Durante décadas, la banca compitió por un objetivo claro: convertirse en la institución principal del cliente. Hoy, ese modelo está perdiendo vigencia.
Un estudio desarrollado por Stefanini Group en Argentina, basado en 1.500 entrevistas a nivel nacional, evidencia un cambio estructural en la forma en que las personas gestionan sus finanzas: el usuario promedio opera actualmente con 4 instituciones financieras entre bancos tradicionales, bancos digitales y billeteras virtuales, mientras que el 17% declara estar dispuesto a cambiar su banco principal en los próximos seis meses.
Este fenómeno no solo refleja una mayor oferta en el sistema financiero, sino un cambio más profundo: la fragmentación de la lealtad.
El estudio muestra que el 67% de los usuarios distribuye sus operaciones entre distintas entidades según el tipo de necesidad que busca resolver, mientras que apenas el 22% concentra la mayor parte de su actividad financiera en una sola institución. A su vez, seis de cada diez argentinos afirman preferir tener más de un banco o billetera financiera para diversificar opciones, comparar beneficios y aprovechar distintas propuestas de valor.
De la principalidad a la orquestación
El concepto tradicional de “banco principal” se basaba en tres variables: frecuencia de uso, satisfacción y permanencia en el tiempo. Sin embargo, estos factores hoy ya no garantizan fidelidad.
El estudio identifica un desacople clave: los usuarios pueden estar satisfechos con una entidad, pero igualmente migrar o diversificar sus operaciones, lo que convierte la lealtad en un activo cada vez más frágil.
En este nuevo contexto surge el concepto de neo principalidad, donde las entidades ya no compiten por concentrar todas las operaciones, sino por orquestar la experiencia financiera del cliente dentro de un ecosistema más amplio.
Desde el área de Consulting Services de Stefanini Group, y a partir de la investigación desarrollada junto a Stefanini Marketing, este fenómeno plantea una nueva forma de entender la relación con el cliente: ya no como un vínculo estable, sino como una dinámica que se construye —y se redefine— en el uso cotidiano.
Un cliente, múltiples relaciones
La multibancarización no es homogénea. El comportamiento varía según edad y nivel socioeconómico.
Los usuarios más jóvenes tienden a priorizar billeteras digitales y bancos ágiles para el día a día, al tiempo que muestran menores niveles de lealtad y una mayor predisposición al cambio. Por su parte, los segmentos de mayores ingresos mantienen vínculos más fuertes con bancos tradicionales para productos de mayor complejidad, como crédito, inversión o gestión patrimonial.
En todos los casos, la lógica es la misma: utilizar cada institución para aquello que mejor resuelve una necesidad específica. Esto redefine completamente la noción de centralidad dentro del sistema financiero.
Cuatro pilares para competir en la nueva banca
En este nuevo escenario, el liderazgo no se construye desde el posicionamiento de marca, sino desde la capacidad de entregar valor en el día a día.
El estudio identifica cuatro pilares críticos para construir relevancia:
• Experiencia digital impecable y soporte eficiente
• Personalización basada en datos
• Integración con el ecosistema financiero (Open Finance)
• Confianza y seguridad
Las entidades que logren articular estos elementos de forma coherente serán las que capturen mayor participación en la vida del cliente.
El desafío: dejar de pensar en productos y empezar a diseñar experiencias
La conclusión es clara: la banca enfrenta un cambio de paradigma.
“La estrategia de engagement ya no puede ser uniforme. Intentar servir a todos los clientes con la misma propuesta de valor está destinado al fracaso. El futuro está en entender profundamente a cada usuario y construir experiencias a su medida”, señala Christian Balatti, Country Manager de Stefanini Group en Argentina.
El estudio también identifica los principales factores que impulsan el cambio de entidad financiera. Entre ellos se destacan los límites insuficientes o créditos rechazados (23%), la falta de beneficios atractivos (22%), la lentitud en las gestiones (21%), las comisiones elevadas (21%) y los procesos burocráticos (18%).
En un contexto donde la lealtad se diluye y las opciones se multiplican, la ventaja competitiva ya no está en captar clientes, sino en mantener relevancia constante dentro de su ecosistema financiero.
La crisis que atraviesa el sector yerbatero volvió a quedar en el centro del debate luego de que el ministro del Agro y la Producción de Misiones, afirmara que un pequeño productor puede perder cerca de 15 millones de pesos por cosecha debido a la caída del precio de la hoja verde. El funcionario atribuyó esta situación a la desregulación del mercado impulsada por el Gobierno nacional tras la eliminación de facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
Según explicó el ministro, si el precio de la hoja verde mantuviera el mismo valor en dólares que tenía en diciembre de 2023, los productores deberían recibir alrededor de 742 pesos por kilo. Sin embargo, actualmente perciben cerca de 250 pesos, lo que representa una diferencia de 492 pesos por kilo. Para un productor familiar que comercializa unos 30.000 kilos por cosecha, esa brecha implica una pérdida estimada de 14,7 millones de pesos.
El impacto económico se multiplica a escala provincial. De acuerdo con los cálculos difundidos por el ministro, si esa situación afecta a unos 10.000 productores, la pérdida total supera los 147 mil millones de pesos anuales que dejan de circular en las chacras y en las economías locales. Desde el Gobierno de Misiones sostienen que esta caída de ingresos golpea especialmente a las familias rurales que dependen de una o dos cosechas al año para sostener su actividad.
La administración provincial cuestiona la eliminación de los mecanismos de regulación que ejercía el INYM, organismo que durante más de dos décadas estableció precios mínimos para la hoja verde y la yerba canchada. Con la entrada en vigencia del DNU 70 y la pérdida de atribuciones del instituto, el mercado quedó sujeto a la oferta y la demanda, situación que, según los productores, favoreció a los sectores más concentrados de la cadena yerbatera.
En este contexto, el oficialismo misionero continúa impulsando iniciativas legislativas para recuperar las facultades regulatorias del INYM y reclama una mayor intervención para proteger a los pequeños productores. Mientras tanto, la discusión sobre el futuro de la actividad yerbatera se mantiene como uno de los principales temas económicos y políticos de la provincia, en medio de una creciente preocupación por la rentabilidad y la sostenibilidad de miles de explotaciones familiares.
En abril volvió a aumentar la irregularidad en la cartera de crédito a las familias hasta el 15,4% considerando al sistema financiero ampliado. Pero el problema es más preocupante aún, porque al analizar la cantidad de personas en mora la problemática involucra al 26,9% de quienes tienen algún tipo de deuda en el sistema. Se registran 19,8 millones de personas con algún crédito en el sistema financiero ampliado, que incluye bancos, Fintech (Mercado Pago y Tarjeta Naranja)1, mutuales y cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros. La deuda total de familias en este sistema alcanza los $74,2 billones (6,5% del PIB), donde el 82,4% corresponde a bancos, el 10,1% a Fintech y el 7,5% al resto de entidades.
En cantidad de personas, 14,3 millones tienen al menos una deuda en bancos, independientemente de que también cuenten con deudas en otros proveedores no financieros de crédito, mientras que 5,5 millones se encuentran endeudadas exclusivamente por fuera del sistema bancario.
De los 19,8 millones de deudores, 5,3 millones se encuentran en mora tardía, representando el 26,9% del total. Entre quienes sólo tienen deudas con bancos el 19,2% es moroso mientras quienes tienen únicamente deuda en Fintech ese ratio llega al 28,9%.
Si el análisis se hace por volumen de crédito, los ratios bajan. En los bancos la irregularidad de cartera es del 11,9%, mientras que en las Fintech asciende al 21,6% y en el resto alcanza el 43,1% 2.
El Norte es la región más afectada Tanto los niveles de endeudamiento en el sistema formal como la mora tienen una distribución heterogénea entre regiones. En las provincias del norte la cantidad de deudores morosos respecto al total es la más alta, por caso La Rioja y Catamarca se encuentran entre las tres más afectadas, donde llegan al 35,3% y 34,8%. El porcentaje más alto se alcanza en San Juan, 36,0%. Mientras los ratios más bajos se observan en CABA con el 16,1%, seguido por La Pampa 19,5% y Neuquén 23,6%.
Es válido mencionar que la incidencia del crédito por cada mil habitantes en las provincias del norte suele ser menor que en el resto del país, siendo Santiago del Estero, Corrientes y Jujuy las provincias con menor cantidad de deudores formales en proporción al tamaño de su población. También son heterogéneos los montos adeudados. La Patagonia presenta la deuda mediana más elevada del país, consistente con un nivel de precios más alto, tal como refleja nuestro Changuito Federal. También destaca CABA como una de las jurisdicciones con mayores niveles de deuda mediana.
La heterogeneidad también se produce al interior de una misma provincia, especialmente en aquellas que tienen diversidad demográfica y sectorial. Por caso, en la provincia de Buenos Aires, el porcentaje de deudores con al menos un crédito en mora tardía es del 27,7%, pero al separar los municipios del conurbano con el resto de la provincia, se observa que en el primer caso la tasa de morosos es del 30,3% mientras que en el resto de la provincia es del 23,1%. Más aún, dentro del conurbano hay una alta variabilidad en las proporciones de deudores irregulares, por ejemplo en Vicente López es del 15,1% mientras en Florencio Varela del 38,3%.
La mora impacta más en los jóvenes
La irregularidad entre los jóvenes de 18 a 30 años es la más elevada entre todos los rangos etarios, llegando a casi el 40%, expresión financiera de un deterioro en su inserción laboral. La tasa de desocupación juvenil aumentó de forma pronunciada a lo largo de 2025: en mujeres de 14 a 29 años pasó del 13,8% en el cuarto trimestre de 2024 al 16,8% en igual período de 2025, mientras que en hombres trepó del 12,5% al 16,2%. Estos incrementos, de entre 3 y 4 puntos porcentuales en un año, se producen sobre una tasa de desempleo estructuralmente más alta que el promedio. Así, el resultado es una cohorte que enfrenta simultáneamente dificultades de inserción laboral y un historial crediticio deteriorado, lo que puede condicionar su acceso al financiamiento formal por un período prolongado.
La relación entre mora y menores ingresos laborales también se comprueba al analizar la distribución dentro de las categorías del monotributo. Quienes menos facturan cargan con una deuda relativamente más pesada, y eso se refleja en su mora: la categoría A registra una irregularidad de cartera del 14,0% con un 17,9% de personas en mora tardía, los valores más altos del segmento. Mientras en la categoría K, la de mayor facturación, los porcentajes caen al 7,5% y 8,5% respectivamente.
Por Nicholas Mulder / F&D FMI – Los gobiernos están tomando el control de empresas y recursos privados al ritmo más rápido en 50 años. Basándose en las múltiples oleadas de nacionalizaciones del siglo pasado, este cambio alterará el panorama económico mundial.
Desde 2020, los gobiernos de todos los continentes han nacionalizado propiedades en manos de sus propios ciudadanos y de inversores extranjeros. Francia y Alemania se hicieron cargo de las compañías eléctricas y de servicios públicos. Francia puso el mayor astillero de Europa bajo control gubernamental. El Reino Unido nacionalizó los ferrocarriles y la fabricación de acero.
Rusia ha incautado más de 48.000 millones de dólares en puertos, fábricas y empresas de consumo desde que invadió Ucrania en 2022. Estados Unidos adquirió una participación dominante en el único productor nacional de tierras raras del país. Y una lista creciente de países confiscó recursos de propiedad extranjera como litio, oro, uranio, níquel e incluso aceite de palma. Aunque las valoraciones son disputadas, entre 2016 y 2026 se nacionalizaron activos por valor de entre 239.000 y 544.000 millones de dólares.
La inestabilidad geopolítica, las disrupciones en los mercados de materias primas y el desarrollo de energías renovables están impulsando estas adquisiciones. Y a medida que más gobiernos adoptan políticas económicas intervencionistas, la actual ola de nacionalizaciones no muestra señales de aflojarse. Estas adquisiciones cambiarán, pero no frenarán, la integración económica y financiera global. En cambio, podrían reorganizar los patrones a largo plazo del comercio y la inversión internacional.
Esta es la cuarta gran ola de nacionalizaciones en los últimos 100 años. El ritmo y el momento de las nacionalizaciones reflejan generalmente una combinación de urgencia política, condiciones monetarias y movilidad de capital (véase la Tabla 1).
La primera ola llegó en los años 30, durante la Gran Depresión. La segunda comenzó a finales de los años 40, cuando muchos países construyeron economías mixtas tras la Segunda Guerra Mundial. En los años 70, la descolonización, el fin del sistema de tipos de cambio de Bretton Woods, los choques energéticos y las presiones inflacionarias impulsaron una tercera ola.
Existe una considerable variedad en la forma y el contenido de las nacionalizaciones. No todas son afirmaciones de propiedad gubernamental. En algunos casos, el papel del Estado ha sido facilitar la transferencia de bienes de un propietario privado a otro en una venta forzosa. Algunas adquisiciones son confiscaciones directas, mientras que otras son expropiaciones compensadas. Todos utilizan instrumentos políticos y legales para someter la propiedad privada al control nacional y renegociar la relación entre el Estado y el capital.
¿Qué es lo distintivo en la creciente ola de nacionalización en la década de 2020? Consideremos la historia de las tres oleadas anteriores, cada una más grande que la anterior.
Primera oleada: años 30
La economía mundial integrada de las décadas de 1870 y 1930 se apoyaba en dos pilares: el libre comercio relativamente y el patrón oro internacional. Estas políticas facilitaron el camino para grandes flujos de inversión extranjera. Economías ricas como Francia, Alemania y Reino Unido acumularon grandes reservas de capital extranjero que ascendían entre el 50 y el 160 por ciento de su propio PIB.
Aunque la Primera Guerra Mundial erosionó gran parte de esta inversión de capital transfronteriza, el conflicto no destruyó la integración global del mercado. En cambio, reorientó la economía mundial en torno al crecimiento estadounidense en los años 20, cuando la inversión y el comercio internacionales se expandieron nuevamente bajo un patrón oro revivido.
La Gran Depresión puso fin al libre comercio y a los flujos de capital, y desencadenó la primera ola global de nacionalizaciones. A partir de 1928–29, se produjo una serie en cascada de crisis en los precios de las materias primas, luego en los mercados bursátiles y el comercio mundial, y finalmente en el orden monetario internacional.
Para evitar el colapso del sistema financiero, varios países tomaron control total o parcial de sus sistemas bancarios. Entre 1931 y 1935, Estados Unidos nacionalizó aproximadamente un tercio del capital financiero, y en Alemania más de la mitad del capital bancario pasó a ser propiedad estatal. Italia nacionalizó el 20 por ciento de los activos privados, industriales y financieros entre 1931 y 1933. La propiedad estatal se expandió en Francia, que nacionalizó su industria aeronáutica y ferrocarriles; el Reino Unido, que nacionalizó los yacimientos de minas de carbón; y Bolivia y México, que se hicieron con compañías petroleras extranjeras.
Estas medidas a menudo respondían a una crisis urgente, y algunas fueron posteriormente revertidas. Pero como ocurrieron en las economías más avanzadas de la época, tuvieron un efecto significativo en las economías en desarrollo. Además, el comercio global y los préstamos transfronterizos se redujeron drásticamente, y muchos gobiernos impusieron controles de capital. Estos desarrollos permitieron nacionalizaciones a un coste relativamente bajo, sin temor a una fuga de capitales ni una reacción negativa de los mercados internacionales.
La oleada de nacionalizaciones de los años 30 fue un síntoma de la desintegración económica y financiera global. A corto plazo, evitó bancarrotas, pero también segmentó los mercados nacionales y redujo el comercio y la inversión internacionales. Con el tiempo, una mayor propiedad estatal otorgó a los gobiernos mayor autonomía para la formulación de políticas y les permitió contribuir a un nuevo orden económico internacional al final de la Segunda Guerra Mundial.
Segunda oleada: finales de los años 40
Tras la Segunda Guerra Mundial, se produjo una nueva oleada de nacionalizaciones en las economías europea, latinoamericana y asiática.
Surgió un modelo económico mixto en el que la inversión pública a gran escala coexistía con mecanismos de mercado privado. El sistema de tipo de cambio fijo establecido en Bretton Woods en 1944 aportó estabilidad financiera internacional, lo que ayudó a las nacionalizaciones al reducir el riesgo de fuga de capitales. En muchos países, la alta inflación permitió a los gobiernos elegir el momento más propicio para comprar las participaciones de los accionistas privados. Y dado que los gobiernos financiaron las nacionalizaciones emitiendo bonos, la inflación también ayudó a reducir el coste real de pagar la deuda.
De este modo, el Reino Unido nacionalizó el Banco de Inglaterra y las industrias de aviación, carbón, teléfono, transporte, electricidad, gas y hierro y acero. Francia tomó el control del Banque de France; instituciones financieras privadas que poseen el 80 por ciento de los depósitos bancarios; los sectores del carbón, la electricidad y la telefonía; y varias industrias importantes. Nacionalizaciones similares ocurrieron en Argentina, Austria, Brasil, Checoslovaquia, India, Indonesia, Irán, Italia, Japón y en estados socialistas de Europa del Este.
Esta segunda oleada de nacionalizaciones fue más amplia en su enfoque sectorial, más sistemática en su desarrollo y se implementó de forma más gradual que las acciones apresuradas de los años 30. Esto permitió a los inversores privados ajustar las expectativas, redujo la volatilidad económica y evitó que las nacionalizaciones interrumpieran el rápido crecimiento de las tres primeras décadas de posguerra.
Un elemento que marcó una gran diferencia fue que las economías europeas se hicieron principalmente con las propiedades de sus propios ciudadanos. Esto significaba que podían gestionar el proceso a través de instituciones políticas, asegurando una mayor estabilidad y legitimidad democrática. En cambio, cuando las economías en desarrollo adquirieron propiedades de inversores occidentales, los riesgos eran mayores y las disputas diplomáticas e incluso los conflictos directos eran posibilidades reales.
La oleada de nacionalizaciones de posguerra desempeñó un papel catalizador importante para la economía mundial. Las empresas estatales lideraron la movilización de grandes sumas para inversión y ayudaron a impulsar un rápido crecimiento económico en las economías avanzadas. Aunque existían inevitables ineficiencias en la asignación de recursos, hubo un aumento proporcional en el control político sobre las prioridades de inversión. Los países con altos niveles de propiedad nacionalizada no tuvieron un rendimiento inferior a las economías con mayor inversión del sector privado hasta la década de 1970.
Tercera ola: años 70
La primera y segunda oleada de nacionalización tuvieron lugar cuando las naciones del Atlántico Occidental y Norte dominaban la economía mundial. El posterior desmantelamiento de los imperios europeos aumentó el número de estados soberanos: la membresía de la ONU pasó de 51 naciones en 1945 a 127 en 1970. Estas nuevas economías nacionales buscaron labrarse un hueco en la división global del trabajo. Pero muchas naciones exportadoras de materias primas de América Latina, África y Asia seguían dependiendo del capital extranjero.
Dos sacudidas provocaron un aumento de nacionalizaciones. La primera fue el fin del sistema de Bretton Woods. La devaluación de la moneda estadounidense por parte del presidente Richard Nixon en agosto de 1971 provocó un shock para los productores de materias primas, que obtenían ingresos por exportación en dólares. Los productores de petróleo aumentaron su propiedad de compañías petroleras extranjeras para captar una mayor parte de los ingresos en una moneda debilitada.
La crisis del petróleo de 1973 provocó un aumento masivo en el precio de la energía y los minerales, lo que hizo que los países con recursos naturales estuvieran ansiosos por aprovechar el auge de las materias primas. Investigaciones de Stephen Kobrin muestran que el ritmo de las adquisiciones de propiedades se aceleró; Alcanzó su punto máximo en 1975, cuando 28 países llevaron a cabo 83 expropiaciones—una cada cuatro días, de media. Entre 1971 y 1980, las economías en desarrollo nacionalizaron al menos 26.000 millones de dólares en propiedades extranjeras, o el 11 por ciento de la inversión extranjera directa total en el mundo en desarrollo en 1980.
La tercera ola de nacionalización fue más amplia, más larga y los recursos involucrados fueron más valiosos que cualquiera que la precediera (véase el Gráfico 1). El éxito de las nacionalizaciones tempranas animó a otras economías a participar en intervenciones similares. Y la inflación causada por los choques monetarios y energéticos facilitó las nacionalizaciones porque los pagos a los propietarios eran más baratos en términos reales.
Las economías de América Latina, África y Oriente Medio pudieron nacionalizar grandes porciones de sus bases de recursos durante los años setenta. Pero la mayor ola de nacionalización de la historia terminó con las políticas monetarias restrictivas adoptadas por la Reserva Federal a partir de 1979, que redujeron la inflación y ralentizaron el crecimiento global.
El efecto económico internacional más significativo de la ola de nacionalización de los años setenta fue el sobrepeso de deuda soberana que creó. Como la mayoría de las economías en desarrollo pagaban compensación a los inversores, sus obligaciones externas crecieron. Cuando los tipos de interés se dispararon a principios de los años 80, esto les expuso a grandes riesgos de refinanciación y desencadenó crisis de deuda desde Jamaica hasta Zaire. En los años siguientes, muchos activos nacionalizados fueron privatizados a medida que los mercados de capitales se integraron más y los gobiernos buscaron formas de reducir la deuda pública.
Cuarta ola: Década de 2020
La actual ola de nacionalizaciones se originó tras la crisis financiera global de 2008 y las adquisiciones de emergencia de varias instituciones financieras importantes. Estos movimientos en la mayoría de los casos se revirtieron cuando las empresas se vendieron de nuevo al sector privado, pero ha habido nacionalizaciones más permanentes desde finales de la década de 2010. Algunas fueron respuestas a grandes choques globales de oferta y demanda, como la pandemia de COVID-19 en 2020 y el aumento de precios de los productos básicos en 2022 provocado por la invasión rusa de Ucrania.
Otras adquisiciones buscan abordar desafíos más amplios, como el cambio climático. La nacionalización de minerales para tecnologías renovables, por ejemplo, puede permitir que las naciones exportadoras obtengan beneficios en precios. Otra corriente de adquisiciones refleja consideraciones de seguridad nacional y el deseo de los gobiernos de controlar recursos considerados vitales para la competencia estratégica.
Las nacionalizaciones geopolíticas harán que la inversión extranjera directa entre adversarios estratégicos sea más arriesgada. Sin embargo, esto no reducirá necesariamente la integración económica y financiera global global. Más comercio, préstamos e inversiones podrían fluir dentro de bloques geopolíticamente alineados, y los estados neutrales pueden atraer capital extranjero posicionándose como intermediarios fiables y destinos seguros para la inversión.
Las nacionalizaciones ocurren frecuentemente en oleadas porque responden a factores externos e internos de amplia duración. Cuando los precios de las materias primas están subiendo, la perspectiva de captar una mayor parte de los ingresos por exportación resulta atractiva. Las nacionalizaciones exitosas señalan la facilidad y conveniencia de tales políticas para otros. Este “efecto demostrativo” ayuda a explicar por qué las nacionalizaciones históricamente se agrupan en movimientos ondeantes y procíclicos.
Los gobiernos pueden nacionalizar más fácilmente en tiempos de inflación, cuando los costes reales de las adquisiciones compensadas son menores. Sin embargo, una mayor movilidad de capital suele mantener a raya las nacionalizaciones al ofrecer a los inversores más opciones de salida y acelerar las reacciones del mercado que limitan a los gobiernos. El auge de las nacionalizaciones hoy en día, a pesar de la histórica alta integración en los mercados de capitales, señala fuertes fuerzas macroeconómicas y geopolíticas que favorecen las adquisiciones y una creciente convicción política de que las nacionalizaciones son un instrumento vital de la política económica en una era de fragmentación geoeconómica.
NICHOLAS MULDER, profesor adjunto de historia moderna en la Universidad de Cornell y autor de La era de la confiscación: Crear y tomar la propiedad en la creación del mundo moderno.
Como ya sabemos, atravesamos tiempos turbulentos, inestables y de fuerte incertidumbre en la relación entre las provincias y el Gobierno nacional, una relación que en los últimos años estuvo marcada por reclamos judiciales, disputas políticas y asfixia financiera, entre otros factores. Este escenario obliga a las provincias a hacer, como mínimo, dos cosas: encontrar nuevas formas de negociación con el Estado nacional y, no menos importante, desarrollar una elevada capacidad de gestión, sustentada en datos y diagnósticos concretos, para alcanzar soluciones en al menos algunos de los reclamos planteados.
En ese contexto, Misiones logró dar un paso fundamental en materia de financiamiento previsional. En marzo, la provincia concretó la firma del convenio con ANSES para comenzar a regularizar el financiamiento de su caja previsional no transferida, pero fue recién en mayo cuando el acuerdo comenzó a materializarse, con la recepción de unos $4.167 millones por ese concepto. Esta transferencia constituye uno de los hechos institucionales más relevantes para las finanzas provinciales en lo que va de 2026 y demuestra que, incluso en un contexto adverso, la gestión política sigue siendo una herramienta capaz de producir resultados concretos.
¿Por qué es tan relevante, considerando que el monto recibido, si bien es importante, no resulta particularmente abultado? Existen tres razones centrales. En primer lugar, se trata de un reconocimiento formal de la deuda por parte de la Nación, un aspecto clave no solo para la caja previsional sino también para el resto de los reclamos abiertos. En segundo término, garantiza un flujo de fondos sostenido para los próximos meses. Finalmente, demuestra que, aún con un margen de negociación acotado, es posible avanzar en esquemas de reparación respecto de otros componentes del conjunto de reclamos que mantiene la provincia.
No es un dato menor que los fondos recibidos en mayo sean los primeros destinados a la Caja Previsional que percibe Misiones durante toda la gestión de Javier Milei. Durante 2024 y 2025 no se registraron transferencias por este concepto, a diferencia de lo ocurrido entre 2021 y 2023, cuando estos recursos fluían con relativa regularidad. La importancia del acuerdo se potencia aún más cuando se observa el contexto general. No todas las provincias lograron avanzar en negociaciones similares. Varias jurisdicciones continúan reclamando recursos adeudados, otras mantienen litigios abiertos y algunas todavía esperan respuestas concretas de la Nación respecto de sus sistemas previsionales.
Vale recordar que Misiones integra el grupo de jurisdicciones que decidió conservar bajo administración propia su sistema previsional. Esto implica que el pago de jubilaciones y pensiones se realiza a través del Instituto de Previsión Social (IPS) y no mediante el sistema nacional. A cambio, el Estado nacional debe compensar parte de los desequilibrios financieros que surgen de ese esquema, tal como establece la normativa vigente desde la década de los noventa, aunque con distintos grados de cumplimiento a lo largo del tiempo. Sin embargo, durante los últimos años esas compensaciones dejaron de llegar, generando una presión significativa sobre las cuentas provinciales.
Por ello, el acuerdo alcanzado en marzo y ejecutado en mayo entre el Gobierno de Misiones y la ANSES no puede interpretarse como un simple trámite administrativo. Como ya dijimos, se trata del reconocimiento formal de obligaciones pendientes por parte del Estado nacional y del establecimiento de un mecanismo para comenzar a recomponer un vínculo financiero que venía seriamente deteriorado.
Pero la situación no se agota allí. Un poco más atrás, en abril de 2025, la Nación y Misiones firmaron un convenio en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo que básicamente cruzaba deudas entre ambas partes: lo que la Nación le debía a la provincia y lo que la provincia adeudaba a la Nación.
Tras la presentación de la información correspondiente, Misiones resultó acreedora neta, ya que los montos que la Nación mantenía pendientes con la provincia superaban las obligaciones provinciales. Si bien el convenio tiene una vigencia de un año, recién en los últimos meses comenzó a materializarse mediante transferencias por un total de $12.000 millones: $4.000 millones en febrero, otros $4.000 millones en marzo y una suma equivalente en mayo.
También este proceso resulta relevante por dos razones centrales. La primera es que Misiones forma parte del reducido grupo de provincias que resultaron acreedoras netas en el marco del REOR, ya que la mayoría de las jurisdicciones que suscribieron estos convenios finalizaron como deudoras netas. La segunda es que Misiones fue la provincia que más recursos logró captar por esta vía entre todos los subnacionales.
La gestión y la capacidad de negociación se transformaron así en pilares fundamentales para la provincia en un contexto donde los reclamos continúan abiertos. Lejos de tratarse de fondos que la Nación “cedió” de manera discrecional, estos recursos corresponden a acreencias legítimas de la provincia cuya recuperación requirió capacidad técnica, construcción de consensos y una intensa tarea de gestión. Esto puede verificarse al observar que incluso provincias alineadas política y electoralmente con el Gobierno nacional no obtuvieron resultados similares. En consecuencia, aunque la dinámica política argentina haya cambiado en los últimos años, los hechos muestran que los avances concretos siguen dependiendo más de la capacidad de gestión que de la cercanía política circunstancial.
Dicho todo esto, nadie puede afirmar que el problema esté resuelto. En el actual contexto fiscal argentino, caracterizado por una fuerte reducción de las transferencias nacionales a las provincias y por crecientes dificultades para sostener programas de inversión y financiamiento, lograr que la Nación reconozca obligaciones pendientes y comience a cancelarlas constituye un hecho político e institucional de enorme relevancia. Representa una puerta que comenzó a abrirse para recuperar recursos adeudados, fortalecer la sustentabilidad financiera provincial y restablecer canales institucionales de diálogo con el Estado nacional.
Pero, al mismo tiempo, el hecho de haber obtenido resultados concretos también obliga a redoblar los esfuerzos para avanzar sobre los demás reclamos que permanecen pendientes, porque, en definitiva, tanto el acuerdo por la Caja Previsional como los avances alcanzados a través del REOR dejan una enseñanza que excede los montos involucrados: aun en un escenario de restricciones fiscales, tensiones políticas y escasos márgenes de negociación, la gestión sigue siendo una herramienta capaz de producir resultados.
