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De cripto a ladrillos: el desafío de los latinoamericanos que quieren comprar propiedades en Estados Unidos

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Para un latinoamericano que ha acumulado parte de su patrimonio en bitcoin (BTC), stablecoins u otros criptoactivos, comprar una propiedad en Estados Unidos puede plantear un problema menos evidente que encontrar el inmueble: cómo convertir ese patrimonio digital en dólares y llevarlo hasta el cierre de una operación de alto valor.

Las operaciones de grandes montos pueden involucrar necesidades específicas de liquidez, verificación del origen de los fondos, cumplimiento normativo y coordinación entre las distintas partes de una compraventa inmobiliaria.

En ese punto está surgiendo una infraestructura que conecta el mercado de activos digitales con las transacciones inmobiliarias tradicionales. CryptEscrow, compañía especializada en la liquidación de operaciones inmobiliarias financiadas con criptomonedas, comenzó a utilizar el escritorio Pro OTC de Kraken para realizar conversiones de activos digitales a dólares en operaciones de alto valor.

El mecanismo permite ejecutar operaciones fuera del mercado abierto y acceder a liquidez destinada a clientes institucionales y personas de alto patrimonio. Para un comprador, esto puede resultar relevante cuando necesita convertir una cantidad considerable de criptomonedas dentro de una operación inmobiliaria.

El salto de cripto a bienes raíces

La necesidad de convertir patrimonio digital en activos tradicionales adquiere una dimensión particular en América Latina.

En países como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Venezuela, las criptomonedas y stablecoins tienen distintos usos relacionados con el ahorro, la preservación de valor, las transferencias internacionales y la diversificación patrimonial. Para algunos usuarios, estos activos también representan una vía para mantener recursos denominados en dólares o acceder a capital fuera de sus mercados locales.

Estados Unidos concentra parte del interés de compradores latinoamericanos que buscan propiedades como vivienda, inversión o mecanismo de diversificación patrimonial. Pero pasar de una wallet de criptomonedas al cierre de una propiedad implica atravesar un proceso financiero y regulatorio distinto al de una compra convencional.

Venezuela representa un caso particularmente relevante. El uso de criptomonedas y stablecoins se ha vinculado con la preservación de valor, las remesas y la búsqueda de alternativas frente a la volatilidad de la moneda local. Para un venezolano que mantiene recursos en activos digitales y pretende comprar una propiedad en Estados Unidos, el desafío también consiste en convertirlos en dólares dentro de un proceso documentado y compatible con los requisitos de la operación.

Argentina presenta otra dinámica, marcada por la inflación y las restricciones cambiarias, mientras que en otros mercados del Cono Sur los criptoactivos forman parte de las estrategias de inversión y diversificación de determinados segmentos.

Una infraestructura entre dos mercados

Ahí entra el mercado over-the-counter (OTC), diseñado para gestionar transacciones de mayor tamaño mediante una estructura orientada a clientes institucionales y personas de alto patrimonio.

John Ioannou Jr., fundador y CEO de CryptEscrow, señaló que el acceso a esta infraestructura amplía las capacidades disponibles para la liquidación de operaciones inmobiliarias financiadas con criptomonedas.

La relevancia del mecanismo está menos en la posibilidad de “pagar una casa con bitcoin” que en resolver el paso intermedio entre ambos sistemas financieros: convertir patrimonio digital en dólares para incorporarlo a una transacción inmobiliaria tradicional.

CryptEscrow ha trabajado con desarrolladores inmobiliarios en Florida y California y busca ampliar su operación hacia otros mercados donde exista demanda por alternativas de pago vinculadas a criptomonedas.

El proceso, sin embargo, no elimina los controles de cumplimiento, la comprobación del origen de los fondos ni las obligaciones fiscales que correspondan a cada comprador.

La evolución de esta infraestructura apunta a una transformación más amplia: el patrimonio acumulado en criptomonedas comienza a buscar una salida hacia activos del mundo real, y los bienes raíces aparecen como uno de los destinos posibles para ese capital.

Para más información: www.cryptescrow.com 

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Los dólares de Adorni: declaró US$591 mil por Bitcoin y aseguró que vivía “como si no los tuviera”

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Hay una frase que, entre números, propiedades, billeteras digitales y movimientos en efectivo, resume buena parte de la explicación que Manuel Adorni presentó ante la Justicia sobre su patrimonio: después de ganar cerca de 600 mil dólares con Bitcoin, él y su esposa, Bettina Angeletti, decidieron “vivir como si no lo tuvieran”.

No es una interpretación. La expresión aparece en el escrito presentado por su defensa. Según esa reconstrucción, el matrimonio prefirió mantener prácticamente intacto aquel capital y privilegiar “el ahorro y la prudencia patrimonial” antes que modificar su nivel de consumo. El objetivo, argumentó, era preservar recursos para la educación de sus hijos y su propia jubilación.

La explicación forma parte de las 78 páginas con las que Adorni respondió los 20 puntos planteados por el fiscal Gerardo Pollicita en la investigación sobre su evolución patrimonial. El expediente puso bajo la lupa ingresos, gastos, inmuebles, refacciones, vehículos, préstamos privados y una cantidad considerable de dólares que, de acuerdo con el descargo, permanecieron durante años fuera del sistema bancario. Lo que no dice es por qué, de repente, cuando asumió como funcionario, tuvo una fiebre gastadora, que incluyó compra de departamentos, casa en un country y viajes por el mundo.

Una inversión de US$200 mil que terminó en US$591 mil

Según Adorni, entre 2014 y 2017 el matrimonio destinó algo más de US$200.000 a comprar criptomonedas. El capital inicial habría surgido de ahorros propios y fondos provenientes de una herencia familiar.

Entre 2017 y 2018 liquidó progresivamente Bitcoin depositados en ocho direcciones y obtuvo exactamente US$591.544,61.

Pero hay un elemento central para entender el expediente: de acuerdo con su propia explicación, las compras y ventas se hicieron mediante operaciones presenciales, entre particulares y en efectivo.

Adorni sostuvo que en aquellos años todavía no operaba mediante plataformas reguladas y que utilizaba billeteras de autocustodia. Al vender las criptomonedas, siempre según su presentación judicial, recibió los dólares en efectivo y posteriormente los conservó en su domicilio como ahorro.

Esos dólares se transforman así en una pieza fundamental de la reconstrucción patrimonial: reaparecen como fuente de financiamiento de varias operaciones posteriores que quedaron bajo análisis.

La diferencia de $43 millones

La investigación de Pollicita comparó ingresos del grupo familiar por $229,7 millones con egresos por $272,8 millones más US$402.578. De ese análisis surgió un presunto déficit patrimonial sin justificar de $43.068.549.

La defensa no desconoce la diferencia, pero discute su relevancia.

El abogado Matías Ledesma la definió como una “brecha residual” equivalente al 15,8% de los gastos totales y al 18,7% de los ingresos legítimos considerados. Su argumento es que ese margen resulta compatible con las imprecisiones propias de una reconstrucción de las finanzas familiares realizada varios años después.

En paralelo, el patrimonio declarado fue objeto de sucesivas correcciones. El material incorporado a la causa señala 22 rectificaciones en declaraciones juradas patrimoniales e impositivas correspondientes a 2023, 2024 y 2025 ante la Oficina Anticorrupción y ARCA.

Esas modificaciones constituyen otro de los puntos que deberá ponderar la Justicia frente a la reconstrucción presentada ahora por la defensa.

Una casa de US$120 mil y una discusión por las refacciones

Parte de los dólares ahorrados aparece en la explicación sobre la propiedad del Country Indio Cuá.

Según el escrito, el lote 380 costó US$120.000. Adorni sostuvo que consiguió US$100.000 mediante un mutuo con garantía hipotecaria constituido sobre un departamento de la calle Asamblea. Los US$20.000 restantes habrían sido pagados con dinero en efectivo de Angeletti, mientras que otros US$5.000 correspondientes al ingreso al club de campo provinieron de los ahorros familiares.

La obra posterior también quedó bajo análisis.

El contratista Matías Tabar había cuantificado las refacciones en US$245.000. La defensa rechaza esa cifra y sostiene, sobre la base de una pericia incorporada al descargo, que los desembolsos fueron en realidad de US$175.000.

Son US$70.000 de diferencia entre ambas reconstrucciones. Adorni sostiene que las reformas fueron financiadas con los dólares provenientes de la liquidación de Bitcoin y de su actividad profesional.

Préstamos familiares y contratos privados

Las explicaciones no terminan en las criptomonedas.

Pollicita también pidió precisiones sobre préstamos recibidos mediante contratos privados con Silvia País, madre de Adorni, y Norma Zuccolo.

La defensa sostuvo que fueron acuerdos celebrados dentro de las reglas del Código Civil y Comercial y que, por su carácter privado, no necesitaban instrumento público ni una registración especial. También atribuyó la ausencia de mayores formalidades a la relación de confianza existente entre las partes.

La compra de un Jeep Compass tuvo su propio capítulo. Adorni aseguró que no pagó el vehículo íntegramente en efectivo: entregó como parte de pago un Renault Captur adquirido en 2021, mediante una permuta documentada por $18,3 millones, y completó la operación con dos transferencias de $1 millón y seis cuotas de $200.000 con tarjeta de crédito.

Compras con tarjetas ajenas y devolución en efectivo

Uno de los tramos más particulares del descargo corresponde a compras personales realizadas mediante personas vinculadas a Adorni.

La defensa explicó que Gisela Kocsis gestionaba asuntos particulares del entonces funcionario debido a su intensa agenda. Entre esos movimientos aparece una factura superior a $8 millones en artículos para el hogar destinados al matrimonio.

Según el escrito, Kocsis adelantaba o gestionaba determinadas compras y luego era reembolsada. El reintegro se hacía en efectivo.

La misma explicación alcanza a Laura Schiuma, quien habría prestado su tarjeta de crédito a Adorni para realizar compras y posteriormente recibió la devolución del dinero. También se detalló una operación realizada por Luis Aluju mediante una cuenta de Mercado Libre.

El efectivo vuelve a aparecer, una y otra vez, como hilo conductor de la defensa.

También fue utilizado, según la presentación, para pagar parte de propiedades, refacciones y honorarios. Incluso los US$30.000 desembolsados para comprar un departamento de la calle Miró 550 habrían salido de las reservas en moneda extranjera acumuladas por el matrimonio.

A ese cuadro se suma otro ingreso importante: $73 millones obtenidos por la venta de un departamento heredado en La Plata. La defensa también contabilizó rendimientos de fondos comunes de inversión, colocaciones financieras, diferencias de cambio y el resultado de la permuta del vehículo.

El patrimonio que ahora deberá cerrar

La defensa sostiene que salarios públicos, ingresos de Angeletti, rentas financieras y ahorros acumulados permiten explicar los consumos y movimientos patrimoniales observados durante el período investigado. También atribuyó algunas inconsistencias a errores que posteriormente fueron subsanados mediante declaraciones rectificativas.

Pero detrás de la arquitectura contable hay una discusión bastante más sencilla.

Adorni sostiene que una porción decisiva de su patrimonio se originó antes de ocupar los cargos públicos que quedaron bajo análisis: compró Bitcoin cuando el mercado era mucho menos formalizado, multiplicó aquella inversión, convirtió las criptomonedas en dólares y conservó buena parte de ese dinero en efectivo durante años.

De acuerdo con su reconstrucción, más de US$200.000 invertidos entre 2014 y 2017 terminaron convirtiéndose en US$591.544,61. Y esos dólares explican después una parte importante de los gastos que despertaron los interrogantes judiciales.

La frase elegida por la propia defensa termina condensando esa historia mejor que cualquier planilla: pese a disponer de ese capital, Adorni y Angeletti aseguran que resolvieron “vivir como si no lo tuvieran”.

Ahora el punto ya no es cómo eligieron vivir, sino si las explicaciones y elementos aportados alcanzan para justificar ante la Justicia cómo se construyó y se utilizó ese patrimonio.

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Caputo defendió el agro, la minería y la energía: “Son generadores de dólares”

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El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo productivo del Gobierno nacional y rechazó las críticas que señalan que el actual esquema económico concentra sus beneficios en el agro, la minería, el petróleo y la energía. Para el funcionario, el crecimiento de esos sectores no implica relegar al resto de la economía, sino generar las divisas necesarias para que también puedan expandirse otras actividades.

“Que crezcan estos cuatro sectores es muy bueno porque son los generadores de dólares”, sostuvo Caputo durante su participación en el ciclo “Miradas al futuro 2026”, organizado por la Cámara de Agentes de Bolsa. El ministro planteó que el ingreso de divisas generado por esas actividades fortalece al sistema financiero y permite al Banco Central consolidar su solvencia para sostener la estabilidad del mercado cambiario.

La argumentación oficial parte de un problema estructural de la economía argentina: la denominada restricción externa. Según Caputo, una mayor generación de dólares permitirá que los demás sectores productivos puedan acceder a las divisas necesarias para importar insumos y sostener su actividad. “Con las inversiones ya aprobadas el flujo de dólares va a ser cada vez mayor y eso es imprescindible para este país”, insistió.

El ministro buscó así responder a las críticas sobre el desempeño desigual de la economía, especialmente frente a los cuestionamientos por la situación de la industria y la construcción. En su exposición, rechazó la idea de que el país haya atravesado un período de auge industrial en los años previos y sostuvo que la industria cayó 10% entre 2011 y 2023, pese a haber contado con subsidios y tarifas reguladas.

“Que crezcan los sectores que generan dólares beneficia al resto de la economía”, resumió Caputo, al sostener que la expansión de las actividades vinculadas con recursos naturales puede convertirse en una condición para ampliar las posibilidades del conjunto del aparato productivo.

La discusión tiene como trasfondo el desafío de conseguir un crecimiento que no vuelva a quedar limitado por la falta de dólares. En la visión del Gobierno, el desarrollo de sectores con capacidad exportadora permitiría incrementar el flujo de divisas, mejorar la posición del Banco Central y, a partir de allí, reducir las restricciones que históricamente afectaron a las empresas que necesitan importar bienes de capital, insumos y componentes.

En ese marco, Caputo también descartó la necesidad de recurrir a una devaluación como mecanismo para recuperar competitividad. La apuesta oficial consiste en que el aumento de la productividad, la inversión y la generación genuina de divisas permitan mejorar las condiciones de la economía sin apelar a un salto cambiario.

El ministro también defendió el proceso de desinflación y lo vinculó con una política monetaria en la que el Banco Central dejó de financiar al Tesoro. Según sostuvo, la independencia del BCRA permitió avanzar en una desaceleración de la inflación más profunda de lo previsto y consideró que los procesos de estabilización requieren tiempo para consolidarse.

Caputo afirmó además que el país atraviesa una etapa diferente a experiencias anteriores porque, según su interpretación, la estabilización se está llevando adelante sin vulnerar el derecho de propiedad. La definición forma parte de la defensa más amplia que el ministro realiza del programa económico y de su estrategia para atraer inversiones.

El desafío que queda planteado es convertir el ingreso de dólares de los sectores exportadores en una plataforma de crecimiento más extendido. La tesis oficial es que el agro, la minería, el petróleo y la energía pueden aportar las divisas que históricamente escasearon; la prueba económica será determinar cuánto de ese flujo logra traducirse en inversión, empleo, crédito y actividad para el resto del entramado productivo.

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La UIF pidió investigar a Manuel Adorni por lavado de dinero

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Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente publicara su declaración jurada de 2025, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) elevó un pedido formal a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que lleve adelante la apertura de un expediente de inteligencia financiera con el propósito de realizar un análisis en relación con la evolución patrimonial.

Además, de ser necesario, radicar la denuncia ante la justicia penal por presunto lavado de activos del funcionario de Milei y su esposa, Bettina Angeletti, por la existencia de posibles fondos y bienes de, según la entidad, origen no debidamente acreditado.

El titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, es el destinatario del pedido del CIPCE que reclamó la aceptación de “todas las medidas previstas en las facultades legales y reglamentarias” con el objetivo de monitorear de forma intensiva a Adorni y Angeletti, argumentando que son Personas Políticamente Expuestas (PEP), y así poder establecer la trazabilidad, el origen y la consistencia económica del patrimonio.

¿Cuáles son los argumentos del CIPE para hacer el pedido a la UIF?

La compra de una casa en noviembre de 2024 en un barrio privado, más un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un año después (en noviembre de 2025), cuando Adorni ya ocupaba un cargo público, es donde se apoya el pedido del CIPE. Además, por contar con importantes sumas de dinero en efectivo, así como viajes en aviones privados junto a contratistas del Estado y la realización de operaciones crediticias, pero no bancarias, con personas que no tendrían la capacidad económica necesaria.

Asimismo, el CIPE sumó a sus argumentos la declaración realizada por Adorni a LN+ donde manifestó haber omitido “por error” en sus declaraciones juradas de los años 2023 y 2024 que los ahorros familiares se habían compuesto “en negro”. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, se justificó sobre US$500.000, según sus declaraciones.

En tal sentido, el reconocimiento de Adorni genera preguntas en relación con el cumplimiento de los parámetros de transparencia exigibles a las personas que ocupan el rol de funcionarios, así como también sobre el origen de los fondos involucrados, según la ONG especializada en investigar la corrupción y los delitos económicos.

Más aportes del CIPE al pedido a la UIF

El CIPCE incluyó en su pedido testimonios de personas que declararon en la Justicia federal que indicarían que, por lo menos, una de las tantas operaciones inmobiliarias no se habría escriturado por su valor real. En este sentido, si se llegara a confirmar, según el planteo, se podría encuadrar en maniobras de simulación capaces de ser analizadas bajo la figura de lavado de activos.

A su vez, el CIPCE hizo hincapié en que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias que prevé la ley de “Inocencia Fiscal” ni suspende ni pone límite a las obligaciones en materia de prevención del lavado de activos, así como a las facultades de la UIF para analizar operaciones patrimoniales inconsistentes.

Y recordó que la ley actual ordena deberes de debida diligencia reforzada para las PEP, debido a su mayor exposición a riesgos de corrupción.

De esta forma y con la firma del director ejecutivo del CIPE, Pedro Biscay, el organismo enmarcó el pedido en el contexto internacional, resaltando que el país está bajo el seguimiento reforzado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual exige avances en la prevención como en la detección y la investigación del lavado, más precisamente cuando está vinculado a hechos de corrupción.

Por eso, el CIPE, en ese contexto, mantiene su posición diciendo que una actuación “diligente y oportuna” de la UIF en casos como este, en que involucra a un funcionario de alto rango, es una señal clave de cumplimiento de los estándares internacionales. Y, en consecuencia, pidió que se realicen los controles pertinentes de consistencia patrimonial integrales, que se cruce información proveniente de organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y reportes del sistema financiero.

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Se frenó el alza del crédito en pesos, pero crece en dólares

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El crédito total al sector privado en pesos registró una caída del 0,1% sin estacionalidad durante abril, una vez descontado el efecto de la inflación.

Este resultado marca una continuidad respecto al estancamiento observado durante el primer trimestre del año, periodo en el que la variación real fue del 0,1%.

El Gobierno espera una caída en la tasa de interés en el corto plazo que revitalice los créditos y traccione una mejora en la actividad económica.

En el segmento de las empresas, el financiamiento en pesos retrocedió un 0,9% real en el mes, tras haber crecido un 2,8% en los primeros tres meses del año.

Por el contrario, los préstamos destinados a las familias revirtieron su tendencia negativa y crecieron un 0,4% real, traccionados por los créditos prendarios e hipotecarios.

De acuerdo con un informe de la consultora Equilibra –que procesó Agencia Noticias Argentinas-, “el crédito en pesos al sector privado descontando la inflación cayó sólo 0,1% sin estacionalidad” en abril.

El documento destaca que la caída en las líneas para empresas respondió al “derrumbe de las líneas de adelantos (-4,1% real s.e.)”, a pesar de que las tasas de interés se ubicaron por debajo de la inflación.

Respecto al financiamiento en moneda extranjera, la actividad creció un 6,9% real en abril, impulsada por la estabilidad cambiaria y el aumento de los depósitos en dólares.

Los préstamos a empresas subieron un 7,1% y los destinados a familias un 5,6%.

El informe señala que, debido a cambios en la regulación, “por primera vez se concretaron financiaciones personales en moneda dura”.

El consumo con tarjetas y créditos personales no registró variaciones positivas debido a la elevada morosidad bancaria, que se sitúa en el 11,6% para tarjetas y el 13,8% para préstamos personales.

Para el segundo trimestre del año, el sector financiero proyecta que “no habría mayores cambios en la oferta de créditos, pero los bancos esperan una leve reactivación de la demanda” liderada por el sector comercial

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