El Tesoro de los Estados Unidos volvió a intervenir en el mercado cambiario local y compró pesos, según declaraciones que informa la agencia Reuters.
Después de la reunión entre el presidente Donald Trump y el presidente Javier Milei, que no resultó como esperaba, en Washington comenzó a circular la versión que la ayuda estadounidense sería aún mayor a la anunciada previamente.
En uno de sus tuits, Bessent había deslizado que el swap -intercambio de monedas- entre Estados Unidos y Argentina podía alcanzar los u$s 20.000 millones. Era la cantidad de dinero que el Tesoro estaba dispuesto a poner para sostener el peso argentino.
La primera intervención fue el jueves pasado, y generó una reacción positiva en los mercados, con caída en el riesgo país y subas en la cotización de la deuda soberana y las acciones locales.
Ahora, Bessent anunció que elevará la ayuda hasta u$s 40.000 millones -un monto apenas por debajo de los 57 mil millones de dólares que Mauricio Macri le había pedido al Fondo Monetario Internacional-. Para eso, no solo usaría los fondos del Tesoro, sino los DEG (derechos de giro, la moneda del Fondo Monetario Internacional) que Estados Unidos posee en ese organismo multilateral.
De concretarse esa versión, la ayuda a Argentina se duplicaría y Estados Unidos contaría con mayor poder de fuego para contener las inquietudes del mercado.
Mientras el Gobierno argentino especula con un “anuncio” en la relación comercial con Estados Unidos, en caso que Bessent decida subir la ayuda a Argentina, el efecto podría ser el buscado por el Gobierno o superior.
En su reunión con Milei, el presidente Trump dijo que Estados Unidos se iría de Argentina en caso que no siga el proyecto político encabezado por Javier Milei.
En apenas tres jornadas, el Gobierno logró que el campo registrara exportaciones por más de US$7000 millones tras suspender de manera transitoria el cobro de retenciones. Así lo informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que confirmó el cumplimiento de la meta prevista en el decreto 682/2025.
Con el cupo alcanzado, las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) bajo el régimen especial quedaron deshabilitadas. A partir de ahora, los embarques se registran nuevamente con los derechos de exportación vigentes: soja al 26% y maíz al 9,5%, entre otros.
La decisión generó un aluvión de registros. Hasta antes del anuncio oficial de ARCA, ya se habían presentado DJVE por US$4180,9 millones, equivalentes al 60% del objetivo. Los subproductos de soja fueron los más relevantes, con 4,72 millones de toneladas por US$1359 millones, seguidos por la soja en grano (2,69 millones de toneladas, US$1050 millones), el aceite de soja (905.110 toneladas, US$935,7 millones), el trigo pan (1,77 millones de toneladas, US$392 millones) y el maíz (952.500 toneladas, US$190,6 millones).
📊 Los números clave de la suspensión de retenciones
US$7000 millones: meta de ingresos fijada por el decreto 682/2025, alcanzada en apenas tres días.
US$4180,9 millones: monto acumulado de DJVE al mediodía del miércoles, equivalente al 60% de la meta.
11,46 millones de toneladas: volumen total registrado en las primeras jornadas.
La jornada de este miércoles estuvo marcada por la incertidumbre. Una frase del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, encendió las alarmas al señalar que su país trabaja con la Argentina “para poner fin al feriado impositivo de los productores de commodities”. El comentario fue interpretado como una señal de que no habría prórroga más allá del 31 de octubre, o incluso como un pedido de eliminar definitivamente los derechos de exportación.
La reacción inmediata fue el freno del mercado. “Los compradores se retiraron y dejaron de validar precios”, explicó Lorena D’Angelo, analista de AZ Group. Según advirtió, la confusión juega en contra de los productores norteamericanos y a favor de la soja argentina, que encuentra en China un comprador ágil frente a la oportunidad.
En la misma línea, Germán Iturriza sostuvo: “A partir del tuit de Bessent el mercado se paralizó. Los exportadores interpretaron que Estados Unidos pedía cortar el beneficio y dejaron de convalidar valores”. Como resultado, la soja noviembre perdió US$18 en la rueda y se ubicó en US$342,4 la tonelada.
El desconcierto también impactó en los valores en pesos. De los $505.000 por tonelada que llegó a ofrecerse en los primeros días sin retenciones, el miércoles las propuestas bajaron a $465.000. Una caída de $25.000 respecto del cierre previo, aunque todavía por encima de los $440.000 vigentes antes de la medida.
“La soja volvió a liderar la operatoria, pero con precios que fueron mermando en paralelo a la caída del tipo de cambio”, indicó Eugenio Irazuegui, de Zeni. El mercado argentino, añadió Iturriza, quedó desalineado respecto a Uruguay, donde la soja noviembre se paga US$355, mientras que la capacidad de pago local se calcula en torno de US$380 FOB.
Para Juan Manuel Uberti, de Grassi, la dinámica muestra un contraste: “Pasamos de volúmenes récord de soja a la paralización total en pocas horas por los ruidos externos. Los precios cayeron tanto en pesos, por efecto del tipo de cambio, como en posiciones futuras, por temor a un retorno anticipado de las retenciones”.
No obstante, la avalancha de registros en solo tres días deja una certeza: el sector agroexportador respondió de manera inmediata al incentivo fiscal. El interrogante es si, de aquí a octubre, la incertidumbre política y externa seguirá pesando sobre los precios y las decisiones comerciales de los productores.
Escriben Franco Artusso y Tobías Lucero, sección Agroindustrial, Fundación Mediterránea. El Decreto 682/2025, publicado el 22 de septiembre, bajó a 0% las retenciones a granos y subproductos. La medida estará vigente hasta el 31 de octubre o hasta que se acumulen Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por USD 7.000 millones, lo que ocurra primero.
Para acceder a esta alícuota diferencial, los exportadores tienen que liquidar al menos el 90% de lo declarado dentro de los tres días hábiles. Si no cumplen, deberán pagar los derechos de exportación según las alícuotas vigentes al 19 de setiembre.
La medida busca acelerar la venta de granos por parte de los productores agropecuarios (y otros actores de la cadena), cambiando los incentivos económicos al elevar, mientras esté vigente, los precios internos. Una mayor comercialización primaria permite la exportación directa los granos o su transformación industrial en otros productos que tendrán como destino la exportación. De lograrse el objetivo, es de esperar una mayor afluencia de dólares al MULC, con un costo fiscal asociado, el de los impuestos no recaudados.
Se calcula que todavía quedan por comercializar 20 millones de toneladas de soja del ciclo 2024/25 y unos 16 millones de toneladas de maíz (destinadas a exportación). A valores de mercado, esto representa entre USD 10.000 y 11.000 millones —según cotizaciones internacionales y si la soja se exporta como grano o sus productos derivados—, una cifra que supera ampliamente el límite fijado en la norma.
Un dato llamativo es que será la primera vez en varias décadas que todas las materias primas agrícolas y sus principales derivados podrán exportarse sin pagar retenciones (a diferencia de otros momentos en los que sólo algunas de ellas se encontraron completamente liberadas del tributo).
Acerca de la suba esperada de los precios
La efectividad del esquema para acelerar la comercialización de granos depende mucho de la suba de precios internos que pueda ofrecer, tanto en pesos como en moneda dura.
Respecto a este movimiento, un primer comentario es que la suba de precios no será simétrica entre granos. En efecto, como los DEX difieren según el producto, el impacto en precios internos debería ser mayor en soja (26%) que en maíz o trigo (9,5%). Como nota al pie, no está asegurado que la eliminación de retenciones se traslade en la misma proporción, es decir, completamente, a los precios locales, al tratarse de una medida temporaria que concentra mucha oferta en menos de 40 días, ya sea por sobrecostos, vinculados a cuestiones logísticas y financieras que probablemente enfrenten los exportadores, particularmente los vinculados a la industria de procesamiento, como por la posible oportunidad que enfrenta el sector exportador de negociar mejores condiciones, en un escenario de mucho entusiasmo de los productores por entrar al esquema.
Otro factor que puede limitar el alza plena de precios, al menos en los primeros días del nuevo régimen, es la posición comercial de cada exportador entre volúmenes registrados (DJVE) y volúmenes efectivamente comprados a precio cerrado. En los casos donde las DJVE emitidas superan la mercadería adquirida (un resabio del adelanto de DJVE que se observó al cierre del programa previo de baja temporaria de DEX), los operadores deberán absorber primero el costo de haber registrado ventas externas y pagado DEX sin contar todavía con el grano comprado a precio firme.
Finalmente, en paralelo al nuevo régimen de DEX, el Tesoro de Estados Unidos anunció un apoyo económico y financiero a la Argentina, un hecho con pocos antecedentes. Tras el comunicado —y también por el efecto inmediato de una mayor liquidación de exportadores—, el tipo de cambio oficial cayó 9% en los últimos días. Esto impacta en los precios internos de los granos medidos en pesos, que ahora enfrentan dos fuerzas opuestas: el impulso alcista de la eliminación temporaria de DEX y la baja del tipo de cambio oficial. Según cuál de estos factores pese más, los precios en moneda nacional pueden quedar por encima o por debajo del nivel previo al cambio de régimen, haciendo más o menos atractiva la nueva situación a los ojos de los productores. Por caso, en el maíz, una caída del 10% en el tipo de cambio oficial compensaría por completo los efectos de la eliminación temporaria de los DEX sobre los precios internos en pesos.
La decisión de vender ahora versus esperar
En cuanto a la decisión de venta, las expectativas de corrección cambiaria post elecciones de octubre podrían hacer pensar que existe un dilema entre aprovechar la eliminación transitoria de los derechos de exportación y los mayores precios resultantes — una situación equivalente a la de un tipo de cambio más alto— versus esperar a una eventual suba del tipo de cambio que compense la restitución de esas alícuotas. Esta disyuntiva aparece si la cuenta se hace en pesos, pero no si la decisión se evalúa en moneda dura.
En soja, por ejemplo, con un DEX del 26% y un dólar oficial cercano a $1.400, y haciendo números en pesos, recién convendría postergar la venta si se esperase que, tras los comicios, el tipo de cambio oficial superará los $1.900, dado que neto de retenciones, el valor resultante sería (en pesos de poder de compra constante) mayor al actual (ceteris paribus precios internacionales). En el caso del maíz, con una alícuota de 9,5%, el tipo de cambio de indiferencia se ubica por encima de los $1.600.
Ahora bien, cuando la cuenta se hace en dólares, la conclusión anterior no se mantiene. Sucede que vender en el presente a “precio internacional pleno” (sin descuento de DEX) siempre será más conveniente (a cualquier tipo de cambio, en un mercado libre), que vender en el futuro a “precio internacional con descuento”, suponiendo similares precios internacionales.
A los precios externos actuales, y suponiendo un traslado pleno de la baja de DEX a los precios internos, la soja pasa de USD 285 / ton a USD 385, es decir mejora en unos 100 dólares por tonelada aproximadamente. Como ya se mencionó anteriormente, habrá que esperar a ver si el mercado convalida una suba de esta magnitud, o se queda a medio camino.
Por otra parte, más allá del precio, en la decisión de comercialización influyen también factores como la urgencia de obtener fondos para cubrir gastos, ya sea personales o vinculados al negocio. En este sentido, una fracción importante de los productores ya había anticipado ventas de soja al 30 de junio, aprovechando la rebaja transitoria de retenciones previa, por lo que no se verían obligados a regresar al mercado de inmediato para financiar la cosecha fina o la siembra de granos gruesos de la próxima campaña. Pero al mismo tiempo, los precios relativos entre granos e insumos mejoran sensiblemente en estos 40 días de vigencia del esquema, gracias al aumento en dólares de los granos, lo que ofrece al sector una oportunidad favorable para la compra y el acopio de insumos.
Magnitud del costo fiscal directo
La magnitud del costo fiscal directo que asume el gobierno depende tanto del nivel total de DJVE que se alcance con el nuevo esquema (de si se llega o no al límite de USD 7.000 millones) como de la composición de la canasta de operaciones. Respecto a esta última, debe advertirse que 1 dólar declarado en operaciones de exportación de soja grano o de sus derivados tiene implícito un costo fiscal mayor que 1 dólar declarado de operaciones de exportación de cereales (de 0,24 o 0,26 centavos versus 0,095 centavos).
A continuación, se estima el costo fiscal asumiendo por simplicidad, momentum del año y relevancia, que entran al programa operaciones de exportación de solo tres productos: harina de soja, aceite de soja y maíz. Se toman precios FOB de exportación de referencia de estos productos antes mencionados, que se mantienen fijos para todas las operaciones y se consideran las alícuotas de derechos de exportación (DEX) vigentes antes de la baja.
Con esta información se calculan, para distintas combinaciones posibles de total de DJVE registradas y canastas posibles de participación soja – maíz, los montos de retenciones que el Estado dejaría de percibir.
Una aclaración importante es que los granos disponibles para comercializar son suficientes como para abastecer todas las canastas que se simulan; en los casos de canastas de exportación muy concentradas en operaciones con soja, se llega a consumir hasta el 80% de la soja disponible para comercializar, mientras que, en las canastas más concentradas en maíz, se llega al 95% de la mercadería disponible.
Los resultados muestran que el costo fiscal es sensible al nivel de DJVE alcanzado y la composición de la canasta. Si se alcanza el tope máximo de USD 7.000 millones de DJVE, el sacrificio fiscal oscilaría entre los 0,25% del PIB (si en la canasta predominan completamente los subproductos de soja) y 0,18% (si aumenta hasta el 44% la participación de las operaciones de exportación de maíz en las DJVE totales). En escenarios de menor volumen, el impacto se reduce en forma proporcional: con USD 6.000 millones de DJVE, el rango es 0,22%–0,16% del PIB; con USD 5.000 millones, 0,18%–0,13%; y con USD 4.000 millones, 0,14%–0,10% del PIB.
Las simulaciones presentadas reflejan únicamente el costo fiscal directo y de corto plazo de la medida. No obstante, corresponde señalar que una fracción de dicho costo se traduce en un incremento de los márgenes de las explotaciones agropecuarias, lo cual amplía la base imponible del Impuesto a las Ganancias y otros impuestos. En consecuencia, una parte importante del costo inicial será compensada mediante una mayor recaudación por este tributo.
¿Cómo quedará la oferta neta de dólares?
El objetivo central de la reducción temporaria de derechos de exportación es incrementar la oferta de divisas en el mercado cambiario y, de ese modo, contener la presión alcista observada recientemente, en un contexto de restricción de liquidez externa y de un esquema cambiario que exige intervención del BCRA para sostener la banda superior.
No obstante, el efecto neto dependerá del destino que los productores y exportadores asignen a los pesos obtenidos por la comercialización de granos. En la medida en que dichos fondos se orienten a la dolarización inmediata —posibilidad vigente para personas físicas—, la mayor oferta de divisas podría verse parcialmente compensada por un incremento de la demanda en el MULC. También podría suceder que la dolarización se realice vía los mercados financieros, observándose entonces una posible ampliación de la brecha cambiaria hasta tanto dure el programa. Alternativamente, si los recursos se destinasen a activos financieros en pesos, la adquisición de insumos o bienes de capital, la realización de inversiones productivas o consumo en el mercado interno, el impacto será diferente y la medida tendrá resultados más acordes a los deseados, contribuyendo a incrementar la oferta neta de dólares.
Por otra parte, la novedad del inédito apoyo económico financiero que ofrece el gobierno de Estados Unidos al país disminuye las expectativas de corrección cambiaria a corto plazo y con ello reduce los incentivos a convertir, al menos rápidamente, los pesos recibidos en la comercialización de los granos en divisa extranjera.
Impacto sobre los consumos internos
El aumento en la cotización interna de los granos eleva los costos de producción en actividades que dependen de ellos como insumo principal —entre ellas, la producción animal en sistemas intensivos, los tambos, la molienda y la elaboración de biocombustibles—, generando presiones adicionales sobre los precios de dichos bienes, varios de los cuales tienen un peso significativo en la canasta del consumidor. No obstante, el impacto final sobre los precios internos dependerá de la magnitud efectiva del traslado, condicionado por la reciente baja del tipo de cambio oficial y por otros factores que inciden en la formación de precios en el mercado.
Ahora bien, debe señalarse que la reducción y eliminación definitiva de los derechos de exportación resulta inevitable, en la medida en que se desee liberar de esta carga tributaria al principal sector generador de divisas del país; es decir, no es sostenible una política que grava al sector primario para transferir recursos a las actividades de engorde animal o a los consumos industriales de granos. En los países con los que Argentina compite en exportaciones agroindustriales este tipo de mecanismos no se utilizan; cuando existen políticas de apoyo, suelen instrumentarse mediante herramientas específicas y no a través de la alteración de los precios de mercado. Por tanto, avanzar hacia un esquema en el que los consumos internos enfrenten el precio internacional de las materias primas constituye un objetivo deseable, tanto por razones de asignación eficiente de recursos como por la necesidad de evitar subsidios cruzados dentro de una misma cadena productiva.
Apreciaciones finales
La reducción de retenciones constituye, en sí misma, una buena noticia. La baja de impuestos mejora el resultado económico de las empresas agropecuarias (al menos de aquellas que contaban con granos en stock, probablemente la mayoría de ellas) y genera mayor confianza respecto del futuro de la actividad y el tratamiento que puede recibir por parte del gobierno en materia tributaria.
Dado que el programa implica una significativa mejora de los precios internos de los granos, medidos en moneda dura, es probable que sea muy efectivo en su objetivo y que se llegue al límite de presentaciones establecidas (DJVE de USD 7.000 millones). Nótese que será la primera vez, en al menos los últimos 40 años, que los precios internos convergerán con los precios internacionales, al no haber restricciones cuantitativas sobre volúmenes ni impuestos específicos en el mercado de exportación.
Sin embargo, las ventajas de este tipo de medidas se ven limitadas en sus efectos positivos cuando son transitorias y poco previsibles.
En este sentido, como ya se ha mencionado en otras oportunidades, lo deseable sería avanzar hacia un esquema de reducción y eliminación del impuesto definitivo, previsible y consistente, que facilite la planificación, maximice los efectos positivos sobre otras producciones (proveedores de insumos, equipos) y otorgue también a las actividades que se encuentran aguas abajo en la cadena de valor, el tiempo necesario para adaptar modelos de negocio y estrategias al nuevo escenario de precios relativos (ver PAL 101: Propuesta para la eliminación de las retenciones).
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El viernes estuvo marcado por los anuncios del ministro Luis Caputo: el inicio de la Fase 3 del programa económico, en paralelo a la formalización del nuevo programa con el FMI. Esta nueva fase consta de cuatro puntos fundamentales.
En primer lugar, el ansiado levantamiento del cepo, una de las principales promesas de campaña de Javier Milei y que tardó en llegar bajo el argumento de no repetir el error que se cometió en 2015 cuando asumió Mauricio Macri, que lo levantó de manera rápida y pagó las consecuencias en el corto plazo.
¿Qué significa que se levante el cepo? Se elimina el límite de compra de USD 200 mensuales en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para las personas humanas, por lo cual se podrá comprar sin límites. En ese punto, cabe destacar que el BCRA cometió un error comunicacional en la noche del viernes: la redacción confusa de la Comunicación A8226 llevó a una mala interpretación de muchos ciudadanos. ¿Qué dice ese texto? Que si comprás con dinero depositado en cuenta no hay límites algunos, pero si una persona va a la ventanilla de un banco a comprar dólares con efectivo, se limita a USD 100. Como fue redactado tan mal, se interpretó que el límite de USD 100 corría para todos, pero no, se trata solo de compras que se hagan en efectivo. Posiblemente, como una forma de evitar transacciones con dinero negro.
Sigamos con tema cepo: se eliminan también todas las restricciones de acceso al MLC vinculadas con asistencias gubernamentales recibidas durante la pandemia, subsidios, el empleo público y otros. Es decir, aquellos que reciben AUH, o que fueron beneficiados por IFE o ATP en la pandemia, ya podrán volver a comprar dólares normalmente.
Respecto al pago de importaciones de bienes, podrán pagarse a través del MLC a partir del registro de ingreso aduanero (antes era a 30 días); para el caso de importaciones de servicios podrán pagarse a través del MLC a partir del momento de prestación del servicio (antes era a 30 días).
Para las Personas Jurídicas se autoriza el acceso al MLC para pagos de dividendos a accionistas no residentes correspondientes a las utilidades obtenidas en los balances cuyos ejercicios comiencen a partir del 1° de enero de 2025 (es decir, operará desde 2026).
En este marco, se deroga el dólar blend, rompiendo ese desequilibrio que se explicaba por una fuerte brecha y que hoy pierde sentido por el achatamiento entre las bandas. El dólar blend estaba en la mira: por este esquema diferencial, en el que las empresas liquidaban un 80% al mercado oficial y otro 20% al Contado Con Liquidación (CCL), el Banco Central perdió cerca de USD 23.000 millones, que se fueron al mercado financiero y no quedaron en las arcas.
Con la salida del cepo viene el segundo punto fundamental: el esquema cambiario. Vuelve la flotación cambiaria dentro de bandas.
Desde el lunes va a regir en la Argentina un régimen de bandas cambiarias entre $ 1.000 y $ 1.400 en donde tanto el valor inferior como el valor superior evolucionarán en el tiempo de forma gradual y previsible: -1% y +1% por mes, respectivamente. ¿Cómo funcionan las bandas? Cuando el tipo de cambio opere en el valor inferior de la banda, el BCRA procederá a comprar dólares y en el proceso, acumular reservas internacionales; la emisión de pesos resultante de las compras de divisas por parte del BCRA no será esterilizada con el objetivo de monetizar la economía.
A su vez, cuando el tipo de cambio opere en el valor superior de la banda, el BCRA venderá dólares y así eliminará pasivos monetarios.
¿Cuál es entonces el tipo de cambio oficial a partir de ahora? El que determine el mercado en ese esquema de bandas, lo cual, daba los extremos de las bandas, supone la posibilidad de una devaluación pero no se sabe en qué nivel. El tipo de cambio oficial cerró este viernes en 1.078,4. Si el lunes el mercado fija un tipo de cambio en la zona media de las bandas, $ 1.200, la devaluación habrá sido entonces del 11%, por ejemplo.
La Argentina ya conoce el esquema de flotación entre bandas: en la tormenta financiera de 2018, el gobierno de Mauricio Macri intentó frenar la sangría cambiaria con un nuevo esquema de política monetaria consiste en la flotación con bandas de intervención, medida acordada con el FMI en el marco del acuerdo stand-by firmado ese año. El objetivo en ese momento era contener la volatilidad cambiaria sin tener que fijar un tipo de cambio rígido por un lado; y por el otro, seguir con una política monetaria contractiva, basada en metas de base monetaria, para frenar la inflación.
Nada de eso resultó: la inflación siguió creciendo, la economía se siguió enfriando, y el tipo de cambio volvió a generar presión, al punto que tras unos meses el esquema fue perdiendo efectividad, el mercado perdió confianza y el BCRA empezó a intervenir fuera de las bandas, lo que terminó desdibujando el marco original.
Finalmente, en abril de 2019, se terminó el esquema, volviendo al esquema tradicional de un tipo de cambio fijado por la autoridad monetaria, la reaparición del cepo y de los dólares paralelos.
El tercer punto central del anuncio tiene que ver con la llegada de fondos frescos para fortalecer reservas. El próximo martes ingresarán USD 12.000 millones del FMI y ese organismo realizará otros dos desembolsos en el año: USD 2.000 antes de junio y USD 1.000 entre julio y diciembre. Un total de USD 15.000 millones de los USD 20.000 millones aprobados por el organismo en este nuevo Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) que apuntan a “afianzar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la sostenibilidad externa y sentar las bases para un crecimiento más sólido y resiliente”, según reza el comunicado del Fondo.
Además, el cierre del programa con el FMI permitió al país capturar otros fondos adicionales con organismos internacionales: el Banco Mundial aprobó un paquete por USD 12.000 millones y el BID por otros USD 10.000 millones. Llegarían USD 3.600 millones antes de junio y otros USD 2.500 millones antes de fin de año. Un total de USD 6.100 millones de estos organismos durante el año.
En paralelo, el BCRA hará otro REPO con bancos por USD 2.000 millones.
En resumen: este año la Argentina contará con USD 23.100 millones que irán a fortalecer las reservas internacionales y para mayo, se espera que las lleguen a los USD 50.000 millones, con el ingreso de fondos de la cosecha. Este viernes, un rato antes de los anuncios de Caputo, las reservas cerraron apenas por debajo de los USD 25.000 millones por lo cual la recuperación podría ser importante. Cabe señalar que, a su vez, las Reservas Netas se situaron en USD 11.000 millones el viernes, por lo que el desembolso de fondos puede llevar a las netas también a valores positivos.
El cuarto punto clave del anuncio tiene que ver con el fortalecimiento del ancla nominal. Se pretende un monitoreo estricto de la cantidad de dinero, con base fundamental en la restricción de financiamientos de la política fiscal por parte de BCRA y cero emisión por remuneración de los pasivos remunerados del BCRA. Este nuevo esquema pretende ser más riguroso que el anterior, y tendrá como eje el control del M2 transaccional privado (los billetes y monedas fuera del sistema bancario, cuentas corrientes en pesos del sector privado y cajas de ahorro en pesos del sector privado). Para operarlo, el BCRA publicará su programación monetaria basada en modelos de demanda de dinero con el objetivo de tener un control más fino sobre la liquidez de la economía y consolidar el proceso de desinflación, ajustando la política si el M2 se desvía de las metas.
El sistema financiero en general reaccionó muy bien a estas medidas; la ciudadanía tiene opiniones encontradas principalmente derivadas de la posibilidad de una devaluación que impacte en salarios y en el proceso de desinflación pretendida, que ayer viernes sufrió un golpe con un dato muy alto. Además, la experiencia reciente del 2018-2019 brinda más dudas que certezas sobre la eficiencia del programa, aunque debe señalarse que más allá de la similitud de las herramientas, lo que cambia son los fundamentals, es decir, los cimientos del programa. En este caso, se apoya en el superávit fiscal.
Dicho todo esto, ¿podemos ver impactos en la economía misionera? Para ello hay que segmentar un poco el análisis.
Para la ciudadanía en general, la mirada va a estar puesta en cómo pega el esquema de flotación cambiaria sobre salarios (por devaluación) y sobre precios (por riesgos inflacionarios). En este punto cabe señalar que los salarios privados de Misiones venían mostrando una buena evolución en los últimos meses. De hecho, según datos provisorios de la SRT, los trabajadores asegurados del sector privado formal vieron un incremento real interanual del 30% en enero, un número que suma al +20% que habían mostrado en diciembre, aunque en ambos casos influenciado por una mala base comparativa. Pero la recuperación, aún con ello, estaba presente. Este va ser un punto crucial para evaluar los impactos y la efectividad, o no, del nuevo esquema anunciado.
Por otro lado, podría haber beneficio por exportaciones más competitivas. Con la eliminación del “dólar blend” y la unificación del tipo de cambio, los exportadores misioneros, como los productores de yerba mate, té y madera, podrán liquidar sus divisas a un tipo de cambio más favorable. Esto podría mejorar sus ingresos en pesos y fomentar la producción local. A su vez, otorga mayor previsibilidad para importadores dado que la flexibilización de los plazos para pagos de importaciones permitirá a las empresas misioneras planificar mejor sus compras de insumos y bienes de capital, facilitando la continuidad de sus operaciones y la inversión en tecnología.
La cuestión de frontera es un gran signo de interrogante: bajo la presunción de que se termina el dólar barato para el argentino (o caro para el extranjero), o por lo menos la posibilidad de que ello ocurra, podría mermar la salida de ventas o bien equilibrar la situación, aunque para ello hay que esperar a ver como evoluciona la banda de flotación y como se acomodan los precios respecto a ello.
Misiones podría verse beneficiada por atracción de inversiones: el levantamiento del cepo y la posibilidad de repatriar utilidades podrían hacer más atractiva a la provincia para inversores extranjeros, especialmente en sectores como el turismo y la industria forestal.
Por otro parte, Misiones tiene una ventaja respecto a otras provincias del país: este nuevo esquema cambiario no le pega en las cuentas públicas, por el hecho de no tener deuda en dólares significativa.
Si se compara con el Chaco, por ejemplo, la suba del tipo de oficial (suponiendo que el dólar baja hacia la banda superior) pone presión en la deuda pública de esa provincia que está altamente dolarizada (aprox. 65% del total con pagos directos en dólares por USD 40 millones al año) ya que necesita hacerse de más pesos para cubrir esos pagos.
Misiones tiene menos del 10% de deuda en dólares (cerca de $ 7.000 millones sobre un stock de $ 80.000 millones) por lo cual el impacto es muy bajo, además del hecho de que esa deuda, si bien se calcula en dólares, se paga en pesos.
