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Amplían emisión del Bonar 2024 por u$s 210 millones para pagar acuerdo en Ciadi

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El Gobierno dispuso ampliar por u$s 210 millones la emisión del Bonar 2024, con el fin de cancelar un acuerdo que alcanzó en el tribunal del Ciadi por un fallo adverso contra la empresa Total SA.

Vale recordar que el Centro Internacional de Arbitrajes (Ciadi), que depende del Banco Mundial, rechazó en 2016 un último recurso de la Argentina y confirmó que nuestro país debía pagarle a la petrolera francesa Total SA.

Para hacer efectivo el crédito, la empresa se presentó ante un tribunal argentino, la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, que certificó el laudo extranjero que la beneficia para, así, poder cobrar esa suma.

La causa se inició en 2001, cuando a raíz de la emergencia económica, la empresa demandó por ruptura del equilibrio económico financiero del negocio que desarrollaba.

Ahora, de acuerdo con la Resolución 112-E/2017 del Ministerio de Finanzas, publicada en el Boletín Oficial, se aprobó el acuerdo de pago, y se dispuso la ampliación de la emisión del Bonar 2024 por u$s 210 millones con el fin de cumplir con el pago.

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Los intereses de la deuda crecieron 140 por ciento y explican buena parte del déficit financiero de Nación

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El déficit financiero acumulado al primer cuatrimestre de 2017 alcanzo a los 119.649 millones de pesos representando un aumento del 47 % con respecto al primer cuatrimestre del 2016 cuando el mismo era de 81.641 millones de pesos.

Dentro de la partida erogaciones, los intereses obtuvieron un incremento del 140 % interanual en el primer cuatrimestre del 2017 con respecto al mismo periodo de 2017, siendo la de mayor incremento a consecuencia del fuerte endeudamiento.

Los intereses de la deuda eran 7,6% del gasto de la administración pública en 2015, serán 10,5 en 2017. Eso habla de una clara caída en la equidad del gasto público. Sumada a una menos progresiva recaudación. 

 

Mientras se han tomado más de 50.000 millones de dólares que se refleja en nueva deuda neta (la bruta tomada es el doble), que representan 800.000 millones de pesos, el gobierno recorta derechos sociales, ajustando el poder de compra de la población. Como referencia: todo el plan Progresar insume $7800 millones por año, el recorte del Conicet fue de $200 millones, el ahorro por el tarifazo, a lo sumo será de 10.000 millones de dólares, que se le quitan a los contribuyentes, el recorte del PAMi no supera los U$S 150 millones. La baja de retenciones quitó al Estado $76.000 millones.

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Con la suba de 1,2% de junio, la inflación acumulada de los últimos 12 meses alcanza al 21,9%

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El Índice de Precios al Consumidor relevado por el INDEC tendrá a partir de este mes una versión nacional (que, a su vez, será la referencia para las metas del Banco Central). Incluye, además de GBA y CABA, las demás regiones económicas del país y a nivel nacional registró una variación mensual de 1,2% para junio. El aumento no fue homogéneo ya que fue de 1,4% para GBA y Noreste; 1,1% para la Patagonia; 1% para Cuyo y la región Pampeana y 0,9% para el Noroeste del país. Por su parte, la inflación núcleo anotó una variación de 1,3% a nivel nacional, siendo que los aumentos por encima del promedio ocurrieron en el Noreste, GBA y Cuyo con 1,6%; 1,5% y 1,4% mensual, respectivamente.

La variación interanual de precios de los distintos ítems se obtiene a partir de un empalme de series, ya que para el índice nacional los datos comienzan en enero de este año. Aún así, interesa subrayar que, dentro del promedio (21,9% interanual) hay bastante heterogeneidad: Comunicación, Bebidas alcohólicas y tabaco, y Restaurantes y hoteles anotaron variaciones interanuales de 43%, 33% y 28% respectivamente. Por su parte, entre los rubros que crecieron menos que el promedio en junio se encuentra Equipamiento y mantenimiento del hogar (17% interanual) y Transporte (10% interanual).

Respecto de la inflación núcleo, el promedio trimestral móvil anualizado (tomando las inflaciones núcleo de GBA que se publicaron hasta mayo) anotó su máximo pico de 40,1% en junio de 2016, y, con la desinflación que ocurrió a partir de entonces, los últimos datos muestran una inflación anualizada de 22,9%, que compara con una tasa de interés de corto plazo (pases) de 26,25%. Así, esta medición de tasa real de interés se ubica en los 3,35 puntos anuales.

En cuanto a la canasta de productos seleccionados que incluye desde Pan Francés, hasta Leche fresca entera, pasando por detergente líquido y azúcar, el nuevo índice permite ver las diferencias existentes para conseguir los mismos productos en una región u otra. Así se confirma que la Patagonia es más cara que el resto del país pero la diferencia con GBA, de 18,9%, no es tan elevada como a veces se presupone. En el otro extremo, en el NEA, reflejando la presión competitiva de las economías de frontera, el costo de esa canasta es 5% inferior al del Gran Buenos Aires. Así mismo, la brecha entre las canastas de productos seleccionados de NEA y la Patagonia es de 25%. 

Los datos relevados por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, muestra que las expectativas de inflación de junio bajan levemente a 20% según la mediana, valores que no se observaban desde octubre de 2016.

Observando el promedio, las expectativas de inflación también descienden aunque en menor medida (un magro 0,2 puntos porcentuales respecto de mayo), ubicándose en 27,7% para junio.

 

 

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Lento crecimiento del empleo formal

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El mercado laboral argentino se está reconfigurando. Desde noviembre de 2015 a abril de 2017 el empleo registrado creció, en términos desestacionalizados, 0,8%. Es decir que en lo que va de gestión Mauricio Macri, 95 mil trabajadores se sumaron al mercado formal. Pero además, detrás de este magro crecimiento se esconde un cambio en la composición que no es menor, en tanto se observa una evolución diferenciada del empleo de acuerdo al tipo de contratación.

Empleados de casas particulares, monotributistas y monotributistas sociales constituyen un heterogéneo grupo de trabajadores que alcanzaron tasas de crecimiento de entre 4% y 10% durante la gestión actual. Así, la cantidad de puestos bajo estas modalidades de empleo, más precarias que la de los asalariados, aumentó en 115 mil en el período bajo análisis. Varias razones dan cuenta de este dinamismo.

Por un lado, es posible que este incremento responda a una formalización de empleos que ya existían pero que se mantenían por fuera del mercado registrado, de modo que este crecimiento en realidad no corresponde totalmente a una creación de nuevos puestos. El caso de monotributo social es el más claro: la posibilidad que brinda esta categoría de seguir cobrando planes sociales incentivó a ciertos sectores a inscribirse bajo esta figura laboral. Además, es factible que parte de los nuevos monotributistas sean ex autónomos que hayan cambiado de modalidad ocupacional producto del significativo aumento de los topes que dispuso la AFIP para el monotributo (+75%).

Por su parte, y pese a lo esperado, el empleo público también mostró un importante crecimiento cuando se lo compara con los niveles de noviembre de 2015: aproximadamente 45 mil trabajadores se sumaron a la planta del empleo estatal (+1,5% acumulado desde el cambio de gobierno a abril de 2017), variación que se concentró en el nivel de gestión municipal y provincial.

Ahora bien, si los monotributistas y asalariados del sector público aumentaron en casi 160 mil puestos y la creación neta fue de 95 mil, ¿qué sectores destruyeron empleo? Como ya marcamos, la cantidad de autónomos recortó cerca de 12 mil empleos, incentivado por los nuevos límites que poseen los monotributistas en su facturación. Pero el rasgo más negativo del mercado laboral en el periodo fue que la cantidad de asalariados registrados del sector privado cayó en 53 mil puestos (-0,8%).

Cambia la composición del empleo asalariado formal

Desde que asumió el nuevo gobierno hasta abril de 2017 (último dato disponible), seis de las catorce ramas más importantes de la economía muestran reducciones de personal, mientras que las ocho restantes incrementaron la cantidad de trabajadores registrados del sector privado. Esta heterogeneidad dentro del mercado de trabajo no es más que un reflejo de la situación actual de la actividad que deja ver un cambio en la matriz productiva.

Por caso, ramas como servicios sociales y de salud (+4,4% acumulado desde noviembre de 2015), suministro de electricidad, gas y agua (+3,2%) o enseñanza (+2,6%) se expandieron en el periodo. Con una incidencia menor,  actividades como intermediación financiera (+1%) o el sector agropecuario (+0,6%), que tuvieron un buen desempeño dentro de la economía, también ayudaron en la creación de puestos de nuevos puestos de empleo registrados. Por su parte, comercio (+1,2%), una de las ramas que más asalariados emplea (más de 18% del total del empleo formal), también logró expandirse incluso en un contexto en el que el consumo masivo aún no se recupera.

La contracción del empleo privado formal se explica principalmente por tres ramas, cada una de las cuales presenta una situación distinta, y con expectativas heterogéneas. La explotación de minas y canteras redujo casi 10% su dotación, producto de una significativa contracción en el precio internacional del petróleo que afectó dicha actividad extractiva. Si bien el potencial productivo del país es elevado, las perspectivas del sector dependerán principalmente de la evolución del precio internacional del crudo.

Por su parte, la construcción pasó también por meses complejos: afectado por el freno de la obra pública y privada, entre noviembre de 2015 y junio de 2016 se perdió cerca del 10% del empleo del sector. Sin embargo, desde mediados del año pasado se observó un crecimiento lento pero continuo, y en abril la contracción respecto a noviembre de 2015 se redujo a 2,5%. Y las perspectivas del sector son positivas: ya sea por fondos propios o en asociación con el sector privado, el gobierno está dispuesto a convertir al gasto en infraestructura en un dinamizador de la actividad. Al mismo tiempo, aunque todavía incipiente, el resurgimiento del crédito hipotecario apuntalaría la construcción.

La industria manufacturera, por su elevado peso dentro del empleo formal (cerca del 20% del total) y su fuerte caída en el período (-4,4% desde el cambio de gobierno), explicó la totalidad de la contracción del empleo asalariado privado. Como resultado, el empleo manufacturero hoy se encuentra en niveles similares a los de fines de 2013, casi 2% por debajo del peor momento de la crisis de 2009. Más aún, las perspectivas a futuro no son alentadoras. La contracción de Brasil (el principal demandante de manufacturas argentinas pasó la peor crisis de su historia), junto con un 

contexto interno caracterizado por un producto estancado, un mayor nivel de importaciones y profundización del atraso cambiario, diagraman un escenario complejo para el complejo manufacturero local.

A nivel regiones también se exhibe una heterogeneidad dentro del empleo formal. En comparación con la caída del 0,8% de los asalariados privados a nivel nacional, en la Provincia de Buenos Aires y CABA la merma moderada, de “tan sólo” 0,2%. Por el contrario, en la Patagonia la contracción supera el 5,5%, explicada por situaciones realmente complejas en Santa Cruz (-10%) y Tierra del Fuego (-12%). La única región que aumentó su nivel de empleo asalariado fue el noroeste (+1,3% en el periodo). Por su parte, la zona pampeana, la más relevante luego de CABA y Buenos Aires, muestra una virtual estabilidad. Si bien la peor situación del empleo formal se observa en regiones que tienen un menor peso demográfico, preocupa al oficialismo que en aquellas zonas claves de cara a las próximas elecciones no haya recuperación del empleo formal.

 

Es necesario fortalecer el mercado de trabajo

En Argentina la población crece al 1% anual, lo cual implica que, sólo para mantener el desempleo constante deben crearse aproximadamente 200 mil puestos adicionales de trabajo por año. En el primer cuatrimestre del año, el empleo formal aumentó a una tasa anualizada del 1,1%, de forma tal que si este ritmo de crecimiento se mantuviese a lo largo del año, podría pensarse que podría lograrse mantener la tasa de desocupación constante. Sin embargo, el análisis realizado en los apartados anteriores lleva a realizar algunas consideraciones respecto a esta afirmación.

En primer lugar, podría pensarse que así como el empleo formal está creciendo, el informal estaría acompañando este movimiento. Sin embargo, tal como se hizo referencia, parte de la expansión del empleo registrado está vinculado a la formalización de puestos de trabajo que se encontraban por fuera del marco legal laboral. Bajo los cambios que tuvieron lugar dentro del mercado de trabajo con la nueva gestión, la tasa de expansión que se observa en el empleo formal no necesariamente implica la creación de nuevos puestos de trabajo y, por lo tanto, una reducción del desempleo.

Más aún, lo que muestra los datos es que las modalidades de empleo más precarias, tal como la de los monotributistas, están creciendo a un mayor ritmo que la de los asalariados formales. Si bien este tipo de categorías que mostraron un importante dinamismo implican mejores condiciones de cobertura social que el propio trabajo informal, la contratación en relación de dependencia asegura una mayor estabilidad para los empleados. Y cuando nos concentramos en el empleo privado formal, la tasa de crecimiento del primer cuatrimestre del año llegó a 0,7% anualizada, muy por debajo del crecimiento poblacional (si no alcanza para sostener el nivel de empleo, menos para reducir el nivel de informalidad).

Los desafíos que enfrenta hoy el mercado de trabajo son varios: no sólo se necesita una mayor aceleración de la expansión de la actividad (y más extendida), sino también una mayor formalización de la fuerza de trabajo. La propuesta de “blanqueo” que podría presentar el oficialismo sería una alternativa para mejorar la calidad actual del empleo, pero no necesariamente implique la creación de nuevos  puestos de trabajo.

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Nación quiere que las provincias congelen el gasto público hasta 2019

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Funcionarios del Gobierno Nacional y de 18 provincias del país participaron hoy de una reunión ampliada del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF). Durante el encuentro, que se celebró en la Casa de la Provincia de Salta en la Ciudad de Buenos Aires, los representantes de la Nación y las provincias trabajaron en los principales puntos que compondrán el proyecto para alcanzar una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.

Participaron de la reunión representantes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras que, en representación del Estado Nacional, estuvieron presentes el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena; el subsecretario de Presupuesto, Alejandro Gallego; y el subsecretario de Relaciones con Provincias, Paulino Caballero.

Durante el encuentro, se acordaron posiciones de cara a la ley que el Ejecutivo enviará al Congreso y cuya sanción permitirá impulsar una mayor transparencia y reglas más simples, cuyo cumplimiento promoverá finanzas públicas más sanas.

Uno de los avances es que el gasto corriente primario no crezca por encima de la inflación, esto es que el gasto corriente primario debe mantenerse en términos reales a diferencia de años anteriores que podía incrementarse en la misma proporción que el aumento del PBI.

Tampoco se incrementar la planta de personal ocupada al 31/12/17 por encima de la tasa de crecimiento poblacional y las provincias no deben incrementar la presión impositiva.

 

Por espacio de cinco horas, los funcionarios pulieron detalles respecto a la redacción de los principales puntos sobre los que se basará el proyecto. Entre ellos, el establecimiento de pautas claras sobre el gasto público y de ejecución presupuestaria para la Nación y todas las jurisdicciones del país, a fin de converger hacia el equilibrio fiscal.

Entre dichas pautas, se destaca el acuerdo para que todas las jurisdicciones del país mantengan constante el gasto corriente primario en términos reales y el gasto primario total en el caso de las deficitarias (o con servicios de deuda superiores al 15% de los recursos corrientes), hasta el año 2019 inclusive.
Otras de las pautas centrales son: la creación de Fondos Anticíclicos Fiscales, que serán constituidos por cada jurisdicción con los recursos excedentes en años en los que la balanza fiscal arroje superávit, y deberán utilizarse en situaciones excepcionales o de emergencia; y la incorporación de pautas de fin de mandato, cuyo objetivo será restringir el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno.
Los consensos alcanzados durante la jornada de hoy suponen un nuevo avance en el objetivo de alcanzar una nueva ley de Responsabilidad Fiscal, tras el histórico acta-acuerdo firmado por el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y representantes de 21 provincias del país durante la última reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, celebrada el último 22 de marzo en
Mendoza.

El Comité Ejecutivo es el órgano ejecutor del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Está formado por un representante permanente del Gobierno Nacional y por ocho representantes provinciales, de carácter rotativo para garantizar la representación de todas las provincias.
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