Desde el sector privado proyectan una desaceleración producto de que no estarán los efectos estacionales que impactaron en marzo.
El índice de Precios al Consumidor en marzo registró una suba del 7,7% la cifra más alta de la gestión de gobierno. La inflación acumula un aumento del 21,7% y la variación interanual del 104,3%.
El gobierno y algunas consultoras privadas, proyectan que en abril debería desacelerarse, “Esperamos un descenso de cierta magnitud en el índice general”, afirmó Rubinstein secretario de Programación Económica, al referirse al mes de abril.
Después de brindar los datos de marzo, las consultoras privadas debieron corregir el número que esperaban para abril, que se ubicaba cerca del 6%. Ahora, ese número se acercó al 7%, marcando que si bien habrá una desaceleración los niveles seguirán siendo altos.
¿Cuál sería la inflación en abril?
Las alarmas en el sector de los alimentos y bebidas, posterior a los índices de marzo, se encendieron. De acuerdo al informe de la Fundación Libertad y Progreso, este rubro “tuvo un avance del 5,9% en las primeras dos semanas”.
Ecolatina, señala que en la primera quincena de abril el IPC GBA (que mide el área de Gran Buenos Aires), registró un incremento del 7,3% en comparación con la primera quincena de marzo, “confirmando que la dinámica inflacionaria estaría consolidando un piso más elevado tras la aceleración evidenciada durante el primer trimestre”.
En este sentido la consultora afirma que “sigue siendo preocupante que el registro del mes vuelva a estar impulsado por la categoría de Alimentos y bebidas (+9,5%), dentro del cual se destacan los avances de Carne de pollo y huevos (subiendo a +29%)”.
“Desaceleración no se observa, las primeras dos semanas de abril fueron complejas con subas en alimentos y bebidas” dijo Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra.
En resumen las tres proyecciones para el mes de abril:
En la economía argentina del actual siglo,los años donde hubo un crecimiento del PIB per-cápita también vinieron acompañados de una reducción de la tasa de pobreza. Esta correlación negativa responde a que una mejora de la actividad económica suele estar asociada a un incremento de la producción y a mayores necesidades de empleo, lo cual ayuda a que una mayor proporción de hogares pasen a percibir un salario que sea suficiente para ubicarse por fuera de la línea de pobreza.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que esta relación no siempre se cumplió a la inversa. En algunos años puntuales donde hubo una recesión económica (por ejemplo 2009 o 2012), la pobreza igual disminuyó. En este sentido, la reducción de la pobreza durante estos años obedeció mayormente a factores que no tienen que ver estrechamente con la mejora en el PIB y el nivel de empleo, señala un estudio de la consultora Ecolatina.
Por caso, en ambos años existieron políticas de ingresos robustas, como la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en 2009, que generó que el gasto en asignaciones familiares trepe como porcentaje del PIB (para ejemplificar, representaba un 0,5% del PIB en promedio entre 2005 y 2008 y alcanzó cerca de 0,85% entre 2009 y 2012).
En 2022, la relación se mantuvo para el promedio del año. El PBI per-cápita creció 4,3% en el año, en conjunto a una reducción de la pobreza de 1,1 p.p. respecto a 2021 (de 39% en 2021 a 37,9% en 2022).
Sin embargo, al realizar un análisis únicamente del segundo semestre, se ve como se rompió la tendencia. Por primera vez en los últimos 20 años, se observó un incremento en la pobreza a pesar de que haya aumentado el PIB per-cápita. En otras palabras, el aumento del nivel de actividad económica (y con ello del nivel de empleo) dejó de ser condición suficiente para que la tasa de pobreza se reduzca.
Concretamente, en el segundo semestre el PIB per cápita creció 2,9% i.a., mientras que la pobreza aumentó 1,9 p.p. frente al segundo semestre de 2021 (del 37,3% al 39,2%). A su vez, en la misma comparación (promedio del semestre) la tasa de ocupación aumentó 1,2 p.p. (43,2% a 44,4%, representando niveles récord para la serie), mientras que el desempleo se redujo del 7% al 6,7% (6,3% en el último trimestre).
Haciendo un zoom a lo mencionado anteriormente, se puede observar como el crecimiento del nivel de ocupación en el segundo semestre fue mayormente explicado por informales y cuentapropistas. De esta manera, de los 1,2 p.p. que creció la ocupación respecto al segundo semestre de 2021, 1,4 p.p. correspondió a un incremento de los asalariados informales y 0,2 p.p. al cuentapropismo (e incluso con una caída de 0,3 en los asalariados formales).
Además, cabe destacar que la tasa de actividad (compuesta por la población que tiene un empleo o está buscando uno) se encontró en niveles récord para la serie, posiblemente escondiendo el efecto de “trabajador adicional”: personas que no se encontraban dentro del mercado laboral se insertan con la intención de tener un ingreso extra para el hogar, en un contexto de fuerte deterioro de los ingresos.
El contexto de aceleración en la inflación, la cual pasó de una suba promedio mensual del 5,3% en el primer semestre al 6,2% en el segundo; junto al deterioro de los ingresos reales, explican por qué hubo un incremento de la pobreza pese a la mejora en el nivel de ocupación. Concentrándonos en el segundo semestre, el salario real formal retrocedió 1,6% i.a., mientras que los informales lo hicieron en un 9% i.a. En este sentido, con el incremento de la nominalidad que hubo en los últimos años, se fue profundizando el hecho de que poseer un empleo -aún uno formal- no es una condición suficiente para no ser pobre.
Con todo, en 2022, el salario real (formal e informal) acumuló cinco años consecutivos de caída. Ahora bien, en el promedio del año pasado los salarios formales lograron ganarle (por poco) a la inflación, respaldados por el acortamiento de las negociaciones paritarias, que permitió que los acuerdos sean menos permeables a la erosión ocasionada por las “sorpresas” inflacionarias. No obstante, los salarios reales informales cayeron 7,6%. Desde el último pico en 2017, el salario informal arrastra una pérdida en términos reales del 35%, mientras que el salario real formal cae 18%.
Para peor, hay que tener en cuenta que la suba de precios de las canastas básica y alimentaria superaron al IPC en el segundo semestre.Con relación a 2022, en la segunda parte del año la canasta básica alimentaria (CBA) -que define la línea de indigencia- y la canasta básica total (CBT) -que establece la línea de pobreza- promediaron incrementos del crecieron 92% y 86% i.a., respectivamente, por encima de la inflación del periodo (+85%).
Con estos niveles de inflación, también existió un deterioro real del gasto público en prestaciones sociales (-7,6% en el segundo semestre).Por caso, la Asignación Universal por Hijo (AUH) siguió perdiendo en términos reales (-9,7% i.a.), representando una menor proporción de la canasta básica alimentaria de un niño, pasando de alcanzar a cubrir un 70% promedio en el segundo semestre de 2021 a un 62% promedio en el segundo semestre de 2022.
Conclusiones y perspectivas
El crecimiento que experimentó la economía a lo largo de 2022 (+5,2% i.a.) y la mejora en las estadísticas de empleo se sustentó sobre bases inestables: la creación de empleo informal y la contracción de los salarios en términos reales -en mayor medida del empleo de baja calidad- en un marco de inflación ascendente. Esta combinación de factores repercutió de forma directa sobre una tasa de pobreza, la cual muestra una preocupante tendencia ascendente en los últimos 7 años: pasó del 30,3% en el segundo semestre de 2016 al 39,2% actual.
Para el primer semestre del 2023, el panorama se complejiza más aún. En la primera mitad del año, los tres principales frentes que determinan la tasa de pobreza (empleo, inflación, ingresos) empeorarían respecto a lo observado en el segundo semestre anterior.
Por un lado, será difícil que la tasa de ocupación siga creciendo. El primer semestre mostrará una caída tanto interanual como desestacionalizada en términos de actividad económica producto de la sequía y los efectos negativos sobre la mayor parte de sectores que componen al PIB. En este marco, si bien el efecto de “trabajador adicional” puede seguir sumando nuevos participantes al mercado laboral, el resultado agregado posiblemente se vea afectado por la recesión general.
Además, el salario continuará comprometido por la aceleración inflacionaria: para el primer trimestre estimamos que el IPC promediará 6,5% mensual, frente al 5,4% del 4T 2022. Para peor, las canastas básicas acumularon aumentos del 19,8% (CBA) y 16,1% (CBT) en el primer bimestre -superando al IPC (13,1%)- afectadas por las marcadas subas en alimentos (carnes y productos frescos). La inercia inflacionaria, alimentada por una creciente indexación y un acortamiento en los plazos de los contratos (formales e informales), continuará ejerciendo presión sobre un ritmo de aumento de precios que seguirá siendo elevado. A esto se le sumará un crawling peg cambiario más alineado con la inflación, ajustes en tarifas de servicios públicos, las potenciales tensiones sobre la brecha cambiaria y las expectativas de devaluación en medio de la transición electoral y un fortalecimiento de las restricciones sobre las importaciones.
Por último, hay que tener en cuenta que el margen fiscal para realizar políticas sociales será muy escaso este año, por lo cual posiblemente no se podrá contar con una herramienta extra para fortalecer los ingresos totales de los deciles más bajos.
En suma, veremos una nueva suba en la pobreza en el primer semestre del 2023, -probablemente por encima del 40%- pero esta vez no sólo explicada por el deterioro de los ingresos reales, sino también por la recesión económica. Además, la acumulación de años de empeoramiento de los ingresos reales en un contexto de una economía con alta inflación hace pensar que se fue consolidando un piso de pobreza cada vez más alto y difícil de romper en el mediano plazo, aun recuperando el crecimiento económico.
Hacia adelante, la estabilidad macroeconómica (así como la generación de empleo de calidad, entre otras) será una de las principales condiciones de partida para evitar que la pobreza siga consolidándose.
Sin ello, las políticas de ingresos seguirán siendo inefectivas e insuficientes, y la pobreza (crónica) seguirá reproduciéndose de generación en generación, profundizando su impacto en términos con su impacto en términos de capital humano y productividad del país en el futuro.
Durante el primer semestre de 2022, la actividad económica desplegó un gran crecimiento. El consumo privado creció 6,3% sin estacionalidad (s.e.), mientras que la inversión trepó 9,7% s.e., alcanzando niveles récords bajo una mayor presencia de bienes importados (ver informe). Así, la actividad acumuló un crecimiento de 3,4% s.e. hasta julio.
Esta veloz recuperación de la economía post-pandemia -en un marco de recomposición y mejora de los márgenes empresariales- impulsó a los volúmenes de las importaciones no-energéticas a alcanzar niveles próximos al récord histórico: hasta abril de 2022 acumularon una mejora del 5% s.e., acercándose al nivel máximo registrado en marzo de 2018 y marcando el pico de una fase de dos años de crecimiento sostenido. Esta expansión fue factible -en buena medida – gracias al crecimiento en las exportaciones (+1,3% s.e.) que, con el impulso esencial de los mayores precios, alcanzaron un récord histórico en sus valores.
Crónica de restricciones anunciadas: las importaciones como variable de ajuste
Sin embargo, la acumulación de desequilibrios impuso un límite. La combinación de un persistente atraso del tipo de cambio -el ITCRM acumuló una apreciación del 23% en junio 2022 respecto a diciembre 2019-, una elevada brecha cambiaria -las diferentes brechas pegaron un salto mensual hacia fines de junio de 15 p.p.- y la necesidad de mayores importaciones energéticas en un contexto de precios en máximos históricos pusieron en jaque la meta de acumulación de reservas durante junio.
El agravado cuadro de las reservas a mediados de año se resolvió reforzando las restricciones a las importaciones. Hacia finales de junio salieron a luz las primeras medidas, que -Comunicación “A” 7532 mediante- restringieron el acceso al MULC para el pago de importaciones, sumado a la ampliación del universo de bienes bajo Licencias No Automáticas (LNA). De todas formas, luego de una breve demora para su instrumentación, vendría la medida más fuerte bajo la implementación del SIRA desde octubre.
En respuesta, los volúmenes no-energéticos importados se desplomaron. Luego del pico histórico alcanzado en abril, entre mayo y septiembre las importaciones registraron una caída mensual promedio del 2% s.e., acelerando su deterioro – SIRA mediante – durante el último trimestre de 2022 (-3% s.e.). Si bien en enero se registró una mejora mensual no menor (+5,7% s.e.) no fue suficiente para torcer la tendencia y febrero anotó una nueva contracción mensual (-2,3% s.e.).
En el corto plazo, las restricciones a las importaciones limitan la expansión potencial del mercado interno vía una menor disponibilidad de insumos y bienes (en cantidad y variedad), presionando sobre los precios y/o postergando la decisión de compra de los consumidores. Como correlato, entre agosto 2022 y enero 2023 la actividad cayó un -2,2% s.e.
Llegado este punto, cabe preguntarse: ¿qué tan brusca viene siendo la caída en las importaciones con relación a otros episodios? ¿a qué responde la diferencia respecto al periodo de restricciones 2011-15? ¿qué esperar hacia adelante?
Diferencias respecto a episodios pasados
Cabe distinguir entre periodos en los que las importaciones disminuyeron producto de factores “naturales/shocks” (devaluación contractiva, crisis internacional, sequía), como los de 2008-09 o 2018-19, o “artificiales/inducidos” (restricciones comerciales, cepo), más asociados al lapso 2011-15 o el iniciado a mediados de 2022.
En tal sentido, si bien la fase contractiva actual resulta más leve que la de 2018-19, es más aguda que la ocurrida durante 2011-15, signada por la instauración del cepo y las restricciones a las importaciones y, por estos motivos, más asemejable a la actual. En esta comparación, sobresalen dos hechos:
(i)El ritmo de la caída actual es muy superior al de aquel entonces. Entre octubre 2011 y diciembre 2015 el descenso acumulado fue de casi 20% (0,4% promedio mensual), mientras que la etapa actual cayó a un ritmo del 1,9% mensual y acumuló una caída de 17% en tal sólo 9 meses (abril 2022 – febrero 2023). En este sentido, la vulnerabilidad cambiaria de mediados de 2022 fue mucho más grave que la vigente a finales del 2011, explicando en parte la necesidad de inducir un mayor freno en las compras externas: en noviembre 2011, la Reservas netas (sin DEG) equivalían a 5,2 meses de importaciones no energéticas, mientras que en mayo 2022 esta relación fue de menos de 8 días.
(ii)Durante 2011-15 la actividad económica dio muestras de resiliencia y logró amesetarse en niveles elevados. A pesar de una marcada volatilidad que contrajo la economía 5% (s.e.) durante septiembre 2011 y mayo 2012 y 4,4% (s.e.) entre septiembre 2013 y septiembre 2014 -salto cambiario de enero 2014 mediante-, la economía repuntó hacia julio del 2015 (+7,4%) y se situó en los valores más elevados desde 2004. No obstante, el estancamiento de la actividad redundó en una contracción de PIB per-cápita del 2% respecto a 2010.
¿Qué elementos permitieron sostenerla actividad en aquel entonces? ¿existen actualmente?
La principal diferencia respecto a 2011-15 es que la etapa actual no dispone de los amortiguadores que permitieron evitar una caída sostenida de la actividad: durante 2011-15 existió mayor espacio para acumular desequilibrios y estimular la economía, mientras que la política económica no se encontraba auditada por el FMI.
Destacamos 7 principales diferencias:
1)Mayor espacio fiscal-monetario. En 2010, el resultado fiscal primario (Sector Público Nacional No Financiero) era un leve superávit del 0,5% del PIB. Esta posición permitió abordar los siguientes años con grados de libertad suficientes para alentar la actividad y los ingresos mediante un fuerte aumento del gasto público: el gasto corriente primario representó en 2015 el 21% del PIB, 4 p.p. por encima de 2010. Más de la mitad de esta expansión respondió al crecimiento en las prestaciones de la seguridad social, mientras que sumadas a los subsidios y al resto del gasto social (asignaciones, bonos) explicaron un 75% del mayor gasto público. Así, en 2011 se registró un déficit fiscal primario de 1,5% del PIB, trepando en 2015 al 4,5%.
Asimismo, sin acceso al financiamiento externo (pese a tasas de interés internacionales en mínimos históricos), la asistencia monetaria del BCRA al Tesoro pegaría un salto, pasando de 1,8% en 2010 al 2,7% del PBI en 2015 (+0,9 p.p.), siendo la principal fuente de financiamiento del creciente déficit.
2)Tasas de interés sostenidamente negativas. Entre 2011 y 2015, las tasas desincentivaron el ahorro en moneda nacional (contracara de incentivar al consumo, el crédito barato y la demanda de dólares): en los 60 meses que duró ese periodo, sólo en 9 meses (15% de los meses) se registró un rendimiento mensual positivo respecto a la inflación.
3)Inflación creciente, pero más de un tercio menor a la actual. Según el IPC GBA Ecolatina, el ritmo mensual pasó de un 1,3% en el segundo semestre de 2011 a situarse cómodamente en torno al 2%, pasando de cerca del 18% i.a. en diciembre 2011 a 25% a finales de 2015 (saltaría al 30% i.a. en diciembre). La inflación no fue mayor producto del marcado atraso que sufrieron las tarifas de los servicios públicos, los cuales aumentaron 183% en el periodo, muy por debajo de la inflación general y de la inflación de los bienes (260%), a lo que se le sumó el fuerte atraso del tipo de cambio oficial.
4)Reservas internacionales elevadas. Hacia diciembre de 2011 las reservas netas (sin DEGs) rozaban los USD 28.000 M. Estos recursos disponibles en las arcas del BCRA permitieron sostener un grado de restricciones más laxo que el actual y extenderlas por un período prolongado. Asimismo, fue un factor fundamental para convalidar una sostenida apreciación cambiaria. El stock de reservas netas cerraría 2015 en apenas USD 1.300 M.
5)Apreciación cambiaria. El año 2011 se inició con un tipo de cambio real relativamente elevado, el cual otorgó un colchón para continuar atrasando el tipo de cambio en los años venideros. Si bien hacia noviembre de 2011 el ITCRM se encontraba apreciado en un 25% respecto al promedio enero 2002 octubre 2011, el nivel de partida, los elevados precios internacionales hasta mediados de 2014 y un BCRA con reservas para defender el tipo de cambio brindaban margen para seguir apreciando. Hacia noviembre 2015 el atraso llegaría al 45%. La pérdida de competitividad externa y divisas tendrían como contracara un mayor salario en dólares que contribuiría a sostener el consumo privado.
6)Salarios “adelantados”. A pesar del salto en los niveles y el ritmo inflacionario, los salarios reales (formales e informales) alcanzaron a mediados de 2013 el valor más alto desde 2004. Asimismo, a pesar del impacto de la devaluación producida en enero 2014, que desplomó las remuneraciones reales en un 4% durante ese año, el salario real promediaría en 2015 un nivel 5% mayor al de 2010.
7)Reducido stock de deuda comercial. El acotado nivel de deuda comercial por bienes y servicios -rondaba los USD 22.000 M en 2010- le permitió al Gobierno en aquel entonces postergar los pagos “al contado” de las importaciones. De este modo, entre el 4T 2010 y el 4T 2015 el stock trepó USD 11.500 M, pasando de representar el 30% de las importaciones de bienes y servicios en 2010 al 45% a finales de 2015.
En contraste, en 2023:
(a) No existen márgenes para apuntalar la actividad y los ingresos impulsando un aumento real del gasto público o un nuevo congelamiento de tarifas: el límite tangible del financiamiento del Tesoro (BCRA y mercado local) fuerza al Gobierno a alinearse a las metas acordadas con el FMI;
(b) No hay espacio para atrasar aún más el tipo de cambio oficial como ancla inflacionaria o volver a tasas de interés reales negativas, dadas las exiguas reservas y el grave impacto de la sequía;
(c) Los salarios reales (formales e informales) vienen de hilvanar 5 años de caída consecutiva y se encuentran en niveles muy por debajo de aquel entonces (por caso, respecto a diciembre 2017 la caída acumulada es de un 22%). Los elevados niveles de inflación dificultan una recuperación sostenida de las remuneraciones;
(d)La deuda por importaciones de bienes y servicios es la más elevada desde el 2003. El stock de deuda hasta el 3T 2022 creció USD 10.200 M frente al 4T 2021, superando los USD 40.000 M, y estimamos que finalizó el 2022 por encima de los USD 42.000 M. Como resultado, en sólo un año la deuda acumulada fue similar a la generada en 2011-15. Esta dinámica difícilmente pueda continuar a lo largo de 2023, limitando una herramienta para aliviar el impacto de las restricciones a las importaciones.
(e)Sobre esta base se monta el agudo impacto del derrumbe en la cosecha agrícola frente a un exiguo stock de reservas netas con el que se parte. En lo que va del año, el BCRA lleva vendidos casi USD 3.000 M en el MULC, mientras que las reservas netas -criterio del FMI- acumulan una merma de casi USD 7.000 M. Este deterioro se produjo frente a un desplome en la oferta de divisas del sector agrícola en el 1T (-65% i.a.) a mínimos históricos, producto del impacto de la sequía sobre el trigo, el adelanto de liquidación que produjo el “dólar soja 2.0” y el incentivo del sector a retener a la espera de una nueva edición de este programa.
Conclusiones y perspectivas
En este escenario, los avances en la negociación con el FMI para -según los trascendidos- relajar la meta de reservas del 1T en USD 3.500 M y la del 4T en USD 2.000 M, constituyen leves paliativos frente a una caída en las exportaciones agrícolas que rozaría los USD 20.000 M esta campaña (4 meses de importaciones). Además, este año el financiamiento neto (pagos menos desembolsos) con el FMI será negativo (por primera vez desde 2018) en cerca de USD 4.500 M (casi 1 mes más de importaciones).
Frente a este panorama, y sin acceso a los mercados internacionales de crédito para intentar suavizar este shock transitorio, el ahorro en importaciones energéticas y los ingresos adicionales que se consigan por la cuenta financiera (mayores préstamos de OFIs, swaps, inversiones desde China, etc.) estarán lejos de neutralizar este impacto. Asimismo, si bien un próximo “dólar soja” y su ampliación a otros sectores podría traer algo de alivio de corto plazo en el frente externo, no habrá margen para flexibilizar sostenidamente las restricciones a las importaciones, sino más bien lo contrario.
Con todo, la probable profundización de las restricciones a las importaciones -junto al impacto directo del derrumbe de la producción agrícola- será uno de los principales drivers de la recesión que experimentará la economía argentina en 2023.
Un halo de optimismo recayó en algunos actores económicos cuando -por diversos motivos- la inflación pasó de promediar 6,7% mensual entre julio y octubre a estacionarse en la zona del 5% entre noviembre y diciembre del año pasado.
Sin embargo, la desaceleración fue transitoria, destaca la consultora Ecolatina, y el comienzo del año vino con fuertes subas en alimentos básicos -en particular carnes, frutas y verduras- y aumentos en precios Regulados -servicios públicos, transporte, prepagas, telefonía e internet- que revirtieron la tendencia previa, haciendo que la inflación vuelva a ubicarse por encima del 6% mensual. Esto terminó de echar por tierra la posibilidad que la inflación “comience con 3” en abril, tal como aspiraba el ministro Sergio Massa. De hecho, lo más probable es que el dato de marzo sea cercano al doble de dicho objetivo.
En este contexto, buena parte de los sindicatos renegociaron sus paritarias y, de hecho, 16 de los 20 gremios analizados dentro del índice salarial del sector privado relevado por Ecolatina tienen aumentos estipulados hasta marzo.
Dado este escenario, corresponde preguntarse: ¿la nueva aceleración inflacionaria permitirá mantener en terreno positivo al salario real formal en la primera parte del año? ¿qué sucederá con el objetivo del Gobierno de recomponer el poder adquisitivo en el año electoral? ¿podrá ser utilizado como herramienta para dinamizar a la actividad económica?
Primer trimestre: vuelta a un terreno (no tan) negativo
Pese a los dos shocks inflacionarios de 2022, el salario real formal (privado y público) mostró una ligera recomposición en el promedio de 2022 (+0,7%), luego de haber transitado cuatro años consecutivos en rojo (-20%). Esta mejora estuvo concentrada en el primer semestre del año (+2,9% i.a.), mientras que existió un desempeño negativo a partir del segundo semestre (-1,3% i.a.), impactado por la fuerte aceleración en los precios. Pese a esto, con la transitoria desaceleración inflacionaria de finales del año pasado el salario real registrado volvió a mostrar una cifra interanual positiva recién en diciembre (+0,5% i.a.).
Sin embargo, esta mejora fue transitoria, y si mantenemos una óptica más cortoplacista se puede argüir que la brecha mensual entre los salarios y la inflación podría ser la mayor de los últimos meses, cuando se venía dando una suerte de “crawling peg” de los salarios respecto de los precios. En este sentido, también se podría considerar que la comparación interanual mostrará, en el mejor de los escenarios, un empate entre los precios y los salarios formales hasta marzo.
De todas maneras, al inspeccionar la heterogeneidad hacia el interior de los trabajadores formales vemos que buena parte del salario real dista de exhibir -durante los primeros tres meses del año- rojos tan pronunciados como aquellos del 3T del año pasado. Además, en algunos casos se suman bonos -como en el caso de Camioneros, que percibieron $100.000 en diciembre- que puedan incluso incrementar el sueldo de bolsillo.
Es distinta la historia para los ingresos alejados del empleo formal. Porcaso, los trabajadores informales experimentaron una caída promedio del 7,5% en 2022 (-35% vs 2017), y no esperamos que la tendencia se revierta en la primera parte del año. Por su parte, a pesar de los esfuerzos de sostener los haberes jubilatorios a través de bonos, el impacto será algo más notorio durante el primer semestre, y especialmente en las jubilaciones y pensiones mínimas, que serán justamente las beneficiarias de esta asistencia. Finalmente, la evolución real de las asignaciones fue afectada por una elevada base de comparación, resultandos insuficientes las sumas fijas otorgadas para sostener su poder adquisitivo. Vale decir que se busca complementar la asistencia a los beneficiarios con la ayuda escolar y el “Plan 1000 días” en el comienzo del año.
Consumo privado: ¿el último bastión de la actividad económica?
La economía se verá golpeada por múltiples frentes en 2023. La profundización de la sequía no golpeará únicamente al sector agropecuario, sino también a sus actividades conexas y al volumen de exportaciones del principal sector generador de divisas del país. Así, la disponibilidad de dólares por esta vía se verá profundamente reducida (estimamos alrededor de USD 20.000 M), lo cual reducirá notablemente el margen para financiar importaciones para lograr sostener el nivel de actividad económica.
Así, la inversión productiva también se verá golpeada, en un contexto en el cual alrededor del 30% de la misma depende de las compras al resto del mundo (maquinaria y equipo importado, por caso). Además, el consumo público no será un factor diferencial dadas las fuertes restricciones que recaen en el Tesoro en el marco del acuerdo con el FMI.
Con este panorama complejo, que derivará en una recesión este año, queda el consumo privado como único componente de la demanda agregada a la que apostará el Gobierno para evitar una mayor caída del PIB en 2023.
Las claves: sostener el salario real, el rol de la propensión a consumir y el empuje de los servicios
En este marco, el Gobierno sabe que evitar una caída del salario real del sector formal será vital. Por ejemplo, durante el 1T de 2018 y el 4T de 2019 el consumo privado (sin estacionalidad) se retrajo 12,5%, mientras que el salario real registrado cayó 14,5%. Por el contrario, la mejora del consumo privado de 9% entre el cierre de 2019 y el 3T de 2022 estuvo acompañada por una merma de “sólo” 3% del salario formal.
Si bien hay diversos factores operando, entre los que podemos destacar el fuerte “consumo revancha” post-pandemia que podríamos considerar acabado, lo cierto es que a la menor caída del poder adquisitivo se le suma la falta de “destinos” para los pesos frente al endurecimiento del cepo cambiario y el acortamiento en los horizontes de planificación. En este sentido, la reciente aceleración inflacionaria muestra que la tasa de interés real ex-post volvió a ser negativa en el corto plazo, aún con la suba de esta semana. Asimismo, el dólar en su versión libre no sólo se encuentra “caro” en términos históricos, sino que representa una erogación significativa para un sueldo mediano. Como resultado, una salida “fácil” a los desvalorizados pesos continuará siendo destinarlos al consumo de bienes y servicios.
Asimismo, considerando que los servicios son consumidos más intensamente por sectores de mayores ingresos -los beneficiados por paritarias- y que son ramas que pueden no verse tan afectadas –a priori- por las restricciones a las importaciones, su importancia -en torno al 60% de la economía- podría apuntalar la demanda interna en un año en el que no se destacarán las buenas noticias.
De esta forma, la apuesta por sostener el salario real “hasta donde se pueda” será el -quizás el único- objetivo que el Gobierno se trazará en la previa electoral. Paradójicamente, o no tanto, esto no será a través de una desaceleración de la inflación, sino a incrementos salariales más cercanos a ella, minando todavía más el poder adquisitivo de trabajadores informales y beneficiarios de la seguridad social. En su intento por estimular el consumo, el Gobierno habrá contribuido a amplificar la brecha en los ingresos de estos sectores a lo largo de su mandato.
El IPC Ecolatina para el Gran Buenos Aires trepó 6,6% mensual en febrero (+105,5% i.a.), consolidando el rebote registrado en enero y acumulando en el año un alza del 13,4%. En este sentido, la categoría que más creció fue el IPC Núcleo (7,5%), acelerándose 2.3 p.p respecto a enero. Al proveer una aproximación del comportamiento tendencial del nivel general de precio -excluyendo precios regulados, estacionales o con un alto componente regulado -, el indicador da cuenta de la persistencia de una elevada inercia del proceso inflacionario.
La aceleración de esta categoría ejercería presión sobre el BCRA en su próxima decisión sobre la tasa de política monetaria (TPM) si busca un colchón de tasa real positiva más robusto (hoy rinde 6,3% de TEM mensual). Cabe recordar que el mes pasado el argumento central de la autoridad monetaria para mantener inalterada la TPM fue que la inflación Núcleo se había ubicado en un nivel similar al de diciembre (5,4%, +0,1 p.p.).
La suba estuvo impulsada principalmente por el fuerte aumento en el capítulo de Alimentos y bebidas (+10,6%), que explicó 57% del nivel general, exhibiendo la mayor incidencia desde septiembre de 2016. Su importancia fue tal que de excluir este rubro, el IPC habría trepado 4,4%. Como esperábamos, el aumento fue traccionado principalmente por el salto en los precios de la carne vacuna (+25,8% m/m), que respondieron al incremento en el precio de la hacienda en pie más asociada al consumo interno, que fue del 50% desde la segunda quincena de enero. De esta forma, la carne vacuna explicó 1,3 p.p. del incremento del nivel general. También se destacaron los aumentos en Frutas (+17,9%) y Verduras (+10,4%), que se mantienen en niveles elevados producto de una menor oferta por la sequía.
El IPC Consumo Masivo, que contiene precios empaquetados y está atravesado por el programa “Precios Justos”, se mantuvo relativamente más contenido (registró 4,1% por tercer mes consecutivo, 2.1 p.p. por debajo del promedio del trimestre septiembre-noviembre (previo al acuerdo).
En cuando al resto de las categorías, Estacionales anotó 7,1%, explicado por los ya mencionados aumentos en frutas y verduras, pero moderado por la caída de indumentaria exterior (-0,2%) y un menor crecimiento de los servicios asociados al turismo (+3,1%). Por su parte, Regulados creció “sólo” 3,4% (+109,3% i.a.), registrándose en el mes subas en combustibles, telefonía e internet y prepagas, entre otros.
¿Qué esperamos para los próximos meses?
Históricamente, marzo tiende a ser un mes con una inflación mensual superior al promedio del resto del año, producto de la incidencia de incrementos estacionales en Indumentaria (cambio de estación) y Educación (inicio de clases). En ese sentido se entiende la decisión del Gobierno de incluir a estos sectores bajo el paraguas del programa “Precios Justos”: una mayor aceleración de precios en marzo le imprimiría mayor tensión al esquema económico del Gobierno. En este sentido, en marzo impactarán puntualmente los aumentos en las tarifas de agua y gas, trenes y colectivos (+6%), colegios privados (+16,4%), combustibles (+3,8%), prepagas (7,7% para quienes perciban ingresos netos iguales o superiores a $392.562 y 5% para quienes tengan salarios inferiores a ese monto) y servicio doméstico (+4%).
Hacia adelante, distintos factores seguirán presionando sobre una inercia inflacionaria difícil de desarmar en el corto plazo. Entre ellos, el impacto de la sequía sobre el precio de algunos alimentos frescos; margen para un mayor traslado al consumidor del ajuste en los precios de la hacienda vacuna; la dinámica de los ajustes salariales en un año de elecciones; los incrementos pendientes en las tarifas de servicios públicos; un deslizamiento cambiario más alineado con la inflación; las restricciones sobre las importaciones y tensiones sobre la brecha y las expectativas de devaluación en medio de la transición electoral. el posible impacto de la sequía sobre los precios de alimentos, la inercia de la dinámica salarial y las restricciones sobre las importaciones.
Si bien Precios Justos puede contribuir a moderar los aumentos en algunos sectores, contribuyendo en el margen a moderar la inercia, presenta tres principales debilidades que le restan eficacia: (i) rige mayormente en super e hipermercados, pero no en pequeños autoservicios o comercios de cercanía, donde consumen en mayor medida los hogares de deciles de ingresos más bajos; (ii) está compuesto principalmente por productos empaquetados, y la posibilidad de concretar un acuerdo amplio y robusto para los alimentos frescos (frutas, verduras, carne vacuna) radica en la gran atomización de productores distribuidos a lo largo y ancho del país, el elevado índice de informalidad presente en algunos eslabones y el impacto sobre los precios de factores asociados a la estacionalidad, los ciclos biológicos y/o las inclemencias climáticas; (iii) la escasez de divisas dificultará el cumplimiento de la parte que le toca al Gobierno en Precios Justos: garantizar un mayor acceso al MULC, por lo cual los riesgos de que algunos acuerdos se resquebrajen no son menores.
En este contexto, la meta del Gobierno de una inflación alrededor del 60% i.a. para diciembre luce cada vez más inasequible. A modo ilustrativo, si la inflación de febrero fuera del 6%, entre marzo y diciembre la variación mensual del IPC debería ser en promedio del 3,6%. Sin embargo, creemos que la tentativa oficial ordenar la nominalidad al 60%, en un contexto de ajuste fiscal y una política monetaria contractiva, resulta mejor que intentar meramente que la inflación no se acelere. En este sentido, es valorable la coordinación desde comienzos de año, ya que de cualquier otro modo la inflación iba a superar cómodamente los tres dígitos este año.
En consecuencia, esperamos que la nominalidad se mantenga elevada los próximos meses, con un 2023 mostrando una inflación en la zona del 100%.
