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DNU: una demanda de Misiones por la desregulación yerbatera va a la Corte

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Un planteo de la provincia de Misiones contra el Estado Nacional por una disposición del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 llegó a la Corte Suprema, que intervendrá como instancia única por “competencia originaria”.

Misiones demandó al Estado Nacional argumentando que como consecuencia del DNU “se encontraba en peligro la atención de la salud de miles de pequeños productores yerbateros misioneros puesto que dependen de la Obra Social brindada por el Estado Provincial a través del Instituto de Previsión Social”. Es así a raíz de la aplicación de un convenio celebrado en abril de 2022 entre la provincia y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). 

La demanda de la provincia manifiesta que “para la ejecución y financiamiento de dicho Convenio, el INYM debe aportar fondos propios (…) Con las modificaciones introducidas por el DNU 70/23 al texto de la Ley 25.564 de creación del INYM, dichos fondos dejan de ser exclusivamente de propiedad del INYM y pasarán a la órbita del Estado Nacional”, advirtió la provincia de Misiones.

La Cámara Federal de Posadas ratificó dos decisiones: la competencia originaria de la Corte y el rechazo a una medida cautelar que frenara, de momento, el artículo del DNU que modificó la situación de los fondos del Instituto de la Yerba Mate.

“La demandante es la Provincia de Misiones y la demandada el Estado Nacional Argentino. En consecuencia, a la parte actora le corresponde la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la parte demandada tiene derecho al fuero federal”, sostuvieron los camaristas Mario Boldu, Mirta Tyden y Ana Lía Cáceres de Mengoni. El tribunal consideró que “no se aprecia vulneración actual al derecho a la salud” y rechazó la medida cautelar.

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La Cámara del trabajo declaró inconstitucional al capítulo laboral incluido en el DNU

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La Cámara Nacional del Trabajo declaró hoy la inconstitucionalidad de todos los artículos del capítulo laboral contenido en el Título IV del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del Gobierno nacional, en el marco de una presentación realizada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Al “modificar” la sentencia de primera instancia, que solo había dispuesto aceptar “parcialmente” la acción de amparo promovida por la CGT, la Sala de Feria de la Cámara declaró la “invalidez constitucional” del Título IV de la norma presidencial.

La CGT apeló la decisión de primera instancia porque solo había dispuesto la invalidez de seis de los 45 artículos de ese capítulo -73, 79, 86, 87, 88 y 97-, lo que obtuvo respuesta favorable en segunda instancia.

El tribunal sostuvo que ese Título del DNU es “contrario al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”.

La norma, en su segmento pertinente, establece que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) “participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar”, pero que “no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo”.

Agrega que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”.

En primera instancia se había considerado que la CGT no tenía “legitimación” para reclamar con relación a derechos “individuales” de los trabajadores, lo que fue dejado sin efecto por la Cámara que, citando numerosos precedentes, admitió la representación de la demandante.

La sentencia dictada por la Sala de Feria es la primera acerca de la “cuestión de fondo” sobre impugnaciones a los artículos en materia laboral, ya que durante el receso se fueron dictando medidas cautelares que suspendieron preventivamente esas disposiciones del PEN.

Al resolver, los camaristas Mario Fera, Manuel Diez Selva y Héctor Guisado advirtieron que “las circunstancias suscitadas con posterioridad a la publicación del decreto indican que, a su respecto, el proceso de intervención de los poderes políticos no habría avanzado con la premura que requería, de acuerdo con la situación que parecía indicar el contexto social, político y económico existente a la asunción del actual gobierno”.

“El texto del artículo 99, inciso 3, segundo párrafo, de la Constitución Nacional es elocuente, y las palabras escogidas en su redacción no dejan lugar a dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace en condiciones de rigurosa excepcionalidad”, expusieron los camaristas.

El Estado Nacional, que también había apelado el fallo de primera instancia, indicó que “no se encuentra en discusión que la ‘necesidad y urgencia’ constituyen una verdadera cuestión política (institucional) que debe ser considerada como no justiciable”.

Pero para el tribunal de segunda instancia “no se avizora que las que se alegan constituyan razones de ‘urgencia’ para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo, máxime cuando varias de las normas que el PEN pretende modificar sin darle intervención a los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria”.

Destacó que como “la vulnerabilidad es una circunstancia que afecta a la persona que trabaja en relación de dependencia dada su desigualdad negocial, y que se hallan en juego derechos de naturaleza alimentaria, se encuentran configuradas las circunstancias objetivas como para considerar que los temas introducidos -por su calidad estructural y su cantidad- en el Título IV del decreto en cuestión resultan de imprescindible debate específico y decisión por el Poder Legislativo”.

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Productores yerbateros paran la cosecha y piden un mínimo de 505 pesos por la hoja verde

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En medio de la guerra abierta en defensa de la continuidad del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que sobrevive por ahora gracias a una medida judicial contra el DNU del presidente Javier Milei, los productores decidieron jugar fuerte en defensa del precio de la materia prima, que volverá a discutirse el 15 de febrero: paralizaron la cosecha de hoja verde y exigirán, desde la semana que viene, un mínimo de 505 pesos, que servirá como base para la discusión de precios. 

La movida táctica se inició en San Pedro, mientras que en Andresito pedirán 528 pesos. El precio oficial actual es de 210 pesos para la hoja verde y 798 para la canchada, mientras que del 1º de febrero al 29 de febrero debería valer $240 y $912, y desde el 1º de marzo al 31 de marzo, $250 y $950, respectivamente.

Los valores exigidos por los productores representan 110,42 por ciento más que los precios vigentes hasta el nuevo acuerdo -si se mantiene el status quo del INYM- y se ubicarían en 0,61 dólares (oficial), el promedio ideal buscado por la Provincia. 

Sin embargo, hay productores que advierten que la paralización de la cosecha no resultará como mecanismo de presión, ya que dudan de la validez de lo que resuelva el INYM sin un presidente formalizado y el Gobierno no parece tener ningún apuro en nombrar al sucesor de Juan José Szychowski -se estima que la formalización de Daniel Notta está al caer-, a pesar del fallo judicial vigente. Al estar en un limbo, la industria puede postergar definiciones o forzar el laudo, que, a todas luces, no sería favorable al sector productivo.

El fallo de la jueza Adriana Fiori, que ratificó las facultades del INYM de fijar precios y regular mercados, fue notificado al Estado nacional y fue apelado, aunque ahora la causa será elevada al fuero federal.

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La Justicia Federal dictó una cautelar contra el aumento de las tarifas de transporte

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La Justicia Federal suspendió ayer la convocatoria a la audiencia pública realizada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura de la Nación con el fin de tratar los aumentos en el cuadro tarifario de trenes y colectivos, por no haberse garantizado el adecuado procedimiento de participación ciudadana requerido por ley.

El fallo fue dictado por el juez Ernesto Kreplak, a cargo interinamente del juzgado en lo civil, comercial y contencioso administrativo de Lomas de Zamora.

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 3 de Lomas de Zamora admitió el recurso de amparo presentado por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que cuestionaba el sistema dispuesto por Gobierno, que consistía en que los ciudadanos dejen comentarios en una página web.

En la resolución, a la que tuvo acceso Télam, se planteó: “No resulta atinente realizar la consulta pública mediante un sistema al que no todos los usuarios tienen acceso y que a su vez, contiene fallas tecnológicas, impidiendo el cumplimiento de su finalidad, de modo que los ciudadanos que deseen participar puedan dar su opinión”.

La Resolución 1/2024 de la Secretaría de Transporte, publicada el viernes 19 de enero, había establecido un plazo de tres días hábiles administrativos para que las personas interesadas presenten sus opiniones y propuestas a través del sitio web del organismo.

“Es insólito que hayan convertido la audiencia pública del aumento de transporte en un formulario web en el que realizas un comentario de hasta 5.000 caracteres y finaliza la participación. De esta manera, anulan cualquier instancia de intercambio y debate, y convierten la audiencia en un posteo de redes. No se puede encarar un proceso que afectará el ingreso de millones de familias a espaldas de la ciudadanía”, expresó Gray en el documento presentado ante la justicia antes de ayer.

“Estoy muy preocupado por el esquema tarifario que propone el gobierno nacional. Aumenta el costo de los boletos de colectivos en un 251% y de trenes del 169% al 247%, según la línea”, agregó el jefe comunal bonaerense.

“Cada mañana, miles de vecinas y vecinos de nuestro distrito se trasladan a sus trabajos y en muchos casos toman dos y tres transportes públicos. Estos aumentos, junto a los anunciados de luz y gas, sólo les dificultarán más la vida a las trabajadoras y los trabajadores”, subrayó.

El recurso judicial presentado por Gray también enfatizaba en la falta de información pública adecuada y la ausencia de tiempo necesario para evaluar el nuevo cuadro tarifario y efectuar un análisis previo pormenorizado de los antecedentes de las tarifas, lo que afecta el ejercicio pleno del derecho de participación y defensa de las usuarias y los usuarios.

El viernes pasado, la Secretaría de Transporte dispuso la apertura de la instancia de participación ciudadana para los aumentos de tarifas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por reducciones de subsidios, en el que se propone un incremento que llevará a $ 270 el boleto mínimo de colectivo y a $ 130 en el caso del tren, a partir del 1 de febrero próximo.

De esta forma, el nuevo cuadro tarifario prevé aumentos de 251% y 169% para el boleto mínimo de colectivo y el pasaje de tren, respectivamente.

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Escándalo: Milei hizo oficializar un dictamen distinto al que firmaron los diputados

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El oficialismo de la Cámara de Diputados planea convocar para la próxima semana a una sesión especial para tratar el proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, tras emitir en la madrugada de hoy dictamen de mayoría a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, con el apoyo de bloques opositores denominados dialoguistas.

Si bien el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) aspiraba a tratar ese proyecto este jueves, finalmente decidió postergar hasta el martes o miércoles próximos la sesión especial, donde se buscará debatir la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei, según fuentes parlamentarias. 

“Vamos a tratar de sesionar el martes, siempre que haya voluntad se puede mejorar el proyecto”, señalaron fuentes cercanas a los líderes parlamentarios de LLA. Sin embargo, por estas horas hay serias dudas de que haya un acuerdo que permita sacar la ley como quiere el Gobierno. 

De hecho, durante la mañana circulaban entre los diputados dos dictámenes: el que se votó y uno con modificaciones. El “error” enfureció a los que habían apoyado el dictamen, aún en disidencia, como el misionero Carlos Fernández y obligó al oficialismo a dar marcha atrás y postergar la sesión prevista para este jueves al menos una semana.

Por la tarde de este miércoles se conoció el texto del despacho que contó con las firmas de La Libertad Avanza y los opositores dialoguistas del PRO, parte de la UCR, parte de Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Pichetto, Innovación Federal, y otros miembros del plenario de comisiones.

El aporte de opositor se hizo en disidencia, observando gran parte del articulado, por lo que varios artículos podrían ser rechazados en el recinto. Por ejemplo, el referido a las retenciones.

Pero los rechazos podrían ser muchos más en vistas de que el texto que se divulgó sería distinto al que firmaron los diputados en la madrugada de este miércoles.

El contenido del dictamen que salió con 55 firmas (34 en disidencia) del plenario de comisiones no quedó plasmado en el que se difundió esta tarde con la firma electrónica del titular de la Dirección de Comisiones, Javier Gonzalo Ottone.

Esto se debió a que Milei estuvo disconforme con el recorte del proyecto (de 525 artículos a uno de 454) por lo que mandó al presidente del plenario, el cordobés Gabriel Bornoroni, a que envíe como versión final del dictamen el que no tenía las últimas modificaciones, las que lograron el acompañamiento opositor.

El proyecto fue debatido en una tensa reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, y Presupuesto y Hacienda, conducida por los libertarios Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz, y José Luis Espert, de Avanza Libertad, que se inició el martes poco antes de las 21 de ayer y terminó cerca de la 1.40 del miércoles.

Bornoroni informó que el dictamen de mayoría cosechó unas 55 firmas de la LLA, del PRO, de la UCR, Hacemos Coalición Federal (HCF), pero los bloques dialoguistas lo hicieron con disidencia parcial.

También apoyó ese despacho el diputado tucumano Agustín Fernández, que responde al gobernador peronista Osvaldo Jaldo.

Por su parte, la bancada de Unión por la Patria (UxP) presentó un dictamen de minoría con 45 firmas en rechazo al proyecto oficial.

En tanto, los legisladores de la Coalición Cívica, del socialismo y del GEN, que integran Hacemos, presentaron dictámenes de minoría al rechazar los acuerdos con LLA, al igual que la izquierda que presentó su propio despacho contra la iniciativa.

En sintonía con la firma del dictamen oficialista, el tucumano Fernández decidió irse del bloque UxP y formar una nueva bancada que se llamará “Independencia” con otros dos coterráneos que integraban ese espacio: Gladys Medina y Elia Mansilla.

La baja de estos tres diputados le representa a UxP descender de 102 a 99 integrantes, cifra que igualmente le permite seguir siendo la primera minoría de la Cámara.

Por otra parte, las 34 disidencias de los legisladores opositores dialoguistas se centralizaron en el aumento de las retenciones, el sistema de actualización de jubilados, el financiamiento político y el mecanismo de las privatizaciones.

Estas diferencias pueden poner en riesgo la aprobación de varios artículos centrales de la ley, en la votación en particular, como en el caso del ajuste de las jubilaciones, o el aumento de las retenciones agropecuarios del trigo, maíz, carne, soja, e industriales. En el caso del tabaco, Misiones negoció que también se incluya a esta economía regional en el esquema de retenciones cero, pero eso no fue plasmado en el texto del dictamen. 

La posibilidad de que puedan rechazarse algunos de los puntos claves del proyecto generó que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara que analizó con funcionarios de Hacienda y Provincias “todas las partidas provinciales, que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado“.

La publicación en redes sociales recibió la respuesta del presidente de HCL, Miguel Pichetto -uno de los que firmó el dictamen de mayoría-, quien advirtió que “Caputo que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos”.

“Diputado, si algo me sobra es valentía, por eso acepté este puesto en el peor momento de nuestra historia. Con respecto a no haber ido al Congreso, tenía cosas más importantes que hacer para el país como cerrar el acuerdo con el Fondo que estaba caído y estábamos al borde del default”, devolvió Caputo.

Caputo aclaró: “El tuit no es una amenaza, es una respuesta a todos los argentinos que se preguntan que pasaría si el Congreso no aprobara la ley: ratifico que vamos a cumplir igualmente con la meta fiscal, lo que implicará que las provincias contarán con menos recursos”.

En el mismo sentido que Pichetto, la vicepresidenta del bloque radical, Karina Banfi, señaló: “Estamos legislando para el bienestar de los argentinos frente a las amenazas de Caputo, del Presidente y también de la CGT. Somos conscientes de la grave situación. No vamos a votar cheques en blanco al Gobierno ni dejaremos que los que arruinaron el país nos metan miedo”

Los bloques opositores dialoguistas aceptaron firmar con disidencias luego que el Gobierno admitiera un conjunto de cambios, tras una reunión entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien propuso seis puntos de reforma al proyecto oficialista en nombre de la decena de gobernadores.

La Libertad Avanza aceptó modificar el artículo sobre blanqueo de capitales que establecía que la recaudación se iba a destinar a las arcas nacionales y ahora se eliminó la asignación específica y se distribuirá por el mecanismo de coparticipación federal.

Otro punto clave está referido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y allí se acordó que cuando se liquiden los activos del FGS esos recursos se destinarán a saldar las deudas de las cajas provinciales.

Otro tema acordado con el Gobierno está referido a la paritaria docente: el Consejo Federal de Educación -en consulta con los Ministerios de Economía nacional, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, y también con el asesoramiento de una comisión del Consejo Federal de Inversiones- será quien encarará las negociaciones con los gremios docentes.

Además, se mantienen el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), que tiene por objetivo asistir financieramente a las Provincias, el Estado Nacional y CABA, brindando financiamiento para obras de infraestructura económica y social; y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) que asiste y financia programas de desarrollo.

Fuentes parlamentarias de la oposición señalaron que la inclusión de estos puntos serán incorporados en la discusión en particular del proyecto, ya que aún no figuran el dictamen de mayoría emitido esta madrugada.

El debate de la iniciativa enviada por Milei contó a lo largo de los plenarios, que demandaron extensas jornadas de discusión, con la presencia de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo que explicaron los alcances de la norma y respondieron las preguntas de los legisladores.

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