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Tenemos memoria

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En las últimas semanas el gobernador Hugo Passalacqua ratificó una política de Estado que tiene más de una década de consolidación en la provincia: el sostenimiento de la memoria, la verdad y la justicia como pilares básicos de la política de Derechos Humanos. No es un dato menor en un contexto nacional de primacía política de aquellos sectores que reivindican el terrorismo de Estado o que, cuanto menos, sostienen la teoría de los dos demonios como justificativo para el genocidio en la Argentina.
En primer término, la ministra del área, Lilia Marchesini, confirmó que el Estado misionero continuará como querellante en las causas que se sustancian en la provincia por las violaciones a los Derechos Humanos acaecidos en Misiones, durante la dictadura cívico-militar. Desde la asunción del presidente Mauricio Macri las causas se han ralentizado y los juicios carecen del dinamismo que tuvieron años atrás. En Misiones ya se completaron cuatro juicios contra represores, pero aún queda un amplio campo para abordar desde la justicia. La decisión del gobernador de mantener las querellas será una excelente noticia si logra reactivar las causas, sustanciar los juicios y condenar a los culpables.
Asimismo, la ministra anunció la señalización de dos centros clandestinos de detención (CCD) durante la semana de la memoria, en un plan que contempla la señalización de unos 25 lugares en toda la provincia. La metodología de visibilizar aquellos sitios en los que se secuestró, torturó, violó y asesinó a decenas de personas durante los años del terror en el país, es una herramienta indispensable para la construcción de memoria social sobre lo ocurrido en el pasado. Muchos de esos sitios de tormento se encontraban en pleno centro de las ciudades y pueblos de la provincia y su señalización son un llamado de atención para toda la sociedad, que no vio (o no quiso ver) lo que ocurría a su alrededor.
Por último, y cargado de un simbolismo muy profundo, el gobernador le asignó al ex ministro Ricardo “Pelito” Escobar, la organización del tradicional festival por la memoria, que desde hace años se realiza en el cuarto tramo de la costanera todos los 24 de marzo. Escobar aglutina, dentro de su espacio político, a una porción importante de las víctimas misioneras de la dictadura. Él mismo, en definitiva, estuvo detenido durante más de siete años en diversas cárceles del país.
Se trata de un gesto político de una notable hidalguía por parte de Passalacqua y un reconocimiento hacia uno de los fundadores de la Renovación e impulsor de las políticas de memoria, verdad y justicia en Misiones. Pero más allá de eso, es un gesto político hacia todos los misioneros. Una reafirmación de una política de Estado y un compromiso por los Derechos Humanos que resulta fundamental en esta etapa de libertades limitadas, persecuciones políticas, creciente violencia institucional y hostigamiento judicial hacia los opositores.
 
 
 
 
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Tras la presión de referentes de Derechos Humanos, la Justicia Federal suspendió la quema de expedientes de la dictadura

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La Cámara Federal de Apelaciones resolvió suspender la quema de expedientes iniciados durante la última dictadura cívico militar entre 1976 y 1983. Lo hizo a través del Acta Nº 1 del 2017 donde se da cuenta del expediente 14.365/17 referente a la presentación realizada por el ministerio de Derechos Humanos, a cargo de Lilia Marchesini.
Entre los argumentos presentados en la misiva de la ministra, se sostiene que los Crímenes de Lesa Humanidad tienen carácter imprescriptible y los archivos y las pruebas en dichos documentos no pierden vigencia y podrían utilizarse en futuros procesos; teniendo en cuenta que los crímenes y delitos cometidos en ese período de la historia argentina son considerados los más graves y reprochables por toda la comunidad y considerando que esos archivos son de vital importancia para la prevención y protección de Derechos Fundamentales.
La decisión de suspensión fue dispuesta luego de la reunión en Acuerdo Extraordinario entre la Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones Ana Lía Cáceres de Mengoni y los Vocales Mario Osvaldo Boldú y Mirta Delia Tyden de Skanata.

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Presentaron un amparo en la Justicia federal para que no quemen expedientes de la dictadura

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Fue esta mañana. La medida judicial fue impulsada por un grupo de referentes de los derechos humanos, encabezado por el ex ministro de esa cartera, Edmundo Soria Vieta. Piden a la Justicia federal que frene la destrucción de los documentos entre 1976 y 2006.

El amparo intenta frenar  la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, que emitió la Resolución 1496/16, que establece la destrucción de expedientes pertenecientes al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial Laboral y de lo Contencioso Administrativo de Posadas, iniciados entre los años 1976 al 2006, el 23 de marzo a las 9 de la mañana.

Los delitos cometidos en la última dictadura cívico militar, son considerados delitos contra toda la humanidad y así se entiende en derecho internacional, porque ofende y convierte en víctima a la humanidad en su conjunto.

Soria Vieta lamentó la decisión de la Doctora Skanatta tomada en diciembre pasado y que se hizo pública ayer. Para él la quema de los expedientes relacionados por la Dictadura Militar atenta contra la memoria y además pueden desaparecer “importantes elementos que le pueden servir a la Justicia y a la sociedad en los procesos para Juzgar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad”.

El recurso de amparo presentado esta mañana “es para poner un hito y frenar esta destrucción” afirmó Soria Vieta.

Por su parte Amelia Báez, quien sufrió los tormentos de la dictadura, consideró que el pedido de quema para el 23 de marzo “es una afrenta y una provocación y va en línea con el vaciamiento de contenido del Día de la Memoria (24 de marzo) propuesto del Gobierno nacional”.

El recurso de amparo fue refrendado por diferentes asociaciones de lucha por los derechos humanos entre los que mencionamos a la Asociación de ex presos políticos y familiares de Misiones; la Fundación Germania; el Centro de derechos humanos Pedro Peckzak de la Unam; la Agrupación de derechos humanos Trincheras; la Agrupación 30 de Octubre; el Movimiento Evita.

En tanto Amelia Báez fue como ex presa política y como integrante de la Comisión provincial para la Prevención de la Tortura y Clara Melgarejo, la directora de Derechos Humanos de Posadas.

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Derechos Humanos rechaza la quema de archivos de la Dictadura

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El ministerio de Derechos Humanos solicitó a la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, la suspensión de la Resolución 1496/16, que establece la destrucción de expedientes pertenecientes al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial Laboral y de lo Contencioso Administrativo de Posadas, iniciados entre los años 1976 al 2006, el 23 de marzo a las 9 de la mañana. El petitorio se realizó por nota dirigida a la jueza Mirta Delia Tyden de Skanata, titular del mencionado organismo judicial.

La urgencia e inminente intervención del Ministerio, apela al valor incuantificable de los expedientes, teniendo en cuenta que los Crímenes de Lesa Humanidad tienen carácter imprescriptible, los archivos y las pruebas en dichos documentos no pierden vigencia y podrían utilizarse en futuros procesos.

Los delitos cometidos en la última dictadura cívico militar, son considerados delitos contra toda la humanidad y así se entiende en derecho internacional, porque ofende y convierte en víctima a la humanidad en su conjunto.

La misiva firmada por la titular de Derechos Humanos en Misiones Lilia Marchesini, argumenta además que “al no ser considerados hechos del pasado, ya que no lo son, pues teniendo en cuenta que uno de los delitos de Lesa Humanidad más cometidos en la dictadura cívico militar es la desaparición forzada de personas de ejecución contínua por naturaleza y la sustracción de identidad también, por consiguiente se siguen perpetrando actualmente, de allí que no opere la prescripción hasta el exacto momento de la aparición con vida o la identificación de restos mortales en los casos de desaparición forzada, y hasta el momento la recuperación de identidad en los casos de sustracción de la misma”.

Y prosigue reforzando el pedido solicitando se “deje sin efecto  la Resolución Nº 1496/16 teniendo en cuenta que los crímenes y delitos cometidos en ese período de la historia argentina son considerados los más graves y reprochables por toda la comunidad y considerando que esos archivos son de vital importancia para la prevención y protección de Derechos Fundamentales”.

Luego de presentado el pedido formal, se concertó una reunión en el Ministerio de Derechos Humanos prevista para mañana entre la titular de la cartera Lilia Marchesini y la prosecretaria de la Cámara Federal de Apelacione, Mabel Benítez.

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Recapturaron a represor misionero que estaba prófugo

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Fue detenido en la casa de su ex mujer en el partido bonaerense de San Isidro, informó la agencia DyN. Su captura había sido solicitada por el fiscal federal Franco Picardi.

Trascendió que a la investigación se centró en su entorno familiar con escuchas telefónicas y seguimiento de mails.

Fuentes judiciales señalaron que la ex mujer intentó negar que estuviera en el lugar, pero la Policía Federal, al detectar que estaban las camas deshechas, siguió buscando y lo encontró escondido en un vehículo en el garaje de la finca.

En julio de 2013, Olivera se había fugado junto al también represor Gustavo De Marchi. Cumplían su condena en el penal de Chimbas, en San Juan. Se fugaron del Hospital Militar Central, donde habían pedido ser trasladados para hacerse tratar por problemas médicos.

Olivera y De Marchi habían sido condenados tres semanas antes de aquella fuga, en el juicio histórico que se desarrolló en el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan.

 

Olivera, involucrado en el secuestro y desaparición de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize Tisseau, ocurrida en octubre de 1976, recibió cadena perpetua: la Justicia lo consideró coautor responsable de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravado por su estado de cargo público y asociación ilícita, entre otros cargos.

 

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