho de participación. También se habilita la renovación automática del plazo de duración de la sociedad y se establece que los mandatos de directores y síndicos sean por tiempo indeterminado por defecto, salvo pacto en contrario. También simplificamos la reorganización empresaria.
Si una sociedad es titular del 100% de otra, el órgano de administración puede absorberla directamente, sin necesidad de resoluciones asamblearias duplicadas. Burocracia cero para los grupos societarios. Etc, etc… En definitiva, llevamos el ámbito de libertad al derecho societario. Menos controles arbitrarios de los burócratas, menos costos de transacción y más libertad para competir en el mundo. Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá.
Impresionante el trabajo que hizo la Secretaría Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal para preparar este proyecto de ley que es, a mi entender, revolucionario. Sobre la versión inicial pudimos luego contribuir desde el resto del gobierno, en particular desde @MinDesreg_Ar y @MinJusticia_Ar. En esa interacción tuvimos la suerte de interactuar con profesionales de esos que te vuelan la cabeza, te cambian los esquemas y te permiten ver las cosas con una nueva óptica como Sebastián Balbín y @chuleramirez.
De mi equipo quiero agradecer a @MaxiFarina, Secretario de Transformación, a @alejandrocacace, Secretario de Desregulación y a @Maximomartin que hizo la parada en las reuniones para discutir la propuesta de la SLyT. También a Marcelo Hernández. Que gran equipo! Ahora al debate parlamentario! VLLC!
