Diarios de Misiones

Buscan mejorar la respuesta estatal frente a la violencia contra niños y adolescentes

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Se realizó una Mesa de Trabajo Interinstitucional destinada a fortalecer las políticas de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Misiones donde participaron representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, organismos provinciales, la Municipalidad de Posadas y distintas áreas vinculadas al Sistema de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. La Defensora Provincial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Lic. Rossana Franco estuvo al frente de este encuentro realizado en la Subsecretaría de Prensa de Casa de Gobierno, en la capital provincial, y en este marco consideró relevante fortalecer el trabajo articulado que se viene realizando entre las instituciones y avanzar en nuevas herramientas de intervención. En la oportunidad se abordó temas relacionados a la elaboración de una guía de buenas prácticas, el fortalecimiento de las capacitaciones sobre derechos de niñas, niños y adolescentes y la implementación de la Ley Nº27.709, conocida como Ley Lucio, destinada a prevenir y detectar situaciones de violencia contra las infancias. Al respecto, la titular de la Defensoría Provincial dio cuenta que las capacitaciones ya alcanzan a los distintos poderes del Estado y que recientemente se incorporaron los clubes deportivos a ese proceso de formación. Asimismo, en la reunión se hizo hincapié en el nuevo Régimen Penal Juvenil y en tal sentido se resaltó que Misiones ya participa de mesas de trabajo para avanzar en su implementación. Vale resaltar que para este viernes 7 de agosto se realizará la Tercera Mesa del Régimen Penal Juvenil, una actividad convocada por el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, cuya vicepresidenta es la Defensora Franco. “Esta crisis profunda que estamos viviendo hace que los más débiles sean quienes más sufren. En este caso son los niños, niñas y adolescentes. Por eso, estas mesas sirven para articular, mejorar y avanzar, siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño y una verdadera perspectiva de niñez”, manifestó la titular de la Defensoría de los Derechos de los NNyA.

Una responsabilidad compartida

La subsecretaria de Coordinación y Monitoreo del Gobierno de la Provincia, Cynthia Petcoff manifestó que “la protección integral de niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad compartida” y valoró la realización de la Mesa Interinstitucional de Niñez y Adolescencia, a partir de que se trata de “un espacio de articulación donde quienes tenemos responsabilidades en el Estado trabajamos de manera coordinada para fortalecer las respuestas frente a las distintas realidades que atraviesan niñas, niños y adolescentes de nuestra provincia”. En esa línea reforzó: “En un trabajo articulado, los tres poderes del Estado reafirmaron su compromiso con la protección integral de las infancias y adolescencias, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para garantizar respuestas más eficientes, efectivas e integrales frente a las distintas problemáticas que atraviesan niñas, niños y adolescentes”, señaló. Por su parte, el secretario de Estado de Prevención de Adicciones, Roberto Padilla dio cuenta que uno de los principales desafíos es consolidar la articulación entre el Poder Ejecutivo, la Justicia y los municipios para abordar problemáticas transversales como los consumos problemáticos. “Tenemos que potenciar la prevención y fortalecer la contención desde los distintos dispositivos territoriales”, aseguró. A su vez comentó que uno de los acuerdos alcanzados durante la jornada fue avanzar en una herramienta que concentre la información de los organismos y servicios disponibles, con el objetivo de facilitar el acceso de las familias y optimizar las respuestas institucionales.

Optimización de políticas públicas

El plan de trabajo prioriza la identificación directa de necesidades en el territorio, con el propósito de generar datos precisos sobre las problemáticas que atraviesan a las comunidades. Esta lectura situacional permite adecuar la normativa vigente y los recursos de respuesta estatal a las realidades locales, evitando la duplicación de esfuerzos y reduciendo los tiempos de asistencia a las víctimas. En cuanto a los principales ejes de la estrategia integral se destaca el fortalecimiento e integración de los Tres Poderes, a partir de una coordinación fluida entre la ejecución de programas (Ejecutivo), la adecuación y actualización del marco normativo (Legislativo) y el acceso efectivo a la justicia con perspectiva de derechos (Judicial). También una intervención basada en evidencia, con el relevamiento e identificación de demandas prioritarias en las distintas localidades para fundamentar la asignación de recursos y el diseño de intervenciones. Asimismo, la optimización de políticas públicas, desde la evaluación continua de los circuitos de atención, fortaleciendo los equipos interdisciplinarios y promoviendo la capacitación constante de los agentes públicos para erradicar la violencia institucional y la revictimización. Como también se tiene en cuenta la prevención y restitución de derechos, a partir del desarrollo de acciones preventivas en los ámbitos comunitarios y educativos, junto con protocolos de protección integral para la infancia, adolescencia y sectores en situación de vulnerabilidad.

Un compromiso sostenido con la ciudadanía

La consolidación de políticas públicas efectivas requiere del consenso y la responsabilidad compartida de todas las estructuras estatales. Al unificar criterios de actuación, simplificar los canales de derivación y poner el foco en la prevención, el Estado ratifica su función como garante de derechos y promotor de una convivencia social pacífica. En la Mesa de Trabajo Interinstitucional estuvieron presentes por la Justicia el titular del Juzgado de Primera Instancia de Violencia Familiar N°2, Dr. Álvaro Gunter; la titular del Juzgado de Familia N°1, Dra. Lidia Graciela Mana; el titular del Juzgado de Instrucción N°2, Dr. Juan Manuel Monte; la jueza Correccional y de Menores Nº1, Dra. Marcela Leiva y el subsecretario de Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Violencia Familiar, Dr. Fabián Oudin. Por parte del Ministerio de Desarrollo Social, de la Mujer y la Juventud de la Provincia, la subsecretaria de Infancia, Dra. Andrea Benítez, y la directora de Niñez de la Subsecretaría de Niños, Niñas y Adolescentes, Lic. Aldana Sosa. En tanto, estuvo participando también la subsecretaria de Atención Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia, Lic. Marlenne Abrile, la subsecretaria de Relaciones con la Comunidad y Violencia, Lic. Sandra Galeano; la encargada del Programa de Salud Integral en la Adolescencia, Lic. Nadia Lunge; la subsecretaria y la subsecretaria de Acceso a la Justicia e Información Pública, Dra. Agustina Chiófalo; la secretaria de la Unidad de Coordinación y Gestión de la Municipalidad de Posadas, Yolanda Asunción; y la directora de Asistencia a Niños, Niñas y Adolescentes y del Centro de Prevención Nocturno de la Municipalidad de Posadas, Belén Reyes, y el equipo de la Dirección de Familia y Género de la Policía de Misiones. Por parte de la Defensoría Provincial de los Derechos de NNyA fueron parte la coordinadora del Sistema de Acogimiento Familiar, Lic. Valeria Bongers y la coordinadora del equipo psicosocial, Lic. Carolina Noguera.

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Paro de prácticos: el conflicto con el Gobierno ya frena más de 150 buques y amenaza las exportaciones argentinas

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La pulseada entre el Gobierno nacional y los prácticos de navegación escaló este lunes a un nivel inédito: mientras los profesionales mantienen un paro en rechazo al Decreto 690/2026, que desregula el régimen de practicaje y pilotaje, la Prefectura Naval Argentina intimó formalmente a más de 500 habilitados para que retomen sus funciones bajo apercibimiento de sanciones administrativas e incluso eventuales denuncias penales. El resultado inmediato ya tiene impacto económico: más de 150 buques permanecen demorados en distintos puertos del país, afectando la salida de exportaciones y la llegada de cargas.

El conflicto trasciende una discusión laboral. En juego está el funcionamiento del principal sistema logístico argentino, por donde se canaliza la mayor parte de las exportaciones agroindustriales, energéticas y de economías regionales. Cada día de paralización implica mayores costos para exportadores, demoras en la cadena comercial y un deterioro de la competitividad en un contexto donde el Gobierno apuesta a incrementar el ingreso de divisas.

La medida de fuerza comenzó luego de la publicación del Decreto 690/2026, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que modifica profundamente el régimen de practicaje y pilotaje. Entre los principales cambios, habilita una mayor competencia entre profesionales y elimina regulaciones sobre tarifas, que pasarán a definirse por el mercado.

Para los prácticos, la discusión excede lo económico. Sostienen que la flexibilización reduce estándares de seguridad en una actividad altamente especializada. Argumentan que la navegación en ríos, canales y accesos portuarios argentinos requiere conocimientos locales específicos sobre corrientes, profundidades y riesgos operativos, factores que consideran imposibles de reemplazar únicamente con la experiencia general de un capitán.

El Gobierno, por el contrario, sostiene que el nuevo régimen elimina privilegios corporativos, aumenta la competencia y reducirá costos logísticos para el comercio exterior, uno de los objetivos centrales de la agenda de desregulación que impulsa la administración de Javier Milei.

La respuesta oficial: intimaciones y advertencias penales

Frente a la continuidad del paro, la Prefectura Naval publicó un edicto mediante el cual notificó e intimó a los profesionales habilitados a poner inmediatamente a disposición sus servicios de practicaje y pilotaje.

La autoridad marítima advirtió que quienes mantengan la negativa podrían enfrentar sanciones disciplinarias previstas en el nuevo reglamento aprobado por el Decreto 690/2026 y recordó que determinadas conductas también podrían encuadrarse en los artículos 190 y 194 del Código Penal, vinculados con la seguridad de la navegación y la interrupción del transporte. La intimación alcanza a cientos de prácticos habilitados incluidos en el listado oficial difundido por la fuerza.

Desde el sector afectado rechazan la legitimidad de esa medida. Consideran que, al desempeñarse como profesionales independientes, ninguna norma los obliga a aceptar nuevas contrataciones ni habilita a la Prefectura a exigir la prestación inmediata de sus servicios bajo amenaza de sanciones.

El costo económico de una hidrovía paralizada

La preocupación crece especialmente entre exportadores, terminales portuarias y operadores logísticos. El Centro de Navegación (CNAV), entidad que representa a agencias marítimas responsables de más del 80% del comercio exterior argentino, advirtió que la paralización genera pérdidas millonarias por demoras, sobreestadías de los buques y alteraciones en la programación internacional.

La situación afecta particularmente al complejo agroexportador del Gran Rosario, principal nodo exportador de soja, maíz y derivados del país. Cada barco inmovilizado implica mayores costos de flete, posibles penalidades contractuales y retrasos en la liquidación de divisas.

El conflicto también comienza a impactar sobre proyectos estratégicos de infraestructura energética. Uno de los casos mencionados por operadores del sector corresponde a Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), donde el buque de transporte pesado White Merlin decidió permanecer fondeado fuera del puerto de Punta Colorada hasta contar con un práctico habilitado para realizar la maniobra de ingreso, generando costos adicionales y alteraciones en el cronograma de obras.

Seguridad versus desregulación

El debate de fondo enfrenta dos modelos regulatorios.

Para el Gobierno, la apertura del mercado permitirá reducir costos logísticos que históricamente fueron señalados como uno de los factores que restan competitividad al comercio exterior argentino.

Para los prácticos, en cambio, la discusión no puede reducirse a una cuestión de tarifas. Alertan que una flexibilización excesiva podría incrementar riesgos operativos en una red fluvial considerada una de las más complejas de Sudamérica y sostienen que aún faltan normas operativas complementarias para implementar el nuevo esquema con seguridad.

Un conflicto que trasciende a los puertos

La disputa se produce en un momento especialmente sensible para la economía argentina. Con el Gobierno apostando a aumentar exportaciones para fortalecer el ingreso de dólares, cualquier interrupción en la logística portuaria tiene efectos que van mucho más allá del sector marítimo.

Las economías regionales, el complejo agroindustrial, la industria energética y toda la cadena exportadora dependen de un sistema portuario operativo y previsible. Si el conflicto se prolonga, las pérdidas podrían multiplicarse no sólo por el incremento de costos logísticos, sino también por la pérdida de confianza de operadores internacionales y compradores externos.

La resolución del enfrentamiento aparece como un desafío urgente. La desregulación busca mejorar la competitividad, pero su implementación enfrenta la resistencia de un sector cuya actividad resulta indispensable para mantener en movimiento el comercio exterior argentino. Entre la apertura del mercado y la seguridad de la navegación, el país enfrenta un equilibrio delicado cuyo desenlace impactará directamente sobre las exportaciones y el ingreso de divisas.

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Qué es el split de acciones de YPF y por qué busca atraer a pequeños inversores

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YPF implementará este martes 4 de agosto un split o desdoblamiento de acciones en una relación de 10 a 1. La operación modificará la cantidad de títulos disponibles y el precio individual de cada papel, pero no cambiará el valor económico de las inversiones ni la participación proporcional de los accionistas.

El mecanismo es sencillo: por cada acción que un inversor tenga antes del desdoblamiento, recibirá automáticamente nueve acciones adicionales. Así, una acción se convertirá en diez, mientras que el precio de cada título pasará a representar aproximadamente una décima parte del valor previo.

La operación también tendrá una dimensión relevante sobre la estructura del papel. Según informó la compañía, la cantidad de acciones en circulación pasará de 393,3 millones a 3.933,1 millones, mientras que el valor nominal de cada acción se reducirá de $10 a $1. En paralelo, se modificará la relación entre los ADR de YPF y las acciones locales, que pasará de 1:1 a 1:10.

El punto central para los inversores es que el split no genera, por sí mismo, una ganancia ni una pérdida patrimonial. Si un accionista tenía una acción antes de la operación, después tendrá diez acciones con un valor individual proporcionalmente menor. El valor total de su tenencia permanece sin cambios.

La diferencia está en el acceso y en la dinámica de negociación. Al reducir el precio unitario de cada acción, YPF busca disminuir la barrera de entrada para los inversores minoristas y ampliar la cantidad potencial de participantes en el mercado. La compañía también apunta a incrementar el volumen operado y mejorar la liquidez del papel.

La lógica detrás del movimiento es especialmente relevante para un mercado de capitales que necesita ampliar su base de inversores. Una acción con un precio nominal más bajo puede resultar más accesible para pequeños ahorristas que quieren incorporarse al mercado accionario, aunque el split, por sí solo, no modifica el valor fundamental de la empresa.

En términos prácticos, el cambio será automático. Los accionistas no deberán realizar ningún trámite para recibir las nuevas acciones, ya que la operación se aplicará directamente sobre sus tenencias.

El desdoblamiento forma parte de una estrategia de YPF orientada a acercar sus acciones a los inversores minoristas y ampliar la base de participantes. El desafío estará ahora en comprobar si esa mayor accesibilidad se traduce efectivamente en más operaciones, mayor liquidez y una participación más amplia de pequeños ahorristas en el mercado de capitales argentino.

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El INYM eliminó restricciones para adquirir estampillas y creó un plazo de gracia para DDJJ

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El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) profundizó su proceso de simplificación administrativa con dos resoluciones que modifican aspectos centrales de la relación entre el organismo y los operadores del sector. Las medidas apuntan a reducir cargas burocráticas, otorgar mayor previsibilidad a productores, cooperativas, secaderos y molinos, y acompañar la política nacional de desregulación sin resignar las facultades de fiscalización.

Las Resoluciones 85 y 88, publicadas en el Boletín Oficial, representan un cambio en la lógica regulatoria del Instituto: dejan de priorizar controles formales que podían obstaculizar la actividad y avanzan hacia un esquema que mantiene la fiscalización, pero elimina requisitos considerados innecesarios para el desarrollo comercial.

Uno de los cambios más relevantes establece un plazo de gracia para la presentación de declaraciones juradas y demás trámites administrativos. A partir de ahora, las DDJJ, recursos, descargos y cualquier otra documentación sujeta a vencimiento serán consideradas presentadas en término si ingresan hasta las 9 de la mañana del primer día hábil posterior al vencimiento.

La decisión surgió luego de que la Subcomisión de Legislación, Fiscalización y Control analizara expedientes sancionatorios vinculados con presentaciones consideradas extemporáneas y concluyera que, en numerosos casos, los operadores habían cumplido dentro de un margen razonable que justificaba la desestimación de las imputaciones.

El nuevo criterio busca adaptar la gestión administrativa a la realidad de un sistema completamente digitalizado. El INYM reconoce que la utilización del Portal del Operador no puede traducirse en una pérdida de garantías para quienes realizan sus presentaciones electrónicas, especialmente cuando inconvenientes técnicos o demoras mínimas podían derivar en procesos sancionatorios.

La resolución también obliga al Área de Informática del Instituto a adecuar el Portal del Operador para que las presentaciones efectuadas hasta las 9 horas del día hábil siguiente no sean registradas automáticamente como fuera de término, otorgando coherencia entre la normativa y el funcionamiento de los sistemas.

La flexibilización, sin embargo, tiene límites precisos. El plazo de gracia no alcanza a las obligaciones económicas. Los pagos de multas, de la Tasa de Inspección y Fiscalización y de la tarifa correspondiente al Convenio de Corresponsabilidad Gremial de la Actividad Yerbatera deberán continuar realizándose dentro de los plazos originalmente establecidos, sin excepciones.

Menos restricciones para acceder a estampillas

La segunda modificación impacta directamente sobre la operatoria comercial de las empresas elaboradoras. El Directorio derogó uno de los requisitos exigidos para adquirir las estampillas oficiales que acreditan el pago de la Tasa de Inspección y Fiscalización.

Hasta ahora, cada operador únicamente podía solicitar estampillas en función del promedio mensual de ventas declaradas durante los tres meses anteriores. Ese mecanismo funcionaba como un límite administrativo que condicionaba el crecimiento comercial, ya que impedía anticipar incrementos en la producción, responder rápidamente a aumentos de demanda o abastecer nuevos mercados.

Con la Resolución 88/2026 ese requisito desaparece. Desde ahora, los operadores ya no estarán sujetos a ese techo basado en antecedentes históricos para adquirir estampillas, aunque continuarán vigentes todos los demás controles previstos por el Instituto para garantizar el pago de la tasa y la trazabilidad de la producción.

El INYM fundamentó la eliminación de esta exigencia en el proceso de revisión normativa impulsado tras el Decreto 812/2025 del Poder Ejecutivo Nacional, que instruyó al organismo a eliminar regulaciones que pudieran generar barreras de entrada, distorsiones en el mercado o interferencias en la libre competencia dentro de la cadena yerbatera.

Desde la perspectiva económica, la modificación elimina un cuello de botella que podía afectar principalmente a empresas en expansión, nuevos emprendimientos o firmas que lograban abrir mercados de exportación o incrementar significativamente sus ventas.

Un cambio de enfoque regulatorio

Las dos resoluciones muestran un cambio en la filosofía administrativa del INYM. El organismo mantiene intactas sus funciones de control y fiscalización, pero elimina mecanismos que, según su propio análisis, habían dejado de ser indispensables para garantizar el cumplimiento de la Ley de la Yerba Mate.

Para la cadena productiva, especialmente en Misiones y Corrientes, las medidas implican menos burocracia, mayor previsibilidad y una reducción del riesgo de sanciones derivadas de cuestiones meramente formales. En un contexto de creciente competencia y necesidad de ganar eficiencia, la simplificación de procesos administrativos puede traducirse en menores costos operativos y mayor capacidad de respuesta frente a cambios en la demanda.

La reforma no modifica aspectos estructurales del mercado yerbatero, como la fiscalización de la producción o el pago de la tasa que financia al Instituto, pero sí redefine la relación entre el regulador y los operadores, privilegiando una administración más ágil y orientada a facilitar la actividad económica sin abandonar las herramientas de control.

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Más de 150 niños y niñas disfrutaron del inicio del mes de las Infancias en Misiones

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Con una gran jornada de juegos, música, actividades recreativas y momentos compartidos en familia, la Subsecretaría de Primera Infancia dio inicio este lunes al Mes de las Infancias en el Club Sarmiento de Posadas.

Más de 150 niños y niñas participaron de la propuesta, que contó con el acompañamiento del programa Gurises Felices del Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), ofreciendo una mañana llena de diversión, integración y alegría para las familias misioneras.

Esta actividad marcó el comienzo de una agenda que durante todo agosto recorrerá distintos municipios de la provincia con espacios recreativos, culturales y de promoción de derechos, acercando propuestas pensadas para fortalecer el desarrollo integral de las infancias.

La subsecretaria de Primera Infancia, Paula Schapovaloff, destacó la importancia de estas actividades y expresó, “Cada niño y cada niña merece crecer rodeado de oportunidades para jugar, aprender y compartir. El juego es un derecho y también una herramienta fundamental para el desarrollo, por eso impulsamos estos encuentros en toda la provincia, generando espacios donde las familias puedan disfrutar juntas y donde las infancias sean las verdaderas protagonistas.”

Durante el Mes de las Infancias, la Subsecretaría de Primera Infancia llevará adelante actividades en diferentes localidades de Misiones, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con políticas públicas que promueven el cuidado, la inclusión y el bienestar de niños y niñas desde los primeros años de vida.

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