Diarios de Misiones

“Los senadores misioneros tienen la oportunidad histórica de impedir que el Gobierno nacional rife nuestro territorio”, afirmó Carlos Sartori

Compartí esta noticia !

En la antesala del tratamiento de la reforma de la Ley de Tierras, prevista para este jueves en la Cámara Alta de la Nación, el ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, envió un fuerte mensaje a los tres senadores que representan a la provincia y los convocó a asumir una posición firme en defensa del territorio misionero.

“Los senadores misioneros tienen la oportunidad histórica de impedir que el Gobierno nacional rife nuestro territorio, nuestros recursos naturales y estratégicos”, sostuvo el funcionario, en referencia a Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y Martín Goerling, quienes tendrán un rol determinante durante la sesión.

El proyecto de modificación de la Ley de Tierras Rurales propone, entre otros puntos, elevar el límite máximo de la superficie del territorio nacional y provincial que puede estar en manos de extranjeros.

Sartori consideró que la discusión supera las diferencias partidarias y advirtió que el proyecto involucra cuestiones de fondo vinculadas a la soberanía territorial.

“Los senadores misioneros tienen que demostrar su compromiso con el pueblo misionero en la defensa de las tierras. Es un tema que depende de la coyuntura política, pero la trasciende, porque está en juego el futuro de las próximas generaciones”, afirmó.

El ministro recordó que la provincia posee una condición geográfica única dentro del país y remarcó que esa realidad obliga a extremar los cuidados sobre el territorio. “Casi el 90 por ciento de nuestra provincia es de frontera con otros países. No somos una tierra común; tenemos enormes ríos, biodiversidad, acuíferos y recursos estratégicos. Somos uno de los pulmones del mundo y eso es lo que hoy están intentando rifar”, advirtió.

En ese contexto, destacó que el gobernador Hugo Passalacqua ya expresó públicamente su rechazo a la iniciativa y aseguró que esa postura fue acompañada por el espacio político que encabeza.

“El gobernador se manifestó claramente en contra de esta ley y, a partir de esa posición, todo el arco político de Movimiento por lo que Viene, dirigentes, intendentes, legisladores y ex legisladores entendieron cuál es el camino”, señaló.

Sartori insistió en que la defensa del territorio debe convertirse en una política de Estado y pidió a los representantes misioneros actuar con responsabilidad institucional durante la votación.

“No es solamente Misiones; está en juego una decisión que involucra a todo el país. La dirigencia y nuestros tres senadores deben demostrar madurez. No todo es válido en política. Hay cosas que no se pueden negociar por la trascendencia de lo que está en juego”, remarcó.

Compartí esta noticia !

Lanzan una licitación por $2.573 millones para crear un mapa digital integral de todos los puertos argentinos

Compartí esta noticia !

La competitividad logística de la Argentina no depende únicamente de nuevas inversiones en infraestructura. También requiere conocer con precisión qué activos existen, dónde están ubicados y cuál es su estado real de los puertos argentinos. Con esa premisa, el Gobierno nacional puso en marcha uno de los relevamientos territoriales más ambiciosos de los últimos años para el sistema portuario argentino, una iniciativa que busca transformar información dispersa en una herramienta estratégica para la gestión pública y el desarrollo económico.

A través de la Resolución 45/2026, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) autorizó el llamado a una licitación pública nacional para contratar un Servicio de Relevamiento Integral Multimodal, Sistémico y Georreferenciado de Infraestructuras Portuarias, con un presupuesto oficial de 2.573.550.000 pesos y un plazo de ejecución de doce meses, prorrogable por otro período similar.

El proyecto no consiste únicamente en levantar planos o realizar mediciones. La contratación contempla la generación de imágenes georreferenciadas, modelos tridimensionales basados en nubes de puntos y bases de datos espaciales que integren información sobre áreas terrestres, sectores acuáticos y las zonas de transición entre ambos ambientes en todos los puertos bajo jurisdicción nacional.

La iniciativa forma parte del Programa de Regularización de Muebles e Inmuebles en Jurisdicción Portuaria, impulsado por la Agencia durante 2025, cuyo objetivo es construir una base de información única y confiable sobre el patrimonio portuario del Estado. El diagnóstico oficial sostiene que disponer de datos precisos permitirá completar y actualizar el catastro, delimitar correctamente las jurisdicciones portuarias, avanzar en la regularización dominial de inmuebles y fortalecer los sistemas de información geográfica utilizados para la planificación.

Detrás de esta decisión hay un problema estructural que trasciende la gestión administrativa. Durante décadas, numerosos predios portuarios acumularon superposiciones catastrales, ocupaciones irregulares, documentación incompleta y límites poco definidos entre áreas operativas, fiscales y privadas. Esa incertidumbre jurídica suele traducirse en demoras para concesiones, conflictos sobre la utilización de terrenos estratégicos y mayores costos para proyectos de inversión.

El nuevo relevamiento apunta justamente a reducir esas asimetrías mediante tecnología de alta precisión. La información obtenida servirá como insumo para futuras decisiones sobre planificación portuaria, expansión de terminales, administración de concesiones, obras de infraestructura y preservación del patrimonio estatal.

La licitación se realizará bajo la modalidad de orden de compra abierta, un mecanismo previsto en el régimen nacional de contrataciones que permite ajustar la ejecución del servicio dentro de cantidades máximas establecidas, otorgando mayor flexibilidad operativa durante el desarrollo del contrato.

Desde el punto de vista económico, la inversión representa una apuesta por fortalecer uno de los principales activos logísticos del país. Más del 80% del comercio exterior argentino se moviliza por vía marítima o fluvial, por lo que disponer de información territorial precisa sobre la infraestructura portuaria constituye un insumo clave para mejorar la competitividad, reducir incertidumbres regulatorias y facilitar futuras inversiones públicas y privadas.

La resolución también aprueba el pliego de bases y condiciones técnicas y delega en la Subgerencia de Compras, Contrataciones y Convenios la organización del proceso licitatorio, incluyendo la fijación de fechas para la presentación y apertura de ofertas. Paralelamente, se designó la Comisión Evaluadora que analizará las propuestas de las empresas interesadas.

Si bien el impacto inmediato de la medida será administrativo, sus efectos potenciales exceden el ámbito burocrático. La consolidación de una cartografía digital unificada puede convertirse en una herramienta de largo plazo para transparentar la gestión del patrimonio público, disminuir litigios sobre inmuebles portuarios, acelerar procesos de inversión y brindar mayor previsibilidad a operadores logísticos y gobiernos provinciales.

En un contexto donde la eficiencia del comercio exterior depende tanto de las obras físicas como de la calidad de la información disponible, el relevamiento integral aparece como una inversión silenciosa pero estratégica: antes de construir nuevos puertos o ampliar los existentes, el Estado busca conocer con exactitud qué posee, cómo está distribuido y cuáles son las oportunidades de desarrollo sobre ese patrimonio.

Compartí esta noticia !

Aprueban un nuevo Manual de Procedimiento para la validez nacional de títulos y certificados

Compartí esta noticia !

En un sistema educativo federal donde cada provincia diseña y administra buena parte de su oferta académica, la validez nacional de los títulos es el puente que garantiza que un certificado emitido en cualquier jurisdicción tenga reconocimiento en todo el país. Con ese objetivo, el Ministerio de Capital Humano oficializó un nuevo esquema para otorgar esa certificación, actualizando procedimientos que regían desde hace cuatro años y estableciendo un marco más homogéneo para todas las provincias.

Mediante la Resolución 479/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la Secretaría de Educación aprobó un nuevo Manual de Procedimiento y Componentes para la Validez Nacional, dejando sin efecto la Resolución 451/2022. El cambio alcanza a los títulos y certificados de los niveles Inicial, Primario, Secundario, Educación Superior no Universitaria y todas las modalidades contempladas por la Ley de Educación Nacional, excepto las carreras universitarias.

Más que un cambio administrativo, la resolución apunta a resolver uno de los principales desafíos del sistema educativo argentino: reducir las diferencias en los procesos de aprobación entre jurisdicciones y ofrecer mayor previsibilidad para estudiantes, docentes e instituciones.

La validez nacional es el mecanismo que permite que un título emitido por una provincia sea reconocido oficialmente en cualquier otra jurisdicción del país y, además, constituye un requisito para gestionar el reconocimiento de estudios argentinos en el exterior. El nuevo manual reafirma que este reconocimiento no reemplaza las matrículas profesionales cuando estas sean exigidas por ley, pero sí garantiza la movilidad educativa y laboral de quienes completan sus estudios.

Uno de los cambios más relevantes es la unificación de todos los procedimientos en un único cuerpo normativo. La experiencia acumulada en los últimos años mostró diferencias de interpretación y demoras entre organismos nacionales y provinciales, por lo que la nueva normativa fija plazos, documentación obligatoria y criterios comunes para cada solicitud.

Las provincias deberán presentar los pedidos de validez nacional antes del 30 de abril del año previo a la implementación de una nueva oferta educativa. La Dirección de Validez Nacional contará con diez días hábiles para verificar la documentación presentada y, posteriormente, las áreas técnicas tendrán hasta treinta días hábiles para emitir el dictamen curricular correspondiente. Si la documentación resulta incompleta, las jurisdicciones dispondrán de diez días hábiles para corregirla antes de que el trámite sea desestimado.

El nuevo procedimiento también introduce tres categorías claramente diferenciadas para las presentaciones: nuevas solicitudes, ampliaciones de cohortes y nuevas localizaciones, esta última destinada exclusivamente a la Formación Docente Inicial cuando una carrera ya aprobada se extienda a otro establecimiento educativo.

La resolución incorpora además modelos estandarizados de presentación y extensas planillas de verificación curricular para cada nivel educativo. Esos instrumentos obligarán a las jurisdicciones a demostrar de manera explícita cómo incorporan los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP), los lineamientos federales y las cargas horarias exigidas en cada modalidad.

En el caso de la Educación Técnico Profesional y de la Formación Docente Inicial, las exigencias serán aún mayores. Los diseños curriculares deberán acreditar perfiles profesionales, cargas horarias, prácticas profesionalizantes y condiciones institucionales, mientras que el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y el Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) conservarán un rol central en la evaluación técnica de las propuestas.

La medida también busca reducir la incertidumbre para quienes inician una carrera. El manual establece que la validez nacional deberá otorgarse antes del inicio del ciclo lectivo y que no podrán aprobarse retrospectivamente cohortes que ya hayan comenzado, salvo cuando el retraso no sea atribuible a la provincia solicitante.

Para las ofertas presenciales cuya primera cohorte comience en 2027, el Gobierno fijó una excepción: las provincias tendrán tiempo hasta el 30 de septiembre de 2026 para presentar la documentación correspondiente, otorgando un margen adicional para la adaptación al nuevo sistema.

Desde una perspectiva de gestión pública, la resolución busca equilibrar dos objetivos que históricamente generaron tensiones: fortalecer los controles de calidad sin afectar la continuidad de las trayectorias educativas. Si la implementación logra reducir tiempos administrativos y brindar mayor previsibilidad a las provincias, el beneficio terminará trasladándose a quienes más dependen de este mecanismo: estudiantes que cambian de jurisdicción, docentes que ejercen en distintas provincias y egresados que necesitan que sus títulos tengan reconocimiento pleno dentro y fuera de la Argentina.

Compartí esta noticia !

Fabricaciones Militares proyecta pérdidas operativas por más de $30.000 millones, pero apuesta a la exportación y al ingreso de capital privado

Compartí esta noticia !

En un escenario internacional marcado por el incremento del gasto en defensa y el rearmamento de numerosos países, el Gobierno nacional aprobó el Plan de Acción y Presupuesto 2026 de Fabricaciones Militares Sociedad Anónima Unipersonal (FM SAU), una empresa estratégica para la producción de bienes destinados a la defensa, la seguridad, la minería, la industria química y la metalmecánica. El desafío es tan claro como complejo: transformar una compañía con pérdidas operativas en un actor competitivo capaz de insertarse en mercados globales.

A través de la Resolución 1172/2026 del Ministerio de Economía, se oficializó el presupuesto de la empresa, que dependerá de un delicado equilibrio entre mayores ventas, aportes del Estado y una estrategia de internacionalización para sostener su funcionamiento. El plan refleja una realidad conocida por buena parte de las empresas públicas industriales: el mercado interno resulta insuficiente para financiar las inversiones necesarias para crecer.

Los números muestran esa tensión. Fabricaciones Militares proyecta ingresos operativos por 42.081 millones de pesos, mientras que sus gastos de operación ascenderán a 72.545 millones, lo que arroja una pérdida operativa estimada de 30.463 millones de pesos.

Sin embargo, el resultado cambia cuando se incorpora la asistencia del Estado. El presupuesto contempla 23.000 millones de pesos en transferencias corrientes de la Administración Nacional, que reducen significativamente el desequilibrio económico. Aun así, el ejercicio cerraría con un desahorro de 8.434 millones de pesos, mientras que el resultado financiero proyectado muestra un superávit cercano a los 976 millones, producto principalmente de recursos de capital y movimientos financieros previstos para el ejercicio.

Más allá de las cifras presupuestarias, el documento estratégico deja en claro cuál será la hoja de ruta de la empresa. Fabricaciones Militares reconoce que el actual contexto internacional, atravesado por conflictos geopolíticos y un creciente proceso de rearme, genera una demanda sostenida de productos vinculados con la defensa y la seguridad. Bajo ese diagnóstico, la compañía sostiene que mantiene negociaciones con actores internacionales para incorporar capital, tecnología y acceso a nuevos mercados.

La estrategia oficial también implica un cambio de enfoque comercial. La empresa buscará concentrar sus esfuerzos en las líneas de negocio de mayor volumen de ventas, aplicar políticas de precios más competitivas y diversificar su oferta para fortalecer su presencia tanto en el mercado argentino como en el exterior. Según el plan aprobado, la sostenibilidad futura dependerá en gran medida de consolidar alianzas estratégicas con empresas internacionales capaces de aportar financiamiento y ampliar la escala productiva.

El documento admite además una limitación estructural: el mercado doméstico no genera el volumen suficiente para financiar la modernización de las plantas industriales. Por ese motivo, el Gobierno plantea como objetivo atraer inversiones privadas —nacionales y extranjeras— que permitan expandir la capacidad instalada, incorporar tecnología, reducir costos y aumentar la competitividad internacional de la empresa.

En materia laboral, Fabricaciones Militares mantendrá una dotación de 950 trabajadores, de los cuales apenas 20 integran la planta permanente y 930 corresponden a personal temporario, según las proyecciones oficiales. El gasto en remuneraciones alcanzará los 34.553 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los principales componentes del presupuesto operativo.

La inversión en bienes de capital, en cambio, será moderada. El presupuesto destina 335 millones de pesos exclusivamente a la adquisición de maquinaria y equipamiento, sin contemplar nuevas construcciones o ampliaciones edilicias durante 2026.

Otro dato relevante es que la empresa no prevé tomar nueva deuda durante el ejercicio. La estrategia financiera estará basada en mejorar la administración de activos, optimizar la liquidez y sostener el funcionamiento mediante recursos propios, aportes estatales y eventuales asociaciones con capital privado.

El presupuesto aprobado deja una lectura de fondo sobre el rol que el Gobierno asigna a Fabricaciones Militares. Lejos de plantear un esquema de mera asistencia fiscal, la estrategia apunta a convertir a la empresa en un proveedor competitivo para industrias de defensa y seguridad que hoy experimentan una expansión global. El interrogante será si esa oportunidad internacional alcanza para compensar las debilidades estructurales del mercado local y transformar un déficit operativo superior a los 30.000 millones de pesos en un modelo económicamente sustentable.

Compartí esta noticia !

Gisela Spasiuk: “No somos ni adoctrinadores ni terroristas, somos docentes comprometidos”

Compartí esta noticia !

La Universidad Nacional de Misiones (UNaM) atraviesa un escenario de tensión presupuestaria y dificultades crecientes para sostener la permanencia de sus estudiantes, pero mantiene abierta una agenda de expansión académica y nuevas propuestas de formación. En ese contexto, la vicerrectora Gisela Spasiuk cuestionó los recientes cuestionamientos del presidente Javier Milei contra las universidades y el Conicet y sostuvo que detrás de esas declaraciones existe un “acto sistemático” contra el sistema universitario nacional.

“La estrategia de Gramsci de tomar la educación, de tomar los medios de comunicación, de tomar la cultura, de tomar el Estado pasó a una etapa 2.0, entonces se le meten como estudiantes, como profesores, se le meten como investigadores. […] Usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores”, enumeró Milei.

En contraste, la vicerrectora de la UNaM,, respondió que “no somos ni adoctrinadores ni terroristas, somos docentes comprometidos con una educación integral cívica y critica“.

“Como comunidad de la universidad, como autoridad, claramente es un acto sistemático en donde quieren que el sistema universitario nacional deje de existir”, afirmó Spasiuk. La vicerrectora planteó que los cuestionamientos alcanzan a docentes y estudiantes y consideró que el conflicto de fondo está vinculado con el papel de la universidad en la formación del pensamiento crítico.

“Si hay algo que sigue bien vivo adentro del sistema universitario es la posibilidad de la formación integral del pensamiento crítico y creo que es contra eso por lo que vienen”, sostuvo. Frente a ese escenario, aseguró que la comunidad universitaria continuará defendiendo la educación pública y remarcó el acompañamiento de estudiantes, docentes y demás integrantes de la institución.

La discusión también alcanza al concepto de adoctrinamiento que el Gobierno nacional utiliza para cuestionar a las universidades públicas. Spasiuk reivindicó la libertad de cátedra y sostuvo que la formación universitaria permite abordar un mismo tema desde diferentes perspectivas, para que cada estudiante construya su propio posicionamiento y esquema de valores.

En esa mirada, la universidad no se limita a formar profesionales. “La universidad pública forma además de profesionales, ciudadanos también”, señaló la vicerrectora, al destacar el papel de la institución en la construcción de ciudadanía y en el desarrollo de la ciencia pública y nacional.

Spasiuk puso el foco, además, en una característica que considera distintiva del sistema universitario argentino: la posibilidad de ampliar el horizonte social de jóvenes que, sin la universidad pública, tendrían mayores dificultades para acceder a una formación superior.

“La universidad pública sigue siendo ese espacio construido históricamente que es muy de nuestro país. No existen otros lugares del mundo que facilita que cualquier hijo de un obrero pueda acceder a un título universitario”, expresó. Para la vicerrectora, esa posibilidad tiene un impacto que excede la obtención de un título y se proyecta sobre las condiciones futuras de las familias y de la sociedad.

Financiamiento: el reclamo por el cumplimiento de la ley

En materia presupuestaria, Spasiuk señaló que la UNaM espera que el Gobierno nacional anuncie el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, luego de la ratificación legislativa a la que hizo referencia durante la entrevista.

La autoridad universitaria explicó que, más allá de los acuerdos salariales parciales alcanzados, la institución espera que se concrete el cumplimiento “total y efectivo” de la norma. En paralelo, indicó que existen acciones colectivas junto con los gremios y gestiones desde el Consejo Interuniversitario para insistir con ese reclamo.

El financiamiento aparece así como una de las variables centrales para sostener no solamente los salarios, sino también las políticas que permiten que los estudiantes permanezcan dentro del sistema. En la UNaM, esa discusión se encuentra atravesada por el deterioro de las condiciones económicas de una parte de su comunidad estudiantil.

La crisis golpea la permanencia de los estudiantes

Spasiuk aclaró que los problemas de permanencia y egreso no son nuevos ni pueden atribuirse exclusivamente a la actual administración nacional. Sin embargo, sostuvo que las dificultades vinculadas con las condiciones de vida se profundizaron durante los últimos años.

Uno de los indicadores que mencionó es el crecimiento de la demanda de albergues universitarios, especialmente relevante para estudiantes provenientes del interior de Misiones que necesitan sostenerse en Posadas durante su formación.

La vicerrectora reconoció que la situación presupuestaria limita la posibilidad de ampliar los cupos de alojamiento pese al aumento de la demanda. El problema se suma a otras dificultades que atraviesan los estudiantes para sostener la cursada.

La UNaM mantiene, con esfuerzo de sus facultades, el funcionamiento de los comedores universitarios en cinco de sus seis facultades y una escuela. Spasiuk también destacó el sistema de becas y puso en valor el Boleto Educativo Gratuito implementado en Misiones como una herramienta que facilita la permanencia y que, según señaló, no está disponible de la misma manera en otras provincias.

Pero las restricciones económicas también se reflejan directamente en las trayectorias académicas. Según describió, algunos estudiantes cursan menos materias, abandonan determinadas asignaturas o deben incorporarse al mercado laboral para sostener sus estudios.

“Muchos se ven obligados a trabajar y muchos trabajan en condiciones sumamente precarias”, advirtió.

Ese punto transforma al financiamiento universitario en una discusión que excede las cuentas de una institución. Para la UNaM, sostener servicios como becas, comedor, alojamiento y mecanismos de accesibilidad puede convertirse en una herramienta concreta para evitar que la situación económica determine quién puede continuar una carrera y quién debe abandonarla.

Nuevas carreras para responder a la demanda regional

A pesar de las restricciones, la universidad mantiene una política de expansión de su oferta académica. Spasiuk destacó que se están desarrollando nuevas carreras en Oberá y Eldorado y que también avanzan propuestas de formación a distancia, entre ellas tecnicaturas vinculadas con la Facultad de Ciencias Forestales.

La estrategia apunta a responder a nuevas demandas de la sociedad y del mercado laboral, pero también a ampliar las posibilidades de acceso territorial. La universidad combina para ello la expansión de sus propuestas en distintas localidades con el crecimiento de las modalidades a distancia.

“Genera otro tipo de accesibilidad”, explicó Spasiuk al referirse a la educación virtual. No obstante, remarcó que la modalidad a distancia también presenta sus propios desafíos y no constituye una solución automática para todos los estudiantes.

La UNaM sostiene además un programa de expansión territorial mediante articulaciones con municipios e intendencias. El objetivo es acercar las oportunidades de formación superior a estudiantes que encuentran dificultades para trasladarse o radicarse en Posadas.

El desafío, en este punto, es doble: ampliar la oferta académica para acompañar las transformaciones productivas y sociales de Misiones y, al mismo tiempo, garantizar que esa oferta sea accesible para quienes tienen mayores dificultades económicas.

Una universidad que busca sostenerse en medio de la crisis

La entrevista con Spasiuk expone una tensión que atraviesa actualmente a la Universidad Nacional de Misiones. Por un lado, la institución enfrenta restricciones presupuestarias, mayores dificultades de permanencia y una demanda creciente de herramientas de asistencia. Por otro, mantiene una estrategia de expansión académica y territorial para responder a las necesidades de la provincia.

La cuestión central, desde esta perspectiva, no se reduce a la discusión política sobre el rol de las universidades. Tiene una dimensión económica concreta: cuando un estudiante debe trabajar más horas, reducir materias, abandonar asignaturas o enfrentar dificultades para acceder a alojamiento y alimentación, la crisis presupuestaria puede terminar convirtiéndose en una barrera de acceso y permanencia.

Frente a ese escenario, la respuesta institucional que plantea la UNaM combina financiamiento, políticas de bienestar estudiantil, expansión territorial y nuevas modalidades de enseñanza. El objetivo es sostener la universidad pública como una herramienta de movilidad social y, simultáneamente, adecuar su oferta a las demandas de una economía regional que requiere nuevas capacidades profesionales.

Spasiuk sintetizó esa posición al señalar que, pese al “agobio” que atribuye al actual contexto, la universidad continúa apostando por nuevas propuestas. “Todas las carreras que hemos creado son carreras novedosas que responden a lo que el mercado y sobre todo la sociedad y los tiempos nos están pidiendo”, afirmó.

En Misiones, la discusión sobre la universidad pública queda así ligada a una pregunta de impacto social: cómo sostener el derecho a estudiar cuando las condiciones económicas empujan a una parte de los jóvenes a trabajar en empleos precarios. La respuesta no pasa solamente por abrir nuevas carreras, sino por garantizar que quienes ingresan tengan condiciones reales para permanecer, avanzar y finalmente graduarse.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin