Media sanción a la nueva Ley de Biocombustibles
Parlamentario – Las dudas que persistían en el inicio de esta jornada finalmente fueron despejadas y el Senado, tras un extenso debate en el recinto, pudo avanzar con la media sanción de la nueva Ley de Biocombustibles. El texto resultó aprobado en general a las 22.17 por 41 votos a favor y 25 en contra. A continuación, se procedió a la votación en particular, donde se realizaron una serie de modificaciones que habían sido consensuadas entre el oficialismo y la oposición dialoguista.
En rigor, durante el debate hubo varios senadores de la oposición que sugirieron ir a un cuarto intermedio para acordar modificaciones. Desde el bloque Justicialista, que esbozó fuertes cuestionamientos -aunque no unánimes- y votó en contra, el primero fue el entrerriano Adan Bahl; luego, hubo varios que sugirieron lo mismo, y con énfasis, en su discurso de cierre, lo pidió José Mayans. Al punto tal que si los cambios que sugería se aceptaban, llegarían a una aprobación unánime, aseguró. Antes de la votación hubo una insistencia en ese sentido, por parte del radical Maximiliano Abad y el propio Mayans, que incluso aseguró que sería de 10 minutos. Pero la moción fue rechazada por 41 votos contra 25.
El texto finalmente aprobado es muy diferente al planteado originalmente por el oficialismo, conforme se aceptaron aportes del conjunto de iniciativas que había y que venían debatiéndose desde el año pasado. Los expedientes impulsados fueron de la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich; la salteña Flavia Royón (Primero Los Salteños); Beatriz Ávila (Independencia); José Carambia y Natalia Gadano (Moveré Santa Cruz); Alejandra Vigo y Carlos Espínola (Provincias Unidas); Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones); y Jorge Capitanich (Justicialista).
Si bien no se aceptó, como dijimos, ir a un cuarto intermedio, sí se votaron modificaciones durante la votación en particular, que fueron expresadas por el neuquino de La Libertad Avanza Pablo Cervi.
Qué dice el proyecto
El nuevo régimen de biocombustibles prevé una vigencia de 15 años. Actualmente, el marco regulatorio votado en 2021 cuenta con una vigencia hasta 2030. También habilita que las empresas no integradas puedan formar parte de un grupo económico que pasará a competir dentro del segmento abierto del mercado.
Propone, además, la liberación del 3% reservado para las empresas no integradas que no formen parte de esos grupos. Incorporado en las conversaciones finales, cada nuevo entendimiento contempla el diferencial por distancia reclamado por La Pampa y San Luis, modificación que apunta a compensar la desventaja de las plantas ubicadas en el interior frente a las grandes empresas integradas.
De esta manera, se establece el corte obligatorio de biodiésel para gasoil del 5%(vigente) al 7,5% y fija el incremento en 10% un año después de la sanción. Respecto al corte de bioetanol para la confección de nafta, dispone el mantenimiento en 12% y, transcurrido un año desde la promulgación ley, llevarlo al 15%.
Asimismo, quedó fijado que el porcentaje de las empresas no integradas se va a reducir al 5,5% en el 2029; al 5% en el 2030; y al 3% en el 2031. Pero quedó establecido que desde el 2032, el 7% se podrá comercializar entre todas las firmas, artículo que generó la resistencia de los senadores aliados de las provincias del centro. Finalmente, quedó establecido que las empresas no integradas tendrán un piso mínimo a partir del 1° de enero de 2031 hasta 2036 que será del 4%, con lo cual tendrán una porción del mercado garantizada.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía, quien podrá “modificar excepcionalmente y mediante resolución fundada el referido porcentaje obligatorio, en función de asegurar el abastecimiento de la demanda ante situaciones comprobadas de escasez que afecten el mercado interno o por cuestiones técnicas y/o de calidad”. “En ningún caso una reducción excepcional podrá extenderse por un plazo mayor a 90 días”, agrega.
Otro de los artículos indicar que “a los fines de garantizar la competencia, la participación por empresa elaboradora no excederá 20% del total de la cantidad anual de bioetanol comercializado en el corte obligatorio durante el año calendario correspondiente”.
A su vez, se faculta a las provincias y la Ciudad a “establecer regímenes de fomento propios habilitando nuevas bocas de expendio que favorezcan la comercialización de manera opcional e incremental de cortes superiores a los mínimos obligatorios”.
Por otra parte, se permite la libre importación de biocombustibles para ser utilizados en mezclas superiores al corte obligatorio y en los casos en los que hubiese faltante de oferta para satisfacer la demanda del corte obligatorio. No obstante, se aclara que “los biocombustibles destinados al cumplimiento del porcentaje de mezcla obligatoria con combustibles fósiles deberán haber sido elaborados en plantas habilitadas instaladas en la República Argentina y a partir de materias primas de origen nacional”.
En el dictamen también se contempla que “a los fines del cumplimiento mensual de la mezcla obligatoria, se deberá instrumentar un sistema de subastas en un Mercado Electrónico que concentre la comercialización de manera única, transparente y de acceso público, operado por un organismo independiente con experiencia comprobada en negociación de productos energéticos, agropecuarios, financieros u otros, y bajo estándares internacionales de comercio”.
Voces en el recinto
Miembro informante fue la senadora salteña Flavia Royón, quien definió al proyecto puesto a consideración como “un paso adelante para el futuro energético productivo y federal de nuestro país”. El mismo, dijo, “busca agregar valor en el interior de nuestro país, potenciar cadenas de valor de nuestros granos, atraer inversiones y desarrollar fuentes de trabajo en el interior”.
La senadora de Primero los Salteños sostuvo que el proyecto propone un marco integral nuevo para una industria que nuestro país conoce, que ya ha invertido y que necesita reglas nuevas que le permitan crecer”.
Recordó que el tema demandó un proceso largo de construcción legislativa, en el que las comisiones consideraron siete proyectos de distintos espacios, en el que se buscó “compatibilizar todas estas iniciativas y ordenar sus aportes. Esta diversidad de antecedentes muestra el interés que hay en las distintas regiones, en los distintos espacios, sobre la materia de los biocombustibles”.
“Este dictamen puede resumirse en una idea: preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes, pero al mismo tiempo crear una transición hacia un marco más competitivo, más transparente y abierto a nuevas tecnologías -agregó-. Vamos a pasar de un esquema mucho más regulado, donde el Estado determina quién produce, cuánto produce y a qué precio produce, para ir a un esquema más mercado, porque levanta los cortes, y a un esquema más competitivo, donde sean el mercado y la competitividad las que fijen los precios”.
Flavia Royón precisó que “el proyecto aumenta gradualmente los cortes obligatorios. En el caso del biodiesel, pasa del 7,5 al 10% a partir de los 12 meses, y en el caso del bioetanol, pasa del 12% al 15 a partir de los 12 meses”.
“Pero este dictamen no solo aumenta los cortes, sino también regula cómo se abastecen esos cortes, sino también comercializan estos proyectos y cómo se garantiza una transición ordenada”, puntualizó. Señaló a continuación que “en el caso del bioetanol, se preserva durante la vigencia de la ley la participación de un 6% proveniente de la caña de azúcar, un 6% proveniente del maíz, mientras que el volumen incremental del otro 3% necesario para alcanzar el corte total queda abierto a distintas materias primas admitidas por el régimen”.
En el caso del biodiesel, continuó, también se levanta el corte del 7,5 al 10%, se establece un período de transición hasta el 2036, y eso asegura que la apertura no va a ser abrupta. Es un esquema que progresivamente reduce la porción reservada a empresas no integradas y amplía gradualmente la competencia en el sector.
Tras detallar todos los artículos que tiene la norma, sostuvo que “llegamos a un dictamen que equilibra y pone a la Argentina en condiciones de lograr otro nivel y otro marco de competitividad para el desarrollo de los biocombustibles en nuestro país”.
El senador puntano Fernando Salino, titular de Justicia Social Federal, desplegó una serie de críticas contra esta nueva Ley de Biocombustibles y señaló que “está mal defienda la autoridad de aplicación”. También sostuvo que “no podemos permitir todas las cosas que este proyecto delega en la reglamentación”.
En un recinto semivacío por las discusiones detrás del telón, Salino criticó que “nadie sabe explicar el corte que lleva del 10% al 15%”, y reiteró: “Hay muchas cosas que quisiéramos corregir. No podemos permitir todas las cosas que este proyecto delega en la reglamentación y que deberían de ser contenidas en la propia ley”.
El legislador entrerriano Adán Bahl expresó sus disidencias porque “no se da la previsibilidad a los inversores, se están cambiando las reglas de juego y las condiciones de inversión”, y cuestionó: “Tenemos que darles la seguridad jurídica a las empresas y en esta ley le damos una respuesta contraria”.
Así, aclaró que con el bioetanol está de acuerdo con el corte, pero no con el biodiesel y la solución es “no cambiarles las condiciones a las empresas del interior de las provincias”. En tanto, adelantó que pedirá una moción de orden “a ver si podemos, en un pequeño cuarto intermedio, buscar un punto de convergencia para una alternativa para que, tanto las empresas grandes y pequeñas empresas, puedan seguir trabajando y seguir sosteniendo los puestos de trabajo”.
En el cierre del debate, el jefe del bloque Justicialista, el formoseño José Mayans, consideró que se trata de un tema “interesante” y recordó que cuando se inició todo “había muchas dudas de si iba a funcionar. Por eso se habló de una mezcla del 5% en cuanto al biodiesel”.
“La ley vigente demostró que funcionó hasta hoy, pero hubo inconvenientes porque en el caso del biodiesel la Argentina produce unas 900 mil toneladas, genera casi 2 mil puestos de trabajo y 8 mil en forma indirecta. Las grandes aceiteras llegaron a exportar un récord en 2017, pero después llegaron los problemas de los aranceles que pusieron Estados Unidos y Europa, pusieron trabas y se cayó el sistema”, comentó.
Mayans cuestionó la iniciativa porque “busca desregular las empresas para el libre mercado”, y comparó: “En el bioetanol estamos todos contentos y de acuerdo”, y recordó que en el gobierno kirchnerista empezó la industria de los biocombustibles que “fue una discusión permanente”.
En esa línea, el formoseño señaló que “tenemos que construir un país con economía pareja” y alertó: “Perdimos 30 mil PyMES en esta gestión, ¿hace falta perder más? Si la ley nuestra sigue funcionando, no veo por qué tanto apuro. Decíamos el 15% y se sostiene el 7.5% para las pequeñas, pero no quieren. Esta ley rompe la previsibilidad”, y solicitó pasar a un cuarto intermedio para “ajustar las cosas” y poder votar así por unanimidad, pero “nos ponemos del lado de las pequeñas empresas”.
Al final del debate, Patricia Bullrich sostuvo que “en el bioetanol estamos dando un salto concreto, pero no hay un aumento de precio porque tiene el mismo precio que el combustible fósil. En consecuencia, ahí el corte obligatorio que es del 12% va a pasar al 15, y podemos proteger la diversidad productiva que construyó esta industria en el marco de una industria que no le aumenta el combustible al consumidor”.
En un pasaje de su discurso, señaló que “tenemos también un mercado que plantea una regla antimonopólica, que ninguna empresa puede superar el 20% del bioetanol comercializado para el corte obligatorio. Por eso es que se buscan más jugadores y más competencia”.
Señaló que “el corte obligatorio era de 5, ahora está en un 7,5, y a los 12 meses va a aumentar a 10, así que le estamos dando un margen importante. Y se prevé un sendero previsible”.
En ese marco Bullrich pidió: “Piensen que estamos en un momento difícil; Argentina prácticamente no ha aumentado las naftas en un momento del mundo en que las naftas están produciendo una gran inflación”, y remarcó que YPF no ha aumentado el precio de los combustibles en los últimos meses.
“Entonces estamos planteando una transición mucho más larga; estamos hablando de 2036, después el resto del mercado se va a ir abriendo a una transición libre”, planteó.
Más adelante aclaró: “No estamos diciéndole a una PyME que mañana se arregle sola, no es así, le estamos dando tiempo le estamos dando volumen, le estamos dando previsibilidad para competir en el mercado que viene, no la estamos dejando tirada”.
Sobre el final, Bullrich reconoció que “hemos tenido intereses muy distintos y hemos logrado llegar a un acuerdo. Por eso nos gustaría que se sumen”, les dijo a los senadores que habían exteriorizado críticas al proyecto. Y recordó que “Santa Fe tiene una realidad; Córdoba tiene otra realidad; Tucumán, Salta y Jujuy tienen la suya; Buenos Aires, La Pampa y San Luis también tienen otras particularidades y era lógico que cada provincia defendiera su sector. Pero el trabajo del Senado no consiste en negar esas diferencias. Construir esta ley nacional es a partir de ellas, por eso este dictamen fue cambiando”.
En otro pasaje aseguró que “esto es win-win, no hay perdedores”.
