Diarios de Misiones

Posadas excluyó al 36% del padrón de agentes de retención y percepción y reduce cargas administrativas

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La Municipalidad de Posadas actualizó el padrón de Agentes de Retención y Percepción de la Tasa de Comercio y excluyó de oficio a 212 contribuyentes. La medida alcanza aproximadamente al 36% del padrón vigente y constituye uno de los principales avances del paquete de alivio fiscal impulsado por el Municipio durante 2026.

La decisión apunta a un problema que excede la discusión sobre la presión tributaria: el costo administrativo de cumplir con las obligaciones fiscales. Para comercios, empresas y emprendimientos, dejar de estar alcanzados por un régimen de retención y percepción implica reducir trámites y tareas vinculadas con la gestión tributaria cotidiana, especialmente cuando esa obligación ya no guarda relación con la escala o la participación efectiva del contribuyente en el sistema de recaudación.

La actualización fue realizada luego de una agenda de trabajo sostenida entre la Municipalidad, la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) y otras entidades representativas del comercio y la producción. El objetivo planteado fue avanzar en una estructura tributaria más simple, que reduzca cargas administrativas y acompañe la competitividad de las empresas locales.

La exclusión se definió a partir de criterios objetivos vinculados con el volumen de ingresos, el comportamiento fiscal, el cumplimiento de las obligaciones tributarias, las características de la actividad y la participación efectiva de cada contribuyente dentro del régimen de recaudación.

El universo alcanzado por la medida es amplio y comprende comercios minoristas y mayoristas, industrias, empresas constructoras, establecimientos de salud, farmacias, veterinarias, profesionales, inmobiliarias, agencias de viajes, hoteles, restaurantes, empresas de transporte, estaciones de servicio y firmas vinculadas con la logística, entre otras actividades.

El cambio concentra ahora el régimen de Agentes de Retención y Percepción en aquellos contribuyentes cuya participación mantiene una relevancia tributaria efectiva. De este modo, la administración municipal busca evitar que empresas de menor escala sostengan obligaciones administrativas que, bajo los criterios definidos para la actualización del padrón, dejaron de justificarse.

La política forma parte de una agenda más amplia de modernización, simplificación administrativa y alivio fiscal que la Municipalidad de Posadas desarrolla durante 2026 para acompañar al comercio, la industria, los servicios y las distintas actividades productivas.

En esa misma línea, el Municipio prorrogó hasta el 31 de diciembre el Régimen Especial de Facilidades de Pago para la Tasa de Comercio y puso en marcha un Régimen Especial de Regularización para la Tasa General de Inmuebles (TGI) y la Tasa de Barrido y Limpieza (TBL), con reducciones de intereses y multas destinadas a facilitar la regularización de obligaciones tributarias.

El enfoque plantea una diferencia relevante: el alivio no se limita a una reducción directa de impuestos, sino que también busca disminuir el costo de cumplimiento. Para las empresas, simplificar procedimientos puede liberar tiempo y recursos que pueden volver a destinarse a la operación, la inversión y el empleo.

Con la exclusión de 212 contribuyentes, Posadas avanza así sobre uno de los componentes menos visibles de la relación entre el Estado y el sector privado: la carga burocrática. El desafío hacia adelante será sostener una administración tributaria que preserve la capacidad de recaudación, pero concentre las exigencias donde resulten efectivamente necesarias y facilite el cumplimiento para el resto del entramado productivo.

La medida, anunciada tras el trabajo conjunto con las entidades empresarias, refuerza además una lógica de gestión basada en el diálogo con el sector privado. En un escenario de actividad económica exigente, la simplificación tributaria aparece como una herramienta de política pública de bajo costo fiscal potencial y con capacidad para reducir fricciones que afectan especialmente a las empresas de menor escala.

Para Posadas, el objetivo es que la relación tributaria deje de ser solamente una instancia de recaudación y se convierta también en una herramienta de facilitación de la actividad económica. La actualización del padrón de agentes constituye, en ese sentido, una aplicación concreta de esa estrategia: menos obligaciones donde ya no resultan necesarias y mayor focalización de los mecanismos de recaudación.

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Pese a la cosecha récord, el campo liquidó menos dólares, ingresaron US$ 16.297 millones en siete meses

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La liquidación de divisas del sector agroexportador volvió a mostrar en julio una dinámica negativa en la comparación interanual, pese al fuerte desempeño productivo de la campaña agrícola. Según los datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las empresas del complejo agroindustrial ingresaron US$ 2.918 millones durante el mes, un 3% menos de dólares que en julio de 2025.

El dato adquiere mayor dimensión al observar el acumulado. Durante los primeros siete meses de 2026, el ingreso de dólares generado por el sector agropecuario alcanzó los US$ 16.297 millones, cifra que representa una disminución del 16% respecto del mismo período del año anterior.

La fotografía, sin embargo, necesita ser leída con cuidado. La menor liquidación no necesariamente refleja una contracción equivalente en la capacidad productiva o exportadora del campo. La comparación interanual está condicionada por un factor extraordinario que alteró fuertemente el calendario comercial de 2025: la vigencia del Decreto 38/2025, que estableció una reducción temporal de los derechos de exportación.

Desde CIARA explicaron que julio del año pasado estuvo caracterizado por la finalización de ese esquema transitorio y, como consecuencia, por un flujo de ventas destinadas a la exportación y de registro de contratos de ventas externas superior al promedio histórico para ese mes.

Ese efecto de calendario es determinante para interpretar los números de 2026. En lugar de replicar el comportamiento excepcional de julio de 2025, el actual ciclo se desarrolla sin un esquema temporal de reducción de retenciones que haya concentrado decisiones comerciales en un período determinado.

“2026 tiene el perfil de ser una campaña agrícola normal gracias a la ausencia de esquemas temporales”, señalaron desde CIARA.

La diferencia entre ambos escenarios permite observar una cuestión central para el ingreso de divisas: la producción récord no se traduce automáticamente, ni de manera lineal, en liquidación inmediata. Entre la cosecha y el ingreso efectivo de dólares intervienen las decisiones de comercialización, los contratos de exportación, los precios internacionales, las condiciones tributarias y el momento elegido por las empresas para concretar sus operaciones.

El resultado de los primeros siete meses, por lo tanto, combina una base productiva favorable con un patrón de comercialización diferente al de 2025. El sector agroexportador continúa siendo una de las principales fuentes de generación de divisas de la economía argentina, pero el ritmo de ingreso mensual debe analizarse considerando el momento en que se registran las ventas y las condiciones que las incentivan.

El desafío para la política económica consiste en que esa capacidad exportadora se traduzca en un flujo de divisas más estable y previsible. La experiencia de los últimos dos años muestra que los cambios temporales en los derechos de exportación pueden acelerar el registro de operaciones y concentrar liquidaciones, pero también generan comparaciones interanuales difíciles de interpretar cuando las condiciones vuelven a normalizarse.

Así, el dato de julio y el acumulado hasta julio no alcanzan por sí solos para describir la fortaleza del complejo agroindustrial. El punto relevante es observar cómo evoluciona la comercialización durante los próximos meses y cuánto de la producción récord se transforma efectivamente en exportaciones y en ingreso de dólares.

En ese sentido, la normalización del calendario comercial planteada por CIARA abre una ventana para evaluar el desempeño del agro sin el efecto extraordinario de un régimen transitorio. La evolución de las liquidaciones durante el segundo semestre permitirá determinar si la menor comparación interanual de los primeros siete meses responde principalmente al efecto estadístico de 2025 o si comienza a configurar una tendencia más persistente en el ingreso de divisas.

Comunicado Divisas Julio 2026 a4 Ciara Cec by CristianMilciades

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Nación profundiza el ajuste a las provincias: las transferencias discrecionales se desplomaron 62,8%

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La política de ajuste fiscal del Gobierno nacional sigue modificando la relación financiera con las provincias. Entre enero y julio de 2026, las transferencias no automáticas enviadas por la Nación a las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzaron los $738.201 millones, lo que representa una caída real interanual del 62,8%, el peor desempeño para ese período desde que existen registros comparables, al menos desde 2005. Incluso frente a 2023, antes del cambio de administración, la contracción supera el 80% en términos reales, consolidando un cambio estructural en el esquema de financiamiento federal.

El dato refleja la consolidación de una estrategia fiscal que redujo al mínimo las partidas de distribución discrecional, privilegiando el equilibrio de las cuentas públicas. A diferencia de la coparticipación federal, las transferencias no automáticas dependen de decisiones del Poder Ejecutivo y suelen financiar obras públicas, programas sociales, infraestructura, educación, salud, asistencia financiera o Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En ese contexto, julio tampoco mostró un cambio de tendencia. Durante ese mes las provincias recibieron $98.611 millones, cifra que implicó una caída real del 68,6% respecto del mismo mes de 2025, aunque con fuertes diferencias entre jurisdicciones debido al otorgamiento puntual de programas específicos y ATN.

La heterogeneidad entre provincias continúa siendo una característica del esquema vigente. Mientras algunos distritos registraron fuertes incrementos interanuales producto de transferencias extraordinarias, otros prácticamente desaparecieron del mapa de la asistencia nacional. En el acumulado anual, por ejemplo, Misiones recibió $42.789 millones, con un crecimiento real del 305,4%, impulsado principalmente por $20.000 millones en ATN, $12.000 millones correspondientes al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) y $4.167 millones destinados a su caja previsional.

Sin embargo, ese desempeño responde a partidas extraordinarias y no modifica el escenario general de retracción del gasto nacional hacia las provincias. Buenos Aires concentró el mayor volumen absoluto con $148.600 millones, seguida por la Ciudad de Buenos Aires con $93.895 millones, aunque esta última continúa recibiendo recursos derivados del cumplimiento de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema sobre la coparticipación.

El informe elaborado por Politikon Chaco muestra además que las provincias con mayores retrocesos reales fueron CABA (-91,4%), La Rioja (-86,6%), Santa Cruz (-81%), Río Negro (-74,4%) y Santiago del Estero (-69,9%), mientras que otras jurisdicciones exhibieron incrementos asociados a programas específicos o asistencia financiera puntual.

La nueva configuración del federalismo fiscal obliga a los gobiernos provinciales a depender mucho más de la evolución de la recaudación propia y de la coparticipación automática, dejando cada vez menos margen para compensar desequilibrios mediante transferencias discrecionales de la Nación. Para las administraciones locales, especialmente aquellas con menor capacidad tributaria, el desafío pasa por sostener inversiones en infraestructura, educación, salud y programas sociales con un flujo de recursos nacionales significativamente inferior al de años anteriores.

En términos económicos, la decisión también representa un cambio de paradigma. Durante décadas, las transferencias no automáticas funcionaron como una herramienta de negociación política entre la Casa Rosada y los gobernadores. Hoy, bajo la premisa del déficit cero, ese mecanismo perdió protagonismo y fue reemplazado por un esquema donde los envíos excepcionales aparecen cada vez más focalizados y vinculados a situaciones específicas, mientras el volumen total de recursos alcanza mínimos históricos.

Transferencias No Automáticas – Julio 2026 by CristianMilciades

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Vaca Muerta: Neuquén busca blindar sus tierras fiscales ante el avance de la ley nacional de Tierras

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Neuquén decidió jugar su propia carta en la discusión nacional sobre la propiedad de tierras rurales. El gobernador Rolando Figueroa, al frente de la provincia que concentra el desarrollo de Vaca Muerta, enviará a la Legislatura un proyecto de ley destinado a garantizar que las tierras fiscales de dominio provincial solo puedan ser vendidas a ciudadanos o personas jurídicas argentinas.

La iniciativa adquiere relevancia política porque llega en la antesala del debate que el Senado de la Nación tiene previsto para el 6 de agosto sobre las modificaciones impulsadas por el Gobierno de Javier Milei a la Ley de Tierras. Figueroa ya había planteado la necesidad de establecer límites cuantificables a la tenencia extranjera a nivel nacional y respaldó a la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, para que sostenga la defensa de las facultades provinciales.

El proyecto neuquino busca funcionar como un resguardo propio frente al resultado que finalmente tenga la discusión parlamentaria nacional. La idea central del Ejecutivo provincial es preservar la capacidad de Neuquén para definir qué ocurre con las tierras fiscales bajo su dominio y, al mismo tiempo, proteger los recursos naturales y el perfil de desarrollo de la provincia.

El debate nacional parte de una propuesta que originalmente planteaba eliminar el límite del 15% vigente para la propiedad extranjera de tierras rurales, levantar restricciones para la adquisición de inmuebles ubicados en zonas de frontera o ribereñas y eliminar el cupo por nacionalidad, que establece que ciudadanos de un mismo país no pueden concentrar más del 30% de ese porcentaje.

Durante el tratamiento en comisión se incorporaron modificaciones sustanciales. Entre ellas, el reconocimiento de las competencias provinciales para establecer el régimen jurídico aplicable a las tierras ubicadas dentro de sus territorios. Ese punto resulta particularmente relevante para Neuquén, que pretende utilizar sus propias herramientas legislativas para reforzar el control sobre el patrimonio provincial.

El proyecto nacional, según los cambios incorporados, también mantiene restricciones específicas. Continúa la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras rurales y permanecen controles sobre empresas que cuenten con participación estatal extranjera. A su vez, se incorporaron disposiciones relacionadas con propiedad privada, expropiaciones, indemnizaciones y ocupaciones temporarias, bajo el objetivo de reforzar la seguridad jurídica.

En ese escenario, la posición de Corroza aparece como una pieza clave para la estrategia de Figueroa. La senadora de La Neuquinidad deberá definir su postura frente a una iniciativa que cuenta con el respaldo de los legisladores neuquinos de La Libertad Avanza, Nadia Márquez y Pablo Cervi, quienes, según el planteo político expuesto, acompañarían el proyecto nacional.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén

Para el Gobierno neuquino, la discusión no se reduce a la cantidad de hectáreas que puedan quedar en manos extranjeras. El punto de fondo es quién tiene capacidad para definir el régimen de propiedad y utilización de un territorio que adquirió un valor estratégico extraordinario a partir del desarrollo de Vaca Muerta.

La provincia sostiene que proteger la potestad sobre la tierra no implica cerrar la puerta a las inversiones. Por el contrario, el modelo que Neuquén exhibe como antecedente es el de las concesiones hidrocarburíferas: las empresas pueden acceder a derechos para explorar y explotar recursos sin que la Provincia transfiera la propiedad de la tierra.

Ese esquema ya fue aplicado con las 56 concesiones no convencionales otorgadas por el Gobierno neuquino a algunas de las principales operadoras hidrocarburíferas internacionales. Las inversiones llegaron para desarrollar Vaca Muerta sin que esas concesiones implicaran la transferencia de la titularidad de las tierras.

La distinción resulta central para la discusión que plantea Figueroa: seguridad jurídica e inversión no necesariamente requieren transferir la propiedad del suelo. El desafío consiste en diseñar reglas previsibles que permitan desarrollar proyectos productivos y, al mismo tiempo, preservar la capacidad del Estado provincial para administrar un activo estratégico.

Con ese argumento, Neuquén intenta convertir la discusión sobre tierras en una política de Estado provincial. El proyecto que llegará a la Legislatura no solo busca establecer un límite a la venta de tierras fiscales a extranjeros; también pretende fijar una posición sobre el modelo de desarrollo que la provincia quiere sostener en torno a Vaca Muerta.

La disputa tendrá ahora dos escenarios. El primero será el Congreso nacional, donde se definirá el nuevo marco general para la propiedad rural. El segundo será Neuquén, que pretende dejar establecido por ley que, cualquiera sea el resultado nacional, la Provincia conservará herramientas propias para decidir sobre sus tierras fiscales y proteger su patrimonio territorial.

En una economía donde Vaca Muerta concentra inversiones estratégicas, exportaciones y expectativas de crecimiento, la discusión adquiere una dimensión que excede la propiedad inmobiliaria. El interrogante de fondo es cómo atraer capital y acelerar el desarrollo sin resignar la capacidad de decisión sobre el territorio. Neuquén busca responderlo con una fórmula concreta: concesionar derechos para producir, pero conservar la propiedad de la tierra.

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Guardaparques de Misiones refuerzan su preparación con capacitación en armas, medicina táctica y rastreo

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El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables llevó adelante una capacitación destinada al Cuerpo de Guardaparques Provinciales, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas de los agentes que desarrollan tareas de conservación y protección en las áreas naturales de Misiones.

Las actividades, desarrolladas durante los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto en las localidades de Candelaria y Profundidad, combinó instancias teóricas y prácticas sobre Uso y Manejo de Armas de Fuego, Medicina Táctica y Rastreo, brindando herramientas fundamentales para mejorar la seguridad, la respuesta ante situaciones de riesgo y el desempeño de los guardaparques en territorio.

La capacitación estuvo a cargo del guardaparque Evaristo Sosa, instructor de Medicina Táctica GOS; del guardaparque Diego Araujo, instructor de Rastreo GOS; y del jefe del Cuerpo de Guardaparques Provinciales, Jorge Bondar, instructor de Tiro GOS, quienes compartieron conocimientos y experiencias orientadas a fortalecer la preparación del personal para afrontar las distintas situaciones que se presentan durante las tareas de control, prevención y conservación.

La jornada de cierre contó con la participación del ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Arq. Martín Recamán; el subsecretario de Ecología, Facundo Ringa, quienes acompañaron la entrega de certificados a los participantes y destacaron la importancia de la capacitación permanente como una herramienta clave para fortalecer el trabajo del Cuerpo de Guardaparques Provinciales y garantizar una gestión cada vez más eficiente en la protección del patrimonio natural de Misiones.

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