Ecolatina

Las Finanzas Públicas arrancaron 2023 con el pie izquierdo

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Según el informe de la consultora Ecolatina, sobre las Finanzas Públicas, Argentina arrancó el 2023 con “el pie izquierdo”

¿Cómo le fue al fisco en enero?

Un gasto en niveles elevados y unos ingresos perjudicados por el impacto de la sequía causaron el peor arranque de año de las últimas décadas en materia fiscal. El déficit primario en enero opacó el impacto positivo que había generado el sobrecumplimiento de la meta fiscal a fines de 2022. ¿Era esperable la aceleración en el gasto? ¿Qué partidas la impulsaron? ¿Qué tan complejo será cumplir la meta fiscal el 1T?

El Sector Público Nacional No Financiero (SPNF) registró un déficit primario de casi $204.000 M en enero. Si bien el rojo fue inferior a los déficits de noviembre y diciembre, en las últimas dos décadas tan sólo en tres oportunidades (2015, 2020 y 2022) enero mostró un resultado primario negativo. A su vez, con unos intereses que superaron los $330.000 M, el déficit financiero en el primer mes de 2023 rozó los $538.000 M.

La aceleración del Gasto Primario a principios de año mostró que la dinámica del segundo semestre era endeble: el gasto devengado no mostró una reducción similar a la del gasto en base caja. Esto se verifica con el crecimiento de la deuda flotante (gastos devengados que aún no se pagaron): la deuda flotante de la Administración Pública Nacional (explica la mayor parte del SPNF) pegó un fuerte salto en diciembre y representó un 12% del Gasto Primario acumulado en los últimos 12 meses, cuando luego del pico de junio (10,2%) y septiembre (9,6%) se había reducido al 6,5% en noviembre (salto mensual del 90% en diciembre).

En enero parecería que parte de esos pagos pendientes se cancelaron. Esto se pudo hacer principalmente gracias al financiamiento neto captado durante el mes (más de $110.000 M) y a los elevados depósitos con los que contaba el Gobierno producto de los buenos resultados en las licitaciones de diciembre. Claramente, si el Gobierno no dispusiera de tales recursos, la cancelación de la deuda no sería posible y el desequilibrio primario sería más acotado.

¿Cómo fue la dinámica al interior de las cuentas públicas?

En enero, los ingresos -excluyendo extraordinarios- hilaron su tercer mes consecutivo de reducción real interanual, con una caída del 3,2%. Del mismo modo, los Ingresos tributarios se redujeron un 2,7% en términos reales, aunque se ubicaron en niveles similares al promedio de los últimos 12 meses. La caída interanual se explicó en un 90% por la reducción en los Derechos de Exportación (-30% i.a. real), producto del impacto de la sequía en la cosecha de trigo y del adelantamiento de la liquidación en diciembre dada la implementación del “dólar soja 2.0”.

El Gasto Primario alcanzó el nivel real más alto para un enero desde 2017, y se ubicó un 3,5% por encima de su promedio real para el primer mes del año durante la última década. Del mismo modo, mostró un crecimiento en términos reales en su comparación interanual por primera vez desde julio y se colocó un 2% por encima de su promedio real durante el segundo semestre (ajustado por los aguinaldos a los salarios y las jubilaciones). En números, luego de promediar una caída real del 8,2% durante el segundo semestre, se incrementó un 6,2% real en el primer mes de 2023.

El salto en el Gasto Primario se encuentra explicado en un 70% por el Gasto Corriente y en un 30% por el Gasto de Capital. Las erogaciones corrientes mostraron un crecimiento real por primera vez en 8 meses, incrementándose casi un 5% i.a. Cabe mencionar que su aceleración era esperable en algún sentido dado el elevado nivel que venía mostrando la partida “Otros Programas” (sumado a su baja base de comparación en enero del 2022) y la necesidad de cancelar la deuda flotante generada principalmente en subsidios.

En este contexto, pese al fuerte ajuste real en jubilaciones, pensiones y asignaciones, las erogaciones en concepto de “Otros Programas” impulsaron el gasto en Prestaciones Sociales en enero. El Gasto Social creció un 3,7% i.a. en términos reales cuando durante el segundo semestre del 2022 promediaba una caída real del 7% i.a. Más allá de la comparación interanual, las Prestaciones Sociales en enero se situaron casi un 6% por encima de su promedio real durante el segundo semestre (ajustado por aguinaldo a las jubilaciones y pensiones).

A su vez, los subsidios económicos rompieron una racha de siete meses consecutivos de caída en términos reales en su comparación interanual, y durante enero crecieron más de un 17% i.a. real. El gasto en subsidios suele caer en enero, aunque en esta oportunidad no sólo no lo hizo, sino que mostró un salto mensual superior al 60% en términos reales. Este incremento se explica por unos subsidios económicos inusualmente bajos en diciembre que posteriormente elevaron el gasto en enero para cancelar los pagos pendientes. A su interior, los subsidios energéticos crecieron un 10% i.a. real y los destinados al transporte un 8% i.a. real, mientras que los otros subsidios alcanzaron el segundo monto máximo desde el inicio de la serie al ubicarse por encima de los $17.000 M.

Por su parte, producto de los incrementos acordados en paritarias y del reescalafonamiento de personal, el gasto en Salarios mostró un marcado incremento real superior al 9% i.a.

El Gasto de Capital mostró un fuerte crecimiento interanual, aunque se ubicó en niveles similares al promedio de 2022. En números, pese a crecer casi un 27% i.a. en términos reales, el Gasto de Capital prácticamente no varió contra su promedió real en los últimos 12 meses e incluso se ubicó un 12% por debajo de su nivel durante el segundo semestre. A su interior, el 60% del crecimiento interanual se explica por el creciente gasto de la Nación en Energía (gasoducto NK).

¿Cuáles son las perspectivas de cara a los próximos meses?

El panorama fiscal hacia adelante no se modificó pese al resultado negativo en el arranque del año: el límite tangible del financiamiento del Tesoro obliga al Gobierno a alinearse a las metas acordadas con el FMI. Si bien el rojo primario de enero superó los $200.000 M y se consumió casi la mitad del espacio para el rojo fiscal en el primer trimestre complicando el cumplimiento de la meta, no descartamos una eventual flexibilización bajo el paraguas de un impacto negativo en la recaudación por Derechos de Exportación producto de la sequía.

En este sentido, sin margen para incrementar los ingresos de forma significativa (incluso podrían verse parcialmente lesionados), el eje deberá ser el recorte en el gasto público. No obstante, los datos de enero nos anticiparon que el sendero de reducción real del gasto no será sencillo de mantener, más aún en un año electoral. En conclusión, los resultados de las licitaciones y la estabilidad financiera del mercado local serán las variables que marcarán la trayectoria de las cuentas fiscales en 2023.

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Administrando tensiones cambiarias: un zoom al MULC en 2022 y lo que viene en 2023

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Pese a contar con un nivel de exportaciones récord, en 2022 el Gobierno se vio obligado a intensificar su control sobre el mercado cambiario para evitar a toda costa un salto discreto del tipo de cambio y, a la vez, cumplir con la meta de acumulación de reservas acordada con el FMI.  

Las medidas implementadas a lo largo del año buscaron influir tanto en la demanda como en la oferta de divisas bajo el paraguas de un esquema que podría resumirse en tres palabras: “garrote” (restricciones a las importaciones y al resto de la demanda), “zanahorias” (“dólar soja” 1 y 2) y “conejos” (llegada de USD por la Cuenta Financiera). ¿Alcanzará con implementar la misma estrategia en 2023? ¿De qué factores dependerá su sostenibilidad? 

La gestión de la política cambiaria en 2022: “garrote”, “zanahorias” y “conejos” 

La dinámica cambiaria a lo largo del 2022 fue un fiel reflejo de la política económica implementada en cada momento del año. A principios de 2022, enero y febrero funcionaron como una continuación de las tensiones cambiarias que se habían evidenciado en el último bimestre del 2021 producto de la incertidumbre en torno a la renegociación con el FMI. Como consecuencia, las brechas cambiarias se instauraron en niveles elevados y el BCRA continuó perdiendo divisas en el mercado cambiario. En marzo, el anuncio de un nuevo acuerdo con el Fondo le permitió al Gobierno ganar un poco de aire, al menos en el corto plazo: la brecha pasó del 100% al 80%, y el BCRA logró acumular divisas por USD 275 M. 

Ya situados en el segundo trimestre, la dinámica cambiaria mostró resultados magros. Por un lado, durante abril y mayo la persistencia del efecto estabilizador del acuerdo con el FMI permitió que la brecha cambiaria continuara su paulatina reducción, ayudando al BCRA a frenar la sangría de divisas. Sin embargo, la compra de dólares por parte de la autoridad monetaria se situó en niveles relativamente bajos pese al inicio de la cosecha gruesa. Frente a este panorama, y ante la ausencia de fondos frescos provenientes del resto de los Organismos Internacionales (OFI), el Gobierno acordó con el FMI una reducción de la meta de reservas para el 2do trimestre, y paralelamente impuso un virtual feriado importador en la última semana del mes que le permitió cerrar junio con compras por USD 948 M. 

Julio fue un punto de inflexión en la estrategia del Gobierno frente a la crisis desatada con la renuncia del exministro Martín Guzmán: las brechas cambiarias tocaron máximos históricos (promediaron casi un 130% en julio, con un fuerte impacto en la inflación) y el BCRA vendió casi USD 1.300 M en el MULC, el peor julio desde que se tiene registro (2003). 

Luego de la breve gestión de Batakis, la asunción de Massa a principios de agosto vino acompañada de un importante giro en la gestión económica gracias a la mayor “espalda política” con la que cuenta el actual ministro. Si bien continuaron vigentes las restricciones a las importaciones que se establecieron en junio (el “garrote”), Massa combinó el esquema cambiario heredado con una fuerte suba de tasas y una mayor capacidad de negociación con sectores claves que consistió en establecer un sistema basado en incentivos (“dólar soja”) cuando se intensificaban las tensiones cambiarias y se necesitaba comprar una mayor cantidad de divisas para cumplir con las metas del programa. 

Concretamente, luego de vender USD 522 M en agosto, el BCRA compró USD 4.966 M en el MULC durante septiembre producto de la implementación del “dólar soja”. De tal forma, gracias a la liquidación mensual récord del agro en dicho mes (USD 8.120 M) el BCRA alcanzó el mayor nivel de compras mensuales desde que se tiene registro y sobre cumplió la meta acordada con el FMI para el 3T. 

En el último tramo del año, las autoridades identificaron que la persistencia de la demanda en niveles elevados y los incentivos a retener granos que generó el “dólar soja” tensionarían la situación del mercado cambiario en el 4T, exacerbando las expectativas de devaluación y dificultando el cumplimiento de la meta de reservas. En consecuencia, se tomaron una serie de medidas para contener la demanda de USD (implementación de SIRA en octubre, mayor porcentaje de productos con LNA, “dólar Qatar”, etc.) y se gestionaron negociaciones con el resto de los OFI para obtener un mayor financiamiento neto. Como resultado, los pagos de importaciones mostraron una clara reducción en el último trimestre (pasaron de promediar casi USD 6.400 M entre abril y septiembre a menos de USD 4.900 M) y los OFI (excluyendo al FMI) aportaron casi USD 1.300 M netos, cuando hasta septiembre su aporte neto había sido negativo por casi USD 800 M.  

Sin embargo, no bastaba con el esquema de “garrote” y “conejos” para cumplir con la meta de reservas y desactivar las expectativas de devaluación. Por ello, se volvió a recurrir a las “zanahorias” al instrumentar una segunda edición del “dólar soja” en diciembre, con el fin de incentivar nuevamente las ventas del agro. Si bien la liquidación fue claramente inferior a la de septiembre producto de la menor disponibilidad de granos (USD 3.700 M contra USD 8.100 M), el BCRA alcanzó el segundo mejor diciembre desde que se tiene registro en sus intervenciones en el MULC (compró casi UDS 2.000 M). 

El Balance Cambiario en 2022: oferta récord y demanda contenida 

Con todo, el resultado del BCRA en el MULC en 2022 fue superavitario por USD 5.824 M. Si bien ya conocemos la dinámica de la intervención del BCRA en el MULC a lo largo del año, las estadísticas publicadas nos permiten hacer un análisis más minucioso sobre las principales partidas que compusieron tanto la oferta como la demanda de divisas en el MULC durante 2022. 

Por el lado de la oferta, 8 de cada 10 dólares que ingresaron al MULC correspondieron al cobro por exportaciones de bienes, dónde más de la mitad se explica por unas ventas del agro que se vieron beneficiadas por los elevados precios internacionales (alcanzaron un récord histórico al superar los USD 47.000 M). A su vez, los cobros por exportaciones del resto de los sectores también mostraron un destacado incremento de USD 8.000 millones contra 2021. 

En cuanto a la demanda de divisas, más del 62% de los dólares que salieron por el MULC se explicaron por los pagos por importaciones de bienes, donde las compras de energía establecieron un nuevo récord, superando los USD 13.500 M (tanto por mayores precios -por la guerra- como por mayores cantidades) y las importaciones no energéticas apenas superaron su nivel de 2021 producto de las restricciones (tocaron su techo en abril-mayo). Con relación al resto de la demanda, se destaca que el 16% se explicó por el pago de servicios (influyó el encarecimiento de los fletes y las salidas por turismo) y el 10% a la cancelación de deudas del sector privado. 

Un punto para destacar es que la deuda comercial fue uno de los principales aliados del Gobierno en materia cambiaria durante 2022. Por un lado, las restricciones cambiarias impuestas en los distintos momentos del año limitaron los pagos anticipados de importaciones (representaron menos de un 8% de los pagos cuando generalmente explican más del 14%) y generaron un incremento en la deuda comercial vinculada a las importaciones de bienes: estimamos que aumentó cerca de USD 10.000 M en 2022. Por otro lado, como contrapartida de las 2 ediciones del “dólar soja”, también se evidenció un incremento de la deuda comercial vinculada a las exportaciones de bienes: los cobros anticipados y sus prefinanciaciones totalizaron USD 7.200 M en septiembre (56% de los cobros del mes) y USD 2.500 M en diciembre (32% de los cobros del mes). 

Con todo, las reservas internacionales se incrementaron USD 4.934 M en 2022. Además del saldo del BCRA en el MULC, también influyeron las operaciones en moneda extranjera del Tesoro, que arrojaron un saldo positivo por USD 1.702 M. Estas se operan por fuera del MULC y contienen tanto los flujos con acreedores privados como con OFI, dentro de los que se destacó el financiamiento neto con el FMI comprendido en el programa por cerca de USD 4.400 M. 

Una merma en la oferta de USD complica el panorama cambiario para 2023 

Como hemos mencionado en informes previos, existe un claro contraste en el panorama cambiario de 2023 con relación al año previo: el impacto negativo de la sequía sobre la principal fuente de divisas de la economía tensionará aún más los trade-off a los que se enfrenta el Gobierno en el “frente de los Dólares”. 

Si el objetivo principal es evitar a toda costa un salto discreto del tipo de cambio y, a la vez, acumular reservas, lo más probable es que las importaciones y la demanda de divisas sean la variable de ajuste. En este punto será clave la puesta en marcha del gasoducto antes de la temporada invernal y la dinámica que adopten los precios internacionales del gas, el petróleo y la energía (la licitación de los 30 buques a principios de febrero ya dio una señal de que nos beneficiaríamos de una baja en el precio internacional del GNL), dado que mientras más elevadas sean las importaciones energéticas, mayor castigo recaerá sobre el resto de las importaciones, con sus respectivos costos en materia de actividad.  

En este marco, si las autoridades pretenden cumplir con la meta acordada con el FMI (+USD 4.800 M de reservas netas bajo su metodología), el saldo del BCRA en el MULC deberá ser incluso mayor al de 2022, dado que el Tesoro Nacional deberá cancelar deuda con el FMI (el financiamiento neto con organismo será negativo por primera vez desde 2018) y con acreedores privados por casi USD 4.800 M en 2023.  

En tal sentido, en paralelo a los esfuerzos por mantener acotada la demanda de divisas, se deberá continuar buscando caminos para obtener mayores recursos vía Cuenta Financiera (financiamiento neto de OFI, inversiones desde China, 5g, etc.) y esquemas que fomenten la liquidación del agro (“dólar soja 3.0”, baja temporal de retenciones, etc.), en un marco en el que continuarán los incentivos perversos que promueven una brecha cambiaria elevada y la expectativa de un ajuste en el tipo de cambio ante un eventual cambia de gestión. 

No obstante, estimamos que lo más probable es que el Gobierno intente negociar una flexibilización en la meta de reservas en algún momento del año, bajo el argumento de “el costo de la guerra” en 2022 y/o las dificultades que plantea el actual escenario frente al impacto de la sequía y la ralentización del crecimiento mundial. 

En conclusión, la continuidad y la sostenibilidad de la estrategia cambiaria planteada por el Gobierno de cara a 2023 dependerá de la conjunción de varios elementos, algunos de los cuales estarán fuera de su control directo:

  1. La gravedad del impacto de la sequía sobre los volúmenes finales de exportación; 
  2. La evolución de los precios internacionales de los commodities, la energía y los fletes; 
  3. La dinámica de una economía mundial que desacelera; 
  4. La puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner en tiempo y forma para reducir las importaciones energéticas; 
  5. La posibilidad de seguir acumulando crédito comercial para no castigar a la actividad económica al restringir los pagos a las importaciones; 
  6. La volatilidad de la brecha cambiaria y las expectativas de devaluación asociadas a las elecciones;  
  7. Los incentivos que encuentre el Gobierno para fomentar la liquidación de divisas del agro; y 
  8. La capacidad para conseguir nuevos fondos por el lado de la Cuenta Financiera. 
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Según el Monitor Cambiario de Ecolatina “se aleja el cumplimiento de la meta de reservas”

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Claves de la semana cambiaria

  • El BCRA sigue perdiendo reservas, con una liquidación del agro por el piso. En la semana, la autoridad monetaria hilvanó 13 ruedas en rojo y totalizó ventas netas en el MULC por USD 285 M, acumulando en febrero un rojo de USD 435 M (vs +USD 8 M en 2022) y USD 625 M en lo que va de 2023 (vs -USD 130 M el año pasado). Como venimos anticipando, los antecedentes muestran que el panorama cambiario en febrero suele ser más desafiante que en enero: en 15 de los últimos 20 años el saldo neto del BCRA en el MULC fue peor en febrero que en enero. Sumado a esto, la marcada caída en la cosecha de trigo, los adelantos en las ventas de soja en diciembre y el incentivo del sector a retener a la espera de una nueva edición del “dólar soja” inducen un desplome en la liquidación del agro tras el peor enero desde 2006: en lo que va de febrero el promedio diario de ventas asciende a apenas USD 30 M vs los USD 140 M del mismo lapso de 2022 (-80%). Así, febrero se perfila para mostrar la mayor venta histórica de reservas para este mes y crecen las chances de un próximo “dólar soja 3.0” para cumplir con la meta de reservas del 1T.

•Se acelera la inflación, ¿se tocan las tasas? El próximo martes INDEC dará a conocer la variación del IPC Nacional de enero, el cual, a juzgar por nuestra medición y las proyecciones del mercado, habría enseñado una aceleración respecto a diciembre, la cual se sostendría en febrero. Entendemos que frente al costo cuasifiscal implícito y al “colchón” de tasa real positiva que ha venido manteniendo, el BCRA decidirá mantener inalterada la tasa de interés de política económica (+6,3% m/m de TEM). No obstante, de persistir la inflación en estos niveles, y frente a los desafíos que enfrentará el frente cambiario y financiero en los próximos meses, no descartamos que la autoridad monetaria pueda volver a instrumentar alzas a fin de mantener la prudencia monetaria para minimizar los riesgos de estrés cambiario y/o en el mercado de la deuda en pesos.

•Brecha contenida por segunda semana. Luego de la volatilidad evidenciada durante enero, los dólares financieros mostraron una relativa calma en lo que va de febrero. En la semana, el CCL fue el dólar paralelo con mayor dinamismo, cerrando este viernes en torno a los $370 (+1,7%). El MEP, por su parte, disminuyó 0,8% en la semana a $354, mientras que el blue bajó 0,3% a $377. De esta forma, la brecha promedio con los tres dólares concluyó la semana en 92,7%, por debajo del 95% del viernes pasado y el 99% del último viernes de enero.

El BCRA volvió a acelerar la devaluación. En línea con la aceleración inflacionaria que se habría registrado durante enero y sostenido los primeros días de febrero, la autoridad monetaria convalidó un crawling peg cambiario del 5,9% de TEM, superando el 5,6% de la semana previa y el 5,1% promedio de enero. Esta sería una señal que confirmaría que, al menos por el momento, el Gobierno no busca aplicar la tradicional receta de años electorales de frenar el ritmo de suba del tipo de cambio oficial. El equipo económico es consciente que evitar una profundización del atraso cambiario es condición necesaria para reducir las chances de una mayor pérdida de competitividad externa, apoyar una reducción en la brecha cambiaria y promover una mejora en la acumulación de reservas. No obstante, como venimos señalando no prevemos que se busque desandar el atraso, sino administrarlo. En este sentido, el nivel de tipo de cambio real seguirá siendo funcional a un exceso de demanda de divisas en el mercado cambiario.

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Inversión productiva en máximos históricos, ¿por cuánto tiempo más?

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En la Argentina, la inversión productiva fue el componente de la demanda agregada que más creció a la salida de la pandemia. En 2022, el PIB se habría expandido en torno al 5,7% i.a., en tanto estimamos que la inversión trepó 12% i.a., explicando aproximadamente 1 p.p. del crecimiento de la actividad. Así, la inversión representó 22% del PIB al tercer trimestre (3T, último dato disponible), llegando a niveles máximos desde 2017-18 y siendo un dato sólo superado por 4 trimestres desde el inicio de la serie en 2004. 

Dado este panorama, surgen los siguientes interrogantes, señala la consultora Ecolatina: ¿por qué la inversión productiva alcanzó niveles históricamente elevados pese a la inestabilidad macroeconómica que prevaleció en 2022? ¿cuáles fueron los drivers que permitieron su crecimiento? ¿constituye esto un “boom” inversor? ¿podrá mantenerse este desempeño favorable en 2023?  

Una disección a la inversión 

Dentro de Cuentas Nacionales de INDEC, la inversión se conoce como “Formación Bruta de Capital Fijo (IBIF)”. Este capítulo tiene en cuenta cuatro grandes categorías: (i) Construcciones; (ii) Maquinaria y equipo; (iii) Equipo de transporte; y (iv) Otros activos fijos. 

(i) Construcciones. Crecieron 6,3% i.a. hasta el 3T de 2022, mientras que la actividad de la construcción (ISAC) trepó 4,8% i.a. hasta el acumulado de noviembre. En este marco, queda en evidencia que, si bien la construcción tuvo un balance de año positivo (estimamos +5,4% i.a.), se ubicó por debajo de la evolución de la inversión general (-7 p.p.). 

La construcción expuso dos etapas disímiles: un primer semestre mayormente favorable y un retroceso a partir de la segunda parte del año. Hasta el primer semestre, la actividad mantuvo su tendencia de recuperación y llegó a crecer 5% i.a., volviendo a niveles de inicios de 2018. En este sentido, vale destacar que el sector venía de 26 meses consecutivos de caídas interanuales entre finales de 2018 y 2020, por lo que entre 2021 y mitad de 2022 el sector estaba en pleno proceso de recuperación.  

La construcción se vio beneficiada por una elevada brecha cambiaria generando incentivos extras a volcar pesos excedentes al sector, en un contexto de tasas reales negativas y un costo de la construcción medido en USD que, si bien tuvo una tendencia alcista desde 2021, seguía relativamente bajo en términos históricos. Además, los gastos de capital del Sector Público Nacional No Financiero (SPNNF) siguieron creciendo en términos reales (en 2022, +16,5% i.a. hasta junio) y la superficie permitida para edificar venía también en terreno positivo (+3,0% i.a.). Por último, dentro de esta categoría se encuentra el ítem Otras construcciones, que contempla -entre otras- las obras de infraestructura en Vaca Muerta, y fue también un claro dinamizador del sector: crecieron 12,0% i.a. al 3T.  

Ahora bien, con las turbulencias de mediados de 2022 el panorama empezó a complejizarse. En noviembre la actividad mostró la cuarta caída mensual consecutiva (desestacionalizada), retrocediendo 8,4% respecto a julio. Por el lado de la obra pública, el sesgo más contractivo de la política fiscal comenzó a verse reflejado en un recorte en obras de infraestructura (el gasto real cayó 3,8% i.a. en el 4T) y una merma en los despachos de asfalto (-12% i.a. en julio-noviembre). En lo que respecta a las obras privadas, mientras que el costo de la construcción medido en USD blue ha venido aumentando (subió 20% en 2022), el precio promedio de un inmueble en USD en CABA siguió retrocediendo (-8%), en un contexto de elevada oferta de propiedades a la venta, lo que redujo aún más la rentabilidad de los desarrolladores (-25% cayó el ratio Precio inmueble/Costo de la construcción medido en USD blue). Por último, un último factor a tener en cuenta es el poder de compra del salario para construir: los últimos datos muestran que esta relación alcanzó niveles mínimos históricos, dejando en evidencia que hoy en día la demanda de obra privada se ve reducida por los elevados costos medidos en poder adquisitivo.  

De esta manera, la construcción pasó de representar 44,1% de la inversión en 2021 a explicar un 41,3% promedio hasta el acumulado al 3T de 2022. Del 14,6% i.a. que creció la inversión en el acumulado hasta el 3T, 6,2 p.p. correspondieron a la actividad de este sector.  

(ii) Maquinaria y Equipo. El rubro se divide entre bienes de origen nacional e importado: los primeros treparon 15% i.a. hasta el 3T de 2022, mientras que las segundas lo hicieron a un ritmo de 32,2% i.a. (y en conjunto 25,0% i.a.), bien por encima de la evolución de IBIF. En la misma línea, los volúmenes de importación de bienes de capital crecieron 22,3% i.a. en el periodo, alcanzando los niveles más altos desde 2018, mientras que, por el otro, la producción de este segmento medida por el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) creció 12,1% i.a. hasta el acumulado a noviembre.  

La profundización del cepo cambiario a lo largo del año, reduciendo las escasas alternativas de ahorro, en conjunto a los incentivos que genera importar maquinaria al (atrasado) dólar oficial con los pesos sobrantes impulsaron a este tipo de inversión. Además, hay que tener en cuenta que este incremento también se da en un contexto de marcada recuperación del consumo privado (+10,7% i.a. al 3T), dejando en evidencia que el incremento en la producción y las mayores inversiones encontraron respuesta en un mayor dinamismo de la demanda interna. 

No obstante, al cierre del año se observó también un enfriamiento de este tipo de inversiones. En diciembre, los volúmenes importados de bienes de capital cayeron 23,9% i.a., afectados por el endurecimiento en las restricciones a las importaciones en un contexto de enfriamiento de la economía. Como resultado, estimamos que maquinaria y equipo importada creció sólo 3% i.a. en el 4T del año (vs 32,2% i.a. acumulado hasta septiembre), mientras maquinaria y equipo nacional habría trepado a un ritmo del 4,5% i.a. año (vs 15% i.a. acumulado hasta el 3T). 

Así, Maquinaria y equipo ganó peso en la inversión general por sobre Construcciones (en conjunto explican el 90% del total) y representó un máximo histórico desde 2004. El rubro pasó a representar un 48,3% en promedio hasta el 3T, en comparación con el 44,3% del mismo lapso de 2021 (+4 p.p.). Además, también existió un incremento de la proporción de importados (58% al 62%) sobre nacionales en el último año. En el acumulado del año, este grupo explicó 7 p.p. del crecimiento de la inversión general. 

Por último, se encuentran dos grupos –Equipos de transporte y Otros activos fijos-, que en conjunto representan el 10% de la inversión. El primero creció 6,5% i.a. en el acumulado hasta el 3T, con un desempeño disímil a su interior: equipos de transporte nacionales treparon 9,6% i.a. (en línea con la producción medida por el IPI, que habría subido en torno al 12% i.a. en el año), mientras que los importados cayeron -2,7% i.a. En este sentido, las restricciones a las importaciones terminaron por tener un impacto negativo en la inversión de transporte importado (-10% i.a. en diciembre), en un contexto en el cual la prioridad de divisas se orienta hacia otros sectores (como provisión de insumos, por caso). Por su parte, Otros activos fijos -donde se incluye investigación y desarrollo, recursos biológicos cultivados y exploración minera- subió 11,8% i.a. en los primeros nueve meses, dinamizada principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta. 

¿Qué esperamos para este año electoral? ¿Y a mediano plazo? 

En suma, las distorsiones macroeconómicas, lejos de desalentar la inversión, fueron factores que la impulsaron. El control de cambios, la amplia brecha cambiaria y las tasas de interés reales negativas durante gran parte del año generaron incentivos a invertir pesos excedentes en bienes importados a un tipo de cambio oficial considerado barato, sumado a que la construcción siguió emergiendo como una herramienta defensiva para la preservación de valor.  

Asimismo, el salto en las exportaciones, junto con el “dólar soja” y el mayor crédito comercial forzado por la nueva normativa permitieron seguir financiando un elevado nivel de importaciones, evitando que la actividad económica cayera en una recesión severa y permitiendo que la inversión se mantuviera en terreno positivo. En este sentido, vale recordar que la inversión tiene un fuerte carácter procíclico, reaccionando más que proporcionalmente a los ciclos expansivos/contractivos de la actividad económica. 

Sin embargo, los indicadores adelantados (ISAC, importaciones de bienes de capital, producción de bienes de capital y transporte, entre otros) auguran que existió una desaceleración marcada de la inversión en el último tramo del año pasado. Según nuestras estimaciones, la inversión habría crecido en torno al 4% i.a. en el 4T, representando una desaceleración de 10 p.p. respecto a los trimestres previos.  

En la misma línea, estimamos que esta tendencia se acentúe en 2023. Nuestra proyección actual contempla un crecimiento de la inversión que seguiría levemente por encima del PIB (2,0% y 1,4%, respectivamente), pero que claramente representará una desaceleración respecto a las tasas de crecimiento que se vieron en 2022. 

Si bien el incentivo a importar a dólar barato y construir en un contexto de cepo cambiario seguirán prevaleciendo, frente a una demanda que no se derrumba, al mismo tiempo ganan terreno otros factores coyunturales que limitarían su dinámica: (i) Las restricciones a las importaciones continuarán, y los bienes de capital importados son los que tienen más probabilidad de ser los primeros perjudicados -dado que ya crecieron mucho en el último tiempo y perjudicarían menos al proceso de producción- en un escenario donde se seguirá priorizando importar bienes intermedios, piezas y acc.; (ii) El sesgo contractivo de la política fiscal en un contexto de reducción del déficit acordado con el FMI seguirá presente, condicionando la dinámica de la obra pública, junto con tasas de interés reales positivas que, si bien operan por medio de un canal con efectividad limitada, desincentivan al crédito; (iii) La incertidumbre que genera el propio proceso electoral puede, en algunos casos, paralizar y/o posponer a las inversiones productivas hasta los comicios. 

En una perspectiva de mediano plazo, será difícil que la inversión productiva sostenga una trayectoria de crecimiento en un contexto de inestabilidad macroeconómica y fuertes restricciones en el mercado de divisas. El cepo cambiario y la elevada brecha pueden generar incentivos transitorios a invertir en maquinaria, equipo y transporte, pero en un contexto de restricciones este efecto se irá diluyendo año a año: es lógico pensar que esta inversión se vea limitada y tenga un techo bajo en la medida que no venga acompañado de una ampliación de los horizontes de planificación en un marco de mayor estabilidad y recuperación de las reservas internacionales. Por el lado de la construcción, un factor que también limita notablemente el crecimiento de mediano plazo del sector es el acceso al crédito hipotecario, que históricamente ha sido muy reducido en el país.  

Los efectos nocivos de la profundización del cepo cambiario sobre la inversión se pueden observar mediante otra vía: el magro desempeño de la Inversión Extranjera Directa (IED), la cual tiene un rol esencial para incorporar nueva tecnología y mejorar la productividad y competitividad productiva de la economía. Al analizar los flujos de IED, se observa que en Argentina existió una imposibilidad para incrementar la inversión extranjera en los últimos 15 años (donde en 8 de ellos hubo cepo).  

En un contexto de restricciones al acceso al mercado de cambios, la reinversión de utilidades dentro de la IED cobra mayor relevancia. Ante la imposibilidad de girar dólares al exterior, este ítem puede sobreestimar la IED, a la par que limita y desincentiva el ingreso de nuevas inversiones. En este sentido, en los años que prevalecieron las restricciones cambiarias las participaciones de capital distintas a reinversión de utilidades (es decir, dólares que ingresan para nuevas inversiones) alcanzaron niveles mínimos: por caso, en 2015 (último año del cepo anterior) esta participación fue de USD 1.319 M, mientras que trepó a USD 3.716 M en 2016. Esta cifra alcanzó un mínimo en el año 2021 (USD 864 M) y en el acumulado hasta el 3T de 2022 fue sólo USD 604 M. 

En síntesis, en el corto plazo pueden seguir existiendo factores que ayuden a que la inversión productiva se mantenga en terreno positivo; sin embargo, será imposible trazar un sendero sostenible de crecimiento de la inversión sin estabilidad macroeconómica y sin una flexibilización, al menos lenta y paulatina, de las restricciones cambiarias que contribuyan a mejorar las expectativas sobre el futuro y permitan aprovechar todo el potencial de ofrece Argentina en diversos sectores productivos. 

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Coordinar paritarias para reducir la nominalidad, ¿una quimera en el corto plazo?

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Tras la fuerte aceleración de la inflación a lo largo del 2022, controlar la evolución de los precios se ha vuelto imperativo para el Gobierno y sus aspiraciones electorales. Bajo esta premisa, desde el Ministerio de Economía se planteó como objetivo ordenar la nominalidad en torno al 60% anual (pauta de inflación del presupuesto 2023), guarismo que implica alcanzar una inflación mensual del 4%, desaceleración no menor teniendo en cuenta que la misma fue de 6,1% en el segundo semestre del año pasado. 

Para ello, hacia el cierre del 2022 se cerraron acuerdos de precios con diversos sectores con vigencia hasta el primer trimestre de este año, en donde los más significativos parecerían ser el programa Precios Justos y aquellos que alcanzan a productores de insumos difundidos. Al mismo tiempo, la desaceleración lograda durante el último bimestre del año pasado -en parte por esta coordinación, pero fundamentalmente por la caída en el precio de las verduras y un abaratamiento relativo en el precio de la carne vacuna- permitió que el crawling peg modere la tendencia alcista exhibida durante los meses previos. 

En este sentido, un elemento clave para el ordenamiento nominal son las paritarias: es difícil encarar una significativa moderación de la inflación si los salarios se quedan “pegados” a la inflación pasada. En este marco, el oficialismo también busca que las negociaciones se firmen al ritmo del 60%, siendo un acuerdo semestral del 30% una estrategia para lograr la aceptación de los sindicatos e iniciar el camino. 

Ahora bien, ¿es posible un ordenamiento de esta magnitud? ¿a qué riesgos se enfrentaría esta estrategia?  

En primer lugar, vale decir que los sindicatos tienen incentivos a colaborar con el Gobierno, previendo que un cambio de signo político -ante un fracaso de la política económica actual- pueda desfavorecerlos.  Un elemento adicional es que en 2022 el promedio anual del salario registrado real habría crecido alrededor de 0,5%. El principal factor detrás de esto es el acortamiento de la vigencia de las paritarias, que no sólo dio la posibilidad de renegociar ante la escalada inflacionaria, sino que contribuyó a reducir la heterogeneidad de la perfomance de los salarios reales por sector. 

Tal vez el punto más relevante se vincula a los significativos aumentos pautados en las renegociaciones para el primer trimestre del año, asociados a la nominalidad pasada. Desde Ecolatina relevamos acuerdos que representan más del 80% del índice de salarios del sector privado de INDEC y hallamos un incremento trimestral superior al 15%. En función de la inflación esperada por el REM, esto no sugiere que se llegará a la temporada alta de las paritarias -hacia marzo/abril- con una merma significativa del poder adquisitivo. 

Sin embargo, justamente el hecho de que el año comience con una nominalidad que lógicamente está mirando más a lo ocurrido durante el 2022 hace que, apenas transcurrido un mes de este año, el objetivo del Gobierno comience a agrietarse por las perspectivas de una inflación más alta que el 4% mensual, el “ritmo” consistente con la pauta oficial. Por este motivo, desde algunos gremios comienzan a existir voces disonantes que prefieren “ver para creer” en una desaceleración antes de poner la firma.  

Los obstáculos se avizoran tempranamente 

Consideramos que este escepticismo tiene fundamentos en la realidad por distintos factores que mantendrán elevados los registros de inflación, la cual exhibirá un comportamiento más similar al del año pasado de lo que el oficialismo pretende. 

Por un lado, también los servicios públicos exhibirán aumentos por encima de la pauta del 30% durante la primera mitad del año: las tarifas subirán entre el 15-20% en enero y deberán tener nuevos ajustes -que por cuestiones electorales difícilmente sean pasados a la segunda mitad del año- debido a que es necesario continuar reduciendo los subsidios económicos para cumplir el programa fiscal trazado con el FMI. Una muestra de esto es la indexación del precio del boleto del colectivo y trenes, que tras la suba de 40% en enero se ajustará -a partir de marzo- en función de la inflación pasada, garantizando una recuperación de este precio relativo. 

Por otro lado, una nueva aceleración del precio de las frutas y las verduras no debe descartarse en el corto plazo -de hecho, según información del IPC GBA Ecolatina, esperamos incrementos del 10-20% para enero- debido a la sequía, tal como ocurrió el año pasado. Asimismo, como señalamos en un informe reciente los precios al consumidor de la carne vacuna también podrían mostrar una corrección en las próximas semanas, ya que no sólo se encuentran más de 25% por debajo del precio que tenían hace un año en términos reales según los datos del IPCVA, sino que ya se están verificando aumentos importantes en el precio de la hacienda en pie: en la segunda quincena los valores subieron cerca del 35% en el Mercado Agroganadero de Cañuelas. De este modo, difícilmente el programa de Precios Justos -que cubre productos empaquetados y justamente excluye productos frescos- evite una aceleración también en los alimentos.  


Finalmente, si bien el tipo de cambio real no se encuentra tan atrasado como en otros momentos de la historia reciente, las escasas reservas internacionales -y la necesidad de cumplir la meta de acumulación en el marco del acuerdo con el FMI- hacen que recurrir al ancla cambiaria -típico ingrediente del año electoral- sea una estrategia poco sostenible. Así, por más que la depreciación del tipo de cambio oficial corra algo por detrás de la inflación, impondrá un piso alto a su desaceleración. 

Con respecto a este último punto, hay que agregar que, producto de las restricciones, el tipo de cambio oficial puede no ser tan determinante en el precio de muchos bienes no esenciales. Estos sí podrían verse más afectados por la volatilidad de la brecha cambiaria, que estará a la orden del día durante el año electoral. Si bien es cierto que el impacto de este fenómeno en la medición del IPC es acotado, esta particularidad podría extenderse a otros bienes más básicos -finales e intermedios- en tanto sea necesario profundizar la administración de la escasez de los dólares. En este sentido, se debe mencionar que, si bien la participación en el programa Precios Justos garantiza las divisas a tipo de cambio oficial, en caso de que el ritmo de aumentos mensuales permitido se perciba acotado, la renovación del programa podría complicarse y eventualmente sumar bienes al grupo para el cual el crawling peg deja de ser una variable relevante en la estrategia de pricing.  

En cualquier caso, malas noticias en el frente externo o con la renovación de los sucesivos vencimientos de la deuda en pesos -ahora concentrados a partir de abril- podrían trasladarse a la inflación más rápidamente, elevando el riesgo de una disparada nominal, tal como ocurrió tras la renuncia de Martin Guzmán a comienzos de julio del año pasado. 

Conclusiones y perspectivas 

Esto refleja que ya sólo con observar el primer semestre emergen desafíos e inconsistencias acerca del cumplimiento del sendero de desinflación, consistente con un 30% semestral, criterio bajo el cual el Gobierno intenta ordenar las demandas salariales y la nominalidad de la economía en general. En cambio, prevemos que el nivel de precios avance en el orden del 40% hacia junio, dejando así una inercia mayor de cara al semestre electoral, cuando algunos de estos procesos se vuelvan a “activar”. 

Tal es el caso de las paritarias, donde si bien su acortamiento resulta una buena noticia para los trabajadores formales – de ser necesario reciben ajustes asociados a la “nueva” inflación- es un mecanismo que refuerza la inercia inflacionaria y vuelve a los shocks más permanentes. Así, la divergencia entre la inflación esperada y la real significarán rápidamente nuevos ajustes en la segunda mitad del año, máxime teniendo en cuenta la búsqueda de alcanzar una mejora del poder adquisitivo de cara a las elecciones. 

Por su parte, el Gobierno podría moderar los aumentos de precios regulados y acudir nuevamente a los controles de precios, pero esto no bastará para que la desaceleración se sostenga o sea significativa, especialmente considerando que hacia el cierre del año la incertidumbre acerca de la nueva administración pueda suscitar una nueva escalada en los precios. En esta línea, prevemos que la dinámica inflacionaria se ordene en torno al 35% en la segunda mitad del año, implicando una inflación anual que volvería a comenzar con “9”. No obstante, no debe olvidarse que eventos disruptivos en la escena política vinculados al resultado electoral pueden llevarnos fácilmente a una inflación de tres dígitos incluso sin que exista un salto del tipo de cambio oficial. 

Para finalizar, vale mencionar que la intención del Gobierno de ordenar la nominalidad al 60%, en un contexto de ajuste fiscal y una política monetaria contractiva, no luce descabellada. Sin embargo, los todavía desalineados precios relativos y los vigentes mecanismos de propagación de la inflación vuelven desafiante dicha tarea en un año electoral. Sin detrimento de esto, apuntar a una inflación mensual de 4% es mejor que intentar solamente que la misma no se acelere. En este sentido, es valorable la coordinación desde comienzos de año ya que de cualquier otro modo la inflación iba a superar cómodamente los tres dígitos este año. 

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